Razones para la eutanasia

El Diccionario de la Real Academia Española define eutanasia como la “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él” y desahuciar que, en su médica acepción, significa “admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación”.

Propondré en esta columna razones para que la eutanasia se legalice en el Ecuador. Primera, la vida no es intangible de manera absoluta: la clásica excepción es la legítima defensa (y podrían invocarse también los reprochables casos de los conflictos bélicos y de la pena de muerte). No toda muerte, entonces, que una persona le provoque a otra viola el principio de intangibilidad de la vida, y la eutanasia muy bien podría considerarse como una excepción adicional a este principio.Segunda, en el estado de desahucio de un paciente puede llegarse a la comprensión de que carece de sentido que permanezca en este estado alguien de quien ya no puede esperarse razonablemente que se recupere y solo produzca en otros sentimientos de compasión o de piedad. La carga, en un sentido no solo económico sino emocional, de padecer el paciente este estado o de atestiguarlo sus familiares en una persona querida, puede que sea tal que no justifique el beneficio acaso imposible de su recuperación.Tercera, la legalización de la eutanasia debería regularse de manera precisa y detallada para que se eviten los abusos: es mucho mejor su regulación, por supuesto, que su eventual práctica clandestina o sujeta a las interpretaciones equívocas de personas no competentes. Puede tomarse como referencia la legislación de los Países Bajos, vigente desde el 1 de abril del 2002, en la que el médico que practica la eutanasia debe cumplir con los siguientes requisitos: “haber llegado al convencimiento de que la solicitud del paciente es voluntaria y ha sido bien pensada; haber llegado al convencimiento de que el sufrimiento del paciente es insoportable y que no tiene perspectivas de mejora; haber informado al paciente sobre la situación en que se encuentra y sus perspectivas de futuro; haber llegado al convencimiento junto con el paciente de que en la situación en que se encuentra no existe otra solución razonable; haber consultado al menos con otro médico independiente que también haya visto al paciente y haya emitido un dictamen sobre los requisitos mencionados en los cuatro primeros puntos; haber terminado la vida del paciente o haber ayudado a su suicidio, con la máxima diligencia médica”. Para el caso de quienes ya no pueden expresar su voluntad pero que cuando podían hacerlo realizaron una valoración razonable de sus intereses a este respecto y redactaron una petición escrita de que se les practique la eutanasia, la ley establece que se les apliquen de manera análoga los requisitos en cita.

En conclusión, para la legalización de la eutanasia en el Ecuador deben analizarse de manera profunda los deseos del paciente desahuciado y las circunstancias propias de la insoportabilidad de su sufrimiento y de la irreversibilidad de su daño. La legalización de la eutanasia implica una discusión en torno a varios valores fundamentales de la persona humana en el contexto de una sociedad democrática: la vida, la libertad, la autonomía, el respeto y la tolerancia a las decisiones de los otros. En todo caso, esta es una discusión que no debe hacerse nunca desde las falacias y los prejuicios de común uso y sí desde las razones y los valores que suponen los límites lógicos de su regulación.

'Vietato introdurre biciclette'

El cronopio lector sabe que el título de esta columna (cuya traducción del italiano al español es: 'Prohibido ingresar con bicicleta') copia el de una historia que Julio Cortázar escribió para Historia de Cronopios y de Famas. Sabrá también que copio risueño su primer párrafo: 
 

“En los bancos y en las casas de comercio de este mundo a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca como un pioloncito las canciones que me enseñó mi madre, o llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta se produce un revuelo excesivo, y el vehículo es expulsado con violencia a la calle mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa”.

Esta cortazariana descripción (lo constata quien escribe esta columna) en Guayaquil no es privativa de “bancos y casas de comercio”: pedalee usted desde cualquier entrada del llamado “Malecón 2000” a los estacionamientos de bicicletas situados dentro y recibirá “admoniciones vehementes” de los guardianes privados de este espacio público, que suponen que debe usted entrar caminando, bicicleta a un lado, cual si fuera un perrito de metal. No es por cuidar los adoquines (pues, ¿cuánto daño podría causarles una bicicleta?), y entonces, ¿por qué este miedo a la libertad de pedalear unos metros? La compleja psicología de las simples mentes en guardianía (“yo solo cumplo órdenes superiores”) no ayuda a dilucidar este patético drama.

Yo supongo, entre otras cosas, que se debe a nuestra escasa cultura ciclística, misma que debe fortalecerse. Para ello no es necesaria la imitación de los lejanos estándares europeos con sus ciclovías, estacionamientos para bicicletas y efectiva regulación… sencillamente porque tales atributos no son para nada privativos de Europa: en varias ciudades de América Latina (Lima, Antofagasta, Buenos Aires, Cúcuta, etcétera) los gobiernos centrales y seccionales los comparten.Ejemplos: Chile, con el Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) o la vecina Bogotá, con su Alcaldía Mayor mantienen exitosas políticas públicas a este respecto, con cientos de kilómetros de ciclovías implementadas. En Ecuador, el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres establece la obligación de construirlas; en Quito, existen políticas públicas que favorecen el uso de bicicletas y también algunos cantones ya tienen ordenanzas que propician su creación: los orientales Napo y Pastaza, el cantón Quito… ¡y el cantón Guayaquil! La Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil que firmó el alcalde Nebot el 8 de febrero del 2001, que se publicó el 22 de marzo de ese año, establece en su artículo 10: “Ciclovías.- El Concejo Cantonal podrá establecer en la vialidad de la ciudad carriles para uso exclusivo de bicicletas […]”. Estamos expectantes de que la M.I. Municipalidad cumpla entonces con la palabra que empeña.

Porque sobran, por supuesto, las razones para hacerla realidad: vialidad, ecología, ahorro, rapidez, salud. En Vietato…, ante el desprecio a las bicicletas, Cortázar fabuló lo improbable: “No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astas de sus manubrios arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros, y que el día luctuoso se cierre con baja general de acciones, con luto en veinticuatro horas, con duelos despedidos por tarjeta”. Improbable y también innecesario: hoy existen en el Municipio de Guayaquil los planes para fortalecer la cultura ciclística mediante la implementación de bicivías (nombre local para las ciclovías) y bicipaseos (como aquel que organizó el Municipio en septiembre del 2006) y solo falta que se aplique esa latente voluntad para que empecemos a recorrer el camino que va desde la retórica a la bicicleta.

Sobre la censura previa (crítica al Decreto Ejecutivo No 486)

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El Decreto Ejecutivo Nº 486 del presidente Rafael Correa que reforma el artículo 80 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión para incorporar la sanción a la reproducción de “videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte del que o los que aparecieren involucrados o intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la intimidad y al honor de las personas consagrados en la Constitución Política de la República” es inconstitucional por dos razones: 1) la reforma viola el principio de prohibición de censura previa; 2) la reforma viola el principio de regulación legal de los derechos humanos.

