Un Estado no garantista contra la Prefecta Pabón

11 de diciembre de 2019


En esta enorme grieta entre lo que se declara en su Constitución y lo que le cumple a las personas bajo su jurisdicción, el Estado del Ecuador puede llegar incluso a ser lo contrario de lo que declaró que quería ser: si en la Constitución de 2008 se buscó hacer del Estado ecuatoriano un Estado garantista, en la práctica se empeña en probarnos que no lo es.

Por ejemplo, en un estado garantista el principio de mínima intervención penal es la norma. En el Ecuador, en cambio, se ha perseguido a los opositores políticos abusando de la prisión preventiva, usándola como una pena anticipada.

Esta historia del abuso de la prisión preventiva es vieja. En el informe de la CIDH sobre los derechos humanos en el Ecuador, de 1997, se lee:

“El problema más grave que la Comisión ha identificado con respecto al derecho a la libertad, es la aplicación arbitraria e ilegal de la detención preventiva. En el momento de la observación in loco [realizada en noviembre de 1994, N. del A.] de la Comisión, las cifras presentadas indicaban que aproximadamente 9.280 individuos estaban detenidos en el sistema penitenciario ecuatoriano, de los cuales cerca del 70% esperaban juicio o sentencia. La delegación de la Comisión habló con individuos que habían sido mantenidos en prisión por dos, tres, cuatro, cinco, e inclusive seis años, sin haber recibido una decisión judicial de acusación en su contra” (Capítulo VII. Derecho a la libertad personal).

En un informe del año 2005 sobre el Ecuador, motivado por el tercer Presidente derrocado de los últimos tres elegidos por voluntad popular desde su último informe (un 100% de efectividad en inestabilidad política), la Comisión Interamericana criticó a la “detención en firme” (un abuso del derecho a la libertad personal, patrocinado por el PSC) e indicó que en ese año 2005, “el total de la población carcelaria en el Ecuador fue de 12.251 personas detenidas, de las cuales un 63% se encuentran bajo la modalidad de detención preventiva.” (‘Derecho a la libertad personal’, Párr. 187-192)

Con estos antecedentes de 1997 y 2005, sumados a la situación actual del uso de la prisión preventiva como pena anticipada, puede decirse que el abuso de la prisión preventiva forma parte de las tradiciones no garantistas de nuestro sistema judicial. En esencia, para la justicia ecuatoriana, el derecho a la libertad de una persona acusada por un delito es muy desechable: la norma, es que se lo prive de su libertad. Esto es lo opuesto al principio de mínima intervención penal.

Creo que este contexto de Estado no garantista debe tenerse en mente para comprender la situación de una autoridad pública actualmente privada de libertad, la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, a quien la Comisión IDH ha otorgado medidas cautelares en su Resolución 58/2019*. Con ello en mente, ¿qué tan necesario, en un Estado democrático, es mantener presa a una autoridad de elección popular, siendo que ella tiene un interés en permanecer en el país por el ejercicio mismo de su cargo?

Más adelante se volverá sobre esto, pero es importante ahora este detalle: el Estado no garantista no es una manifestación exclusiva del sistema judicial. Por lo visto en el caso de Pabón, desde la Función Ejecutiva se ha interpretado a las medidas que ordenó la CIDH en su Resolución 58/2019 de la forma más restrictiva posible. Esto hizo la Secretaría de Derechos Humanos:


Esto es Gatopardismo 101: Cambiar para que nada cambie. Es tomarle el pelo a la resolución de la CIDH.

Ahora, por contraste, ¿qué debería hacer un Estado garantista, como normativamente lo es el Ecuador, en su aplicación de esta Resolución 58/2019?

En estos días he escuchado a abogados con un notorio sesgo “anti-correísta” decir que únicamente con satisfacer ciertas condiciones sobre la detención de las tres personas beneficiarias de las medidas cautelares, el Estado ecuatoriano habría cumplido lo dispuesto en la Resolución 58/2019. Algo como lo hecho por la Secretaría de Derechos Humanos, a ellos los complace. Y esto es muy irresponsable.

Voy a oponer dos argumentos a ese razonamiento mezquino:

Primer argumento: Que la Resolución 58/2019 se la debe interpretar de forma integral y de acuerdo con el objeto y fin de proteger los derechos humanos. Cuando la CIDH ordena la protección de los derechos a la vida e integridad personal de los tres beneficiarios, ella especifica que se lo debe hacer “valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales de cada uno de los beneficiarios”, y que las medidas que se vayan a adoptar deben “crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos” (Párr. 37.a), claramente no limitando este respeto a los derechos a la vida y la integridad personal.

