La Asamblea como kindergarten

En un acto de notorio racismo, Jorge Luis Borges dijo que los negros “eran como chicos”. No considero otra cosa que ser descriptivo si digo que en la Asamblea Nacional, muchos de nuestros legisladores, “son como chicos” (por mor de precisión debería decir: “tienen el IQ de un prepúber”). Sus conductas son pueriles: se emocionan con minucias y no comprenden, o son reacios a comprender, la naturaleza abusiva de sus actos, como sucede a menudo en cualquier kindergarten.

La Asamblea Nacional ain’t fucking kindergarten. Sin embargo, muchos que la componen se emocionan con minucias y celebran la destitución de Sofía Espín como un triunfo de la lucha contra la corrupción y la eficacia de esta Función del Estado, cuando en realidad fue un caso de abusos tras abusos de varios órganos y autoridades de la Asamblea Nacional (CAL, Comisión de Investigación, Pleno, el asambleísta Bernal y el Director Jurídico de la AN) y de groseras violaciones a un debido proceso para satisfacer una apetencia política del “anti-correísmo”. Una demostración de las prácticas más ruines de la política, a cargo de la Presidenta Cabezas: un salto “cuántico” al Congreso Nacional de los noventa.

Hay que reconocer que la operación de Cabezas y Cía. fue perfecta: rebajó el número de votos necesarios para la destitución, ejerció controles para que todos los asambleístas asistan (o manden a sus alternos) y los presionó con zanahorias y garrotes, política old school que le rindió frutos. Como niños, estos asambleístas se han emocionado con su éxito sin comprender, o siendo reacios a comprender, la naturaleza abusiva de sus actos, los que encontrarán sanción y reparación en órganos internacionales de derechos humanos.

Perdónenlos, son como chicos. Pero a diferencia de ellos, éstos sí son y serán responsables por sus actos.

"Nos quedamos en el aire"

¿Cuál es la razón para que la Ley ordene que se motiven las decisiones de las autoridades públicas? Evitar la arbitrariedad. Una decisión razonada, por tener que enunciar las normas y principios jurídicos en que se funda y explicar su pertinencia para el caso concreto (Art. 77.6.l de la Constitución), evita pérdidas de tiempo y abusos sin cuento.

Si, por ejemplo, en el caso que por estos días se le sigue a la asambleísta Sofía Espín en la Asamblea Nacional, el CAL hubiera razonado su decisión de apertura del procedimiento de investigación en su contra, no tendríamos estas declaraciones de uno de los integrantes de la Comisión de Investigación que se ha conformado para juzgarla:

“desde mi punto de vista tiene que ser sancionada, y en eso coincidimos los tres legisladores que estamos en la Comisión […] A todos nos llama la atención, todos creo que apuntamos hacia una sanción; pero el rato en que vamos a buscar los elementos para la sanción, nos quedamos en el aire”.

“Nos quedamos en elaire”, dice el asambleísta de la Comisión de Investigación, Bairon Valle. Es, en realidad, una declaración de la sinrazón previa del CAL. ¿Por qué? Porque el procedimiento de investigación que el asambleísta Bernal solicitó que se inicie en contra de la Asambleísta Espín fue por una supuesta infracción del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Específicamente, su numeral 1, que dispone la siguiente prohibición:

“Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita” (este artículo es un calco del Art. 127.1 de la Constitución).

Así lo pidió su acusador, en su denuncia del 3 de octubre. Si el CAL hubiera aplicado la garantía de motivación en su resolución de ese mismo día, no habría calificado la denuncia de Bernal con un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Si el CAL realmente hubiera motivado la denuncia de Bernal tendría que haber justificado la aplicación del artículo 164 LOFL, no únicamente citarlo. Si hubiera hecho eso, el CAL habría parado esta arbitrariedad en seco, que es el objetivo de la garantía constitucional de motivación.

Porque el CAL, por el proceso de razonar, habría tenido que rendirse a la evidencia de que en derecho el escrito del asambleísta Bernal es una mamarrachada (aunque útil como escrito de conveniencia para una medida de persecución política) que nunca encuadra los hechos que denuncia en el artículo cuya comisión le imputa a Espín. El acto de Espín que Bernal solicitó al CAL que se investigue (esto es, su visita a la cárcel del lunes 24 de septiembre) es un acto que no se ajusta al “desempeño” de una “función pública o privada” en el sentido requerido por el Art. 163.1, ni tampoco fueron los actos de Espín “incompatibles” con el ejercicio de su función de asambleísta, pues su visita a la cárcel el día 24 de septiembre no causó siquiera la omisión de una actividad: a la que Espín no fue esa mañana del 24, la reemplazó su alterno.

