Ilícito militar

El 19 de enero de 2007 se publicó en el Registro Oficial Nº 04 la Ley Orgánica de la Defensa Nacional cuya Disposición Transitoria Tercera, numeral noveno, derogó el artículo 99 letra e) de la Ley de Servicio Militar Obligatorio que establecía la existencia del llamado “permiso militar de salida del país”. Este documento, que Ecuador tenía el extraño y absurdo privilegio de ser el único país de América Latina en exigirlo, a partir de ese viernes de enero simplemente cesó de existir. Era evidente e inobjetable que, cesando su existencia este documento, cesaba también la exigencia que del mismo hacían los militares en los aeropuertos.

Era evidente e inobjetable para todos menos para las Fuerzas Armadas. La primera vez que salí del país después de la derogación de este “permiso” me encontré en el aeropuerto con que los militares todavía lo exigían. Uno me lo pidió y yo le expliqué que aquel documento ya no existía. Él me replicó que entonces requería mi cédula militar (de “feliz no idóneo” pensé yo) y le contesté que ese documento no tenía relación alguna con mi salida del país y que él, como militar, carecía de fundamento legal para requerirme ningún documento y que su acto, además de arbitrario, era una eventual instigación (como diría el diputado “mantel” Alonzo) a delinquir, o como le dije yo, a cometer un acto de corrupción. Él se justificó con el atajo habitual de la sinrazón: “Yo solo cumplo órdenes superiores”. Bueno, “razónelas”, le dije yo, pero el pobre estaba muy malenseñado a la impermeabilidad de las ideas y nuestra conversación fue estéril. No quise perder más mi tiempo, le mostré mi cédula militar (al menos este documento sí tiene la virtud de existir) y me fui con mis amigos de carnavales a Colombia. Ayer estuve en el aeropuerto J. J. Olmedo y consulté con unos militares y lo siguen pidiendo. No hay caso: la necedad es así.

Es así y puede ser todavía peor: ayer visité la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pese a que hace un semestre se derogó este “permiso” lo siguen emitiendo: si usted desea sacarlo por primera vez el costo oscila entre 20 y 32 dólares. Conclusión: desde hace seis meses y dos días la ilegal emisión de este “permiso” produce a las Fuerzas Armadas (llamemos a las cosas por su nombre) pingües e ilícitas ganancias.

El presidente Correa declaró que el permiso policial de salida del país (cuya exigencia todavía es legal) constituye un “atentado a la libertad” y ordenó, dentro del Plan de Modernización de la Policía Nacional, su eliminación. En ese mismo tenor es necesario que el presidente Correa instruya a su ministra de Defensa Nacional, Lorena Escudero, a que obligue a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas a acatar la ley vigente, esto es, que los militares cesen de exigirnos en los aeropuertos un documento que no existe y que, fundado en esa misma razón, dejen también de emitirlo, porque estos actos constituyen no solo un grave “atentado a la libertad” (en palabras del Presidente) sino una evidente extorsión (en palabras del artículo 557 del Código Penal) a la ciudadanía. Quiero creer, señor Presidente, que sí puede cumplirse su voluntad de eliminar estos “atentados a la libertad”, acatarse la ley vigente como corresponde en un país que merezca llamarse democrático y acabar, de una buena vez y por todas, con este abusivo y absurdo ilícito militar.

Libertad de conciencia

La Resolución Nº 0035-2006-TC del Tribunal Constitucional (TC) que declara la inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio es una sensata decisión. El artículo 188 de la Constitución establece que “el servicio militar será obligatorio. El ciudadano será asignado a un servicio civil o a la comunidad, si invocare una objeción de conciencia fundada en razones morales, religiosas o filosóficas, en la forma que determine la ley”. Los artículos inconstitucionales establecían, el 108, que la autoridad que calificaba la objeción de conciencia era el Director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que el objetor de conciencia debía acuartelarse en una de las unidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y el 88, que los ciudadanos remisos eran sancionados con limitaciones a sus derechos y libertades individuales.

El TC declaró que el artículo 108 violó el principio de independencia e imparcialidad en el caso de la autoridad que califica (por ser juez y parte) y el artículo 188 de la Constitución porque el objetor de conciencia no era asignado a un servicio civil o a la comunidad sino a un organismo dependiente de las Fuerzas Armadas, y que el artículo 88 violó los derechos al trabajo, estudio, libertad de contratación y libertad de circulación porque las sanciones de este artículo no permitían “que las personas ejerzan su derecho a la defensa, a contradecir pruebas, y no guardan proporcionalidad con la infracción, que no existe”. La Resolución del TC fue disputada: de nueve vocales, cinco a favor, cuatro en contra. Fue lamentable, eso sí, el argumento de quienes estuvieron en contra: en esencia, se redujo a señalar que como el artículo 188 de la Constitución establece la regulación legal de la objeción de conciencia y la ley, en efecto, la regulaba, no cabía la acción de inconstitucionalidad. Este absurdo formalismo prescinde del necesario análisis del contenido de la norma impugnada y constituye un argumento de verdad primario, esto es, propio de escuela primaria.

El TC considera que “los Estados están obligados a respetar el derecho de las personas a actuar según sus imperativos éticos, aun cuando esta objeción u oposición se fundamente en motivos de conciencia, en convicciones individuales. Así que se justifica y cobra razón que en un Estado democrático, los individuos puedan oponerse a normas que consideran injustas y, sobre todo, incompatibles con sus convicciones personales; y se vuelve imprescindible que el Estado se obligue a crear las condiciones para que este derecho pueda ser ejercido, creando el marco democrático necesario para garantizar que su ejercicio pueda ser posible”. En una sociedad como la nuestra, que limita con pobres argumentos de cariz religioso o patriótico el ejercicio de las libertades individuales, esta trascendental consideración del TC merece amplia difusión y análisis.

Un ejemplo de esta difusión y análisis lo tiene Mónica Vaca en su ‘Observatorio Ciudadano’ (cuya lectura recomiendo) que celebra la sensata resolución del TC con el título ‘Un triunfo para la libertad de conciencia’ y concluye su texto con las siguientes palabras: “Esta resolución del TC podría servir como un importante antecedente para que la Asamblea Nacional Constituyente elimine de la Constitución la obligatoriedad del servicio militar. Ojalá que algunos de los futuros asambleístas se informen sobre este tema”. Yo suscribo sus buenos deseos y sugiero, además, que esta resolución del TC, que garantiza el derecho a la libertad de conciencia, sirva como referente para una mejor defensa y mayor garantía de los derechos y las libertades individuales, que tanta falta nos hace.

'Beatles, hippies, jardines'

Hace 50 años y un día, 6 de julio de 1957, John Lennon y Paul McCartney se conocieron en una verbena en la iglesia de la parroquia St. Peter, barrio de Woolton, en Liverpool. Casi diez años después, el 1 de junio de 1967, The Beatles editó los 39,43 minutos que se repartieron en las trece canciones del memorable Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, primer álbum conceptual y el más influyente de la historia del rock. Paul McCartney declaró: “Grabamos Sgt. Pepper para alterar nuestros egos, liberarnos y divertirnos mucho”. Sin afán de reducirlo a un grupo, disco o frase, y acaso McCartney sin advertirlo tampoco, me permito constatar que su declaración le concede mucho sentido a un período trascendental de la historia reciente: la época del movimiento hippie.

Los hippies sucedieron en los años sesenta y revolucionaron la cultura occidental (y en alguna medida la mundial): el pelo largo, el amor libre, la música rock, el activismo político y las protestas contra la guerra, sus comunas, las drogas psicodélicas, la búsqueda espiritual, el nacimiento de movimientos medioambientales, feministas y de defensa de los homosexuales son referentes de su época. En palabras de Barry Miles, podía definirse a los hippies “por casi todo aquello que ‘la recta sociedad’ no era”. Para expresarlo con precisas palabras de Emil Cioran los hippies sembraron en la sociedad, con la simbólica fuerza de sus flores, “jardines de dudas”.

