¿Igualdad o proporcionalidad?

 

Publicado en diario Expreso el 26 de agosto de 2022.

 

En el Congreso Constituyente de 1830 que creó el Estado del Ecuador se discutió la respuesta a la pregunta que titula esta columna. Los representantes de los departamentos de Azuay, Guayaquil y Quito se juntaron en Riobamba a decidir el sistema político que iba a regir sus relaciones. Un punto que ellos resolvieron fue si la representación política se la debía hacer de manera proporcional a la población de los departamentos, en cuyo caso el departamento de Quito tendría una mayoría de representantes frente a los otros dos, o si se la debía hacer de manera igualitaria.

 

El diputado guayaquileño José Joaquín de Olmedo defendió en ese Congreso Constituyente la igualdad de la representación de los tres departamentos que integraron el Estado del Ecuador (las antiguas provincias españolas de Cuenca, Guayaquil y Quito). En la sesión del 31 de agosto de 1830, frente a la posición quiteña de que el cálculo del número de representantes debía hacerse en función de la población de cada departamento, Olmedo retrucó que debía optarse por una representación igualitaria, explicando: ‘la diferencia que había entre provincias que están sujetas á una autoridad, y que unidas forman un cuerpo político, y entre otras secciones que por circunstancias improvisas quedan en una independencia accidental; que en el primer caso, era desde luego indispensable arreglar la Representación Nacional á la población, bajo una ley establecida; pero no así en el segundo, pues las secciones independientes podían reunirse muy bien con la representación igual, ó bajo los pactos convencionales que se estipulasen para la unión’.

 

Este discurso del diputado Olmedo implicaba que ningún departamento ejercía dominio sobre otro. La única vez que, durante el tiempo del gobierno español, una provincia quiso imponerse a las otras dos, fue sometida de manera ultra-violenta: le ocurrió a Quito, con la masacre del 2 de agosto de 1810 incluida.

 

En el discurso de Olmedo y en la práctica, cada antigua provincia era una entidad independiente. Y si se reunía una con otras para componer una entidad mayor, ello ocurría por mera conveniencia. Su representación podría ser igualitaria, o ser la que se estipulase para la ocasión. En el Congreso Constituyente de 1830 (en perjuicio de la abrumadora mayoría de habitantes del departamento de Quito) los representantes de Azuay y Guayaquil estipularon que la representación sea igualitaria, a razón de 10 diputados por departamento.

 

E igualitaria quedó por más de treinta años y seis Constituciones. En todas ellas se hizo referencia a ‘los antiguos departamentos’ para el cálculo de la representación política (salvo en 1843 que se utilizó la denominación ‘Distritos’). Así, 5 senadores y 8 representantes por departamento en la Constitución de 1835, 9 senadores y 10 representantes por distrito en la de 1843, 6 senadores y 10 representantes por departamento en la de 1845, 14 representantes por departamento en la de 1851, y 6 senadores y 10 representantes por departamento en la de 1852.  

 

Hasta que en 1861 la séptima Constitución y una nueva ley electoral cambiaron la representación política del Ecuador a una proporcional al número de habitantes de cada provincia.

La invicta Huachi

 

Publicado en diario Expreso el 19 de agosto de 2022.

 

El año 1821 empezó mal para la causa libertaria. El 3 de enero ocurrió la derrota en el combate de Tanizagua, en las cercanías de Guaranda, precedida por las derrotas de Verdeloma el 20 de diciembre de 1820, donde murieron unos 200 patriotas, y de Huachi el 22 de noviembre de 1820, donde murieron unos 500. Justo ese 22 de noviembre del primer Huachi, el Presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, le escribió al general José de San Martín para contarle de los progresos del ejército patriota en su camino a Quito, y Olmedo lo lisonjeaba así: ‘V. E.  prepara el hermoso día del opulento Perú; y, ardiendo en amor patrio, nos enseña la senda que debemos seguir’. Qué poco sabía el poeta.

 

En el combate de Tanizagua, los realistas mataron a otros 400 patriotas y capturaron a su jefe, el coronel José García, a quien decapitaron. Su cabeza fue enviada en una jaula de hierro a Quito y el general Aymerich, jefe de los realistas y último gobernante español de Quito (ciudad que lo recuerda con raro orgullo en el nombre de la calle que sube a la cima del Panecillo) ordenó que la cabeza de García sea exhibida en el puente del Machángara para escarmiento de las personas y alimento de los bichos.

 

Al rescate de la causa libertaria llegó la temporada de lluvias, que impuso un cese natural de las hostilidades que amenazaban a Guayaquil. Se reanudaron los fuegos el 19 de agosto de 1821 con la batalla de Cone, en las cercanías de Yaguachi. Para este momento el general Simón Bolívar ya había enviado a la ciudad de Guayaquil al general José Mires, en febrero de 1821, con armas y pertrechos, y al general Antonio José de Sucre, quien llegó a Guayaquil en abril de 1821 para tomar el comando del ejército patriota y para anexionar la provincia de Guayaquil a la República de Colombia. Por la presencia de Sucre y su insistencia, la Junta de Gobierno presidida por el poeta Olmedo suscribió un convenio por el que puso a la provincia de Guayaquil ‘bajo los auspicios y protección de Colombia’.

 

El ejército patriota, comandado por el general Mires, triunfó de manera aplastante en Cone. La importancia de este triunfo se debe a que evitó que la ciudad de Guayaquil sea tomada por los realistas. Entusiasmado, el ejército patriota tomó la ofensiva y volvió a trepar la cordillera rumbo a Quito.  

 

Pero ocurrió de nuevo Huachi. En su subida de la cordillera, el 12 de septiembre de 1821, el ejército patriota volvió a encontrarse con el ejército realista en los arenales de Huachi y los patriotas volvieron a perder. Fue un descalabro: alrededor de 800 muertos, entre ellos el guayaquileño José de Antepara, antiguo secretario del Precursor Miranda e importante actor en la gesta independentista de Guayaquil.