Sobre la primera inconstitucionalidad: del texto del Decreto Ejecutivo se deduce que los videos y/o grabaciones cuya difusión se prohíbe afectan, en todos los casos y sin necesidad de análisis ulterior, “el derecho a la intimidad y al honor de las personas”: este es el fundamento para que se los censure de manera previa a su difusión. Es evidente que esta deducción es falsa: el propio Decreto Ejecutivo lo prueba cuando establece excepciones para los casos de videos “que hayan sido grabados por los medios de comunicación social o de las instituciones del sector público, con sus propios equipos, para impedir la comisión de un delito o comprobar la existencia de uno ya existente”. Es absurdo y discriminatorio, entonces, que los videos o grabaciones de otras personas que no sean “medios de comunicación social” o “instituciones del sector público” sí constituyan, en todos los casos, de manera previa y sin necesidad de ningún análisis, actos que merecen sanción.Sobran las razones para entender la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº 486. Los artículos 81 de la Constitución Política y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben de manera expresa la censura previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a esta prohibición en varias ocasiones, entre otras, en los casos Palamara Iribarne vs. Chile, La Última Tentación de Cristo vs. Chile y la Opinión Consultiva OC-5/85 sobre La Colegiación Obligatoria de Periodistas. En el caso Palamara Iribarne precisó que la aplicación de la censura previa implica “una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”; en el caso La Última Tentación de Cristo expresó que la única posibilidad para la aplicación de la censura previa la establece el artículo 13.4 de la Convención Americana, “que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero, únicamente, con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia” y que “en todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión” y en su Opinión Consultiva OC-5/85, hace ya casi 22 años, la Corte Interamericana resolvió con claridad que excluye toda duda que la censura previa “es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión”.

Por supuesto, la prohibición de la aplicación de la censura previa no implica (como es probable que las torpes mentes fanáticas de la falacia de “falso dilema” se apresuren a asegurar) que se produzca el inmediato abuso del derecho a la libertad de expresión: la protección contra ese eventual abuso existe en los propios términos del artículo 13.2 de la Convención Americana que establece que su ejercicio está sujeto a “responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Sobre la segunda inconstitucionalidad: la regulación de los derechos humanos debe hacerse solo mediante leyes y no cabe, en ningún caso, su restricción: así lo expresan los artículos 18 de la Constitución Política y 30 de la Convención Americana. La Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-6/86 sobre “La expresión ‘leyes’ en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” entendió que este término significa: “Norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. Y añadió: “Solo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención”. El Decreto Ejecutivo Nº 486 viola la Constitución entonces porque es evidente que, por su propia naturaleza, no puede cumplir con estos requisitos que establece la Corte Interamericana pero también se viola este principio de regulación legal porque la propia Ley de Radiodifusión y Televisión cuya regulación pretende no los cumple tampoco. La Ley de Radiodifusión y Televisión se origina en el Decreto Supremo 256-A del dictador Guillermo Rodríguez Lara y, como precisaron Alessandri y Somarriva, los decretos supremos son “el arma de trabajo de los gobiernos de facto” y “contrarían la Carta Fundamental en su espíritu porque desconocen el principio de separación de los poderes, consagrado en diversas disposiciones constitucionales como base de la soberanía nacional; los decretos-leyes significan invasión del Poder Ejecutivo en el campo del Legislativo”. Finalmente, por las razones que apunto en relación con la primera inconstitucionalidad es evidente que el Decreto Ejecutivo Nº 486 no regula el ejercicio de un derecho sino que lo restringe, en franca contradicción con los citados artículos 18 de la Constitución y 30 de la Convención. 

En breve conclusión: el Decreto Ejecutivo No 486 del presidente Rafael Correa se añade al largo inventario de absurdos y violaciones jurídicas que tienen relación con el derecho a la libertad de expresión que, muy peligrosamente, es el derecho que este Gobierno peor entiende.

De misas y de revoluciones (1984)

La “revolución ciudadana” que propuso Rafael Correa suponía la ejecución de radicales cambios. Entre ellos, uno que de verdad yo no me esperé es la reforma de un rito importante para esta sociedad de impronta católica: la misa. Hoy, la misa ya no se oficia tanto los domingos, día habitual del fútbol y la modorra, como los sábados y de forma peculiar: se la hace en horario matutino, por una sola vez, mediante cadena radial y con un intempestivo civil como pontífice, que predica su verbo feroz con entusiasmo de quermés, adjetivos insultantes y profusas excomuniones, poseso como se halla de su verdad (la única posible) que divide a esta sociedad en bandos irreconciliables, a saber, de buenos y malos. El civil pontífice de esta singular misa sabatina es un fogoso predicador que, a ratos, también ejerce como Presidente del país.

Tengo para mí que uno de los referentes del pontífice para ejercer su prédica es el famoso personaje de Inocencio Jirafales, mejor conocido por su alias de El Profesor: nadie mejor que Correa para encarnar la célebre frase del insigne Maestro Longaniza de la Vecindad de El Chavo: “Yo nunca me equivoco. La única vez que me equivoqué fue cuando pensé que me había equivocado”. Tanta es su embebida perfección, que Correa asume el lema de la Real Academia de la Lengua y ahora es él quien “limpia, fija y da esplendor” a las palabras, que se entienden como él las entienda: olvidémonos, por ejemplo, de las varias acepciones del término “asalto” porque significa lo que Correa quiere que signifique, así como el adjetivo “horroroso” nunca más nos remitirá a aquello que “causa horror” sino a una versión periodística de Daniel El Travieso. Recuerdo que en 1870 el Concilio Vaticano I atribuyó al Sumo Pontífice la calidad de “infalible”; pues desde el 15 de enero del 2007 el alemán Benedicto XVI comparte esa especial condición con nuestro pontífice local (¿Rafael I?) y basta que encendamos la radio en su misa sabatina para comprobarlo.

El escritor Carlos Fuentes constata que el término “revolución” contiene una ambigüedad: “Hay en él un elemento así de ruptura como de retorno. La revolución de un planeta significa el regreso del astro al punto de origen. Pero la revolución de una sociedad es todo lo contrario. Significa la ruptura del orden establecido y el movimiento hacia un futuro, esperanzadamente, mejor”. Esta última fue precisamente la promesa de Rafael Correa. Pero su misa sabatina, que nunca termina al menos con un “podéis ir en paz, demos gracias a Rafael” sino con sus belicosas prédicas de ocasión, es el claro síntoma de un Gobierno que traiciona el ideario de la creación de ciudadanía que suponía su revolución: así, hoy tenemos, en ajustado inventario, eslóganes por sobre ideas, arengas contra críticas, terquedad como mandamiento y “didáctica a las patadas” como práctica que no enseña de libertades sino de sumisiones y que nos condena como sociedad a una división tajante sin diálogo posible y a un patético maniqueísmo tan sin autocrítica como digno de fanáticos o de parvularios. Me temo mucho que el Gobierno empieza a resolver la ambigüedad de su pretensa revolución en la versión no de la anhelada ruptura, sino del retorno: parecemos padecer una vuelta a 1984 y no me refiero solo al elemental símil con el año de inicio del autoritario gobierno de Febres-Cordero: releamos a George Orwell y su Ministerio de la Verdad en el libro cuyo título es precisamente ese año, para entenderlo.

Ilícito militar

El 19 de enero de 2007 se publicó en el Registro Oficial Nº 04 la Ley Orgánica de la Defensa Nacional cuya Disposición Transitoria Tercera, numeral noveno, derogó el artículo 99 letra e) de la Ley de Servicio Militar Obligatorio que establecía la existencia del llamado “permiso militar de salida del país”. Este documento, que Ecuador tenía el extraño y absurdo privilegio de ser el único país de América Latina en exigirlo, a partir de ese viernes de enero simplemente cesó de existir. Era evidente e inobjetable que, cesando su existencia este documento, cesaba también la exigencia que del mismo hacían los militares en los aeropuertos.

Era evidente e inobjetable para todos menos para las Fuerzas Armadas. La primera vez que salí del país después de la derogación de este “permiso” me encontré en el aeropuerto con que los militares todavía lo exigían. Uno me lo pidió y yo le expliqué que aquel documento ya no existía. Él me replicó que entonces requería mi cédula militar (de “feliz no idóneo” pensé yo) y le contesté que ese documento no tenía relación alguna con mi salida del país y que él, como militar, carecía de fundamento legal para requerirme ningún documento y que su acto, además de arbitrario, era una eventual instigación (como diría el diputado “mantel” Alonzo) a delinquir, o como le dije yo, a cometer un acto de corrupción. Él se justificó con el atajo habitual de la sinrazón: “Yo solo cumplo órdenes superiores”. Bueno, “razónelas”, le dije yo, pero el pobre estaba muy malenseñado a la impermeabilidad de las ideas y nuestra conversación fue estéril. No quise perder más mi tiempo, le mostré mi cédula militar (al menos este documento sí tiene la virtud de existir) y me fui con mis amigos de carnavales a Colombia. Ayer estuve en el aeropuerto J. J. Olmedo y consulté con unos militares y lo siguen pidiendo. No hay caso: la necedad es así.