Otro jardín, en Grecia, muchos siglos antes: en el 306 a.C. el filósofo Epicuro estableció la llamada “escuela del jardín” en las afueras de Atenas, en un humilde huerto de hortalizas cuya entrada tenía esta deliciosa inscripción: “Forastero, aquí estarás bien. Aquí el placer es el bien primero”. En el jardín de Epicuro se admitía y se tenía trato de iguales con las mujeres y los esclavos (cosa inaudita para la época), se cultivaba la generosidad y la amistad (para Epicuro, “de todos los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de una vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad”) y se desarrolló una filosofía que antepone el individuo a la colectividad, desconfía de las instituciones y el poder (aunque tenga origen divino) y desprecia la moral tradicional: un pensamiento coherente y transgresor que mediante la autosuficiencia (autarquía), la serenidad del ánimo (ataraxia) y el goce racional de los placeres, señala el camino a la felicidad.

El filólogo español Carlos García Gual, entre otros, vislumbra analogías entre la filosofía de Epicuro y el ideario hippie: la reivindicación del ocio y del placer, la crítica al consumo y a la riqueza, la creación de nuevas formas de sociabilidad, la condena a la religión establecida. En tiempos en que imperan tristes lógicas de mercado y afanes de consumo que pretenden consumirnos en su vorágine, me agrada recordar a este feliz filósofo griego, que requería “de un pedazo de queso para darse un festín cuando le apetezca” y al ideario hippie, que bien puede simbolizarse en esta frase que consta en la única canción (Within you without you) que mi beatle favorito, George Harrison, escribió para el Sgt. Pepper: “cuando has visto más allá de ti mismo, acaso puedas percibir que la paz de tu mente está allí”. La conmemoración de este cincuentenario beatle me incentivó a escribir estas líneas; ojalá a ustedes los incentive a recorrer los jardines que propongo.

¿Libertarios?

El término libertario es un equívoco: puede utilizarse como sinónimo de anarquista (así lo reconoce, desde 1927 y casi sin variación, el Diccionario de la Real Academia: “Que defiende la libertad absoluta, la supresión de todo gobierno y toda ley”) o puede ser la traducción de la voz inglesa libertarian y significar una doctrina política que sostiene que todas las personas son dueñas de sus vidas y que, en consecuencia, tienen la libertad de utilizar sus cuerpos y propiedades como deseen con el solo límite del respeto a la libertad de los otros. En Ecuador, se supone que un movimiento representa esta ideología. Se llama, precisamente, Movimiento Libertario.

Me tomé la molestia de leer íntegra la ciberpágina del Movimiento Libertario y encontré muchas referencias que censuran la injerencia del Estado en la actividad económica de los individuos (en materia de impuestos, de regulación de contratos, de libertad de empresa), pero pocas referencias a la libertad individual (del tipo, “ningún gobierno, grupo organizado o persona puede violar los derechos fundamentales del individuo” o “los derechos individuales giran alrededor de tres conceptos: vida, propiedad y libres acuerdos entre los individuos”, para cuya suscripción es innecesaria la denominación de “libertario”) y ninguna propuesta específica, ninguna, en torno a cuestiones que sí conciernen a los auténticos libertarians, tales como la eutanasia, el matrimonio homosexual o el derecho al aborto. Jorge Hanníbal Zavala formuló esta observación en el artículo ‘¿Y dónde están… que no se ven?’, de su excelente ciberbitácora en la que criticó el silencio del Movimiento Libertario ante la presentación de las propuestas de la Conferencia Episcopal en la Comisión de Juristas del Conesup, porque él supone que los libertarios deben ser “personas convencidas de que las intromisiones del Estado en la vida social son inaceptables y deben ser combatidas” y porque “un ideal libertario afín con el objetivismo de Rand o coherente con Nozick no puede dejar de reconocer que la intervención de cualquier Iglesia en la legislación es poco menos que atentatoria contra la libre determinación, la libertad de conciencia y el respeto a la voluntad del vecino”, dicho lo cual, concluye Zavala: “Si la ideología del Movimiento Libertario guarda cualquier parecido con lo que el calificativo de libertario significa en el mundo, estarán de acuerdo con lo que afirmo y deberían tener el valor de decirlo. Si no, son un movimiento de derecha neoliberal para los cuales la libertad individual es sagrada excepto contra la opinión de la Conferencia Episcopal, en nada diferentes del PSC, por ejemplo, y deberían tener el valor de admitirlo”. Zavala les dirigió sendos correos electrónicos a dos autoridades del Movimiento Libertario preguntándoles sobre estos tópicos. Hasta la fecha, no tiene respuesta.

Un aliado de la causa libertaria, Friedrick von Hayek, afirmó: “Si pretendemos el triunfo en la gran contienda ideológica de esta época, es preciso sobre todo que nos percatemos exactamente de cuál es nuestro credo”. Yo quisiera suponer que los libertarios locales conocen bien su credo; parecería, eso sí, que carecen de las agallas suficientes para asumirlo. Para disipar esta duda sería oportuno que nos revelen si el nombre “libertario” es solo un membrete de corte oportunista (o sea, si son simples neoliberales) o si están dispuestos a asumir como propios los ideales de la libertad hasta sus últimas y radicales (no económicas) consecuencias. Ojalá no nos suceda como a Zavala, y tengamos respuesta.

Envidia (Aute)

La envidia es el sexto de los pecados capitales y es contraria al décimo mandamiento; San Gregorio Magno le atribuyó el origen de gravísimos defectos y la Iglesia Católica recomienda que se le oponga la virtud de la caridad. No me toca: yo suscribo plenamente la frase de Sabina, “me gusta que haya religiones porque me encanta pecar”, y por ende, no tengo ningún problema de conciencia en admitir que envidio. Preciso esta idea y admito que, en realidad, yo suelo admirar, por ejemplo, la prosa de Borges, la poesía del citado Sabina, el humor de Marx (obvio, de Groucho, porque el pobre Karl…), la vitalidad de Hemingway, los ideales de Gandhi, y sumo y sigo: de verdad podría citar decenas de personas, situaciones, ideas, el inventario excede, con mucho, los alcances de esta página. Pero el destinatario de mi envidia es uno solo y su nombre es Luis Eduardo Aute.

Sucede que Aute no solo es el cantante que hace tres días encandiló a quienes asistimos a su recital en el ágora de la Casa de la Cultura en Quito; es, además de cantante, poeta, cineasta, pintor y persona de asombrosa lucidez. Este es el irreductible motivo de mi envidia: Aute interviene en todos estos ámbitos del arte y todos, todos, los ejecuta con altiva maestría. Como poeta publicó en 1975 La matemática del espejo y le siguieron varios libros de poemas y recopilatorios de sus canciones (valgan estas “poemigas” –como él mismo las llama– como ejemplo: “Abrázame fuerte, fuerte, muy fuerte… hasta que la muerte nos abrace” y “Los cuerpos, después del amor, huelen a alma”); como cineasta ha realizado varios cortometrajes y en el 2002 el colosal largometraje Un perro llamado dolor, y como pintor, su vocación más temprana y laureada, ha participado en decenas de exposiciones individuales y colectivas. De hecho, Aute admite que este es el ámbito artístico donde se siente más cómodo, a todo lo demás dice dedicarse como hobby. ¡Hobby?, por Dios, eso es casi hiriente.

Una persona como Aute, que describe con maestría un acto tan prosaico como la masturbación (“a veces recuerdo tu imagen, desnuda en la noche vacía / tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira”), que precisa el exacto blasón de la belleza (“enemigo de la guerra y su reverso, la medalla / no propuse otra batalla que librar el corazón […] reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo / ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza / de encontrar en tu mirada… la belleza”) y que ha compuesto obras como Rosas en el mar, Alevosía, ¡Mira que eres canalla!, Vailima, Slowly, y decenas más de canciones que maravillan, solo por estas obras merece que se le tribute rendida admiración. Pero Aute es como Da Vinci, abarcativo y espléndido (¿Luis Leonardo Aute?) y en materia de arte todo lo que hace, y hace mucho (olvidaba que también es escultor), lo hace bien: es un Rey Midas que goza a plenitud de sus divinos dones. No sé a ustedes, pero todo esto a mí me provoca envidia, mucha, y la admito sin rubor. Recuerdo que Arthur Schopenhauer declaró que “nadie es realmente digno de envidia”: me permito, en esta página, rendirle mi envidioso homenaje a la genial excepción.