En este análisis de las “circunstancias personales”, un Estado garantista debe tomar en consideración que Paola Pabón es una autoridad pública de elección popular, a quien le asiste, de acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH, el derecho de “completar el respectivo mandato” y de que todas las restricciones “a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Caso Petro, Párr. 117). Más aún, un Estado garantista está consciente que si se destituye a una autoridad de elección popular por estar presa debido al uso de la prisión preventiva, se viola el artículo 23.2 de la Convención Americana que establece un número cerrado de causales para restringir los derechos políticos, y cuya única causal establecida en el artículo 23.2 para restringir este derecho, cuando se trata de un proceso judicial, es por “condena, por juez competente, en proceso penal”.

Es decir, el Estado debe hacer sus mejores esfuerzos para evitar la vulneración del artículo 23.2 en perjuicio de Paola Pabón, más aún si en la Resolución 58/19, la Comisión IDH hizo un “llamado al Estado a fin de que, de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas por voluntad popular” (Párr. 34).

En conclusión, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger los derechos políticos de Paola Pabón.

Segundo argumento: Que existe un contexto de abuso de la prisión preventiva en el Ecuador, demostrado con la cita de los informes de 1997 y 2005, y por cuya aplicación actual se persigue penalmente a los que ahora se ha identificado como “correístas”. El caso de Sofía Espín es una evidencia de esta persecución penal, cuando en el comunicado que ha emitido la Fiscalía General del Ecuador se dijo que en su investigación penal “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.

Así, resulta evidente que, de conformidad con el principio de mínima intervención penal que postula la CIDH y que acaba de aplicar la Fiscalía General del Estado en el caso de Sofía Espín, además de los estándares específicos que gobiernan el dictado de una orden de prisión preventiva en el Sistema Interamericano, muy bien se podría seguir el proceso penal en contra de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón en libertad.

Como es cansino repetir lo que tan bien han dicho otros, los instrumentos recientes (2017) más relevantes en las Américas sobre esta materia son: ‘Medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva’ y ‘GUÍA PRÁCTICA para reducir la prisión preventiva’. Ahí está muy claro todo. No hay pierde, salvo para el que quiera perderse.

En conclusión, un Estado garantista debe respetar los derechos políticos de Pabón, en tanto ella es una autoridad de elección popular, y debe aplicar los estándares internacionales en materia de dictado de una prisión preventiva, en tanto ella está investigada en una causa penal. Si el Estado garantista hace esto, forzosamente debería liberar a Paola Pabón.

Ahora, esto no se podía esperar de la Función Ejecutiva, que tiene el firme propósito de sobrevivir a su desgobierno a punta de su visceral “anti-correísmo”; la pelota ahora está en la cancha de la Función Judicial. Este lunes 16 de diciembre se va a celebrar la audiencia de revocatoria de la prisión preventiva en el proceso de Paola Pabón, en la que si la Jueza Patlova Guerra actúa apegada a la Constitución, a la sentencia de la actual Corte Constitucional que obliga a aplicar de manera directa los informes de la Comisión IDH (Párr. 274) y a una interpretación garantista de la Resolución 58/19 de la Comisión IDH, ella debería levantar la orden de prisión preventiva que pesa en contra de la Prefecta Paola Pabón.  

Esto, si algo queda del Estado garantista que proclama nuestra Constitución, y que ella, como Jueza, se ha comprometido a respetar.

* Este tema requiere no ser pensado desde la lógica amigo-enemigo que plantea la mezquindad que discute sobre si fue en este gobierno o en otro que se dijo u ocurrió esto o aquello… esto solo contribuye a sacar lo peor de nosotros. Este tema requiere que se lo discuta, responsablemente, desde una perspectiva de Estado: ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos uno que ahora respete los derechos de las personas, o no?

El traspatio del traspatio de la literatura

10 de diciembre de 2019


En The Atlas of Literature (2001), editado por Malcom Bradbury, hay un capítulo dedicado a los escritores de América latina. Allí (p. 299) se presenta un útil mapeo de los escritores de la región, que en Sudamérica excluye al personal escritor de Bolivia y del Ecuador:


El Ecuador, de hecho, sirve de asiento para escribir los nombres de los escritores colombianos (es más un mueble, que un país). 

La escritora María Fernanda Ampuero, en esta entrevista en el marco de la FIL, decía que en la literatura de Latinoamérica “también hay niveles y Ecuador es como el traspatio del traspatio”, afirmación que esencialmente pone en blanco y negro lo que ha representado el ilustrativo mapa a colores de este atlas.