El artículo 163.1 LOFL está pensado para una actividad que se desempeñe en paralelo a la actividad de asambleísta, privada o pública, que merme el tiempo y la calidad de lo que esa persona le dedica a la Asamblea Nacional. Si es tanto lo que esa actividad le quita a la Asamblea Nacional, otro legislador puede acudir al CAL para denunciar el hecho: “desde que asambleísta Fulano de Tal ejerce la actividad de dentista o profesor o figurita de TV (etc.) el tiempo y la calidad de lo que hace en esta Asamblea Nacional ha decaído de forma notable”. Y fundamentarlo, por ejemplo, por el contraste antes y después del número de las asistencias al Pleno y a la Comisión a la que pertenezca, el número de proyectos de ley y de resoluciones que haya presentado, el número de intervenciones en el debate legislativo, etc. Es fácil comprobar que este es el sentido de la norma: bastaría acudir a los trabajos preparatorios de la LOFL y de la Constitución de 2008 (y la de 1998, porque la disposición actual es un calco en la Constitución de Montecristi de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución de Sangolquí)

En otras palabras, el acto que denunció el asambleísta Esteban Bernal en contra de la asambleísta Sofía Espín, el visitar a una persona en la cárcel una única vez, no encuadra en el supuesto del Art. 163.1 LOFL. Políticamente resulta conveniente para la persecución contra Espín (por afín al correísmo), pero jurídicamente es ridículo. En todo caso, esto ya lo saben en la Comisión de Investigación y por eso las declaraciones del asambleísta Bairon Valle: “nos quedamos al aire”. No es culpa de ellos: es culpa del CAL, que por no cumplir con su obligación de calificación motivada de la denuncia, admitió a trámite un mamotreto.

Todo lo que puede decir esta Comisión de Investigación abierta para investigar la comisión de una supuesta infracción de Sofía Espín al artículo 163 LOFL es: “no encontramos elementos para encuadrar los hechos de la Asambleísta Espín en los supuestos del Art. 163.1 LOFL”. Es decir, la concreción en términos jurídicos de este coloquial “Nos quedamos en el aire”.

Una tortuga llamada Bernal

El asambleísta Esteban Bernal de los registros de Creando Oportunidades tomó noticia de una carta no dirigida a él el 1 de octubre de 2018. Esta carta era la que el abogado Chimbo not chimbo dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por la cual le informaba que la asambleísta Sofía Espín de los registros de Revolución Ciudadana, esto es, disidente de Alianza País, había cometido una supuesta incompatibilidad con su función de asambleísta por su visita en la cárcel a la testigo Diana Falcón.

Bernal hizo suya la denuncia del abogado Chimbo y se comprometió a hacer algo que lo ha hecho sentirse orgulloso: denunciar a un colega de la oposición. “Es un paso, a mi manera de ver, histórico, porque es la primera vez en la historia de la Asamblea Nacional en que se presente una denuncia de un asambleísta a otro, por el eventual incumplimiento de sus funciones”, ha dicho Bernal, que se siente un pionero.

En todo caso, el asambleísta Bernal presentó su denuncia el miércoles 3 de octubre y el Consejo de Administración Legislativa la calificó y aceptó enseguida, ese mismo día, con la consecuente resolución de organizar una Comisión Multipartidista de Investigación a los actos de la asambleísta Espín, que se conformó a la semana siguiente, el miércoles 10 de octubre, por los asambleístas Valle, Callejas y Candel.

El detalle es que Bernal hizo historia en la Asamblea Nacional con muy poquito. El oficio que le dirigió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tiene muy poco fundamento. Bernal hace cita de “hechos públicos y notorios” y de un oficio de una funcionaria de la cárcel, una carta de Chimbo y de que ese día Espín tenía una sesión en Montecristi pero envió a su alterno. Sin ninguna conexión entre estas premisas variopintas y su conclusión, Esteban Bernal escribió: “a criterio de este Legislador, la actuación de la Asambleísta Sofía Espín podría enmarcarse posiblemente en la conducta descrita en el artículo 163 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

Los estándares de una fundamentación son otros que los ofrecidos por Bernal. Para la Corte IDH, por ejemplo, una fundamentación o “motivación” es la exteriorización de una “justificación razonada que permite llegar a una conclusión” (Chaparro y otro c. Ecuador, Párr. 107). Esta justificación, el asambleísta Bernal ni se mosqueó en hacerla.