¡Ay, Jalisco!

En la voz México de su diccionario de vida titulado En Esto Creo, Carlos Fuentes reconoce que “la verbalidad mexicana, rica, mutable, serpentina” produce “la cortesía más natural y perfecta junto con la grosería más insoportable”. Ejemplo de lo segundo, cita Fuentes, el refrán “Jalisco nunca pierde”, síntoma de una terquedad a prueba de todo argumento. Jalisco nunca pierde se llamó una película que Jorge Negrete protagonizó en 1937; es también la telenovela casi diaria que se observa en este país.

Vale recordar este mexicano refrán porque define con precisión meridiana la actitud de este Gobierno con relación al derecho a la libertad de expresión: Jalisco de veras, nunca admite perder en materia de este derecho, justamente el que menos entiende. Un ajustado inventario prueba su falta de entendederas: el absurdo juicio por desacato contra diario La Hora, las generalizaciones apresuradas del Presidente, sus contradicciones con el Ministro de Gobierno, su penosa comprensión de la polisemia, sus exabruptos contra periodistas de opinión y el apoyo del Gobierno a las medidas que impetró Chávez contra RCTV en Venezuela. A estas notorias calamidades se suman los reparos de Correa para la firma de la Declaración de Chapultepec: tales reparos podían esperarse de la cortedad de miras de un dictócrata como Gutiérrez, pero nunca de un académico como Correa. (Tenemos que admitirlo: Correa en algunos aspectos se parece demasiado, ¡ay de nosotros!, a quienes dice despreciar: en materia de libertad de expresión posee un ideario análogo al de Gutiérrez y en materia de autoritarismo es un aventajado pupilo de Febres-Cordero).

La Declaración de Chapultepec se adoptó en Ciudad de México, en el castillo de ese nombre, el 11 de marzo de 1994. Decenas de presidentes y primeros ministros de la región e innumerables figuras públicas la firmaron: se la considera un decálogo contentivo de los principios fundamentales para ejercer la libertad de prensa y expresión. Correa solo la firma si la desnaturaliza: pretende incluirle la posibilidad de iniciar acciones penales por supuestos “delitos contra la fe pública”. Yo manifesté mi opinión sobre procesos judiciales y libertad de expresión en columnas anteriores ("Libertad de opinar", 05.V.07; "El delito de desacato", 19.V.07) y la resumo en una frase: suelen utilizarse para acallar las voces críticas. El académico Presidente debería saber que la libertad de expresión, como escribió George Orwell en la introducción de Rebelión en la Granja, “si significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír” y que si de verdad desea mejorar la opinión pública puede en efecto hacerlo, obviamente no mediante el fácil y absurdo expediente de iniciar acciones penales, sino mediante la presentación de una mayor cantidad y mejor calidad de argumentos en defensa de sus ideas que contribuyan al debate crítico, condición sine qua non para la existencia de una sociedad libre y democrática. Así lo sugirió, con sensatez y hace casi 150 años, el filósofo inglés John Stuart Mill en un libro cuyo título es, precisamente, Sobre la Libertad.

Libertad: Joaquín Sabina canta en Pájaros de Portugal “qué pequeña es la luz de los faros, de quien sueña con la libertad”. En materia de expresión esta libertad es, en efecto, diminuta, porque el autoproclamado ciudadano vigía de este faro insiste en pretender apagarla en nombre de una patria que él (¡Ay, Jalisco!) supone ya de todos. Es insensato pero evidente: la terquedad, para Correa, es virtud.

Banksy

“Pequeña gente retorcida sale cada día y afea esta gran ciudad. Dejando sus trazos idiotas, invadiendo comunidades y haciendo que la gente se sienta sucia y utilizada. Solo toman, toman y toman, y no dejan nada a cambio. Son malvados y egoístas, y hacen del mundo un lugar horrible. Los llamamos agencias de publicidad y urbanistas”. Esta denuncia la hace quien también interviene en paredes, túneles y señales de tránsito, pero de forma artística. Su nombre es Banksy y su lugar de trabajo es el espacio público londinense, pero también Nueva York, España, México o el muro que contra las leyes internacionales construye Israel en Cisjordania. Importantes museos lo conocen: en el Británico introdujo una piedra tallada con un hombre primitivo (¿un político ecuatoriano?) arrastrando un carrito de supermercado y en el Metropolitano de Nueva York filtró el cuadro de una mujer de época portando una máscara antigás (que tituló “Tienes unos ojos hermosos”). También Disneylandia: allí, el 11 de septiembre, colocó un muñeco inflable vestido a la usanza de los prisioneros de Guantánamo en una montaña rusa, como reclamo a favor de los derechos de los presos en ese territorio. A su reciente exposición Barely Legal (Apenas Legal) en Los Ángeles asistieron Angelina Jolie, Brad Pitt, Jude Law y Keanu Reeves, pero no supieron identificar a quien se considera el artista callejero más importante de Reino Unido. Nadie puede: solo se conocen de Banksy sus buzos con capucha. Se lo supone originario de Bristol y de 30 años. Se sabe, sí, que sus obras aparecen en películas de Woody Allen, que cuestan cientos de miles de dólares y que su arte es provocar.

Lejos de Banksy, en Guayaquil, se impone una estética distinta. El Municipio, mediante ordenanza de mayo del 2001, no matiza intervención alguna aunque sea artística (establece “sanciones punitivas y pecuniarias contra aquellas personas que ensucien y atenten contra el ornato de la ciudad y las buenas costumbres de la comunidad”, que implica la privación de libertad por un máximo de siete días). Lo supo el artista Daniel Adum, quien pintó la silueta de unos cerditos “como crítica o reflexión hacia los políticos que llenan de afiches y ensucian la suciedad”. Un correo electrónico les atribuyó un significado macabro a los cerditos y provocó inmediata histeria en Samborondón. A Adum se lo obligó a borrar su obra (se le eximió de la prisión que le correspondía; su condición de pariente de autoridades municipales acaso influyó en esa deferencia). Esta historia nos revela no solo dos maneras distintas de entender la estética (una abierta, que permite su expresión e incluso la celebra, y otra, la local y cerrada, que solo la entiende desde la censura) sino el vislumbre de una curiosa y patética dimensión política, e incluso ética. En palabras del antropólogo Xavier Andrade: “[…] tristeza causan, en cambio, el lenguaje clasista bajo el cual los chanchitos fueron enmarcados, los estigmas existentes sobre los jóvenes de estratos populares, y, la gradual abolición del espacio público en Guayaquil. Finalmente, compelidos a cubrirlos con pintura, sus autores delinearon a brochazos otra fantasmagoría: aquella que nos recuerda que las paredes que alguna vez fueron apropiadas para expresar ideas son ahora meros dispositivos de un sentido del “ornato” tan perverso como la propia idea de una ciudad amurallada” (Cerditos en el Espacio). En efecto, no son pocas las reflexiones que se pueden hacer a partir de una obra, o de su ausencia. En ocasiones, el silencio es también un ruido atronador.

Ubuntu

Publicado en diario El universo el 26 de mayo de 2007.

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Conocí a Marcos Ezequiel Filardi en una actividad académica de derechos humanos en Washington D.C. en mayo del 2005. En aquel entonces, Filardi me comentó que tenía la intención de viajar a África con el propósito de aprehender, con la fuerza que solo permiten los sentidos, las situaciones más críticas en materia de derechos humanos y contactar a las personas que luchan a diario para intentar superarlas.