 

Y Huachi permaneció invicta. A fin de triunfar en la guerra contra los realistas, el ejército patriota replanteó su estrategia: fue por el mar al Sur, entró por Machala y subió por el Austro para esquivar los funestos arenales de Huachi en su camino a tomar el bastión realista de Quito. A esta ciudad, finalmente, la tomaron tras triunfar en la batalla del Pichincha y tras la rendición de los realistas suscrita por el general Aymerich, el 25 de mayo de 1822, en la cima del Panecillo.

El 13 de agosto

 

Publicado el 12 de agosto de 2022 en diario Expreso.

 

El 19 de julio de 1834, Alexander Scammel Wadsworth, comodoro de la balandra de guerra USS Vincennes (incidentalmente, el primer barco de bandera estadounidense que circunnavegó la Tierra), fue testigo del convenio entre el Presidente Constitucional del Estado del Ecuador, el venezolano Juan José Flores, y un particular sublevado contra el gobierno constitucional de Flores, el guayaquileño Vicente Rocafuerte. El primer artículo del convenio entre Flores y Rocafuerte dispuso lo siguiente: ‘Art. 1.- Habrá paz, unión, concordia sincera y fraternal entre todos los ecuatorianos’. El artículo 2 del convenio dispuso que se debía convocar a una Convención Nacional para la reorganización del país. Este último artículo es el origen de la reunión de representantes que produjo a la República del Ecuador.

 

Para entender el porqué un Presidente Constitucional pudo acordar con un revolucionario un convenio para la reorganización de un territorio, se debe considerar la desastrosa Presidencia de Flores entre 1830 y 1834, que incluye la derrota en una guerra contra Colombia, la invariable crisis de las finanzas públicas y una constante inestabilidad de la conducción política por la aparición de variopintos revolucionarios por doquier.

 

Rocafuerte y otras gentes se le sublevaron en Guayaquil, y acá se vino el presidente Flores a atajar la revolución, pero luego se le sublevaron en la Sierra. El 12 de junio de 1834, el que había sido el primer Ministro del Ecuador, el lojano José Félix Valdivieso (en los orígenes del Estado ecuatoriano, según su Constitución, había un único Ministerio), se declaró Jefe Supremo en Ibarra. Quito se plegó a esta Jefatura Suprema el 13 de julio. Después, el 25 de agosto, se la incorporó a Cuenca. Valdivieso se consolidó como el Jefe Supremo de la Sierra.

 

Para vencer a Valdivieso y mantenerse en las altas esferas del poder, Flores apostó a una alianza con el revolucionario más prominente de Guayaquil, el ilustre y adinerado Vicente Rocafuerte.

 

El 10 de septiembre de 1834 concluyó el período constitucional de gobierno de Flores, quien de manera irregular transmitió el poder a Rocafuerte para que él gobierne en calidad de Jefe Supremo de Guayaquil. Flores se recicló como Comandante del ejército de la Jefatura Suprema de Guayaquil para enfrentar al ejército de la Jefatura Suprema de la Sierra. El 19 de enero de 1835 estos ejércitos se enfrentaron en los arenales de Miñarica. Allí triunfaron Rocafuerte y Flores.

 

Lo siguiente fue cumplir con el artículo 2 del convenio entre ellos firmado en julio de 1834 y la consecuente convocatoria a una Convención Nacional para la reorganización del territorio.

 

Aquí es donde entra el 13 de agosto. La Convención se reunió en Ambato, entre junio y agosto de 1835, para redactar y aprobar una nueva Constitución en la que el Estado del Ecuador dejó de ser un Estado confederado en una República imaginaria y pasó a ser una República por sí mismo. La Convención decidió el 8 de agosto que Vicente Rocafuerte sea el primer Presidente de la República y él, en esta calidad, fue quien puso el ejecútese a la Constitución el jueves 13 de agosto de 1835.

 

Y ese día, que nadie lo recuerda, se originó la República del Ecuador.

Treinta años

            Publicado en diario Expreso el 5 de agosto de 2022.

El año 1992 fue un parteaguas en la historia de Guayaquil. Es el año en que el ingeniero León Febres-Cordero, Presidente entre 1984 y 1988, se convirtió en el segundo alcalde (después de José Luis Tamayo) que, antes de asumir la Alcaldía, había ejercido la Presidencia de la República. (Febres-Cordero es el único en haber ejercido ambas dignidades por la voluntad popular.) Y 1992 es el año en que inició el dominio del PSC en Guayaquil.

Durante una buena parte de este dominio del PSC, un lema de la Alcaldía decía que Guayaquil era ‘exitosa’. Ese discurso ya no es creíble: nadie puede considerar un ‘éxito’ el estar viviendo en una ciudad violenta e insegura, donde salir a la calle implica tener una estrategia contra el prójimo. Así como tampoco debería ser creíble atribuirle la responsabilidad de la violencia y la inseguridad a otros que no administran la ciudad, como se lo pretende hacer. Esto, porque si tras treinta años de dominio de Guayaquil lo único que el PSC pudo lograr es seguir soportando el fracaso de los demás, es porque también su administración ha sido un fracaso. (La perpetua queja no es una política pública.) Al final, cuando menos, han sido cómplices de haber llegado a la decadencia actual.

En algún momento de la historia de Guayaquil el PSC encarnó un modelo de superación, una vía al desarrollo. En parte, la razón para que se lo haya podido pensar así es porque el PSC logró mantener bajas las expectativas de la población. No se trató de una vía al desarrollo basada en estándares internacionales o en casos de éxito (Curitiba, Medellín, Singapur), pues se basó en no recaer en el roldosismo. Fue el desarrollo de la ciudad como un escape.