El diario Extra contra la legalización de las drogas

9 de diciembre de 2019


El año 1996 en el Ecuador se organizó el festival ‘Todas las voces, todas’, en el que participó el rosarino Rodolfo ‘Fito’ Páez, quien por esos días defendió (de puro sentido común) la legalización de las drogas: “Sí, yo creo que hay que legalizarla (droga) definitivamente. No hay dudas al respecto. Cuando se abre el juego ya no estás deseando algo porque no está prohibido”. Y enseguida añadió, muy sesentaiochista él: “prohibido prohibir”.

Diario Extra, Junio 13 de 1996. Amo que toda esta discusión sobre legalizar las drogas se haga sobre el pelo de Piero... porque Piero es droga. Y la 'tropifarra' (v. parte superior derecha) también.

Lo asombroso en esta nota de 1996 sobre esta muestra de sentido común del rosarino Páez es el comentario que se mandó el redactor del diario Extra en la nota, hecho con un moralismo conmovedoramente imbécil: “Sin embargo, nos pareció disparatada, absurda y desatinada su declaración de que la droga debería ser legalizada.” (¡?)

En este tema de legalizar las drogas, seguimos comportándonos como idiotas, pero es que antes lo éramos todavía más.

El conspi-casete

8 de diciembre de 2019


A finales de los noventa, todavía era posible hablar de los cassettes, cuyo auge había sido en los años ochenta (más posible era en el Ecuador, un país fundamentalmente retrasado). Por ello, tras la caída de Abdalá Bucaram de la Presidencia de la República en febrero de 1997, él denunció en Buenos Aires que su hermana (es de suponer que fue Jelsita) había conseguido una “prueba plena de conspiración”, que era prueba “contundente sobre el reparto de poder, la tramoya, la búsqueda de utilización el poder judicial, el reparto legislativo que tienen para liquidar a Bucaram como candidato”. A esta prueba, el diario Extra lo conoció como “el conspi-casete”. Era esto:    


En Bogotá, Bucaram advirtió que lo que se buscaba era “joder a Bucaram” y “reformar la Constitución para que nunca más pueda ser Presidente, para que nunca más pueda ser candidato”.

Diario Extra, 19 de febrero de 1997

Veintipoco años después, se puede decir que aquellos que planearon sacarlo del juego a Bucaram, vaya que lo lograron. Hoy ya Bucaram no es candidato a nada: oscila entre ser un cadáver político y una broma de mal gusto.

En ese entonces, Bucaram bramaba que a este cassette: “El mundo lo conocerá.”

Y el mundo, fundamentalmente pillo, sonrió como Nebot en la foto.

La conquista, en caricaturas


En el simpático formato cuadrado de ediciones de la Flor se publicó ‘¿Valió la pena? (Los humoristas gráficos ante Colón y su viaje)’, un libro que recopiló caricaturas publicadas alrededor del mundo sobre Colón y su viaje a América. El libro fue editado en 1992, en Buenos Aires, con ocasión del Quinto Centenario de la llegada a América del pelirrojo que le dio nombre a mi colegio.

Si se seleccionan cinco caricaturas del libro, se puede contar una muy didáctica historia.

Primero, los pobladores originarios hacían su vida de rutina, hasta que en 1492 llegó el hombre blanco y barbado.


Esos hombres blancos (europeos) tenían otros planes sobre lo que denominaron América.


Estas diferentes visiones produjeron malentendidos…


Y todo se pudre cuando llega la iglesia, en particular, la católica (la puta, la gran puta). En el mundo latino, la estupidización obrada por esta institución es un lastre que arrastramos hasta la fecha.


Por la violencia a los pueblos originarios, en el mundo anglosajón los exterminaron, mientras en los territorios latinos se los explotó de manera inmisericorde, como una raza inferior sujeta a tutela.

La llegada del hombre blanco al territorio que llamaron América acabó, en general, con las culturas nativas (como en el territorio del Ecuador, donde se perpetró un epistemicidio) y lo hizo en nombre del progreso y la prosperidad... A sus autores, se le erigen hoy monumentos.


Ha sido una masacre, pero llovida de aplausos. Esa es la historia que nos cuentan estas cinco caricaturas.

Una dignidad por alcanzar

7 de diciembre de 2019


Curiosamente, las medidas cautelares que la Comisión Interamericana ha otorgado ayer en su Resolución 58/2019 a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, son una oportunidad para el Gobierno de Lenín Moreno. 

Porque existe un antecedente: en los tiempos del “correísmo”, se criticó la obligación por parte de los Estados de acatar las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana. Ahora el Gobierno de Lenín Moreno tiene la gran posibilidad de acatar las medidas cautelares de la CIDH y de tomar distancia de esta práctica del “correísmo”, tan criticada desde el Sistema Interamericano y la oposición interna.