Filardi inició su viaje en enero del 2006; empezó por Ciudad del Cabo, alumbrada de sombras del apartheid, y todavía no se detiene: yo, periódicamente, recibo sus noticias. Él, a cambio, recibe unas líneas y mi más rendida admiración, aquella que solo tributo a quienes, sin doblez ni usura, tienen el valor de actuar en consecuencia con los diáfanos principios que constituyen sus razones para vivir.

Breve paréntesis: África es un continente que en la Conferencia de Berlín de 1884 los europeos despedazaron: se repartieron su territorio con única sujeción a sus coloniales intereses y crearon sistemas de terror sin experimentar siquiera el mínimo asco por sus consecuencias. Cuando en la década del sesenta, los países africanos obtuvieron su independencia, recuerda Kapuscinski, “no se modificó la estructura del poder blanco: aquí están las raíces del naufragio de África”. De hecho, África solo interesó a los europeos como territorio para el expolio y, luego, a europeos y norteamericanos como escenario para sus juegos de poder. Hoy, es un continente olvidado; para ilustrarlo, valga referir que casi el 80% de la población infectada con el virus del sida en el mundo vive en África, pero representa solo el 1% del mercado mundial de medicamentos: el interés para desarrollar una vacuna es simplemente nulo y poco o nada importa la muerte de 20’000.000 de personas. (Esa es la mano invisible del mercado: no pocas veces empuña un puñal). Y los europeos (y norteamericanos también), bien gracias: nunca desarrollan mala conciencia. Demasiado blancos y demasiado limpios como para esas nimiedades. La historia, claro está, no la escriben los perdedores.

Vuelve entonces mi amigo Filardi a escena, para rescatar las imágenes de otra África mediante su nómada biografía. En sus crónicas, no escatima detalles para describir las lacerantes condiciones de pobreza, violencia y exclusión; tampoco las escatima para destacar aquella belleza que, a pesar de Occidente, los africanos mantienen: su sonrisa, su ritmo, su espiritualidad, su incesante alegría. Una clave para entender esta compleja realidad la ofrece Filardi en el cierre de una de sus cartas: “¡Si tan solo aprendiésemos a abrazar el espíritu del ubuntu!”. El ubuntu, ancestral filosofía africana, puede resumirse en la siguiente frase de lengua xhosa, umntu ngumntu ngabantu, cuya traducción más simple y preciosa es “uno es uno a través de los otros”.

A pesar de todo, la alegría; a pesar de todo, la búsqueda de sentido en el otro: actos que son todavía más valiosos hoy, en este mundo de miedos y pobres corazones, de consumismo despiadado y egos poco ilustrados y nada altruistas. Que sirvan, entonces, como fuente de inspiración personas como Filardi, de lúcida coherencia, y una filosofía como el ubuntu, que nos abre la posibilidad de desaprender los vicios de Occidente y de reinventarnos, pese a todo y cobijados en lo humano, sonrisa en labios.

El delito de desacato

El presidente Rafael Correa presentó una demanda penal en contra de Francisco Vivanco, presidente nacional de diario La Hora: le imputó la comisión del delito de desacato que contempla el artículo 230 del Código Penal, que establece: “El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con prisión de quince días a tres meses […]”. Esta es una de las poquísimas ocasiones que se tiene noticia del uso local de esta figura.

Sí se tiene numerosa noticia, en cambio, de la naturaleza perniciosa de su uso. En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que argumentó que las leyes de desacato son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [derecho a la libertad de expresión] porque reprimen la libertad de expresión necesaria para el debido funcionamiento de una sociedad democrática (la lectura del Informe no tiene pérdida). El Principio Undécimo de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, útil para entender este derecho, establece: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”; en su interpretación de este principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos considera que el uso de las leyes de desacato constituye “una censura, que posiblemente disuade de formular críticas en el futuro” y de su propia cosecha, añade la Comisión: “el temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor”, como en efecto, la legislación penal ecuatoriana no distingue, y continúa, “las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen un efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática” y, en este contexto, enfatiza que “las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas– al escrutinio y crítica del público. “Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha reiterado en varios informes estos postulados e incluso formuló una recomendación específica al Estado ecuatoriano para que derogue las leyes de desacato. Pero el Estado se resiste y mantiene todavía este, en palabras de la Comisión Interamericana, “enclave autoritario heredado de épocas pasadas”, en su legislación penal.

Y para peor, ahora lo utiliza: esto debe preocuparnos y mucho, porque se supone que este Gobierno tiene como uno de sus principales ejes el respeto a los derechos humanos; pero el despropósito de esta demanda penal nos ratifica que es precisamente el derecho a la libertad de expresión, pilar fundamental de toda sociedad democrática, el derecho que este Gobierno peor entiende y que, por eso mismo, provoca las “amenazas, amagos o injurias” (en los términos de la propia ley que invoca) de su autoritarismo.

Comisión de la Verdad

De casi tres decenas de Comisiones de la Verdad que desde 1974 se han constituido en cuatro continentes puede deducirse su perfil: 1) el Estado las crea de manera oficial; 2) su objetivo es la investigación de un patrón de abusos que sucedieron en el pasado; 3) su funcionamiento es temporal y oscila entre seis meses y dos años; 4) el resultado de su investigación se compila en un completo informe público. Se podría precisar, con palabras del filósofo Thomas Nagel, que el propósito de una Comisión de la Verdad es conocer y reconocer: Conocer en detalle los hechos que investiga para, con base en tal conocimiento, propiciar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de esos hechos y la sanción a los responsables de los mismos. Yo recordé esta distinción en un comentario que publiqué en abril del 2006 que intitulé, precisamente “Conocer, reconocer”, donde argumenté que los mecanismos para que en el país se realice esa distinción eran posibles (comisiones de la verdad y órganos de la justicia nacional e internacional) y que concluí con estas palabras: “Solo hace falta la voluntad de los actores políticos. Acaso alguna vez despierte este país inmóvil”.

Y despertó. El Gobierno creó mediante decreto ejecutivo una Comisión de la Verdad (CV) cuyo objetivo es investigar “las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales”, con lo cual también resucitó a León Febres-Cordero, quien argumentó, entre otras cosas, que la existencia de esta CV es inconstitucional porque viola el artículo 24 numeral 11 de la Constitución que imposibilita el juzgamiento “por tribunales de excepción o por comisiones especiales”. Febres-Cordero se equivoca: ese numeral se refiere a órganos que ejercen funciones judiciales (Zavala Baquerizo, Jorge, El Debido Proceso Penal, Pág. 39) y las comisiones de la verdad, en palabras de Priscilla B. Hayner, “no deben equipararse a órganos judiciales ni deben considerarse sustitutos de los tribunales” porque su mandato es otro, más amplio, y consiste en analizar “un patrón de acontecimientos, incluidas las causas y consecuencias de la violencia política [lo que] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y conclusiones de lo que generalmente es posible en cualquier juicio de perpetradores individuales”.

Ese patrón de acontecimientos involucra, por lo pronto, 327 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, además de otros casos que se alleguen al conocimiento de la CV. En el contexto de esta investigación, la CV seguramente lidiará con mentiras, negativas y engaños, como también con recuerdos dolorosos de las víctimas y sus familiares; pero no deberá nunca apartarse del inequívoco propósito, en palabras de Hayner, de “establecer un registro exacto del pasado de un país, esclarecer sucesos inciertos, y levantar la cubierta de silencio y negación de un período de la historia”, porque como afirmó lúcidamente Michael Ignatieff, “el pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, como la función de los historiadores honestos, es simplemente purificar dicho argumento, reducir el espectro permisible de mentiras” y porque no existe posibilidad de futuro, léase bien, sin una crítica profunda de los hechos y los valores que se impusieron en el pasado. La CV es solo un primer paso en este necesario proceso de discusión crítica que, sin duda, nos involucra a todos, pésele a quien le pese.