Pero es al roldosismo adonde el escape del PSC ha terminado llevando. Esta Guayaquil modelo 2022 actualiza el lejano caos roldosista, con atributos como las ya citadas inseguridad y violencia, y el crecimiento urbano sin solución de necesidades básicas (hechos muy relacionados), la falta de controles ambientales y la contaminación de ríos y esteros, el fracaso del transporte masivo terrestre (sólo se han hecho tres de las siete troncales de la Metrovía –y ninguna en la actual administración) así como el fracaso y la deuda gigante de la Aerovía, la nula prevención de las inundaciones que ocurrirán por efecto del cambio climático, las sospechas de corrupción en los proyectos de arte o por los terrenos cercanos al nuevo aeropuerto en Daular… Esto, además de una máxima autoridad con un histrionismo de teatro escolar y unas altas dosis de chabacanería (‘vístanse como quieran, y desvístanse como quieran y con quién quieran’ es su legado).

Este entramado de ineficacia, sospechas de corrupción y chabacanería tiene unos aires de familia con el final del período roldosista, en el que gobernó la otra alcaldesa que ha tenido la ciudad, Elsa Bucaram. Salvo que esta Guayaquil del tramo final del PSC está aún peor, por la notoria descomposición de la ciudad y su crisis de seguridad que hoy causa zozobra y que la ha situado a Guayaquil entre las 50 ciudades más violentas del mundo.

Efeméride: este partido sin solución para los problemas de los guayaquileños, este 10 de agosto de 2022, cumplirá treinta años administrando la ciudad.

La ciudad de Santiago

Publicado en diario Expreso el 29 de julio de 2022.

 

En una quincena de agosto del año 1534 se fundaron en la llanura de Liribamba (Sierra central del Ecuador) una ciudad y una villa españolas que son parte fundamental de la historia del Estado del Ecuador. Ambos asentamientos fueron provisorios, mudables: la villa de San Francisco de Quito, fundada el 28 de agosto, se trasladó treinta leguas al norte para ocupar el espacio de la arrasada Kitu indígena. La ciudad de Santiago de Quito, fundada el 15 de agosto, se la trasladó a la Costa para servir de puerto a la villa que ocupó el espacio de la arrasada Kitu indígena.

 

Con el tiempo, la villa de San Francisco de Quito pasó a ser una ciudad (1541) y fue la sede de una Gobernación (1540) y de una Audiencia (1563), para después convertirse en la capital del Estado independiente del Ecuador (1830). La ciudad de Santiago de Quito, en su tránsito a la Costa para servirle de puerto, mantuvo su nombre cristiano de Santiago, pero perdió el “de Quito” para tomar un nombre relativo a su nueva geografía. El nombre de un cacique reemplazó a su nombre montañés.

 

El hombre que estableció que la Santiago de Quito fundada en 1534 era la misma ciudad que se estableció en un cerro a orillas de un ancho río fue Miguel Aspiazu. Él leyó con atención el acta de fundación de la ciudad de Santiago de Quito y la provisión del adelantado Francisco Pizarro fechada 22 de enero de 1535, por la que esta autoridad confirmó los cargos de los que habían sido designados alcaldes y regidores de Santiago de Quito. De ello dedujo Aspiazu que “no por haberse fundado el Cabildo de la villa de San Francisco de Quito había dejado de existir el de la ciudad de Santiago de Quito”, pues de otra manera no se habría confirmado a esas autoridades en sus cargos.

 

Establecida esta idea, Aspiazu se planteó la hipótesis de que la ciudad de Santiago de Guayaquil fuera la continuación de la ciudad de Santiago de Quito fundada en Liribamba. Aspiazu demostró que, por Cédula Real dada en Toledo el 4 de mayo de 1534, se había autorizado al adelantado Francisco Pizarro “para que cada y cuando le pareciera que un pueblo fundado o que fundare se deba mudar de sitio lo pudiese mudar al sitio que le pareciese, con su nombre”. Y demostró también que, en una provisión del Rey de España hecha en septiembre de 1540, constaba el nombre de Santiago de Quito para identificar a la ciudad que ya se había trasladado a la Costa y que empezaba a asentarse a la vera de un río para servirle de puerto a San Francisco de Quito.  

 

Miguel Aspiazu tiene el mérito de haber razonado y construido este relato de la fundación de la ciudad. Él recordó que, en su viaje a la Costa, la que era Santiago de Quito pasó a llamarse Santiago en Estero de Dimas, o Santiago del río de Amay, o Santiago de la Culata, hasta que finalmente se llamó Santiago de Guayaquil, por el nombre de un cacique, Guayaquile.

 

Dado este antecedente, es un error festejar el 25 de julio como la fundación de Guayaquil pues la fecha de su fundación es el 15 de agosto de 1534, fecha que la convierte a Guayaquil (después de Piura) en la segunda ciudad española fundada en Sudamérica durante la conquista del Perú y la primera fundada en el territorio del Estado del Ecuador.

El general San Martín remando en dulce de leche

 

Publicado el 22 de julio de 2022.

 

Hubo un tiempo en que la provincia de Guayaquil fue una república independiente, codiciada por colombianos y peruanos (el Ecuador no existía). El antecedente de esta codicia es que, en tiempo de la dominación de los españoles, la provincia de Guayaquil perteneció al Virreinato del Perú hasta que pasó al Virreinato de la Nueva Granada, pero después volvió a ser controlada por el Virreinato del Perú. A consecuencia de estos vaivenes, los grandes países que surgieron de la disolución de los citados Virreinatos se pensaron ambos con derechos para codiciar a Guayaquil: Colombia la quería como su extremo Sur, Perú como su extremo Norte. 

 

José Joaquín de Olmedo decía que el 9 de octubre era el día de la independencia y el 8 de noviembre era el día de la libertad. Este último día, en 1820, un total de 57 representantes de los pueblos que conformaban la provincia de Guayaquil (toda la Costa menos Esmeraldas) se reunieron para aprobar una Constitución provisoria para la provincia independiente. De acuerdo con el artículo 2 de esta efímera Constitución: ‘La Provincia de Guayaquil se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur’.

 

Ésta era la postura del guayaquileño Olmedo. Él creía que una reunión de representantes de los pueblos de la provincia de Guayaquil debía decidir la materia de a qué país ‘unirse’, o si mantenerse como un país independiente. La Junta de Gobierno de Guayaquil, que Olmedo presidía, convocó a una reunión de representantes que debió celebrarse el 28 de julio de 1822 justamente para decidir sobre este tema.