Por supuesto, este triunfo del derecho internacional sobre el derecho interno (el acatar las medidas cautelares) sería una derrota para su política interna, porque uno de los objetivos de estos procesos penales era que Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, pierda su cargo, obtenido por votación popular en las elecciones generales del 24 de marzo de 2019. El mecanismo para esto era sencillo: mantenerla presa el tiempo suficiente para que venza la licencia sin sueldo que ella solicitó a la Prefectura cuando fue detenida en octubre.

Pero para impedir este abuso en contra de Paola Pabón intervino la Comisión Interamericana, la que después de su visita del 28 al 30 de octubre al Ecuador ha despertado a la realidad de la persecución política que se vive en el país. La Comisión IDH visitó la cárcel en Cotopaxi en la que se encuentra privada de su libertad Paola Pabón, donde “pudo constatar el clima de hostigamiento que prevalece en la cárcel, el cual empeoró el momento en que la delegación oficial se encontró con la señora Pabón.” (Párr. 27)

En su Resolución 58/2019 sobre la Medida Cautelar No. 938-19 “Paola Pabón y otros respecto de Ecuador”, la Comisión IDH decidió otorgar las medidas cautelares para proteger los derechos a la vida (Art. 4 CADH) y a la integridad personal (Art. 5 CADH) de Pabón, Hernández y González, y en el caso particular de Paola Pabón, “hace un llamado al Estado a fin de que, de conformidad con el artículo 23.2 de la Convención Americana y los estándares en la materia, respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular.” (Párr. 34)

Ocurre que, en rigor, la única manera de proteger los derechos políticos de Paola Pabón es evitando que se venza el plazo de sesenta de días de la licencia con ella en prisión, plazo que se cumple mañana, 8 de diciembre. Es decir que la única manera de cumplir con la medida dispuesta por la Comisión IDH de proteger los derechos políticos de Paola Pabón, es liberándola de la prisión que ella sufre desde el 14 de octubre.

Que Pabón alcance la libertad porque el Gobierno de Moreno ha aceptado una medida cautelar de la Comisión Interamericana sería una derrota política para este Gobierno, pero también sería una actuación digna del Estado. Así, me gustaría pensar en su acción como un homenaje a esta frase de Jorge Luis Borges: “hay una dignidad que el vencedor no puede alcanzar”… Pero prefiero suprimir ese pensamiento: sospecho que el Gobierno de Lenín Moreno, tantas veces indigno, no estará a su altura.

Ella dice que ella dijo

6 de diciembre de 2019


Sofía Espín pudo estar presa y pasar así todo el año 2019. (Por suerte, escapó a tiempo de la estupidez y malicia estatal.) Presa por nada, por los posibles dichos interesados de una tercera persona.

Sofía Espín fue una asambleísta elegida el 19 de febrero de 2017 por votación popular, por la provincia del Guayas y por Alianza País. Debió ejercer su cargo entre el 14 de mayo de 2017 y el 14 de mayo de 2021, pero su ejercicio fue interrumpido el 13 de noviembre de 2018 por una resolución de la Asamblea Nacional, que la destituyó.

Destituir a un asambleísta (de cualquier partido o movimiento) es un acto muy grave, según los estándares internacionales de derechos humanos. El estándar de protección es mucho menor con las autoridades que son designadas por otras autoridades, pero cuando se trata de las decisiones del pueblo soberano, como el caso de un asambleísta, sea para bien o para mal, estas decisiones merecen mucho respeto. Se supone que el sistema democrático se erige sobre estas decisiones del mandante.

Por ello, el estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuesto en el caso de la destitución de una autoridad de elección popular por un órgano administrativo ocurrida en Colombia, el Caso Petro c. Colombia (2017), es que existe un derecho a completar el mandato de un cargo de elección popular, por lo que “las restricciones a dicho derecho deben estar encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso” (Párr. 117). Es decir, si se aplican las restricciones, estas deben cumplir un objeto (la protección de un bien valioso) y un procedimiento (un análisis muy exhaustivo).

Entonces, ¿qué había hecho Sofía Espín para que la Asamblea Nacional la destituya? Pues acompañar a una abogada, Yadira Cadena, en su visita a una testigo protegida en una cárcel de Quito. Algo que no traería ninguna cola, salvo por un detalle: el juicio era contra Correa y la testigo protegida lo tenía que acusar a Correa. A raíz de esta visita, que ocurrió el 24 de septiembre de 2018, el 28 de ese mes ya tenían ambas iniciadas una indagación fiscal en su contra, en tiempos de la Fiscalía de doña Ruth Palacios… ¡Con qué celeridad responde la política cuando quieres arruinarle su plan! Te mandan entonces a la Ley, en su versión de aplicación punitiva y desproporcionada del derecho.