Libertad de opinión

Xavier Castro publicó un artículo en revista Vistazo donde opinó que Xavier Neira era el “verdadero director nacional de personal de la Función Judicial desde 1998 y considerado el abogado sin título más poderoso del país”. Conozco a decenas de personas que comparten la opinión de Castro; yo mismo la suscribo sin demora. Se supone, sin embargo, que no deberíamos compartir esta opinión porque corremos el inminente riesgo de que Neira nos demande por injurias calumniosas y no calumniosas graves, acto que el aludido perpetró en contra de Castro en razón del citado artículo.

Tanto dramatismo de Neira, sin embargo, no se justifica, en razón de las propias normas y hechos que él refiere en la acusación particular que presentó contra Castro. Neira cita el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recuerda que fue Ministro de Industrias, Diputado de la República en dos ocasiones y candidato a la Presidencia de la República (¿cómo olvidar la comicidad involuntaria de LeoNeira?), todo lo cual, en sus propias palabras, lo configura como “hombre público y de ahí la mayor afectación de las injurias descritas”. Pero Neira se equivoca, porque precisamente el artículo que cita, sin conocerlo bien, se interpreta de manera opuesta a la que él sugiere.

Me explico: el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpreta este derecho mediante la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” cuyo principio décimo establece una menor protección para los funcionarios o personas públicas y la obligación que tienen éstas de probar que el presunto autor de la injuria tuvo la inequívoca intención de infligirles daño, en cuyo caso únicamente debería aplicársele una sanción civil, porque la Comisión Interamericana entiende que la libertad de expresión genera “discursos críticos o incluso ofensivos” ante los cuales las denuncias de injurias suelen utilizarse para atacarlos o silenciarlos (cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia). La ciberpágina de la Relatoría para la Libertad de Expresión es pródiga en información a este respecto y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ricardo Canese c. Paraguay no permite dudas acerca de la necesidad de aplicar los principios sobre libertad de expresión en el derecho interno.

Nos hallamos, entonces, ante la necesidad de defender la libertad de opinar garantizada en la Constitución y amparada en normas e interpretaciones de instrumentos internacionales que son plenamente aplicables en el país (y que prevalecen sobre las leyes) o de admitir que esta libertad se criminalice mediante el recurso a una acción penal que la acalle. Tengo la convicción de que en el hipotético (y desde luego, erróneo) caso de que a Xavier Castro la justicia penal lo condene, a éste le queda expedito el camino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responsabilice al Estado ecuatoriano y lo obligue a pagarle una indemnización que lo resarza de esa condena; más aún, tengo la firme convicción de que la obligación de quienes hacemos opinión pública es tomar partido por la defensa del derecho a expresar nuestra opinión, derecho éste, que mucho enoja y poco entiende Xavier Neira.

Opinión deleznable

Si usted busca en Google los nombres “Nelson Serrano” + “Gustavo Larrea” obtendrá decenas de páginas con las expresiones del ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, relativas al proceso penal que se sigue en Estados Unidos en contra de Nelson Serrano que, como es de público conocimiento, puede acarrearle una condena de pena de muerte. El ministro Larrea enfatizó entonces el carácter de “ilegal” del proceso de deportación que trasladó a Nelson Serrano a Estados Unidos para someterlo a este proceso penal que el propio Larrea calificó de “nulo” y ante el cual se comprometió a buscar “todos los mecanismos jurídicos que le permitan defender su vida”.

Con absurda facilidad, sin embargo, Larrea olvidó sus convicciones. El domingo pasado diario Expreso publicó una noticia sobre la reunión que mantuvo el ministro Larrea con abogados de la Procuraduría General del Estado para analizar la situación de Nelson Serrano. Se pensó, dice la noticia, “enviar una carta, firmada por la canciller María Fernanda Espinosa y el procurador Xavier Garaycoa, reconociendo ante la Corte de Florida que la deportación había sido ilegal”; se estudió, también, que “firmara esa carta Larrea, como superior de la Intendencia de Policía de Pichincha”. Cualquiera de estas opciones reconocía la tesis de la ilegalidad que Larrea sostenía y contribuía a la defensa de Nelson Serrano en el “nulo” proceso penal en la Florida, tal cual fueron las palabras y compromiso de Larrea. Estas opciones, sin embargo, fueron desechadas porque Procuraduría argumentó que la admisión de la ilegalidad de la deportación implicaba “desbaratar la defensa de Ecuador ante la Comisión Interamericana y se hubiera puesto al Estado en riesgo de indemnizar a Serrano”. Sucede que Serrano, con fundamento precisamente en la ilegalidad de su deportación, denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Procuraduría, en este proceso, defiende al Estado e insiste en negar lo que es, e incluso para el ministro Larrea era, evidente. Y digo que era, porque enterado de las consecuencias económicas de sus convicciones, dice la noticia, “no respaldó la tesis de apoyar a Serrano en esos términos”.

La opinión deleznable (en la doble acepción de la palabra: 1. Despreciable, de poco valor; 2. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia) del ministro Larrea amerita reflexión. En principio, parecería que Larrea se permite la torpeza de emitir opiniones sin sustento: lo digo, porque si de verdad está convencido de que la deportación fue ilegal (conclusión a la que, por cierto, no es difícil arribar cuando se examinan los hechos) lo correcto sería que el Estado así lo reconozca en el proceso ante la Comisión Interamericana. Intuyo, sin embargo, que Larrea sí está convencido de la ilegalidad de la deportación pero que en su decisión pesaron más las “razones de Estado” de la Procuraduría, que se reducen a evitar o demorar el pago de una indemnización: esto es, en limpio, que se le niega defensa a una persona que lo merece para ahorrarse unos cuantos miles de dólares. Curioso razonamiento si se toma en cuenta que proviene de una persona que solía defender los derechos humanos. Y razonamiento, también, pobre en argumentos, sombrío e inconsecuente: de verdad, no otra es la lectura que puede hacerse del ministro Larrea y su opinión deleznable.

Tú

Desde 1927 la revista norteamericana Time elige a la “persona del año” [Person of the Year]. El año pasado Time no determinó en un individuo esa condición: la portada de su edición de diciembre del 2006 fue una pantalla plana de computadora donde, en enormes letras negras, se podía leer “You” [Tú]. El subtítulo lo confirmaba: “Sí, tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo”.

Puede parecernos exagerado y sin embargo las sobradas razones para que Time te escogiera a ti las expuso bien Lev Grossman en un artículo de esa misma edición, donde enfatizó que la historia del año 2006 trató de la “comunidad y colaboración en una escala nunca antes vista […] y de las muchas posibilidades de lucha que tienen los pocos y altruistas y de cómo todo eso no solo cambiará el mundo sino también la manera en la cual el mundo cambia”. Todo lo cual es posible gracias a la Internet que constituye “una herramienta que amalgama las pequeñas contribuciones de millones de personas y hace que estas importen. Los consultores de Silicon Valley lo llaman Web 2.0, cual si fuera una nueva versión de algún viejo software. Pero es realmente una revolución”.

Lo que Grossman destaca en su artículo es el posible empoderamiento de cada uno de nosotros mediante el uso de una tecnología que está, en buena medida, a nuestro alcance. Coincido con él en que “sería erróneo romantizar todo esto más allá de lo estrictamente necesario. La Web 2.0 sirve tanto para la estupidez de las masas como para su conocimiento”. Pero el enorme potencial de su uso es evidente y quiero, en esta columna, enfatizar su importancia en el contexto del proceso de la Asamblea Constituyente en el que, por aplastante voluntad popular, nos encontramos. Les confieso que el proceso de la Asamblea Constituyente lo considero mucho más importante que la propia Constitución que resulte del proceso. Lo afirmo, porque entiendo que el proceso de la Asamblea Constituyente (que involucra, entre otras cosas, la discusión de ideas y propuestas, la crítica, denuncia y manifestación de repudio a deslegitimados, oportunistas y mediocres, el discernimiento en la elección de los asambleístas, la exigencia de rendición de cuentas a estos) es el escenario idóneo para repensar nuestra manera de participar en política y de hacerlo con nuevos mecanismos de intervención: tengo la convicción de que se puede, en efecto, utilizar la tecnología actual, blogs, YouTube, podcasts, correos electrónicos y mensajes de móvil, entre otras crecientes posibilidades, para influenciar en la construcción de una sociedad más crítica y participativa.