Es así y puede ser todavía peor: ayer visité la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pese a que hace un semestre se derogó este “permiso” lo siguen emitiendo: si usted desea sacarlo por primera vez el costo oscila entre 20 y 32 dólares. Conclusión: desde hace seis meses y dos días la ilegal emisión de este “permiso” produce a las Fuerzas Armadas (llamemos a las cosas por su nombre) pingües e ilícitas ganancias.

El presidente Correa declaró que el permiso policial de salida del país (cuya exigencia todavía es legal) constituye un “atentado a la libertad” y ordenó, dentro del Plan de Modernización de la Policía Nacional, su eliminación. En ese mismo tenor es necesario que el presidente Correa instruya a su ministra de Defensa Nacional, Lorena Escudero, a que obligue a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas a acatar la ley vigente, esto es, que los militares cesen de exigirnos en los aeropuertos un documento que no existe y que, fundado en esa misma razón, dejen también de emitirlo, porque estos actos constituyen no solo un grave “atentado a la libertad” (en palabras del Presidente) sino una evidente extorsión (en palabras del artículo 557 del Código Penal) a la ciudadanía. Quiero creer, señor Presidente, que sí puede cumplirse su voluntad de eliminar estos “atentados a la libertad”, acatarse la ley vigente como corresponde en un país que merezca llamarse democrático y acabar, de una buena vez y por todas, con este abusivo y absurdo ilícito militar.

Libertad de conciencia

La Resolución Nº 0035-2006-TC del Tribunal Constitucional (TC) que declara la inconstitucionalidad de los artículos 88 y 108 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio es una sensata decisión. El artículo 188 de la Constitución establece que “el servicio militar será obligatorio. El ciudadano será asignado a un servicio civil o a la comunidad, si invocare una objeción de conciencia fundada en razones morales, religiosas o filosóficas, en la forma que determine la ley”. Los artículos inconstitucionales establecían, el 108, que la autoridad que calificaba la objeción de conciencia era el Director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que el objetor de conciencia debía acuartelarse en una de las unidades de desarrollo de las Fuerzas Armadas, y el 88, que los ciudadanos remisos eran sancionados con limitaciones a sus derechos y libertades individuales.

El TC declaró que el artículo 108 violó el principio de independencia e imparcialidad en el caso de la autoridad que califica (por ser juez y parte) y el artículo 188 de la Constitución porque el objetor de conciencia no era asignado a un servicio civil o a la comunidad sino a un organismo dependiente de las Fuerzas Armadas, y que el artículo 88 violó los derechos al trabajo, estudio, libertad de contratación y libertad de circulación porque las sanciones de este artículo no permitían “que las personas ejerzan su derecho a la defensa, a contradecir pruebas, y no guardan proporcionalidad con la infracción, que no existe”. La Resolución del TC fue disputada: de nueve vocales, cinco a favor, cuatro en contra. Fue lamentable, eso sí, el argumento de quienes estuvieron en contra: en esencia, se redujo a señalar que como el artículo 188 de la Constitución establece la regulación legal de la objeción de conciencia y la ley, en efecto, la regulaba, no cabía la acción de inconstitucionalidad. Este absurdo formalismo prescinde del necesario análisis del contenido de la norma impugnada y constituye un argumento de verdad primario, esto es, propio de escuela primaria.

El TC considera que “los Estados están obligados a respetar el derecho de las personas a actuar según sus imperativos éticos, aun cuando esta objeción u oposición se fundamente en motivos de conciencia, en convicciones individuales. Así que se justifica y cobra razón que en un Estado democrático, los individuos puedan oponerse a normas que consideran injustas y, sobre todo, incompatibles con sus convicciones personales; y se vuelve imprescindible que el Estado se obligue a crear las condiciones para que este derecho pueda ser ejercido, creando el marco democrático necesario para garantizar que su ejercicio pueda ser posible”. En una sociedad como la nuestra, que limita con pobres argumentos de cariz religioso o patriótico el ejercicio de las libertades individuales, esta trascendental consideración del TC merece amplia difusión y análisis.

Un ejemplo de esta difusión y análisis lo tiene Mónica Vaca en su ‘Observatorio Ciudadano’ (cuya lectura recomiendo) que celebra la sensata resolución del TC con el título ‘Un triunfo para la libertad de conciencia’ y concluye su texto con las siguientes palabras: “Esta resolución del TC podría servir como un importante antecedente para que la Asamblea Nacional Constituyente elimine de la Constitución la obligatoriedad del servicio militar. Ojalá que algunos de los futuros asambleístas se informen sobre este tema”. Yo suscribo sus buenos deseos y sugiero, además, que esta resolución del TC, que garantiza el derecho a la libertad de conciencia, sirva como referente para una mejor defensa y mayor garantía de los derechos y las libertades individuales, que tanta falta nos hace.

'Beatles, hippies, jardines'

Hace 50 años y un día, 6 de julio de 1957, John Lennon y Paul McCartney se conocieron en una verbena en la iglesia de la parroquia St. Peter, barrio de Woolton, en Liverpool. Casi diez años después, el 1 de junio de 1967, The Beatles editó los 39,43 minutos que se repartieron en las trece canciones del memorable Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, primer álbum conceptual y el más influyente de la historia del rock. Paul McCartney declaró: “Grabamos Sgt. Pepper para alterar nuestros egos, liberarnos y divertirnos mucho”. Sin afán de reducirlo a un grupo, disco o frase, y acaso McCartney sin advertirlo tampoco, me permito constatar que su declaración le concede mucho sentido a un período trascendental de la historia reciente: la época del movimiento hippie.

Los hippies sucedieron en los años sesenta y revolucionaron la cultura occidental (y en alguna medida la mundial): el pelo largo, el amor libre, la música rock, el activismo político y las protestas contra la guerra, sus comunas, las drogas psicodélicas, la búsqueda espiritual, el nacimiento de movimientos medioambientales, feministas y de defensa de los homosexuales son referentes de su época. En palabras de Barry Miles, podía definirse a los hippies “por casi todo aquello que ‘la recta sociedad’ no era”. Para expresarlo con precisas palabras de Emil Cioran los hippies sembraron en la sociedad, con la simbólica fuerza de sus flores, “jardines de dudas”.

Otro jardín, en Grecia, muchos siglos antes: en el 306 a.C. el filósofo Epicuro estableció la llamada “escuela del jardín” en las afueras de Atenas, en un humilde huerto de hortalizas cuya entrada tenía esta deliciosa inscripción: “Forastero, aquí estarás bien. Aquí el placer es el bien primero”. En el jardín de Epicuro se admitía y se tenía trato de iguales con las mujeres y los esclavos (cosa inaudita para la época), se cultivaba la generosidad y la amistad (para Epicuro, “de todos los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de una vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad”) y se desarrolló una filosofía que antepone el individuo a la colectividad, desconfía de las instituciones y el poder (aunque tenga origen divino) y desprecia la moral tradicional: un pensamiento coherente y transgresor que mediante la autosuficiencia (autarquía), la serenidad del ánimo (ataraxia) y el goce racional de los placeres, señala el camino a la felicidad.

