Publicado en diario El telégrafo
el 28 de febrero de 2016 en la revista dominical ‘Séptimo día’.
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Guayaquil es una ciudad a
la deriva, cuyo crecimiento se ha dado al vaivén de los intereses de los
empresarios de la construcción. Esa es la idea que se obtiene a raíz de una
entrevista hecha en noviembre del año 2013 al entonces Director de Urbanismo de
Guayaquil, José Núñez.
En un artículo que publicó
a inicios del año 2014, después de haber leído aquella entrevista al director
municipal de urbanismo, el arquitecto Eduardo McIntosh criticó duramente los
criterios de Núñez sobre el desarrollo de la ciudad. En particular, McIntosh reprochó
el rol que ha desempeñado la Dirección de Urbanismo en el crecimiento de Guayaquil:
“se piensa que el rol del departamento de planeamiento urbano es simplemente el
de autorizar permisos de construcción y apenas relatar lo que sucede. Es
sencillo entender la manera caótica en la cual la ciudad ha venido creciendo”.
Aún de mayor interés es el
inventario de deficiencias que hizo este arquitecto y urbanista acerca del crecimiento
de la ciudad: “No hay una política que se enfoque en garantizar densidades
mínimas para crear vida urbana eficiente, una correcta y homogénea distribución
de equipamiento urbano –áreas deportivas, parques, comercio, servicios,
educación, instituciones–, un correcto mix de usos del suelo que ayuden a crear
sentimiento de comunidad y reduzcan el volumen del tráfico en la ciudad y una
real construcción de tejido vial distribuido que evite cuellos de botella
urbanos”. En otras palabras, hay un gran crecimiento en Guayaquil, pero a manera
de una enorme mancha gris, que crea más problemas de los que resuelve. Esta ha
sido la tónica, por años de años.
La prolongación de este
‘modelo de desarrollo’ socialcristiano, tal vez tan pronto como en un período
de dos generaciones, podría resultar nefasto para Guayaquil. El crecimiento de una
enorme mancha gris puede resultar muy beneficioso para las empresas
constructoras, pero es negativo para los habitantes de la ciudad. En un informe
elaborado por la ONU-Hábitat el año 2012 titulado ‘Estado de las ciudades de
América latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana’ se expresó la
necesidad para las ciudades de esta región de hacer “una profunda reflexión
sobre los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta ahora, que han estado
marcados por un alto grado de insostenibilidad” pues sus consecuencias han sido
“ciudades que crecen con urbanizaciones de baja calidad, centradas en sí
mismas, sin que nadie parezca preocuparse por el entorno general, ni por la
creación de espacios de socialización que no estén totalmente dedicados al
consumo”. Esa descripción de una ciudad retrata la realidad urbana de
Guayaquil, cuyo alcalde considera que los malls
son evidencia de una mayor calidad de vida.
Voy a concentrar la
crítica a este ‘modelo de desarrollo’ que han impulsado las alcaldías del
Partido Social Cristiano en Guayaquil desde el año 1992 en dos de sus
consecuencias más notorias, estudiadas por arquitectos, urbanistas y la propia
Alcaldía de Guayaquil: el ‘efecto de isla de calor’ y los riesgos de
inundaciones. Dos consecuencias que se agravaron en el curso de los años por la
ausencia de las políticas que detalló el arquitecto McIntosh en su artículo antes
mencionado.
El ‘efecto de isla de
calor’ provoca que Guayaquil tenga, por lo menos, tres grados más de
temperatura de los que tendría normalmente, de acuerdo con la opinión de la
profesora de urbanismo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
Rosa Rada. En Guayaquil, esto se produce por cómo se ha dado el crecimiento de la
ciudad: el negocio de las empresas constructoras privilegió, con mucho, el
adoquín y el cemento.
En razón de lo anterior, es
fácil concluir que una de las principales causas para el aumento de la
temperatura a causa del ‘efecto de isla de calor’ en Guayaquil es la ausencia de
áreas verdes. Guayaquil es una ciudad que no permite engaño: para cualquiera
que la haya caminado resulta evidente la falta de áreas verdes en ella, por la carencia
de políticas públicas desde la Alcaldía para el fomento de estos espacios, por
la tala masiva de árboles ubicados en el casco urbano y por el reemplazo de
especies frondosas por escuálidas palmeras.
Esta ausencia de áreas
verdes se vincula con lo que en el Diagnóstico del Sistema Ecológico-Ambiental
del cantón Guayaquil, incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de la
Alcaldía de Guayaquil del año 2011 (es decir, un documento oficial producido
por la propia Alcaldía), considera en sus conclusiones como el mayor riesgo
futuro de la ciudad: “El riesgo de mayor importancia para el cantón es el
riesgo de inundación, debiéndose prever en el futuro obras de control de
inundaciones”.