En su artículo, Lev Grossman mencionó la palabra revolución; esta palabra me recordó una frase de Theodore Roszak: “si no hay cambio psicológico, una revolución no hace sino reproducir la misma situación con otras personas en el poder”. Que suceda ese fracaso dependerá, en buena medida, de si aprovechamos o no esta oportunidad que tenemos para interesarnos y participar, de manera crítica e ilustrada: para convertirnos, en definitiva, en auténticos ciudadanos. Y si tú no lo haces, no tengas la desfachatez de decir luego que no tuviste cómo hacerlo. Puedes no tener las ideas, pero sí tienes los medios: ilústrate, entonces, y actúa.

El valor de ser ilustrados

Ambrose Bierce mereció, entre sus contemporáneos, el título de Bitter [amargo] Bierce. En buena medida, este remoquete se debió a su exquisito Diccionario del Diablo, libro pródigo en definiciones ingeniosas e irónicas. Tengan como ejemplo, ésta, tan para mañana: “Plebiscito.-Votación popular para establecer la voluntad del amo”. Nadie puede dudar que Bierce era un pesimista: no en vano definió optimista como “[p]artidario de la doctrina de que lo negro es blanco” y política como “[c]onflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho privado”. (Aunque esta definición también le calza a “partidos políticos ecuatorianos” los que Bierce, para su dicha, jamás conoció).

La mención a Bitter Bierce sintoniza con el estado de ánimo de la mayoría de quienes postulan el No para la consulta popular: el Sí es el evidente preludio de la dictadura y la senda que conduce a Chávez; el No, entonces, el mero reflejo de sus temores. A este respecto siento que para esta oposición el miedo, sea dicho con palabras de un soneto de Sabina, “es su patria, alrededor no hay nada” (pero nótese la diferencia: mientras Sabina hace poesía, la oposición hace agüero del desastre). Es, en verdad, lamentable: no se escucha ninguna o casi ninguna voz que discuta una propuesta a partir del No a la consulta: su casi único deseo es mantener el statu quo, cuyo derivado lógico sería medrar de la derrota de la propuesta del Gobierno. En este sentido, la desfachatez de un redivivo Hurtado o la súbita cohesión en el No de los 57 miembros de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga Chávez reunidos en algún hotel de la capital, no sirven sino para acentuar esta ideológica miseria.

Por cierto que no seré yo, que hace solo dos semanas fustigué (‘Superhéroes’, 31 de marzo del 2007) los graves sesgos de autoritarismo, demagogia e improvisación de este Gobierno, quien suponga no tener noticia de los posibles peligros de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Pero estimo necesario, en este punto, realizar un esfuerzo adicional: la jornada cívica de mañana no se agota en votar por el No como un reflejo del miedo, como tampoco votar por el Sí como una vaga aspiración de cambio, ambas actitudes que no implican casi ningún esfuerzo intelectual. A este respecto, un pensador tan lúcido como Cornelius Castoriadis supo hacer una valiosa distinción entre meramente “estar informado” y actuar, en consecuencia, con pasividad ante la realidad, y “ser ilustrado”, esto es, tener la intención de buscar, crear e intervenir la realidad con nuevas propuestas.

Hay que tener, entonces, y lo digo con énfasis, el valor de “ser ilustrado”; hay que tener el valor (en el doble sentido de esta palabra, de valer y de valentía) de aceptar el reto de pensar este país. Bien podría ser que el eventual referéndum, en caso de ganar el Sí, resulte, en definición de Bitter Bierce, en una “[l]ey que se somete a voto popular para establecer el consenso de la insensatez pública”. Pero que así sea dependerá solo de nosotros, los ciudadanos. Tengo la firme convicción de que no es este el momento para pusilánimes o chacales y de que es, en contraste, la hora propicia para intervenir, con fuerza e ideas, en la creación de escenarios y la discusión de propuestas que atemperen los rasgos de arbitrariedad, demagogia e improvisación de este Gobierno y que releven a esta vergonzosa oposición que hace mucho rato que no representa sino al oprobio. Hay que tener, entonces, el valor de “ser ilustrados” y de intervenir para contribuir, desde esa lúcida plataforma, en la construcción de una mejor sociedad.

Pájaros de oposición

Yo no temo que el presidente Rafael Correa replique el fenómeno de Hugo Chávez en el país (como tampoco condesciendo a la simpleza de considerarlo comunista o dictador en cierne; tiene, sí, lamentables rasgos de arbitrariedad y demagogia, pero no cabe perder la precisión de los matices). Digo que no lo temo, porque además de que su especificidad cultural lo aparta en varios aspectos de Chávez, existen también notables diferencias entre el escenario social que posibilitó la emergencia de aquel en Venezuela y el de Correa: entre otras cosas, el peso político y la dimensión económica del petróleo es mucho mayor allá, mientras que la cuestión regional incide aquí de una forma que Venezuela desconoce. El único punto que traza una analogía con el caso venezolano es el vacío que produce en el escenario político la existencia de una oposición tan patética como desarticulada, tanto en organización como en ideas.

Hagamos, entonces, un breve repaso de la oposición. Sobre el Prian, vale decir que Noboa ha perfeccionado, con el paso de las elecciones y los años, el axioma de que perder es cuestión de método. El suyo incluye un partido cuya “ideología” no parece ser otra que la defensa de los intereses de sus empresas y que se conduce de la misma manera como yo dirigía los carritos de carreras en las pistas que me regalaban cuando niño: a control remoto. Por su parte, el llamado Partido Sociedad Patriótica no es, en realidad, tanto patriótica como patética: tal es la naturaleza de su (falta de) ideología. Se acomoda a cualquier coyuntura: puede ser demócrata como golpista, de izquierda o derecha, pro y anti Asamblea Constituyente. El lema no declarado de Gutiérrez es la cómica frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Finalmente, el PSC, en cabeza, aunque él no quiera admitirlo, de Nebot, quien, como bien afirmó revista Vanguardia, “se limitó, por decisión propia, a ser un líder de Guayaquil” y “ya no es dueño del rol político ni de los tiempos y las consecuencias que se derivan de su acción pública”. Hay que tener la entereza de admitirlo: ni el PSC ha tenido el valor de afrontar una renovación ideológica que lo salve de su ocaso post-LFC, ni Nebot el valor de asumir el reto de ese liderazgo, preocupado como anda en surfear las olas de esa entelequia que él denomina “corrientes ciudadanas”. Y hasta aquí el repaso.

Lo descrito es una lástima, porque una inteligente oposición es fundamental como contrapeso al poder oficial en el contexto de una sana democracia. Con lo cual se concluye que tenemos la necesidad de reemplazar a esta triste oposición desorientada como pájaros en desbandada, “sin dirección, ni alpiste, ni papeles”, como cuenta en Pájaros de oposición Joaquín Sabina, y la necesidad cierta y urgente de empezar a generar las ideas y propuestas de las que estos patéticos pájaros de oposición son muy huérfanos.

Superhéroes

“Estás buscando direcciones en libros para cocinar, estás mezclando el dulce con la sal”. Esta frase es clave para comprender algunas actitudes de este Gobierno: su autoritarismo, su demagogia, su improvisación. 