El filólogo español Carlos García Gual, entre otros, vislumbra analogías entre la filosofía de Epicuro y el ideario hippie: la reivindicación del ocio y del placer, la crítica al consumo y a la riqueza, la creación de nuevas formas de sociabilidad, la condena a la religión establecida. En tiempos en que imperan tristes lógicas de mercado y afanes de consumo que pretenden consumirnos en su vorágine, me agrada recordar a este feliz filósofo griego, que requería “de un pedazo de queso para darse un festín cuando le apetezca” y al ideario hippie, que bien puede simbolizarse en esta frase que consta en la única canción (Within you without you) que mi beatle favorito, George Harrison, escribió para el Sgt. Pepper: “cuando has visto más allá de ti mismo, acaso puedas percibir que la paz de tu mente está allí”. La conmemoración de este cincuentenario beatle me incentivó a escribir estas líneas; ojalá a ustedes los incentive a recorrer los jardines que propongo.

¿Libertarios?

El término libertario es un equívoco: puede utilizarse como sinónimo de anarquista (así lo reconoce, desde 1927 y casi sin variación, el Diccionario de la Real Academia: “Que defiende la libertad absoluta, la supresión de todo gobierno y toda ley”) o puede ser la traducción de la voz inglesa libertarian y significar una doctrina política que sostiene que todas las personas son dueñas de sus vidas y que, en consecuencia, tienen la libertad de utilizar sus cuerpos y propiedades como deseen con el solo límite del respeto a la libertad de los otros. En Ecuador, se supone que un movimiento representa esta ideología. Se llama, precisamente, Movimiento Libertario.

Me tomé la molestia de leer íntegra la ciberpágina del Movimiento Libertario y encontré muchas referencias que censuran la injerencia del Estado en la actividad económica de los individuos (en materia de impuestos, de regulación de contratos, de libertad de empresa), pero pocas referencias a la libertad individual (del tipo, “ningún gobierno, grupo organizado o persona puede violar los derechos fundamentales del individuo” o “los derechos individuales giran alrededor de tres conceptos: vida, propiedad y libres acuerdos entre los individuos”, para cuya suscripción es innecesaria la denominación de “libertario”) y ninguna propuesta específica, ninguna, en torno a cuestiones que sí conciernen a los auténticos libertarians, tales como la eutanasia, el matrimonio homosexual o el derecho al aborto. Jorge Hanníbal Zavala formuló esta observación en el artículo ‘¿Y dónde están… que no se ven?’, de su excelente ciberbitácora en la que criticó el silencio del Movimiento Libertario ante la presentación de las propuestas de la Conferencia Episcopal en la Comisión de Juristas del Conesup, porque él supone que los libertarios deben ser “personas convencidas de que las intromisiones del Estado en la vida social son inaceptables y deben ser combatidas” y porque “un ideal libertario afín con el objetivismo de Rand o coherente con Nozick no puede dejar de reconocer que la intervención de cualquier Iglesia en la legislación es poco menos que atentatoria contra la libre determinación, la libertad de conciencia y el respeto a la voluntad del vecino”, dicho lo cual, concluye Zavala: “Si la ideología del Movimiento Libertario guarda cualquier parecido con lo que el calificativo de libertario significa en el mundo, estarán de acuerdo con lo que afirmo y deberían tener el valor de decirlo. Si no, son un movimiento de derecha neoliberal para los cuales la libertad individual es sagrada excepto contra la opinión de la Conferencia Episcopal, en nada diferentes del PSC, por ejemplo, y deberían tener el valor de admitirlo”. Zavala les dirigió sendos correos electrónicos a dos autoridades del Movimiento Libertario preguntándoles sobre estos tópicos. Hasta la fecha, no tiene respuesta.

Un aliado de la causa libertaria, Friedrick von Hayek, afirmó: “Si pretendemos el triunfo en la gran contienda ideológica de esta época, es preciso sobre todo que nos percatemos exactamente de cuál es nuestro credo”. Yo quisiera suponer que los libertarios locales conocen bien su credo; parecería, eso sí, que carecen de las agallas suficientes para asumirlo. Para disipar esta duda sería oportuno que nos revelen si el nombre “libertario” es solo un membrete de corte oportunista (o sea, si son simples neoliberales) o si están dispuestos a asumir como propios los ideales de la libertad hasta sus últimas y radicales (no económicas) consecuencias. Ojalá no nos suceda como a Zavala, y tengamos respuesta.

Envidia (Aute)

La envidia es el sexto de los pecados capitales y es contraria al décimo mandamiento; San Gregorio Magno le atribuyó el origen de gravísimos defectos y la Iglesia Católica recomienda que se le oponga la virtud de la caridad. No me toca: yo suscribo plenamente la frase de Sabina, “me gusta que haya religiones porque me encanta pecar”, y por ende, no tengo ningún problema de conciencia en admitir que envidio. Preciso esta idea y admito que, en realidad, yo suelo admirar, por ejemplo, la prosa de Borges, la poesía del citado Sabina, el humor de Marx (obvio, de Groucho, porque el pobre Karl…), la vitalidad de Hemingway, los ideales de Gandhi, y sumo y sigo: de verdad podría citar decenas de personas, situaciones, ideas, el inventario excede, con mucho, los alcances de esta página. Pero el destinatario de mi envidia es uno solo y su nombre es Luis Eduardo Aute.

Sucede que Aute no solo es el cantante que hace tres días encandiló a quienes asistimos a su recital en el ágora de la Casa de la Cultura en Quito; es, además de cantante, poeta, cineasta, pintor y persona de asombrosa lucidez. Este es el irreductible motivo de mi envidia: Aute interviene en todos estos ámbitos del arte y todos, todos, los ejecuta con altiva maestría. Como poeta publicó en 1975 La matemática del espejo y le siguieron varios libros de poemas y recopilatorios de sus canciones (valgan estas “poemigas” –como él mismo las llama– como ejemplo: “Abrázame fuerte, fuerte, muy fuerte… hasta que la muerte nos abrace” y “Los cuerpos, después del amor, huelen a alma”); como cineasta ha realizado varios cortometrajes y en el 2002 el colosal largometraje Un perro llamado dolor, y como pintor, su vocación más temprana y laureada, ha participado en decenas de exposiciones individuales y colectivas. De hecho, Aute admite que este es el ámbito artístico donde se siente más cómodo, a todo lo demás dice dedicarse como hobby. ¡Hobby?, por Dios, eso es casi hiriente.

Una persona como Aute, que describe con maestría un acto tan prosaico como la masturbación (“a veces recuerdo tu imagen, desnuda en la noche vacía / tu cuerpo sin peso se abre y abrazo mi propia mentira”), que precisa el exacto blasón de la belleza (“enemigo de la guerra y su reverso, la medalla / no propuse otra batalla que librar el corazón […] reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo / ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza / de encontrar en tu mirada… la belleza”) y que ha compuesto obras como Rosas en el mar, Alevosía, ¡Mira que eres canalla!, Vailima, Slowly, y decenas más de canciones que maravillan, solo por estas obras merece que se le tribute rendida admiración. Pero Aute es como Da Vinci, abarcativo y espléndido (¿Luis Leonardo Aute?) y en materia de arte todo lo que hace, y hace mucho (olvidaba que también es escultor), lo hace bien: es un Rey Midas que goza a plenitud de sus divinos dones. No sé a ustedes, pero todo esto a mí me provoca envidia, mucha, y la admito sin rubor. Recuerdo que Arthur Schopenhauer declaró que “nadie es realmente digno de envidia”: me permito, en esta página, rendirle mi envidioso homenaje a la genial excepción.

¡Ay, Jalisco!