 

Pero el general Simón Bolívar, a la sazón Presidente de Colombia, tenía otro plan, que excluía del todo oír a los representantes de la provincia de Guayaquil, y era imponer su voluntad. Su gran argumento fue haber llegado a la ciudad, el 11 de julio de 1822, acompañado de 1.300 soldados colombianos. En seguida, el secretario de Bolívar le envió una nota a Olmedo y a los otros dos integrantes de la Junta de Gobierno (Francisco María Roca y Rafael Ximena) en que les indicaba que su breve experimento democrático debía llegar a su fin. A los pocos días, todos ellos abandonaron la ciudad para pasar a residir en Lima. Roca y Ximena no volvieron jamás a Guayaquil.

 

Bolívar ocupó militarmente Guayaquil para anexar la provincia a la Colombia que él presidía. En esto, le ganó de mano al general José de San Martín, a la sazón Protector del Perú. Él viajó a Guayaquil para incorporar esta provincia al Perú, pero en camino a la ciudad, en Puná, el 25 de julio de 1822, a San Martín se le informó de la ocupación militar de Guayaquil por Bolívar y sus 1.300 soldados colombianos. Anoticiado, en su cabeza debió quedar meridianamente claro que Bolívar lo tenía ya todo atado. Guayaquil estaba perdida para el Perú.

 

Cuando la mañana del 26 de julio de 1822 el general San Martín llegó a Guayaquil abordo de la goleta de guerra ‘Macedonia’, lo recibió en el muelle un arco decorativo en el que se podía leer ‘Bienvenidos a Colombia’. Luego tuvo lugar la célebre entrevista de Bolívar y San Martín, donde es fama que se decidió el destino de Guayaquil…

 

Bien pudieron hablar del clima.

Caso Tibi

Publicado en diario Expreso el 15 de julio de 2022.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció el Caso Tibi vs. Ecuador el 7 de septiembre de 2004. Este caso es típico de los años noventa, parte de un esquema de corrupción institucionalizada por las nuevas reglas para el combate del tráfico de drogas. La aprobación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), en septiembre de 1990, cambió las reglas.

 

La experta Sandra G. Edwards describió la nueva situación en palabras sencillas: ‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. La policía ecuatoriana asumió el acuerdo como una misión encomendada. A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’. El francés Daniel Tibi fue una víctima célebre de este esquema corrupto.

 

En septiembre de 1995, Daniel Tibi fue detenido por la Policía en el barrio La Mariscal, en Quito. Enseguida, la Policía lo trasladó de Quito a Guayaquil, lo involucró en un delito bajo la Ley 108 y, con la colaboración de un sistema penal volcado al hacinamiento en las cárceles por los delitos de drogas, lo encerraron en La Penitenciaría del Litoral. Tibi tenía 36 años. Pasó los siguientes dos años y medio encerrado (hasta enero de 1998, siempre con prisión preventiva), sufriendo las penurias del malvivir de la Penitenciaría.

 

En julio de 1998, la situación de Daniel Tibi se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, tras un trámite de seis años, Tibi obtuvo de la Corte IDH una sentencia que condenó al Estado del Ecuador. La Corte reconoció en sentencia que la detención de Tibi había sido ilegal y arbitraria, que a él se lo torturó en prisión, que sus garantías judiciales no le fueron respetadas y que sus propiedades le fueron incautadas y jamás devueltas. Y por estos hechos violatorios a sus derechos, la Corte IDH ordenó reparaciones económicas a favor de Tibi y sus familiares, y ordenó otras reparaciones a fin de que las violaciones que se cometieron en este caso no se vuelvan a repetir en el Ecuador.

 

El Estado del Ecuador se limitó a cumplir (con demora) las reparaciones de carácter económico, pero todas las reparaciones para la no repetición de los hechos, que comportaban programas de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial y penitenciario, incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico, y ‘un comité interinstitucional con el fin de decidir y ejecutar los programas de capacitación en derechos humanos y tratamiento de reclusos’, siguen sin cumplirse. El Estado, cuatro informes de cumplimiento de la Corte IDH y casi dos décadas después, no sigue estando como estaba en los años noventa por la sencilla razón de que está ya peor. Si enterado, no habría podido sorprenderlo a Tibi esta decadente práctica institucional: él no esperaría nada de un basural.

 

Apenas salió libre, Tibi abandonó el Ecuador. Era el 22 de enero de 1998. Un diario local hizo una noticia por su partida y recogió sus últimas palabras, dichas antes de subirse al avión que lo llevó de vuelta a Francia: ‘Al fin pude salir de la basura’.

Guayaquil catástrofe

 

Publicado en diario Expreso el 8 de julio de 2022.

 

Este artículo es un ejercicio de prospectiva: estudiar lo que se ha hecho en Guayaquil para mitigar el impacto de las inundaciones, a fin de explorar su (sub-acuático) futuro.

 

Las inundaciones en Guayaquil pueden provocar unas pérdidas inaceptablemente altas. Un estudio del año 2013 (“Future flood losses in major coastal cities”, de Hallegatte et al.) auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó, calculadas al año 2050, las pérdidas económicas a causa de las inundaciones que ocurrirán en las 136 ciudades costeras más grandes del mundo por efecto del cambio climático. Con una estimación conservadora que consideró una elevación del nivel del mar de apenas 20 centímetros, este estudio encontró que Guayaquil es la tercera ciudad, después de Cantón en China y Nueva Orleáns en los Estados Unidos, cuya economía iba a sufrir más producto de las inundaciones. Para Guayaquil se calculó que el porcentaje de pérdidas económicas anuales en relación con su producto interno bruto (PIB) era del 1.08%.

 

Este porcentaje del 1.08% representa “la parte de los gastos económicos de la ciudad que debería ahorrarse anualmente para pagar las futuras pérdidas por inundaciones”. Este porcentaje, por cierto, es siempre y cuando la ciudad haya tomado medidas adecuadas para la mitigación de los impactos por las inundaciones. El escenario cambia si no se actúa a tiempo.