La testigo protegida era la policía Jéssica Falcón, que se supone que escuchó las ofertas de la abogada Cadena, acompañada por Espín, de hacer tales y tales cosas. Luego, ella le dijo a su abogado, Diego Chimbo, que ellas le habían ofrecido tales y tales cosas. En un mundo normal, ella habría escuchado lo que fuere y decía “no, no me interesa.” Pero en este país de pacotilla, Falcón terminó la entrevista y le cuenta a su abogado, Diego Chimbo, que Cadena y Espín le dijeron X y Y, y entonces el abogado Chimbo hace una rueda de prensa y dice que se ha cometido un delito porque a su clienta, Cadena y Espín le dijeron X y Y en la cárcel, siendo la única evidencia de que a Falcón le dijeron X y Y, la versión de Falcón de que esto fue así (?). 

Esto es muy imbécil, y permítanme darle una relación lógica. Es mucho más probable que, más allá de lo que se haya dicho en la entrevista (irrelevante), los abogados de Falcón hayan visto una oportunidad en contubernio con autoridades del Estado, tanto para proteger a su testigo (Falcón) como para atacar a quienes pudieran intentar desestabilizarla (en este caso, Espín y Cadena). Y urdieron un plan de dórica simpleza. Le dijeron a Falcón “tú dices que esto fue lo que ellas te dijeron, nosotros nos encargamos del resto”. Falcón cumplió sus deberes, dijo lo que tenía que decir contra Espín y contra Correa, y salió libre unas semanas después. Y con lo que ella dijo que ellas le habían dicho en la mañana del 24 de septiembre, se montó este sainete que ha involucrado a dos de los más importantes órganos del Estado (¡qué pobres que somos!).

Por un ella dice que ella dijo se dictó una orden de prisión preventiva en contra de Espín y se la destituyó de su cargo como asambleísta. Pero con el transcurso del tiempo, el sainete, en su parte judicial, no ha podido sostenerse. Ayer nomás, 5 de diciembre, la Fiscalía General del Estado envió al Juez de la causa un dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín y de Yadira Cadena. Esto quiere decir que se confirmó el estado de inocencia de Espín y de Cadena, y se confirmó que el Estado nunca tuvo real evidencia en su contra.

El de Sofía Espín y Yadira Cadena es uno de los procesos penales que se cae, como se caerán muchos otros de espurio origen político y de similar debilidad, aunque no creo que ninguno pueda ser más endeble que éste: después de todo, ¿qué puede ser más débil que ordenar prisión por un ella dice que ella dijo?

Y es de tomar en cuenta que la actual Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le entró a su antecesora Ruth Palacios como Terry Butcher le quiso entrar a Maradona cuando el gol del Mundial del ’86 pero falló: con saña conmovedora. Dice ella, en el boletín de la institución, que en el caso que su antecesora inició contra Sofía Espín y Yadira Cadena “no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal.” En castellano básico: “Quien estuvo antes la cagó, seguir con esto sería un grave abuso.”

Del sainete montado, en el campo penal, hicieron un mea culpa. Pero en el campo legislativo la gente sí que es necia. Cuando se inició el proceso en el órgano legislativo en contra de Sofía Espín, la justificación que ofreció la entonces Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para el inicio de la persecución en su contra fue que “[n]o se permitirá que ningún asambleísta interfiera en la administración de justicia”, y que “[s]i alguien incurre en hechos de esta naturaleza, tenga la total seguridad de que se aplicarán las sanciones al amparo de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.”

Y así ocurrió. Estas declaraciones de la Presidenta Cabezas fueron del 29 de septiembre. El 3 de octubre, el asambleísta Esteban Bernal presentó una acusación en contra de su colega Sofía Espín ante el Consejo de Administración Legislativa (que lo presidía Cabezas) por la supuesta violación del artículo 163.1 de la Ley. Se calificó la denuncia de Bernal el mismo día que la presentó. El 10 de octubre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de un órgano (la Comisión Ocasional Multipartidista de Investigación) para realizar un informe sobre lo que había hecho Sofía Espín en su visita a la cárcel del 24 de septiembre.

Sobre estas comisiones adefesiosas se ha expedido la Corte Interamericana en un caso que sentenció contra El Salvador, Colindres Schonenberg (2019), en el que la Corte IDH ya analizó la creación de una comisión especial en la Asamblea Nacional para la destitución de una autoridad pública. En esa ocasión, la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por la violación del artículo 8 de la Convención Americana, debido a que “[l]a inexistencia de un procedimiento previamente establecido impidió que el señor Colindres Schonenberg conociera cuál era el procedimiento al que iba a ser sometido y en qué momentos podría defenderse” (Párr. 90).