El agravamiento de los
riesgos de las inundaciones en Guayaquil es otra consecuencia del ‘modelo de
desarrollo’ socialcristiano. Este grave riesgo no sólo ha sido reconocido por
la Alcaldía, sino que ha sido materia de un estudio comparado a nivel mundial.
El artículo académico ‘Future flood
losses in major coastal cities’ [Futuras pérdidas por inundación en las
grandes ciudades costeras] publicado en la revista Nature Climate Change el año 2013 presentó un panorama sombrío para
Guayaquil en el año 2050, a causa del cambio climático. En él, Guayaquil se
sitúa como la cuarta ciudad en el mundo (de entre 136 ciudades estudiadas, todas
ellas costeras y con una población superior al millón de habitantes) que
sufrirá la mayor cantidad de pérdidas económicas como consecuencia de las
inundaciones, las que serán cada vez mucho más comunes y dañinas dada la
elevación del nivel del mar a causa del cambio climático.
De acuerdo con este
estudio académico, en un escenario “optimista” de sólo una elevación del nivel
del mar en 20 centímetros al año 2050, las pérdidas económicas para Guayaquil podrían
a ascender a 3.189 millones de dólares, sólo por detrás de Cantón en China y
Bombay y Calcuta en la India. Y el daño sería de 3.189 millones de dólares,
siempre que se realicen las “obras de control de inundaciones”, como aquellas a
las que se refiere el Diagnóstico Ambiental incorporado a la planificación de
la Alcaldía. Porque la inacción frente a este inminente escenario de riesgo, de
acuerdo con este estudio, “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas”.
A esto me refería cuando unas
líneas atrás sostuve que la continuidad del ‘modelo de desarrollo’
socialcristiano podría resultar nefasto para Guayaquil. El citado informe de ONU-Hábitat
advirtió de la peligrosa ignorancia de los ciudadanos latinoamericanos frente a
los riesgos de desastres futuros: “Existe poca conciencia de cómo la urbanización
mal pensada puede incrementar los factores de riesgo a desastres, con las
consecuentes pérdidas humanas y materiales”. Así, el mayor enemigo de esta ciudad
somos sus propios habitantes, que aplaudimos aquello que nos daña. Si las
autoridades de la Alcaldía le echan la culpa al dragado o a la marea alta o a
una supuesta nueva modalidad delictiva en la Martha de Roldós, casi nadie en la
ciudad eleva su voz de protesta y exige dejar excusas de lado y que se hagan
las “obras de control de inundaciones” que son de entera responsabilidad
municipal y que en el Diagnóstico Ambiental de la propia Alcaldía se mencionan.
En este punto, es
necesario hacer una precisión: esta opción de crecimiento en forma de mancha
gris por el que ha optado la Alcaldía de Guayaquil no es, en principio, ni ilegítima
ni ilegal. Pero no se trata de juzgarla desde el punto de vista de su
legitimidad o de su legalidad. Se trata de cuestionarla por ser una opción de
crecimiento inconveniente para Guayaquil y peligrosa para su futuro.
Esto último lo dice un
documento que la Alcaldía le solicitó a expertos internacionales que lo
produzcan, vía una Cooperación Técnica con la Corporación Andina de Fomento
(CAF). Este informe de análisis y recomendaciones, elaborado a raíz de la
inundación del 2-3 de marzo del 2013 en Guayaquil, fue explícito en criticar el
incremento continuo de la red de alcantarillado en esta ciudad: “La experiencia
demuestra que soluciones que utilizan exclusivamente los principios basados en
la transmisión de los impactos en el macro drenaje hacia aguas abajo, no son
sustentables”, además de que pueden “llegar a aumentar en seis (6) veces los
costos” comparados con una estrategia integral de gestión. El informe recomendó
que en Guayaquil se cambie el ‘modelo de desarrollo’ y se empiecen a gestionar
las inundaciones “bajo los conceptos de ciudades verdes, inclusivas y
sustentables”, en vez de continuar con estas medidas costosas y poco
sustentables (aunque convenientes al negocio de las empresas constructoras).
Pero las autoridades en Guayaquil
no gestionan ni las inundaciones ni el desarrollo urbano en general bajo esos
principios, pues la ciudad durante casi un cuarto de siglo ha crecido y crece todavía
al vaivén de los intereses de los empresarios de la construcción (tal como lo describió
el arquitecto Eduardo McIntosh) mientras la dirección municipal de urbanismo apenas
se ha limitado a relatar lo que sucede. Y así nos va.
Guayaquil
es una ciudad a la deriva, cuyos habitantes todavía ignoran, o no terminan de
comprender, los riesgos que los acechan.