 

Estudiar lo que se ha hecho en Guayaquil para hacer frente a las inundaciones es breve, porque realmente no se ha hecho nada de relevancia, como no sea empeorar la situación. Por decenas de años, la ciudad ha experimentado un crecimiento que la ha vuelto propensa a las inundaciones. En un informe técnico que la propia Alcaldía de Guayaquil le solicitó a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre el posible impacto de las inundaciones en la ciudad, los técnicos de la CAF lamentaron que una ciudad como Guayaquil que “ofrece condiciones inmejorables para desarrollar soluciones integradas en el diseño urbano [y] sustentables a largo plazo” haya optado por un crecimiento que resulta perjudicial para la mitigación de las inundaciones.  

 

El informe de la CAF describe así el crecimiento urbano de Guayaquil: “lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano”. Impermeabilizar el suelo de una ciudad costera es facilitar el trabajo a los efectos del cambio climático. Guayaquil es una gran mancha gris propensa por mensa a las inundaciones.

 

Imaginemos una ciudad sub-acuática y la posibilidad de vivir en ella. Y la respuesta es no.

 

En el estudio auspiciado por la OCDE se advierte que el riesgo de no hacer nada para mitigar el impacto de las inundaciones “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas”. Y es en esta categoría de ciudad irresponsable que la tenemos a Guayaquil.

 

La diferencia entre una catástrofe y una tragedia es que una catástrofe se podría haber evitado por la oportuna actuación humana, mientras que una tragedia no. Guayaquil va galopante rumbo a una catástrofe de dimensiones colosales, cosa que a nadie en esta ciudad parece preocuparle, y mucho menos a sus autoridades. 

La decadencia de Guayaquil

 

Publicado en diario Expreso el 1 de julio de 2022.

 

La Guayaquil de tres generaciones atrás era una ciudad distinta a la actual: era fresca, tranquila y acogedora, cívica (es la Guayaquil de la última revolución que ha tenido este país, la ‘Gloriosa’). Para esa época ocurrieron dos hechos que resultan claves para comprender el cambio radical que ella ha sufrido. El primero: empezaron en 1947 las elecciones populares para elegir el alcalde o la alcaldesa del cantón. El segundo: desde la década de los cincuenta empezó un crecimiento acelerado de su población. Estos hechos están relacionados, pero para mal.

 

El año 1950 se realizó el primer censo en el país y Guayaquil tenía alrededor de 250.000 habitantes. El sexto censo, el año 2001, informó de una Guayaquil de ya casi dos millones de habitantes (1.985.379). Por muchos años, la ciudad recibió un flujo alto y constante de personas (cuya inmensa mayoría vino a vivir en tugurios e invasiones) que lo aprovecharon los políticos de Guayaquil, creando redes clientelares en estos sectores populares de rápida expansión.

 

En Guayaquil, tres partidos políticos han aprovechado las redes clientelares en los sectores populares: Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Partido Social Cristiano (PSC). El desarrollo postergado en estos lugares, el suplido de servicios y obras a cuentagotas tan conveniente al mantenimiento de las redes clientelares, ha producido que buena parte de la población de Guayaquil viva en situación de hacinamiento y pobreza, sin una adecuada provisión de servicios básicos, sin acceso a áreas verdes ni a espacios de recreación, en unas condiciones que, según afirma un informe de la ONU-Hábitat, ‘contribuyen a la creación de la pobreza y a su realimentación, algunas de las cuales hacen parte del concepto que las define como trampas de pobreza’. ‘Trampa de pobreza’ quiere decir una ciudad en la que dejar de ser pobre es malditamente difícil.

 

Una ciudad que no te ofrece oportunidades, te obliga a crear esas oportunidades. Aunque ello implique encomendarse a San Pablo Escobar.

 

Porque este maltrato y abandono de años ha provocado en Guayaquil que una parte postergada de su sociedad se haya organizado. Lo que ocurre es que se ha organizado en revancha, para emprender en actividades criminales y para subvertir el (supuesto) orden de la ciudad. Y resulta que esa parte de la sociedad que se dedica al narcotráfico está mejor organizada que el Estado. Hoy en día, esta gente organizada con propósitos criminales controla un amplio territorio en el Sur y en otras partes de Guayaquil, donde imponen su ley y disputan la hegemonía del Estado. Como lo ha denunciado la Alcaldesa, ellos cobran ‘vacunas’ a los contratistas del Municipio para dejarlos hacer la obra pública. Y el Estado, ni el local ni ningún otro, no puede evitarlo.

 

El resultado es que hoy Guayaquil es una ciudad calurosa, violenta y estresante, sin civismo y (probablemente) sin otro futuro como no sea uno auto-destructivo. Decayó muy pronto, en apenas tres generaciones, conducida por las redes clientelares de los políticos, acompañada de una ciudadanía embobada, muerta por la desidia generalizada y rematada por el exitoso, boyante negocio del narcotráfico.

Geografía e institucionalidad

 

Publicado el 24 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

En el siglo XVI la Corona de Castilla especializó sus dominios americanos en actividades productivas, según las posibilidades de su geografía. En América del Sur, por ejemplo, mientras que en los territorios de los actuales Perú y Bolivia se desarrollaron numerosos enclaves mineros, el territorio que ahora es el Ecuador se especializó en la producción agraria para el consumo interno y en la producción de tejidos para el mercado andino. La economía minera requirió mantener la producción de la hoja de coca para sus explotados indígenas, mientras que la economía agraria y obrajera no. Por esta diferencia, Perú y Bolivia (en conjunto con Colombia) han sido los mayores productores de cocaína del mundo, mientras que el pequeño Ecuador era un actor marginal del negocio del narcotráfico.