El caso de Sofía Espín es similar a este de Colindres en El Salvador, pues el procedimiento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa aplicado a Espín, establecido en el artículo 164, es escueto y establece únicamente, en su tercer inciso, las siguientes características para este órgano: 1) debe componerse de un “máximo” de tres asambleístas; 2) debe emitir un informe en diez días; 3) debe emitir ese informe garantizando que “el o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que el o la asambleísta no se presente en el plazo de tres días”.

Así, el derecho al debido proceso para los asambleístas está visto como tan poca cosa, que es renunciable por el acusado y es potestativo para el acusador. No se regula lo que debe entenderse por “debido proceso” en este procedimiento tan arbitrario, pues eso queda a gusto de la Comisión. La Corte IDH, en Colindres Schonenberg (2019), condenó al Estado salvadoreño por no garantizar en la Ley el derecho al debido proceso, lo que la Corte consideró que era “una violación del artículo 2 de la Convención y afectó la seguridad jurídica y los derechos de la presunta víctima al momento de determinarse su destitución” (Párr. 98).

La Comisión nombrada por el Pleno se compuso de tres asambleístas y presentó su informe el 20 de octubre de 2018. Como era previsible, la Comisión actuó sin apego al debido proceso: no le garantizó a Espín un juicio imparcial, ni su derecho a una decisión motivada (pues únicamente tomó para resolver las partes convenientes para la condena a Espín), ni su derecho a ser informada de la acusación, ni su derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para defensa, ni su derecho a contar con testigos propios.

La Asamblea Nacional se disponía a votar este informe de la Comisión el 8 de noviembre, pero como ese día no se reunieron los votos suficientes para la destitución de Espín, se decidió aplazar la votación con el argumento más Judas de la historia legislativa reciente: para condenarla bien, le iban a dar a Espín más tiempo para que ella se defienda (?). Para hacer esto, hay que tener la cara de un moái. (Y María José Carrión la tiene.)

Entonces la Asamblea Nacional se reunió el 13 de noviembre de 2018, ya ajustadas las tuercas de la loca maquinaria estatal, y ese día, 94 de sus 137 integrantes votaron por la destitución de una asambleísta. Cabezas se había comprometido a aplicar el artículo 163 contra Espín, e iba a triunfar Cabezas en su empresa, aunque para ello tenga que desbaratar el derecho. (Esto es lo que es la política, cuando está en manos de irresponsables.)

Porque fue eso lo que hizo la Asamblea Nacional, a fin de sancionar a Sofía Espín con su destitución: trató a la visita de Sofía Espín a la cárcel como el desempeño de una “función privada […] incompatible con su cargo”, a fin de poder aplicarle el artículo 163.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y destituirla.

Así, ya por no respetar, en la Asamblea Nacional no se respetó ni el significado literal de las palabras (aquí uno debe preguntarse, ¿se puede caer más bajo?). Cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa utiliza el verbo “desempeñar” en el artículo 163.1, lo utiliza en la voz primera del diccionario de la Real Academia Española, esto es, “ejercer las obligaciones inherentes a profesión, cargo u oficio”, acciones que suponen un ejercicio sostenido en el tiempo, no una única acción que se ejecutó en una mañana, por espacio de diez minutos. Es claro que lo que busca la norma es evitar que un asambleísta desempeñe una actividad paralela a su cargo que le pueda restar tiempo para su ejercicio. Con esta interpretación cobra pleno sentido la excepción que se establece al final del artículo 163.1: “excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita”. 

Casi no se puede imaginar uno algo más idiota que confundir un acto singular con un acto continuado en el tiempo debido a la simple malinterpretación de un verbo. Ni tampoco nada más alejado de la guía de conducta que debió tener la Asamblea Nacional en el caso de la destitución de un asambleísta, que era “proteger bienes jurídicos fundamentales” y analizar las pruebas “cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso”. A esto la obligaba el estándar interamericano que estableció la Comisión IDH en el Caso Petro (2017)… pero la Asamblea Nacional ignoró los estándares internacionales y actuó con el firme propósito de destituirla a Sofía Espín, aún torciendo el significado literal de las palabras, sin asomo de rigor o de vergüenza, adecuando un resultado a su total conveniencia.

Y así las cosas, uno pensaría que la Asamblea Nacional, en vista de que el proceso penal se probó un adefesio montado por la Fiscal Ruth Palacios sin base ética y en claro abuso del derecho (no soy yo quien lo dice, es Diana Salazar), tendría un momento de autocrítica. Pero esto sería desconocer la soberbia del legislador ecuatoriano. El Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no mostró ni un asomo de auto-crítica: actuó con la soberbia de quien piensa que sus decisiones son todas “políticas”, como si ese adjetivo constituyera una licencia para la total irresponsabilidad de sus actos. (Este es, tal parece, nuestro estándar.) 
   