En todo caso, al oficioso aunque deficiente asambleísta Bernal le bastó con ese poquito. Porque de todas maneras, el CAL no se molestó en motivar su decisión de iniciar un trámite que podría terminar con la posible destitución de una asambleísta. Un lacónico “por haber cumplido todos los requisitos establecidos en el Art. 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa” fue su base para justificar tan grave procedimiento. La CIDH, en el caso de Gustavo Petro c. Colombia consideró que el derecho “a completar el respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117).

Para el CAL, sin embargo, el inicio de este trámite fue indiferente al de haber autorizado la compra de un esfero, objeto también llamado pluma. O de una docena.  

Esto último no es culpa de Bernal, es deficiencia del propio CAL. Pero que a Bernal le ha jugado muy a favor, porque si el CAL aplicaba ese riguroso estándar de la CIDH en Petro c. Colombia, el CAL habría tenido que haber bateado una denuncia basada en evidencia tan circunstancial (“hechos públicos y notorios”, un atributo compartido con las puestas de sol), dichos de parte interesada y nula concatenación de ideas. De acuerdo con el estándar constitucional ecuatoriano, esta calificación del CAL de la denuncia de Bernal es contraria a su obligación de motivación, porque para motivar “es necesario que la autoridad exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla”. Y eso no se puede hacer con solo citar una norma legal (v. CC, Sentencia No 227-12-SEP-CC, p.14).

Siendo la obligación del CAL por el artículo 164 de la Ley calificar que la denuncia del asambleísta Bernal esté “debidamente fundamentada”, este órgano debió inadmitir el escrito presentado por él el 3 de octubre, porque es claro que no cumplía con estar “fundamentado”, no se diga ya “debidamente”. De esto último, andaba muy lejos.

Pero el CAL no actuó en este caso como un juzgador responsable, que es lo que debió ser. Nunca pareció entender la gravedad de lo que estaba iniciando, en términos de democracia. Por su falta de motivación, al CAL (como decía el Diego) en la que ha sido esta resolución sobre el caso de la asambleísta Espín, “se le escapó la tortuga”.

Una tortuga llamada Bernal.

Serrano en el limbo

Comentario a la noticia “José Serrano no tiene comisión tras su destitución”.

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Que la situación ha sido hija de un error, advierte el asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) Luis Fernando Torres. En la resolución del Pleno que destituyó a José Serrano de la Presidencia de la Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2018 se debió “incluir este detalle”: el que Serrano no tendría Comisión después de dejar de ser el Presidente de la Asamblea… El caso es que este error se ha extendido por siete meses y a nadie parece importarle.  

El Presidente de la Asamblea Nacional, por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no puede estar en ninguna Comisión de la Asamblea Nacional (Art. 23). Pero una vez que el Presidente deja de ser Presidente y se convierte en un asambleísta común y silvestre, por esa misma ley y artículo, tiene que estar en una Comisión. Y he aquí la singularidad que indica Torres, quien dice que esto “nunca antes ha sucedido”: desde marzo, Serrano es un asambleísta sin Comisión a la cual referirse. Son siete meses, pero este asambleísta del PSC y miembro del CAL, Luis Fernando Torres, no advierte que el asunto sea tan relevante: “asignar una comisión al asambleísta Serrano, destituido de la presidencia, quedó en un segundo plano”. Un cachivache.

Como el reemplazo del Presidente José Serrano, Elizabeth Cabezas, salió de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, lo natural sería que el asambleísta común y silvestre Serrano (aunque sea de manera transitoria) haya intercambiado los puestos con Elizabeth Cabezas. Pero dice el presidente de esta Comisión, Montgomery Sánchez, que “está funcionando con once miembros” y que “no han tenido inconvenientes en las sesiones” y que no han recibido nada de nadie. Realmente parecería darle igual si llega Serrano o no.

Por su parte, Serrano ha mandado comunicaciones a la Asamblea para que lo asignen a una Comisión, pero no le han hecho caso.

Ha presentado tres proyectos de ley en esta condición singular y sietemesina de asambleísta sin Comisión. Dos de sus proyectos están en la fase inicial, el otro fue objetado de forma total por el Presidente de la República.

Serrano ha pasado de autoridad a fantasma, del ejercicio real del poder público a un discreto segundo plano. Es el limbo.

P. S.- Serranó salió del limbo: desde este 10 de octubre, siete meses y un día después de haber dejado la Presidencia de la Asamblea Nacional, ha encontrado un lugar en la Comisión de Gobierno Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Desde hoy en esa comisión serán doce, como fueron los apóstoles.