 

Hasta que lo metieron al baile, en los años noventa. Aquí entra en juego la institucionalidad del Estado. Y también el rol de los Estados Unidos de América, a cuyas instancias el Ecuador en septiembre de 1990, durante el gobierno del Presidente Rodrigo Borja, adoptó una ley de drogas (la Ley 108). El resultado de la aplicación de esta ley violatoria de las garantías judiciales fue el hacinamiento en las cárceles y la creación de un sistema corrupto, pues como lo explicó la experta Sandra Edwards, para obtener los fondos que el gobierno de los Estados Unidos asignaba al Ecuador por combatir el narcotráfico, ‘Ecuador debía comprometerse con el juego de los números: más personas en la cárcel y más acusados por delitos relacionados con drogas. […] A cambio de continuar recibiendo la asistencia económica, su trabajo consistiría en detener a tantas personas como fuera posible bajo la Ley 108’. Así, la institucionalidad se pervirtió: casos como Tibi, Chaparro Álvarez y otro y Herrera Espinoza y otros, resueltos por la Corte Interamericana en contra del Ecuador, son un testimonio de ello.

 

La institucionalidad del Ecuador siempre ha sido débil y su población usualmente ha desconfiado de ella (no es culpable, el Estado siempre decepciona). Pero en estos últimos cinco años ha ocurrido, so pretexto de una vendetta política, el persistente debilitamiento de la institucionalidad por la eliminación de instituciones, el despido de empleados y la disminución de presupuestos. Y, concomitante a este debilitamiento de la institucionalidad (que quiere decir: de la capacidad de control del Estado), el golpe brutal, asesino, de otro agente externo: los cárteles de México. Y de grupos criminales de Colombia, Albania, Italia, Brasil, etc., al punto que según la publicación Insight Crime, al Ecuador se lo conoce como las ‘Naciones Unidas’ del crimen organizado. Así, de casi no pintar nada a ser un hub internacional: en treinta y pocos años, descendimos a los infiernos.

 

A día de hoy, el Ecuador tiene una geografía favorable al negocio del narcotráfico: una enorme línea costera, muchos puertos. Y tiene una economía dolarizada, una prohibición de extraditar y una institucionalidad muy permeable a los incentivos del crimen organizado, además de una Fuerza Pública que no está en capacidad de resistir el embate de los cárteles. Es un país en caída libre.

 

Los tiempos cambiaron, desde los años noventa. Y no cambiaron para bien.

Lasso, el banquero

Leyendo la autobiografía del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, encontré este sentido elogio del pensamiento del viejo Marx:

 

‘Su reveladora distinción entre el «principio de no explotación» (mediante el pago acorde con el trabajo, en línea con la contabilidad establecida por su versión de la teoría del valor-trabajo) y el «principio de necesidad» (disponer de los pagos en función de las necesidades de las personas, no de su trabajo y productividad) era una potente lección de pensamiento radical’ (1).

 

El capitalismo tiene una lógica distinta a los principios marxistas, pues la suya es una lógica de la acumulación. Su lema bien podría ser ‘greed is good’ (la codicia es buena). Los capitalistas no buscan satisfacer las necesidades de la gente, como quería Marx. Ellos buscan la producción a bajo costo y obtener una alta rentabilidad (su ejemplo extremo, este imbécil).

 

Los banqueros son los capitalistas par excellence. Ellos están acostumbrados a acumular dinero y a mandar. En esencia, sus preocupaciones no son humanas, son contables.

 

Guillermo Lasso es un banquero acostumbrado a acumular dinero y a mandar. Una vez Presidente, él quiso aplicar su fórmula de administración privada a la administración pública de un país pobre, desigual, que desconfía de su institucionalidad y que es propenso a la violencia. Y este país, desatendido en sus necesidades (sin salud, sin educación, sin seguridad como no sea para la represión de los pobres) le terminó por explotar en la cara.

 

(1) Sen, Amartya, ‘Un hogar en el mundo. Memorias.’, Taurus, Bogotá, 2021, p. 254. A página siguiente, Sen pone un ejemplo del triunfo del principio marxista de necesidad: ‘Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), que se introdujo en Gran Bretaña en 1948 y que alcanzó su plena funcionalidad poco antes de mi llegada al país, fue un heroico e innovador intento de implementar un componente crucial del principio de necesidad, en cuanto a la atención sanitaria se refería. Como dijo el creador y defensor a ultranza del NHS, Aneurin Bevan, que había estudiado la obra de Marx como alumno del Central Labour College de Londres: «Ninguna sociedad se puede denominar legítimamente civilizada si niega cuidados médicos a una persona a causa de su falta de medios económicos». Exactamente en las antípodas del imbécil. Corolario: En el Ecuador, donde el servicio de salud no sirve a la gente porque es corrupto e ineficaz, no merecemos llamarnos «civilizados».

Entre revoluciones

 

Publicado el 17 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

La revolución Juliana produjo un gran cambio institucional y originó el mayor período de inestabilidad política en la historia de un país siempre convulsionado por guerras civiles, revoluciones y golpes de Estado. Hasta la llegada de la Juliana en 1925, el Ecuador había conocido el período más largo de estabilidad en sus 95 años de historia como Estado independiente, con la sucesión de tres gobiernos que entre 1912 y 1924 concluyeron sus períodos de cuatro años (los del general Leonidas Plaza, Alfredo Baquerizo y José Luis Tamayo). Tras la revolución Juliana, el Ecuador no volvió a tener un Presidente que concluyó su período de gobierno hasta Galo Plaza (1948-1952, hijo del general Leonidas).

 

El gran cambio que se instituyó en la Constitución de 1929 fue romper con la tradición presidencialista constante en las doce Constituciones precedentes y crear un gobierno semi-parlamentario en el Ecuador. Por esta Constitución, al Poder Legislativo se le otorgaron facultades que el historiador Pareja Diezcanseco calificó de omnímodas y que describió así: ‘cualquier legislador podía individualmente interpelar a los ministros de Estado […] y pedir su censura y el voto de desconfianza, que podía ser extendido, en la misma sesión, a todo el gabinete. Esto equivalía a obligar al presidente a la designación de ministros que merecieran la simpatía de la legislatura’.