Y la destitución de Espín de su cargo de asambleísta fue un acto de suma irresponsabilidad de estos políticos sin ideales, ni criterio, ni capacidad de autocrítica, que tendrá que pagarlo finalmente el Estado (es decir, todos nosotros, con nuestros impuestos: ¡qué comodidad la de estos irresponsables, socializando los gastos que ocasiona su ceguera y su estupidez!). Espín tiene ya presentada una petición (hago un disclaimer: soy su abogado en ella) que está en conocimiento de la Comisión IDH como P-359-19. Es un caso que a la Comisión IDH le debería interesar y mucho, porque revela la forma tan poco seria con que en el Ecuador se trata al sistema democrático. Para la Comisión IDH, en el citado Caso Petro c. Colombia (2017), una decisión como la destitución que efectuó la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2018…

“… puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir significativamente en el juego democrático.”

Es difícil fallar en un reclamo ante el Sistema Interamericano, si únicamente se debe seguir sus claros precedentes (y se tiene un Estado tan papayero). Es cuestión de tiempo.

El SIDA y el Congreso

3 de diciembre de 2019


Imagínense de qué país venimos (quiero decir: Congreso y periodismo) para que esto haya sido un titular en el año 1996:

Carlos Vallejo (Naipe Centralista)

2 de diciembre de 2019



Me encanta el plan, o mejor dicho, cómo los del Naipe Centralista lo presentan: “los antiguos hacendado [sic] emigrados del Chimborazo, que se radicaron en la Capital para recuperar mediante la participación política el poder de los antiguos huasipungos”. Su ejecución, honrando una tradición, fue chapucera: “Se ha afiliado a un partido populista de la Costa una vez que su partido anti populista cayo [sic] en desgracia electoral.”

Dos cosas: 1) Causa gracia que vengan “del Chimborazo”, porque supone que no es de la provincia (en cuyo caso habría bastado “de Chimborazo”), sino de los alrededores de la fucking montaña; 2) La definición, “peligroso por su doblez regional”, es de antología.

La diuturnidad, y una pregunta a la RAE

1 de diciembre de 2019


Diuturnidad es un término que jamás he usado como hablante y que tampoco he escuchado nunca, pero que en las ediciones de 2001 y 1992 del diccionario de la Real Academia Española apareció como una palabra que significa “espacio dilatado de tiempo”, la que a pesar de estar desusada, oh sorpresa, se la usa en el Ecuador (¡?).

La RAE con el Ecuador, en ocasiones, nos omite sin justificación (el caso de “chucha”), en otras define cosas que no son lo que dice (el caso de “guayaco”), pero en este caso ya simplemente parece sacarse una definición de su magnífico ojete. Porque no creo que a “diuturnidad” la use casi nadie, como tampoco creo que los pocos que usen el término sean principalmente ecuatorianos…

Es momento de preguntar, ¿qué chuchas le pasa con el Ecuador a la RAE?

Las relaciones exteriores de Quito en 1809

30 de noviembre de 2019


Como ya se sabe pero aún nos falta aceptarlo, la destitución de las autoridades españolas de Quito el 10 de agosto de 1809 no buscó la independencia del Reino de España. Quito siempre (incluso en la llamada “Constitución de 1812”) se sintió parte del Reino del bobo y necio de Fernando VII.

Pero lo que sí buscó Quito en los albores del siglo XIX es la autonomía del territorio a su cargo, esto es, de la Audiencia de Quito. Y Quito quiso situarse en la cúspide de este nuevo orden autónomo que creaba. Esa fue su aspiración en agosto de 1809.

Para concretar esta aspiración, la Junta de Gobierno de Quito, que fue el órgano creado en reemplazo de las autoridades españolas, decidió la creación de un ministerio encargado de las relaciones exteriores y colocó al antioqueño Juan de Dios Morales a cargo del ministerio llamado de “Estado, Guerra y Relaciones Exteriores” (se crearon dos ministerios: el otro fue el llamado de “Hacienda, Gracia y Justicia”, a cargo del altoperuano Manuel Rodríguez de Quiroga).

Para persuadir a las provincias vecinas, primero la Junta de Quito entabló correspondencia con personas influyentes, a fin de que ellas intervengan para que en Popayán, Guayaquil y Cuenca se le reconozca a Quito su anhelada primacía. Cuando se evidenció que esto era insuficiente, se decidió el envío de legaciones a Popayán, Guayaquil y Cuenca para buscar ese reconocimiento, con resultados desastrosos.

A Popayán, Quito envió a los payaneses Manuel Zambrano y Antonio Tejada. Tejada, de plano, declinó participar por considerar al proyecto como “sedicioso”. Zambrano, por su parte, fue repelido. (Esta historia se cuenta en detalle en el artículo ‘Impacto del 10 de agosto en la Gobernación de Popayán’).