La conjugación de estos atroces atributos se evidencia con actos tales como la propuesta de tribunales electorales ad hoc, la declaración de irrespetar una eventual resolución del Tribunal Constitucional, el respaldo que otorga mediante la fuerza pública al cumplimiento de arbitrarias resoluciones, la redacción de un estatuto de paupérrima factura y palmaria inconstitucionalidad, el apoyo a propuestas que el propio Presidente no estima convenientes solo por razones demagógicas o de maleva estrategia, el descrédito que le concede a toda crítica sin importar su origen o razones, la pretensión de iniciar demandas internacionales sin sustento suficiente, la creación de un Ministerio sin presupuesto ni sólido discurso (el de Cultura) y una grandilocuencia que, aupada en la intempestiva retórica de Correa, nos convoca a preocuparnos en virtud del ostentoso desprecio que manifiesta hacia los procedimientos constitucionales y legales que, muy a su despecho, constituyen la condición necesaria para consolidar la fortaleza de las instituciones y la solidez de la democracia.

Supongo que para las gentes del Gobierno y sus bullangueros fans estas “nimiedades” que refiero son parte de un complejo guión que, quienes creemos en el estado de derecho y en la defensa de la institucionalidad, no alcanzamos a entender. Intuyo que consideran la ejecución de tales actos como un mero expediente para el cumplimiento de la misión heroica para la que se sienten elegidos. 

 Recuerdo, a este respecto, a Carlos Monsiváis, quien sentenciaba que “héroe es el valiente elevado por la grandeza de la Patria inminente” (que por cierto, en nuestro caso ya volvió, ¡seamos dichosos!) y que en idéntico tono de ironía añadía, “héroe es el trasunto del redentor, que nada guarda para sí y reconstruye el género humano en países doblegados por siglos de colonialismo”. Redentor, altruista y reconstructor: ¿no les huele demasiado a “Pasión por la Patria”? 

Lo realmente grave, en todo caso, es que bajo el amparo de esta misión los prospectos locales de héroes se sienten en posesión de una licencia especial para actuar fuera de la ley si las circunstancias lo requieren porque las leyes, para ellos, no son sino la expresión de los intereses de los villanos, etcétera (acompáñese este fragmento de la retórica presidencial al uso). En este mundo maniqueo, de buenos y malos, y digno de Marvel Comics®, se desenvuelve la lógica del Gobierno. Valdría recordar entonces la sensatez de Bertold Brecht: “Desdichado de aquel país que necesita héroes”.

Pero la sensatez no se compadece con los actos del Gobierno. Su composición y afanes me recuerdan a ese dibujo animado de mi niñez, La Liga de la Justicia, entidad compuesta de animosos superhéroes. La encabezaba Superman (por cierto, ¿han notado el parecido que tiene el presidente Correa con Christopher Reeve, en versión mestiza? El resto de analogías se las dejo a ustedes para su particular entretención). Todos tenían superpoderes y eran queridos y buenos, casi como este Gobierno. Pero no necesitamos a Superman para componer este país.

Necesitamos, en contraste y para empezar, muy terrestres procesos de respeto a las instituciones y las leyes, aspectos sobre los que este Gobierno, que afirma representar el cambio, debería darnos ejemplo. Pero continúa torpemente empeñado en buscar direcciones en libros de cocina y mezclar el dulce con la sal. Esta frase, por cierto, le pertenece a Charly García y consta en una canción cuyo título es, precisamente, Superhéroes, de 1982. De su época de scout, Presidente, parece que sabe usted cantarla (sus actos de gobierno lo demuestran). En cuyo caso, no me cuente para el coro.

El símbolo Delfín

Publicado en diario El universo el 24 de marzo de 2007.

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“El fin de Delfín” se titula el último post que se publicó en el laudatorio blog oficial del cantante Delfín Quishpe, que se dedicó por entero a la adoración de su objeto de culto. Esta ciberpágina recogió los videos de sus conciertos en Ecuador y en el extranjero, expuso los homenajes de sus admiradores de varios países, divulgó sus entrevistas y ofreció sus ringtones. Pero este blog cerró la semana pasada, y sus razones son elocuentes: “Logramos lo que queríamos, darle a este chico pero gran país [Ecuador] un espacio en el mundo globalizado y por sobre todo, divertirnos. Pero la diversión se acabó, ya no creemos en Delfín, es una pena enorme pero así es la vida, es creer y dejar de creer”.

Pero, ¿quién es Delfín? Este Diario le dedicó un reportaje en su edición del domingo 4 de febrero; en su ciberpágina, él se compara con “artistas de la talla de Ricky Martin, Shakira, Juanes” . Originario del poblado San Antonio de Encalado, cantón Guamote, provincia de Chimborazo, puede predicarse sin error que Delfín Quishpe era famoso entre los miembros de los estratos populares de la Sierra central a la que él se pertenece. El estrecho ámbito de su fama se multiplicó, sin embargo, gracias a YouTube: su canción Torres Gemelas se publicó en este portal el 1 de diciembre del 2006 y se convirtió en un éxito instantáneo. Torres Gemelas tiene, según Delfín, “una letra triste y un ritmo alegre”; su género es el “folclore tecnoandino” y sus características, lo kitsch y la carencia de sintaxis. Hasta hoy, este video ha recibido en YouTube cerca de 1’000.000 de vistas y 4.000 comentarios, que se dividen entre expresiones de desprecio e insultos racistas y valoraciones de Delfín como feliz baluarte de la comicidad involuntaria e ícono de la contracultura.

Delfín, por su parte, afirma que con Torres Gemelas pretende rendirle “homenaje a todos los compatriotas que perdieron sus vidas el 11 de septiembre del 2001”. La mayoría de los miembros de los estratos populares entienden, en efecto, que Torres Gemelas no es otra cosa que la triste historia de un compatriota migrante; las clases medias y las élites, en cambio, tienden a burlarse de este video y lo hacen, la mayoría de las veces, con ostentación de una no disimulada carga de superioridad cultural. Así, el éxito de Delfín nos pone de manifiesto un hecho capital, esto es, que somos un país esencialmente fragmentado, en el que las clases medias y las élites usualmente no entendemos ni queremos entender el imaginario y la estética de los miembros de los estratos populares (y sino, díganme cómo entender estos dos ejemplos: el fenómeno de los chanchitos en la pared que pintó Daniel Adum, que histerizó a los residentes de las ciudadelas burbuja de Samborondón, o que en Quito no se haya podido exhibir en el Museo de la Ciudad el trabajo Divas de la Tecnocumbia). Y los ejemplos podrían multiplicarse, en ámbitos individuales o sociales, por centenas. Delfín Quisphe, entonces, se revela como un claro símbolo de las severas averías existenciales que supone la ecuatorianidad y del hecho triste y cierto de que ser ecuatoriano constituye un mero acto de fe en un país de no creyentes. 

"Bluff" legal

En las Cartas al Director que publicó este Diario el viernes 9 de febrero del 2007 aparece una que redactó el abogado guayaquileño Carlos Andretta Schumacher, en la que expuso con solvencia las razones de la falta de competencia del Estado ecuatoriano para demandar al Estado colombiano ante el Tribunal Internacional de Justicia (en adelante, TIJ) de La Haya. La recapitulo y comento: el TIJ es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas; Ecuador, como todo país miembro de esa organización (Carta de Naciones Unidas, art. 93) es parte en el Estatuto del TIJ. El artículo 36 del Estatuto establece los casos en razón de los cuales el TIJ tiene competencia para resolver un asunto que se someta a su conocimiento y solo son tres: 1) el sometimiento voluntario del asunto ante el TIJ por decisión de los Estados parte en el mismo; 2) la aplicación de una cláusula de jurisdicción (esto es, una cláusula que prevea la remisión de un asunto al TIJ) que conste en un tratado internacional que vincule a ambas partes; 3) la declaración unilateral de los Estados de la aceptación obligatoria de la competencia del TIJ.