 

El saldo de esta novedad fue que ninguno de los tres Presidentes del Ecuador elegidos por el pueblo durante la vigencia de la Constitución de 1929 (Bonifaz, Martínez, Velasco) concluyeron su período. Neptalí Bonifaz ni siquiera pudo iniciarlo, pues en agosto de 1932 el Legislativo lo descalificó por peruano, hecho que ocasionó una guerra civil que se recuerda como ‘la guerra de los cuatro días’ y que costó alrededor de 2.000 muertos. Juan de Dios Martínez Mera sintió la potencia del régimen semi-parlamentario: destituyeron a su gabinete de Ministros hasta por vicio. (Una figura descollante emergió de esta arremetida de los diputados contra el Presidente y su gabinete: el intelectual quiteño José María Velasco Ibarra.) Finalmente, el Legislativo decidió la destitución del Presidente Martínez en octubre de 1933.

 

Velasco Ibarra aprovechó su popularidad por la demolición de Martínez para candidatizarse a Presidente e inaugurar la política de masas en el atribulado Ecuador. Él triunfó en las elecciones de diciembre de 1933 y empezó a gobernar el 1 de septiembre de 1934 en la que fue la primera de sus cinco Presidencias. No duró ni un año en el ejercicio del poder y cayó el 20 de agosto de 1935 precisamente por querer escapar del imperio de la Constitución de 1929: quiso declararse dictador y las tropas no lo apoyaron. De este fracaso surgió su célebre frase: ‘Me precipité sobre las bayonetas’.

 

Después el país cayó en manos de dictaduras y breves gobiernos civiles de encargo. En este período fue desconocida la Constitución de 1929. La siguiente elección popular en 1940 se rigió por la Constitución de 1906 y el Presidente elegido, Arroyo del Río, tampoco concluyó su período. Lo interrumpió el 28 de mayo de 1944 otra revolución, que inició un nuevo momento de la historia política del Ecuador y a la que se recuerda como ‘Gloriosa’.

La muerte de Estrada

 

Publicado el 10 de junio de 2022 en diario Expreso.

 

La muerte del Presidente Constitucional Emilio Estrada el 21 de diciembre de 1911, por un ataque cardíaco, desencadenó la violencia en el Ecuador. A raíz de su muerte, los rebeldes alfaristas disputaron el poder al gobierno de Carlos Freile, Encargado del Poder. Los rebeldes tenían en el exPresidente, general Eloy Alfaro, a su líder máximo. Las fuerzas del gobierno tenían como su comandante al también exPresidente, general Leonidas Plaza. Las tropas se enfrentaron bravo en Huigra, Naranjito, Yaguachi. El número de muertos, en enero de 1912, ascendió a unos 3.000. Un nivel de violencia muy alto, incluso para un país acostumbrado a la imposición por la fuerza como el Ecuador.

 

Eloy Alfaro nunca ganó una elección popular. Siempre se impuso por la fuerza y usó el mismo procedimiento de siempre, es decir, pasar de Jefe Supremo a Presidente Constitucional por un abracadabra de una Convención Constitucional por el líder de turno convocada (antes que él: Rocafuerte, Noboa, Urbina, García Moreno -en dos ocasiones- y Veintimilla). Así lo hizo Alfaro por dos ocasiones: en la revolución de 1895 que desembocó en la Constitución de 1897 y en el golpe de Estado de enero de 1906 que desembocó en la Constitución de 1906. Y pudo ocurrir una imposición por la fuerza por tercera vez, con ocasión de la muerte de Estrada. Pero esta vez vencieron las fuerzas del gobierno, dirigidas por los generales Leonidas Plaza y Julio Andrade.

 

Alfaro modernizó el Ecuador cuando unió a la capital y a su puerto con el ferrocarril en junio de 1908. Ni cuatro años después, el 28 de enero de 1912, a Eloy Alfaro se lo trasladó en el ferrocarril a una muerte segura y brutal en una cárcel de Quito. En una ciudad conservadora, el líder costeño y liberal, el ‘indio’ Alfaro, fue tratado con particular saña: su cadáver fue humillado, arrastrado por las calles e incinerado en un parque. Fue la revancha de Quito por liberalizar un país, concentrada en seis chivos expiatorios: además de Eloy Alfaro y su hermano Medardo y su sobrino Flavio, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y Luciano Coral.

 

Muerto el general Alfaro, había que dilucidar si el poder quedaba en Plaza o en Andrade. Esto también se resolvió por la muerte. El 5 de marzo de 1912, en la toma de un cuartel de policía en un golpe de Estado orquestado por el general Plaza, una bala (supuestamente) perdida lo mató al general Andrade de contado. La bala le dio en el corazón.

 

Muertos los generales Alfaro y Andrade, se cambió al Encargado del Poder por uno adicto al general sobreviviente, se convocó a elecciones y ganó largo el general Plaza. La premisa de su victoria era que quien organiza las elecciones, las gana. Obtuvo el 97.7% de los votos.

 

Así, la muerte accidental del Presidente Estrada, a raíz de la cual se convulsionó un país causando miles de muertes violentas, incluida la del máximo líder liberal, desembocó en la segunda Presidencia Constitucional del general Plaza y en el inicio de un inédito período de estabilidad política (la sucesión de tres gobiernos concluidos: Leonidas Plaza, Alfredo Baquerizo y José Luis Tamayo) que se clausuró en 1925 por un nuevo golpe de Estado, en un episodio que tomó su nombre del mes en que ocurrió: la revolución Juliana.

Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador

Publicado en diario Expreso el 3 de junio de 2022.

 

Una conclusión perversa del Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador, resuelto el 1 de septiembre de 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que resulta mejor desconfiar del sistema penal del Estado del Ecuador. Y, en la medida de lo posible, huir.

 

El martes 2 agosto de 1994 la Policía Anti-Narcóticos detuvo a cuatro extranjeros en el barrio La Mariscal, en Quito. Dos colombianos, un español, y el restante, francés o español. Dos de ellos, el colombiano Jorge Herrera y el francés o español Emmanuel Cano, fugaron de prisión. El primero lo hizo el 15 de diciembre de 1994, él pasó 135 días detenido. El segundo, el 12 de mayo de 1995, pasó 283 días detenido. Quedaron presos el otro colombiano, Luis Alfonso Jaramillo, y el español Eusebio Revelles.