En la voz México de su diccionario de vida titulado En Esto Creo, Carlos Fuentes reconoce que “la verbalidad mexicana, rica, mutable, serpentina” produce “la cortesía más natural y perfecta junto con la grosería más insoportable”. Ejemplo de lo segundo, cita Fuentes, el refrán “Jalisco nunca pierde”, síntoma de una terquedad a prueba de todo argumento. Jalisco nunca pierde se llamó una película que Jorge Negrete protagonizó en 1937; es también la telenovela casi diaria que se observa en este país.

Vale recordar este mexicano refrán porque define con precisión meridiana la actitud de este Gobierno con relación al derecho a la libertad de expresión: Jalisco de veras, nunca admite perder en materia de este derecho, justamente el que menos entiende. Un ajustado inventario prueba su falta de entendederas: el absurdo juicio por desacato contra diario La Hora, las generalizaciones apresuradas del Presidente, sus contradicciones con el Ministro de Gobierno, su penosa comprensión de la polisemia, sus exabruptos contra periodistas de opinión y el apoyo del Gobierno a las medidas que impetró Chávez contra RCTV en Venezuela. A estas notorias calamidades se suman los reparos de Correa para la firma de la Declaración de Chapultepec: tales reparos podían esperarse de la cortedad de miras de un dictócrata como Gutiérrez, pero nunca de un académico como Correa. (Tenemos que admitirlo: Correa en algunos aspectos se parece demasiado, ¡ay de nosotros!, a quienes dice despreciar: en materia de libertad de expresión posee un ideario análogo al de Gutiérrez y en materia de autoritarismo es un aventajado pupilo de Febres-Cordero).

La Declaración de Chapultepec se adoptó en Ciudad de México, en el castillo de ese nombre, el 11 de marzo de 1994. Decenas de presidentes y primeros ministros de la región e innumerables figuras públicas la firmaron: se la considera un decálogo contentivo de los principios fundamentales para ejercer la libertad de prensa y expresión. Correa solo la firma si la desnaturaliza: pretende incluirle la posibilidad de iniciar acciones penales por supuestos “delitos contra la fe pública”. Yo manifesté mi opinión sobre procesos judiciales y libertad de expresión en columnas anteriores ("Libertad de opinar", 05.V.07; "El delito de desacato", 19.V.07) y la resumo en una frase: suelen utilizarse para acallar las voces críticas. El académico Presidente debería saber que la libertad de expresión, como escribió George Orwell en la introducción de Rebelión en la Granja, “si significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír” y que si de verdad desea mejorar la opinión pública puede en efecto hacerlo, obviamente no mediante el fácil y absurdo expediente de iniciar acciones penales, sino mediante la presentación de una mayor cantidad y mejor calidad de argumentos en defensa de sus ideas que contribuyan al debate crítico, condición sine qua non para la existencia de una sociedad libre y democrática. Así lo sugirió, con sensatez y hace casi 150 años, el filósofo inglés John Stuart Mill en un libro cuyo título es, precisamente, Sobre la Libertad.

Libertad: Joaquín Sabina canta en Pájaros de Portugal “qué pequeña es la luz de los faros, de quien sueña con la libertad”. En materia de expresión esta libertad es, en efecto, diminuta, porque el autoproclamado ciudadano vigía de este faro insiste en pretender apagarla en nombre de una patria que él (¡Ay, Jalisco!) supone ya de todos. Es insensato pero evidente: la terquedad, para Correa, es virtud.

Banksy

“Pequeña gente retorcida sale cada día y afea esta gran ciudad. Dejando sus trazos idiotas, invadiendo comunidades y haciendo que la gente se sienta sucia y utilizada. Solo toman, toman y toman, y no dejan nada a cambio. Son malvados y egoístas, y hacen del mundo un lugar horrible. Los llamamos agencias de publicidad y urbanistas”. Esta denuncia la hace quien también interviene en paredes, túneles y señales de tránsito, pero de forma artística. Su nombre es Banksy y su lugar de trabajo es el espacio público londinense, pero también Nueva York, España, México o el muro que contra las leyes internacionales construye Israel en Cisjordania. Importantes museos lo conocen: en el Británico introdujo una piedra tallada con un hombre primitivo (¿un político ecuatoriano?) arrastrando un carrito de supermercado y en el Metropolitano de Nueva York filtró el cuadro de una mujer de época portando una máscara antigás (que tituló “Tienes unos ojos hermosos”). También Disneylandia: allí, el 11 de septiembre, colocó un muñeco inflable vestido a la usanza de los prisioneros de Guantánamo en una montaña rusa, como reclamo a favor de los derechos de los presos en ese territorio. A su reciente exposición Barely Legal (Apenas Legal) en Los Ángeles asistieron Angelina Jolie, Brad Pitt, Jude Law y Keanu Reeves, pero no supieron identificar a quien se considera el artista callejero más importante de Reino Unido. Nadie puede: solo se conocen de Banksy sus buzos con capucha. Se lo supone originario de Bristol y de 30 años. Se sabe, sí, que sus obras aparecen en películas de Woody Allen, que cuestan cientos de miles de dólares y que su arte es provocar.

Lejos de Banksy, en Guayaquil, se impone una estética distinta. El Municipio, mediante ordenanza de mayo del 2001, no matiza intervención alguna aunque sea artística (establece “sanciones punitivas y pecuniarias contra aquellas personas que ensucien y atenten contra el ornato de la ciudad y las buenas costumbres de la comunidad”, que implica la privación de libertad por un máximo de siete días). Lo supo el artista Daniel Adum, quien pintó la silueta de unos cerditos “como crítica o reflexión hacia los políticos que llenan de afiches y ensucian la suciedad”. Un correo electrónico les atribuyó un significado macabro a los cerditos y provocó inmediata histeria en Samborondón. A Adum se lo obligó a borrar su obra (se le eximió de la prisión que le correspondía; su condición de pariente de autoridades municipales acaso influyó en esa deferencia). Esta historia nos revela no solo dos maneras distintas de entender la estética (una abierta, que permite su expresión e incluso la celebra, y otra, la local y cerrada, que solo la entiende desde la censura) sino el vislumbre de una curiosa y patética dimensión política, e incluso ética. En palabras del antropólogo Xavier Andrade: “[…] tristeza causan, en cambio, el lenguaje clasista bajo el cual los chanchitos fueron enmarcados, los estigmas existentes sobre los jóvenes de estratos populares, y, la gradual abolición del espacio público en Guayaquil. Finalmente, compelidos a cubrirlos con pintura, sus autores delinearon a brochazos otra fantasmagoría: aquella que nos recuerda que las paredes que alguna vez fueron apropiadas para expresar ideas son ahora meros dispositivos de un sentido del “ornato” tan perverso como la propia idea de una ciudad amurallada” (Cerditos en el Espacio). En efecto, no son pocas las reflexiones que se pueden hacer a partir de una obra, o de su ausencia. En ocasiones, el silencio es también un ruido atronador.

Ubuntu

Publicado en diario El universo el 26 de mayo de 2007.

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Conocí a Marcos Ezequiel Filardi en una actividad académica de derechos humanos en Washington D.C. en mayo del 2005. En aquel entonces, Filardi me comentó que tenía la intención de viajar a África con el propósito de aprehender, con la fuerza que solo permiten los sentidos, las situaciones más críticas en materia de derechos humanos y contactar a las personas que luchan a diario para intentar superarlas.

Filardi inició su viaje en enero del 2006; empezó por Ciudad del Cabo, alumbrada de sombras del apartheid, y todavía no se detiene: yo, periódicamente, recibo sus noticias. Él, a cambio, recibe unas líneas y mi más rendida admiración, aquella que solo tributo a quienes, sin doblez ni usura, tienen el valor de actuar en consecuencia con los diáfanos principios que constituyen sus razones para vivir.

