Razones para no criminalizar

La Corte Suprema de Argentina decidió el pasado 25 de agosto en la causa No 9080 “Arriola, Sebastián y otros” la inconstitucionalidad de la norma que criminalizaba la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esta decisión se fundamentó en varios argumentos. Se fundamentó, para empezar, en que las razones pragmáticas para mantener esa criminalización (las que auspician esa supuesta “lucha contra las drogas”) han sido un fracaso. Se fundamentó en los principios de autonomía personal (que supone la capacidad de todo individuo “de conducir su vida, resolver sobre la mejor manera de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para este fin […] que es prenda de madurez y condición de libertad”) y de dignidad del hombre (que “consagra al hombre como un fin en sí mismo [y] se oponer a que sea tratado utilitariamente”. Se fundamentó en que la respuesta punitiva del Estado en este materia “se tradu[ce] en una revictimización” de los consumidores y en que se manifiesta plenamente “en contra del ejercicio del poder punitivo del Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las personas”. La Corte Suprema ofreció sólidos fundamentos para su decisión.

Esos sólidos fundamentos no implican que la Corte no admita ninguna restricción en esta materia. Pero sí implica que necesariamente cualquier restricción que pretenda aplicarse “deb[e] ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las ‘justas exigencias de ‘una sociedad democrática’ que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego” y que de todas las restricciones que pretendan aplicarse “siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva” de los derechos de la persona, esto es, de su capacidad para decidir por sí misma (en otras palabras, la restricción que respete mejor los principios de autonomía personal y de dignidad humana).

En atención a lo anterior, la Corte Suprema decidió invalidar el artículo que criminalizaba la tenencia de estupefacientes para consumo personal “en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales” siempre que tal consumo “se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”. Esta decisión de la Corte Suprema de Argentina está en sintonía con la reciente Ley General de Salud que se adoptó en México, la que señala que a quien se lo detenga con cantidades que se consideran consumo personal no enfrentará un proceso penal (se estableció como consumo personal 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 40 miligramos de metanfetamina y 0,015 miligramos de LSD). Ambas decisiones están en sintonía con el segundo párrafo del artículo 364 de la Constitución del Ecuador que establece la ilegitimidad de criminalizar las adicciones y de vulnerar los derechos constitucionales de los consumidores. Corresponde, en atención a estos antecedentes, que la Asamblea legisle como se ha hecho en México y establezca el consumo personal al que toda persona (si así lo desea) tiene derecho.