La pretensa demanda ecuatoriana ante el TIJ no cumple con ninguno de los supuestos de competencia que refiere el mencionado artículo 36 del Estatuto. En el primer caso, se necesita que ambas partes en el asunto decidan someter el caso y es evidente que no contamos con la voluntad de Colombia para tal efecto; en el segundo caso, el único tratado que podría aplicarse para la remisión del caso al TIJ, esto es, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948, no puede invocárselo porque Ecuador no lo ha ratificado; en el tercer caso, de los 66 Estados que han realizado la declaración unilateral de aceptación obligatoria de la competencia del TIJ ninguno de ellos es Ecuador o Colombia. Como lógica consecuencia, la demanda no es posible en razón de la falta de competencia del TIJ para conocerla. La constatación del primer supuesto es un dato de la realidad; la información que verifica lo dicho en el segundo y tercer supuestos puede obtenerla cualquiera que tenga un mínimo de acuciosidad en las ciberpáginas del TIJ y de la Organización de los Estados Americanos. Queda salva la aparente posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sirva para responsabilizar al Estado de Colombia por las violaciones de derechos humanos que suponen los mismos hechos que motivan la demanda ante el TIJ. En este sentido, los argumentos que expresé en la columna ‘Denunciemos a Colombia’, del 23 de diciembre del 2006, deben leerse a la luz del reciente Caso Interestatal No. 1/06, Nicaragua c. Costa Rica y propiciarse un detenido análisis sobre la pertinencia de su inicio. Un análisis que, sobra decirlo, no existe en relación con esta pretensa demanda ante el TIJ, que constituye un mero bluff legal que me recuerda la frase “mucho ruido y pocas nueces”, título, como bien se sabe, de una deliciosa comedia de William Shakespeare. Curiosa paradoja, porque este asunto que me ocupa no merece tanto la risa como sí una profunda reflexión acerca de la ligereza de los dichos de Cancillería con relación a nuestro impasse con la vecina Colombia.

Constatación, reflexión y propuesta

Me proponía, en esta columna, realizar un análisis del discurso de varios actores políticos. Quería criticar el discurso de este Gobierno, cuyo locuaz e intempestivo Presidente ostenta ciertos rasgos autoritarios (proposición de tribunales ad hoc, pretenso desconocimiento de resoluciones que no se acomodan a sus intereses), cuya retórica “altiva y soberana” peca de una grandilocuencia que no halla refrendo en los hechos (la comicidad involuntaria de “La Patria ya es de todos” o el manejo del conflicto con Colombia me relevan, en este sentido, de mayor comentario) y cuya improvisación es evidente, incluso en asuntos capitales como la Consulta Popular (el Decreto 002, que reflejó su principal propuesta de campaña, contenía una redacción primaria –esto es, de escuela primaria–) y no se diga en otros ámbitos, como es el caso por ejemplo del recién creado Ministerio de Cultura, que carece no solo de presupuesto sino siquiera de un discurso que le sirva de fundamento para una política seria en la materia que le corresponde.

Me proponía también criticar el discurso de la oposición a este Gobierno, que podría calificar sin pérdida de patético. Caduco, hacendatario o militar (dependiendo de si hablamos del PSC, Prian o PSP), conocedores de las mañas pero nunca del contenido de la democracia, no mucho puede esperarse de estos partidos cuyo principal argumento (adornado de falacias y pastiches) es la calificación de Correa de comunista y chavista, para lo cual casi las únicas pruebas que aportan son su propia ignorancia de los detalles de ambas afirmaciones y su desparpajo para expresarlas.Tales eran mis propósitos para este sábado. Pero el escenario que resultó de esta semana modificó mis planes y me lega, para la columna de hoy, una constatación, una reflexión y una propuesta.

Mi constatación: un señor de nombre Édison, como el apellido del célebre inventor norteamericano, que fungió de Presidente encargado el día que el Congreso Nacional expidió la Resolución que destituyó al Presidente del TSE, tiene mañas, como su nombre anuncia, de inventor. En efecto, Édison Chávez, de PSP, defendió con triste desparpajo la invención de la figura jurídica de “sustitución” mediante la absurda interpretación del artículo 209 de la Constitución y en violación del procedimiento establecido y del principio de legalidad. Este prospecto de inventor merece, por supuesto, una calificación de 0 en Derecho Constitucional y tampoco marcan muy distinto los otros 51 comparsas de ese absurdo, que motivó la ilegal reacción del TSE. Estos hechos fundamentan mi reflexión, misma que no extenderé demasiado porque ayer la expresó con cabales términos Orlando Alcívar: en este país “se ha hecho costumbre romper la Constitución descaradamente sin que nadie sea responsable de nada” porque “impera el poder y no el derecho”; Alcívar preguntaba si este país constituye un Estado de Derecho y la respuesta obvia es no. Mi propuesta, finalmente: la entidad más desprestigiada de este país, el Congreso Nacional, debe recular: ya probaron de su propia medicina y sus reclamos de respeto a la legalidad suenan a broma de pésimo gusto: sin posición dominante ni legitimidad alguna que defender, deberían dialogar para volver a fojas cero el problema con el TSE y darle paso a la Consulta Popular que, para bien o para mal, es un anhelo de la mayoría. Pero tanta sensatez les ha sido siempre esquiva: ustedes tranquilos, lectores: ya vendrán tiempos peores.

Museos: Medellín y Guayaquil

“El museo fue siempre solamente una ruina de la esfera pública, una privatización burguesa del espacio público hecha lo suficientemente segura para aventurarnos a visitarla. La verdadera esfera pública moderna fue siempre el lugar de trabajo […] Esa es la esfera pública –el lugar donde el conflicto social tiene voz-”. La frase le pertenece al artista contemporáneo Gareth James; puede decirse que el Museo de Antioquia, mediante el “Encuentro Medellín 07 / Prácticas artísticas contemporáneas”, la hace propia.

Es así, porque el Encuentro Medellín 07 sucede no solo en los museos sino, principalmente, en calles, parques y espacios públicos; como lo reconoce el Boletín No 2 del citado Encuentro “el arte contemporáneo es un ‘niño terrible’ al que no le gustan las ataduras. Sus lemas son la libertad, las mezclas, la irreverencia, el humor, el diálogo, la participación, la observación, las nuevas relaciones[, porque] una obra de arte contemporáne[o] no existe sin un espectador que la perciba, que la complete, que participe en ella”. Este Encuentro propone una reflexión acerca de la noción de hospitalidad, a la que concibe como “una estrategia para activar e incentivar las formas de comunicación entre las prácticas artísticas y la ciudad”, porque la hospitalidad, como nos recordaba Jacques Derrida, “consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro”. (Una reflexión, sobra decirlo, que resulta muy pertinente para la ciudad de Guayaquil, donde el diálogo de las autoridades que imponen el orden en los espacios públicos con los ciudadanos suele reducirse al uso de silbatos y el cumplimiento de nebulosas “órdenes superiores”.)

En las antípodas de este Encuentro Medellín 07 está el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Maac) de Guayaquil. El Maac, ni es niño ni es terrible: es una dama de sociedad, apoltronada en la comodidad burguesa de su salón de té. El único proyecto con el cual el Maac, en su momento, arriesgó y con el que podrían trazarse analogías con la propuesta del Encuentro Medellín 07 se llamó “Ataque de Alas”: duró poco y se descontinuó hace mucho. Desde entonces, la noción de arte contemporáneo que tiene el Maac solo sirve para justificar el principio de la cita de Gareth James que abre esta columna. Más aún, la tarea que despliega el Maac puede criticársela también desde otras perspectivas: flexibilización laboral, prácticas burocráticas y políticas culturales en general, son algunas de ellas. El ámbito de esta página no alcanza para la descripción y análisis de sus necesarios matices y detalles, pero el antropólogo Xavier Andrade explicita varios de estos en un artículo de la Revista Íconos y en algunos de sus ensayos en la ciberpágina www.experimentosculturales.com que merecen, todos ellos, propicia discusión.

Patético: si llama usted al teléfono 2327402 que se asigna al Maac en la página de información que administra la Municipalidad de la ciudad una mecánica voz le indicará que “el número que Ud. marcó no está asignado a cliente alguno”. Llame y compruébelo: no existe comunicación. Una lástima que esa misma inexistencia se manifieste, muy a despecho de su nombre, entre esta institución que se llama Maac y el arte contemporáneo.