Breve paréntesis: África es un continente que en la Conferencia de Berlín de 1884 los europeos despedazaron: se repartieron su territorio con única sujeción a sus coloniales intereses y crearon sistemas de terror sin experimentar siquiera el mínimo asco por sus consecuencias. Cuando en la década del sesenta, los países africanos obtuvieron su independencia, recuerda Kapuscinski, “no se modificó la estructura del poder blanco: aquí están las raíces del naufragio de África”. De hecho, África solo interesó a los europeos como territorio para el expolio y, luego, a europeos y norteamericanos como escenario para sus juegos de poder. Hoy, es un continente olvidado; para ilustrarlo, valga referir que casi el 80% de la población infectada con el virus del sida en el mundo vive en África, pero representa solo el 1% del mercado mundial de medicamentos: el interés para desarrollar una vacuna es simplemente nulo y poco o nada importa la muerte de 20’000.000 de personas. (Esa es la mano invisible del mercado: no pocas veces empuña un puñal). Y los europeos (y norteamericanos también), bien gracias: nunca desarrollan mala conciencia. Demasiado blancos y demasiado limpios como para esas nimiedades. La historia, claro está, no la escriben los perdedores.

Vuelve entonces mi amigo Filardi a escena, para rescatar las imágenes de otra África mediante su nómada biografía. En sus crónicas, no escatima detalles para describir las lacerantes condiciones de pobreza, violencia y exclusión; tampoco las escatima para destacar aquella belleza que, a pesar de Occidente, los africanos mantienen: su sonrisa, su ritmo, su espiritualidad, su incesante alegría. Una clave para entender esta compleja realidad la ofrece Filardi en el cierre de una de sus cartas: “¡Si tan solo aprendiésemos a abrazar el espíritu del ubuntu!”. El ubuntu, ancestral filosofía africana, puede resumirse en la siguiente frase de lengua xhosa, umntu ngumntu ngabantu, cuya traducción más simple y preciosa es “uno es uno a través de los otros”.

A pesar de todo, la alegría; a pesar de todo, la búsqueda de sentido en el otro: actos que son todavía más valiosos hoy, en este mundo de miedos y pobres corazones, de consumismo despiadado y egos poco ilustrados y nada altruistas. Que sirvan, entonces, como fuente de inspiración personas como Filardi, de lúcida coherencia, y una filosofía como el ubuntu, que nos abre la posibilidad de desaprender los vicios de Occidente y de reinventarnos, pese a todo y cobijados en lo humano, sonrisa en labios.

El delito de desacato

El presidente Rafael Correa presentó una demanda penal en contra de Francisco Vivanco, presidente nacional de diario La Hora: le imputó la comisión del delito de desacato que contempla el artículo 230 del Código Penal, que establece: “El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con prisión de quince días a tres meses […]”. Esta es una de las poquísimas ocasiones que se tiene noticia del uso local de esta figura.

Sí se tiene numerosa noticia, en cambio, de la naturaleza perniciosa de su uso. En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que argumentó que las leyes de desacato son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [derecho a la libertad de expresión] porque reprimen la libertad de expresión necesaria para el debido funcionamiento de una sociedad democrática (la lectura del Informe no tiene pérdida). El Principio Undécimo de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, útil para entender este derecho, establece: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”; en su interpretación de este principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos considera que el uso de las leyes de desacato constituye “una censura, que posiblemente disuade de formular críticas en el futuro” y de su propia cosecha, añade la Comisión: “el temor a sanciones penales necesariamente desalienta a los ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de interés público, en especial cuando la legislación no distingue entre los hechos y los juicios de valor”, como en efecto, la legislación penal ecuatoriana no distingue, y continúa, “las leyes de desacato, cuando se aplican, tienen un efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática” y, en este contexto, enfatiza que “las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas– al escrutinio y crítica del público. “Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha reiterado en varios informes estos postulados e incluso formuló una recomendación específica al Estado ecuatoriano para que derogue las leyes de desacato. Pero el Estado se resiste y mantiene todavía este, en palabras de la Comisión Interamericana, “enclave autoritario heredado de épocas pasadas”, en su legislación penal.

Y para peor, ahora lo utiliza: esto debe preocuparnos y mucho, porque se supone que este Gobierno tiene como uno de sus principales ejes el respeto a los derechos humanos; pero el despropósito de esta demanda penal nos ratifica que es precisamente el derecho a la libertad de expresión, pilar fundamental de toda sociedad democrática, el derecho que este Gobierno peor entiende y que, por eso mismo, provoca las “amenazas, amagos o injurias” (en los términos de la propia ley que invoca) de su autoritarismo.

Comisión de la Verdad

De casi tres decenas de Comisiones de la Verdad que desde 1974 se han constituido en cuatro continentes puede deducirse su perfil: 1) el Estado las crea de manera oficial; 2) su objetivo es la investigación de un patrón de abusos que sucedieron en el pasado; 3) su funcionamiento es temporal y oscila entre seis meses y dos años; 4) el resultado de su investigación se compila en un completo informe público. Se podría precisar, con palabras del filósofo Thomas Nagel, que el propósito de una Comisión de la Verdad es conocer y reconocer: Conocer en detalle los hechos que investiga para, con base en tal conocimiento, propiciar el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de esos hechos y la sanción a los responsables de los mismos. Yo recordé esta distinción en un comentario que publiqué en abril del 2006 que intitulé, precisamente “Conocer, reconocer”, donde argumenté que los mecanismos para que en el país se realice esa distinción eran posibles (comisiones de la verdad y órganos de la justicia nacional e internacional) y que concluí con estas palabras: “Solo hace falta la voluntad de los actores políticos. Acaso alguna vez despierte este país inmóvil”.

Y despertó. El Gobierno creó mediante decreto ejecutivo una Comisión de la Verdad (CV) cuyo objetivo es investigar “las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales”, con lo cual también resucitó a León Febres-Cordero, quien argumentó, entre otras cosas, que la existencia de esta CV es inconstitucional porque viola el artículo 24 numeral 11 de la Constitución que imposibilita el juzgamiento “por tribunales de excepción o por comisiones especiales”. Febres-Cordero se equivoca: ese numeral se refiere a órganos que ejercen funciones judiciales (Zavala Baquerizo, Jorge, El Debido Proceso Penal, Pág. 39) y las comisiones de la verdad, en palabras de Priscilla B. Hayner, “no deben equipararse a órganos judiciales ni deben considerarse sustitutos de los tribunales” porque su mandato es otro, más amplio, y consiste en analizar “un patrón de acontecimientos, incluidas las causas y consecuencias de la violencia política [lo que] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y conclusiones de lo que generalmente es posible en cualquier juicio de perpetradores individuales”.

Ese patrón de acontecimientos involucra, por lo pronto, 327 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, además de otros casos que se alleguen al conocimiento de la CV. En el contexto de esta investigación, la CV seguramente lidiará con mentiras, negativas y engaños, como también con recuerdos dolorosos de las víctimas y sus familiares; pero no deberá nunca apartarse del inequívoco propósito, en palabras de Hayner, de “establecer un registro exacto del pasado de un país, esclarecer sucesos inciertos, y levantar la cubierta de silencio y negación de un período de la historia”, porque como afirmó lúcidamente Michael Ignatieff, “el pasado es un argumento y la función de las comisiones de la verdad, como la función de los historiadores honestos, es simplemente purificar dicho argumento, reducir el espectro permisible de mentiras” y porque no existe posibilidad de futuro, léase bien, sin una crítica profunda de los hechos y los valores que se impusieron en el pasado. La CV es solo un primer paso en este necesario proceso de discusión crítica que, sin duda, nos involucra a todos, pésele a quien le pese.