De Quito a Guayaquil se despachó a los quiteños Jacinto Sánchez de Orellana, alias “II Marqués de Villa Orellana”, y José Fernández-Salvador, quienes le enviaron una comunicación al Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón, a fin de informarle de su propósito de visita; en respuesta, Cucalón les advirtió que a lo único que se comprometía era a tratarlos “sin impropiedad”. Sánchez de Orellana, entonces, detuvo su viaje; Fernández-Salvador, en cambio, renunció a su comisión y acudió a Guayaquil, pero a dar “declaraciones circunstanciadas acerca del estado de los rebeldes, sus hechos y armamento”. Es decir, en calidad de delator.

Con los delegados de Quito a Cuenca no les fue mejor. Al sur se envió al payanés Salvador Murgueitio y al quiteño Pedro Calisto. Murgueitio y Calisto nunca fueron aceptados en Cuenca, a la que no pudieron entrar. Calisto, “pocos días después, se unió a las autoridades regentistas y trabajó activamente para disolver el gobierno revolucionario”. Es decir, fue un traidor. (Los detalles de estas tres legaciones, en: ‘Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito’).

Así, se puede decir que Quito tuvo tres niveles de relaciones políticas entre agosto y octubre de 1809. La de los pueblos de su provincia, la de las capitales de las provincias vecinas y la que buscó tener con un capitán inglés.

De los pueblos de su provincia (la Sierra centro y norte de lo que hoy es el Ecuador), Quito obtuvo la unanimidad de su apoyo. Pobre gente, tampoco les quedaba de otra.

A las capitales de provincia se las intentó persuadir con correspondencia y delegados, con el rotundo fracaso ya conocido.

Queda, finalmente, el singular caso de cuando la Junta de Gobierno de Quito quiso entablar relaciones con gente de Gran Bretaña, porque ella era opositora de los franceses y tenía buques que podían surcar los mares. Pero esto entrañaba una dificultad para Quito pues su provincia era un territorio, en la práctica, mediterráneo.

Pero esto no lo arredró al Marqués de Merry Jungle, Presidente de la Junta, quien escribió una carta dirigida a un destinatario genérico y puso: a “cualquier capitán de buque inglés”. La idea en Quito era que el capitán de la Pérfida Albión receptor de esta comunicación de Merry Jungle se debía conmover de los hechos ocurridos en unas lejanas montañas y entonces comprometerse a traficar armas, y a traer cada vez más, para dejarlas en una playa u otra. A cambio, los quiteños se encargarían de subir las armas a sus montañas (el páramo, que diría el exalcalde Nebot) y de pagar a los ingleses que asumieran todos estos riesgos “a precio corriente”. No parecía haber mucho incentivo para que los ingleses asumieran los riesgos que requería ayudar a estos montañeses en lucha.

De todas maneras, el plan no se lo pudo poner en práctica, porque los enviados de Quito al puerto de La Tola ni siquiera pudieron llegar a la playa a buscar a ese hipotético y agencioso capitán inglés. Desde Popayán se ordenó cerrar el acceso a los pueblos de Carondelet y La Tola, ante lo cual Quito mejor se quedó quedito. (Esto se cuenta en ‘Impacto del 10 de agosto…’).

Al final, la revolucionada Quito se quedó mediterránea y sola y en riesgo; su único consuelo era el soporte de los pintorescos pueblos de su provincia. Sin aliados, y sin la posibilidad de producirlos (pues el repudio de las provincias vecinas fue total), la supervivencia de la Junta de Quito se tornó imposible, y terminó por claudicar en octubre de 1809. La Junta fracasó, así, en su propósito esencial: el ser aceptada, en ese 1809, como la ciudad primus inter pares del extenso territorio de la Audiencia de Quito. Nadie quiso permitírselo.

Y en cuanto a la persona que asumió el cargo de Ministro de Estado, Guerra y Relaciones Exteriores, el antioqueño Juan de Dios Morales, fue detenido cuando llegaron las tropas de Lima pedidas por el Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón y fue iniciado entonces un proceso en contra de los involucrados en los hechos del 10 de agosto de 1809. Morales permaneció en la cárcel, hasta que el bravo pueblo quiteño lo intentó liberar el 2 de agosto de 1810 pero, como es por todos conocido (incluso Dios “miró, y aceptó el holocausto”, según cuenta nuestro himno), dicho intento de liberación fracasó.

El final, entonces, fue atroz. Las tropas del Perú que cuidaban la cárcel, en respuesta a la incursión, pasaron por las armas a todos los presos que pudieron, entre ellos, al exministro Morales, único funcionario de ese efímero y nada efectivo Ministerio del año 1809. Y sanseacabó.