 

El colombiano Jaramillo confió menos en el sistema penal del Ecuador: ésa fue su gran ventaja. El 14 de junio de 1996, un juez les dictó a Jaramillo y a Revelles un auto de llamamiento a juicio plenario. Jaramillo decidió no apelar dicho auto, mientras que Revelles decidió apelarlo. Por no haber apelado, Jaramillo recibió sentencia condenatoria y, dado el tiempo que llevaba preso, salió en libertad el 4 de agosto de 1997. Pasó 1.098 días en prisión. Por haber apelado, a Revelles el trámite de su apelación lo demoró hasta el 18 de noviembre de 1997 y sólo para conocer su rechazo. A estas alturas, Revelles era el último de los detenidos del operativo del 2 de agosto de 1994.

 

El 1 de abril de 1998, el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha condenó a Revelles a 6 años de prisión como cómplice del delito de tráfico de cocaína. Por unas rebajas a su condena, Revelles salió en libertad el 4 de diciembre de 1998. Pasó en total 1.585 días detenido (casi 500 días más que Jaramillo). Confiar en las posibilidades del sistema penal ecuatoriano le pesó.

 

Cuando los cuatro extranjeros estaban detenidos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trámite concluyó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Espinoza y otros vs. Ecuador. La Corte condenó al Estado del Ecuador por la detención abusiva de los cuatro extranjeros el 2 de agosto de 1994, por su tortura durante la investigación policial, por la prisión preventiva arbitraria a la que fueron sometidos y por la omisión de conducirlos de forma inmediata ante juez o autoridad competente. La Corte ordenó una compensación económica para los cuatro extranjeros.

 

Una vez que escaparon de las garras del Estado, ni de Herrera, ni de Cano, ni de Jaramillo se volvió a tener noticias. El español Revelles fue el único de los cuatro que recibió la compensación económica ordenada por la Corte Interamericana. La Corte ordenó que el Estado ecuatoriano le pague 80.000 dólares, más otros 10.000 dólares en razón de costas y gastos.

 

La ventaja de huir: dadas las condiciones carcelarias del Ecuador, creo que si a Revelles le fuera dado volver en el tiempo y fugarse de la cárcel a los 135 días (como hizo el colombiano Herrera Espinoza) o llegar a obtener una sentencia de la Corte Interamericana y 90.000 dólares, el español escogería, sin dudarlo, lo primero.

Escobedo, corrupto y traidor

 

            Publicado en diario Expreso el 27 de mayo de 2022.

 

Se puede decir que la guayaquileña calle Escobedo recuerda a un tipo que, siendo el capitán de una compañía de un batallón realista, aceptó un pago para apoyar una revolución contra la Monarquía tras la cual se convirtió en el Jefe Militar de Guayaquil y, en tal condición, abusó de sus facultades y de los recursos públicos hasta que fue expulsado de la ciudad por corrupto y por traidor. Así las cosas, la calle Escobedo resulta un homenaje que Guayaquil le rinde a la corrupción y la traición.

 

El militar peruano Gregorio Escobedo había sido un defensor de la Monarquía hasta antes de la revolución de octubre, pero un pago oportuno lo persuadió de apoyar a los revolucionarios. Triunfante la casi incruenta revolución el 9 de octubre de 1820, el militar Escobedo fue ascendido a coronel y ocupó el cargo de Jefe Militar de la ciudad. El Cabildo lo escogió Presidente de la Junta de Gobierno y Jefe Civil de Guayaquil a José Joaquín de Olmedo, pero él renunció a los seis días por la conducta que había demostrado el Jefe Militar. Tras su renuncia, el Cabildo lo escogió a Escobedo en reemplazo de Olmedo. Por unos días de octubre y noviembre de 1820, Escobedo reunió en sí la jefatura militar y civil de Guayaquil.

 

José Joaquín de Olmedo denunció la conducta del peruano Escobedo al general José de San Martín, que entonces se encontraba en el Perú. En carta del 22 de noviembre de 1820, Olmedo le explicó la conducta abusiva y corrupta de Escobedo en Guayaquil, pues desde el primer día Escobedo metió presos ‘a todos los europeos sin distinción, y encerrándolos en un pontón estrecho, se echó sobre sus bienes, los cuales no entraron en los fondos públicos. Más de ochenta europeos fueron remitidos al Chocó, y sus propiedades ocupadas han desaparecido’. Por el desvío de los recursos públicos que hizo Escobedo, le decía Olmedo a San Martín: ‘La escasez de nuestro erario merece el nombre de verdadera miseria…’.

 

Olmedo también le denunció al general San Martín que era Escobedo un traidor a la causa de los americanos, por haber ‘conspirado contra este país [Guayaquil], preparando la fuerza armada para atacar la Representación de la Provincia. […] Se decía que no era el amor de la Patria ni de la Independencia el que había hecho tomar una parte activa en la transformación de este país, y sí sólo la sed de atesorar, la ambición de mando, y el ansia de salir del estado miserable a que le había reducido su conducta anterior’. Esta era una alusión velada de Olmedo a la participación de Escobedo en la revolución motivado por un incentivo puramente material.

 

Olmedo no se dejó y actuó. Él logró que se convoque a un Colegio Electoral de los representantes de la provincia de Guayaquil (una jurisdicción costera que abarcaba de Manabí a El Oro y que contaba con 57 representantes) el que, reunido del 8 al 11 de noviembre de 1820, adoptó el Reglamento Provisorio de Guayaquil y creó una Segunda Junta de Gobierno que reemplazó a Escobedo por Olmedo como Presidente de la Junta de Gobierno. Escobedo fue inmediatamente apresado y exiliado a Chile. Nunca más volvió a pisar Guayaquil.

 

Nacido en Arequipa el 9 de mayo de 1795, Gregorio Escobedo encontró la muerte en Cusco, el año 1836.