Libertad de opinión

Xavier Castro publicó un artículo en revista Vistazo donde opinó que Xavier Neira era el “verdadero director nacional de personal de la Función Judicial desde 1998 y considerado el abogado sin título más poderoso del país”. Conozco a decenas de personas que comparten la opinión de Castro; yo mismo la suscribo sin demora. Se supone, sin embargo, que no deberíamos compartir esta opinión porque corremos el inminente riesgo de que Neira nos demande por injurias calumniosas y no calumniosas graves, acto que el aludido perpetró en contra de Castro en razón del citado artículo.

Tanto dramatismo de Neira, sin embargo, no se justifica, en razón de las propias normas y hechos que él refiere en la acusación particular que presentó contra Castro. Neira cita el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recuerda que fue Ministro de Industrias, Diputado de la República en dos ocasiones y candidato a la Presidencia de la República (¿cómo olvidar la comicidad involuntaria de LeoNeira?), todo lo cual, en sus propias palabras, lo configura como “hombre público y de ahí la mayor afectación de las injurias descritas”. Pero Neira se equivoca, porque precisamente el artículo que cita, sin conocerlo bien, se interpreta de manera opuesta a la que él sugiere.

Me explico: el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de expresión; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpreta este derecho mediante la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” cuyo principio décimo establece una menor protección para los funcionarios o personas públicas y la obligación que tienen éstas de probar que el presunto autor de la injuria tuvo la inequívoca intención de infligirles daño, en cuyo caso únicamente debería aplicársele una sanción civil, porque la Comisión Interamericana entiende que la libertad de expresión genera “discursos críticos o incluso ofensivos” ante los cuales las denuncias de injurias suelen utilizarse para atacarlos o silenciarlos (cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia). La ciberpágina de la Relatoría para la Libertad de Expresión es pródiga en información a este respecto y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ricardo Canese c. Paraguay no permite dudas acerca de la necesidad de aplicar los principios sobre libertad de expresión en el derecho interno.

Nos hallamos, entonces, ante la necesidad de defender la libertad de opinar garantizada en la Constitución y amparada en normas e interpretaciones de instrumentos internacionales que son plenamente aplicables en el país (y que prevalecen sobre las leyes) o de admitir que esta libertad se criminalice mediante el recurso a una acción penal que la acalle. Tengo la convicción de que en el hipotético (y desde luego, erróneo) caso de que a Xavier Castro la justicia penal lo condene, a éste le queda expedito el camino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que responsabilice al Estado ecuatoriano y lo obligue a pagarle una indemnización que lo resarza de esa condena; más aún, tengo la firme convicción de que la obligación de quienes hacemos opinión pública es tomar partido por la defensa del derecho a expresar nuestra opinión, derecho éste, que mucho enoja y poco entiende Xavier Neira.

Opinión deleznable

Si usted busca en Google los nombres “Nelson Serrano” + “Gustavo Larrea” obtendrá decenas de páginas con las expresiones del ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, relativas al proceso penal que se sigue en Estados Unidos en contra de Nelson Serrano que, como es de público conocimiento, puede acarrearle una condena de pena de muerte. El ministro Larrea enfatizó entonces el carácter de “ilegal” del proceso de deportación que trasladó a Nelson Serrano a Estados Unidos para someterlo a este proceso penal que el propio Larrea calificó de “nulo” y ante el cual se comprometió a buscar “todos los mecanismos jurídicos que le permitan defender su vida”.

Con absurda facilidad, sin embargo, Larrea olvidó sus convicciones. El domingo pasado diario Expreso publicó una noticia sobre la reunión que mantuvo el ministro Larrea con abogados de la Procuraduría General del Estado para analizar la situación de Nelson Serrano. Se pensó, dice la noticia, “enviar una carta, firmada por la canciller María Fernanda Espinosa y el procurador Xavier Garaycoa, reconociendo ante la Corte de Florida que la deportación había sido ilegal”; se estudió, también, que “firmara esa carta Larrea, como superior de la Intendencia de Policía de Pichincha”. Cualquiera de estas opciones reconocía la tesis de la ilegalidad que Larrea sostenía y contribuía a la defensa de Nelson Serrano en el “nulo” proceso penal en la Florida, tal cual fueron las palabras y compromiso de Larrea. Estas opciones, sin embargo, fueron desechadas porque Procuraduría argumentó que la admisión de la ilegalidad de la deportación implicaba “desbaratar la defensa de Ecuador ante la Comisión Interamericana y se hubiera puesto al Estado en riesgo de indemnizar a Serrano”. Sucede que Serrano, con fundamento precisamente en la ilegalidad de su deportación, denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Procuraduría, en este proceso, defiende al Estado e insiste en negar lo que es, e incluso para el ministro Larrea era, evidente. Y digo que era, porque enterado de las consecuencias económicas de sus convicciones, dice la noticia, “no respaldó la tesis de apoyar a Serrano en esos términos”.

La opinión deleznable (en la doble acepción de la palabra: 1. Despreciable, de poco valor; 2. Poco durable, inconsistente, de poca resistencia) del ministro Larrea amerita reflexión. En principio, parecería que Larrea se permite la torpeza de emitir opiniones sin sustento: lo digo, porque si de verdad está convencido de que la deportación fue ilegal (conclusión a la que, por cierto, no es difícil arribar cuando se examinan los hechos) lo correcto sería que el Estado así lo reconozca en el proceso ante la Comisión Interamericana. Intuyo, sin embargo, que Larrea sí está convencido de la ilegalidad de la deportación pero que en su decisión pesaron más las “razones de Estado” de la Procuraduría, que se reducen a evitar o demorar el pago de una indemnización: esto es, en limpio, que se le niega defensa a una persona que lo merece para ahorrarse unos cuantos miles de dólares. Curioso razonamiento si se toma en cuenta que proviene de una persona que solía defender los derechos humanos. Y razonamiento, también, pobre en argumentos, sombrío e inconsecuente: de verdad, no otra es la lectura que puede hacerse del ministro Larrea y su opinión deleznable.

Tú

Desde 1927 la revista norteamericana Time elige a la “persona del año” [Person of the Year]. El año pasado Time no determinó en un individuo esa condición: la portada de su edición de diciembre del 2006 fue una pantalla plana de computadora donde, en enormes letras negras, se podía leer “You” [Tú]. El subtítulo lo confirmaba: “Sí, tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo”.

Puede parecernos exagerado y sin embargo las sobradas razones para que Time te escogiera a ti las expuso bien Lev Grossman en un artículo de esa misma edición, donde enfatizó que la historia del año 2006 trató de la “comunidad y colaboración en una escala nunca antes vista […] y de las muchas posibilidades de lucha que tienen los pocos y altruistas y de cómo todo eso no solo cambiará el mundo sino también la manera en la cual el mundo cambia”. Todo lo cual es posible gracias a la Internet que constituye “una herramienta que amalgama las pequeñas contribuciones de millones de personas y hace que estas importen. Los consultores de Silicon Valley lo llaman Web 2.0, cual si fuera una nueva versión de algún viejo software. Pero es realmente una revolución”.

Lo que Grossman destaca en su artículo es el posible empoderamiento de cada uno de nosotros mediante el uso de una tecnología que está, en buena medida, a nuestro alcance. Coincido con él en que “sería erróneo romantizar todo esto más allá de lo estrictamente necesario. La Web 2.0 sirve tanto para la estupidez de las masas como para su conocimiento”. Pero el enorme potencial de su uso es evidente y quiero, en esta columna, enfatizar su importancia en el contexto del proceso de la Asamblea Constituyente en el que, por aplastante voluntad popular, nos encontramos. Les confieso que el proceso de la Asamblea Constituyente lo considero mucho más importante que la propia Constitución que resulte del proceso. Lo afirmo, porque entiendo que el proceso de la Asamblea Constituyente (que involucra, entre otras cosas, la discusión de ideas y propuestas, la crítica, denuncia y manifestación de repudio a deslegitimados, oportunistas y mediocres, el discernimiento en la elección de los asambleístas, la exigencia de rendición de cuentas a estos) es el escenario idóneo para repensar nuestra manera de participar en política y de hacerlo con nuevos mecanismos de intervención: tengo la convicción de que se puede, en efecto, utilizar la tecnología actual, blogs, YouTube, podcasts, correos electrónicos y mensajes de móvil, entre otras crecientes posibilidades, para influenciar en la construcción de una sociedad más crítica y participativa.

En su artículo, Lev Grossman mencionó la palabra revolución; esta palabra me recordó una frase de Theodore Roszak: “si no hay cambio psicológico, una revolución no hace sino reproducir la misma situación con otras personas en el poder”. Que suceda ese fracaso dependerá, en buena medida, de si aprovechamos o no esta oportunidad que tenemos para interesarnos y participar, de manera crítica e ilustrada: para convertirnos, en definitiva, en auténticos ciudadanos. Y si tú no lo haces, no tengas la desfachatez de decir luego que no tuviste cómo hacerlo. Puedes no tener las ideas, pero sí tienes los medios: ilústrate, entonces, y actúa.

El valor de ser ilustrados

Ambrose Bierce mereció, entre sus contemporáneos, el título de Bitter [amargo] Bierce. En buena medida, este remoquete se debió a su exquisito Diccionario del Diablo, libro pródigo en definiciones ingeniosas e irónicas. Tengan como ejemplo, ésta, tan para mañana: “Plebiscito.-Votación popular para establecer la voluntad del amo”. Nadie puede dudar que Bierce era un pesimista: no en vano definió optimista como “[p]artidario de la doctrina de que lo negro es blanco” y política como “[c]onflicto de intereses disfrazados de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho privado”. (Aunque esta definición también le calza a “partidos políticos ecuatorianos” los que Bierce, para su dicha, jamás conoció).

La mención a Bitter Bierce sintoniza con el estado de ánimo de la mayoría de quienes postulan el No para la consulta popular: el Sí es el evidente preludio de la dictadura y la senda que conduce a Chávez; el No, entonces, el mero reflejo de sus temores. A este respecto siento que para esta oposición el miedo, sea dicho con palabras de un soneto de Sabina, “es su patria, alrededor no hay nada” (pero nótese la diferencia: mientras Sabina hace poesía, la oposición hace agüero del desastre). Es, en verdad, lamentable: no se escucha ninguna o casi ninguna voz que discuta una propuesta a partir del No a la consulta: su casi único deseo es mantener el statu quo, cuyo derivado lógico sería medrar de la derrota de la propuesta del Gobierno. En este sentido, la desfachatez de un redivivo Hurtado o la súbita cohesión en el No de los 57 miembros de la Escuelita Cómica del Maestro Lechuga Chávez reunidos en algún hotel de la capital, no sirven sino para acentuar esta ideológica miseria.

Por cierto que no seré yo, que hace solo dos semanas fustigué (‘Superhéroes’, 31 de marzo del 2007) los graves sesgos de autoritarismo, demagogia e improvisación de este Gobierno, quien suponga no tener noticia de los posibles peligros de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Pero estimo necesario, en este punto, realizar un esfuerzo adicional: la jornada cívica de mañana no se agota en votar por el No como un reflejo del miedo, como tampoco votar por el Sí como una vaga aspiración de cambio, ambas actitudes que no implican casi ningún esfuerzo intelectual. A este respecto, un pensador tan lúcido como Cornelius Castoriadis supo hacer una valiosa distinción entre meramente “estar informado” y actuar, en consecuencia, con pasividad ante la realidad, y “ser ilustrado”, esto es, tener la intención de buscar, crear e intervenir la realidad con nuevas propuestas.

Hay que tener, entonces, y lo digo con énfasis, el valor de “ser ilustrado”; hay que tener el valor (en el doble sentido de esta palabra, de valer y de valentía) de aceptar el reto de pensar este país. Bien podría ser que el eventual referéndum, en caso de ganar el Sí, resulte, en definición de Bitter Bierce, en una “[l]ey que se somete a voto popular para establecer el consenso de la insensatez pública”. Pero que así sea dependerá solo de nosotros, los ciudadanos. Tengo la firme convicción de que no es este el momento para pusilánimes o chacales y de que es, en contraste, la hora propicia para intervenir, con fuerza e ideas, en la creación de escenarios y la discusión de propuestas que atemperen los rasgos de arbitrariedad, demagogia e improvisación de este Gobierno y que releven a esta vergonzosa oposición que hace mucho rato que no representa sino al oprobio. Hay que tener, entonces, el valor de “ser ilustrados” y de intervenir para contribuir, desde esa lúcida plataforma, en la construcción de una mejor sociedad.

Pájaros de oposición

Yo no temo que el presidente Rafael Correa replique el fenómeno de Hugo Chávez en el país (como tampoco condesciendo a la simpleza de considerarlo comunista o dictador en cierne; tiene, sí, lamentables rasgos de arbitrariedad y demagogia, pero no cabe perder la precisión de los matices). Digo que no lo temo, porque además de que su especificidad cultural lo aparta en varios aspectos de Chávez, existen también notables diferencias entre el escenario social que posibilitó la emergencia de aquel en Venezuela y el de Correa: entre otras cosas, el peso político y la dimensión económica del petróleo es mucho mayor allá, mientras que la cuestión regional incide aquí de una forma que Venezuela desconoce. El único punto que traza una analogía con el caso venezolano es el vacío que produce en el escenario político la existencia de una oposición tan patética como desarticulada, tanto en organización como en ideas.

Hagamos, entonces, un breve repaso de la oposición. Sobre el Prian, vale decir que Noboa ha perfeccionado, con el paso de las elecciones y los años, el axioma de que perder es cuestión de método. El suyo incluye un partido cuya “ideología” no parece ser otra que la defensa de los intereses de sus empresas y que se conduce de la misma manera como yo dirigía los carritos de carreras en las pistas que me regalaban cuando niño: a control remoto. Por su parte, el llamado Partido Sociedad Patriótica no es, en realidad, tanto patriótica como patética: tal es la naturaleza de su (falta de) ideología. Se acomoda a cualquier coyuntura: puede ser demócrata como golpista, de izquierda o derecha, pro y anti Asamblea Constituyente. El lema no declarado de Gutiérrez es la cómica frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Finalmente, el PSC, en cabeza, aunque él no quiera admitirlo, de Nebot, quien, como bien afirmó revista Vanguardia, “se limitó, por decisión propia, a ser un líder de Guayaquil” y “ya no es dueño del rol político ni de los tiempos y las consecuencias que se derivan de su acción pública”. Hay que tener la entereza de admitirlo: ni el PSC ha tenido el valor de afrontar una renovación ideológica que lo salve de su ocaso post-LFC, ni Nebot el valor de asumir el reto de ese liderazgo, preocupado como anda en surfear las olas de esa entelequia que él denomina “corrientes ciudadanas”. Y hasta aquí el repaso.

Lo descrito es una lástima, porque una inteligente oposición es fundamental como contrapeso al poder oficial en el contexto de una sana democracia. Con lo cual se concluye que tenemos la necesidad de reemplazar a esta triste oposición desorientada como pájaros en desbandada, “sin dirección, ni alpiste, ni papeles”, como cuenta en Pájaros de oposición Joaquín Sabina, y la necesidad cierta y urgente de empezar a generar las ideas y propuestas de las que estos patéticos pájaros de oposición son muy huérfanos.