La Corte omite y tropieza

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de febrero de 2023.

La nueva Corte Constitucional emitió en mayo de 2019 el dictamen No 2-19-IC/19 con el que blindó la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo. Esta columna demostrará que el citado dictamen viola el derecho a la motivación por omitir el análisis sobre si sus evaluaciones y destituciones cumplieron con el debido proceso y viola el derecho a la imparcialidad porque con su dictamen la Corte defendió un interés propio. 

La actuación del Consejo Transitorio se basó en la pregunta 3 y su anexo, aprobados en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Lo que la voluntad popular autorizó aquel día fue la organización de un proceso de evaluación de autoridades “garantizando el debido proceso”. Entonces, el dictamen de la Corte Constitucional debió analizar si la actuación del Consejo Transitorio garantizó o no el debido proceso de las personas evaluadas. 

La Corte Constitucional no lo hizo, a pesar de que en el citado dictamen indicó que uno de los “criterios impuestos al órgano transitorio para su producción normativa” era “garantizar el debido proceso” (Párr. 49). La producción normativa del Consejo Transitorio se concretó en el “Mandato de evaluación” del 28 de marzo de 2018. 

Varios artículos de este “Mandato” vulneraron derechos, si contrastados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: por no permitir que se conozcan las acusaciones de manera oportuna y completa (Art. 3, 1er. inciso), se vulneró la garantía de recibir una comunicación previa y detallada de la acusación (v. Caso Barreto Leiva); por el carácter reservado de la investigación (Art. 3, 3er. inciso), se vulneró el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la defensa (v. Caso Palamara Iribarne); por el  diseño del recurso de revisión (Arts. 9 al 12), se vulneró el derecho de recurrir del fallo (v. Caso Amrhein y otros). 

Este “Mandato”, por ser posterior a los hechos, impreciso y sin reserva de ley, violó los principios de legalidad (v. Caso Kimel) y de retroactividad (v. Caso Maldonado Ordóñez). 

Entonces, por omitir el análisis sobre si el “Mandato” cumplía el debido proceso, el dictamen de la Corte Constitucional violó el derecho a la motivación.

Para la consideración de que el dictamen de la Corte Constitucional viola el derecho a la imparcialidad el precedente es un caso ecuatoriano resuelto por la Corte Interamericana en agosto de 2013 (Caso del Tribunal Constitucional). En este caso, la Corte Interamericana consideró que si un nuevo Tribunal Constitucional resuelve que no se puede discutir la destitución de los jueces del anterior Tribunal Constitucional, ello sería un acto hecho en interés propio, por ende, que no reviste “garantías suficientes de imparcialidad” (Párr. 235).

Pues esto mismo ocurrió con el Consejo Transitorio: este órgano destituyó a los anteriores jueces de la Corte Constitucional, y el blindaje a su actuación hecho por la nueva Corte Constitucional fue hecho en interés propio (lo que da sentido a la omisión ya explicada). 

El que se repita esta violación del derecho a la imparcialidad demuestra que el Estado ecuatoriano es aquel animal que puede tropezar una, dos veces (cientos de veces), con la misma piedra.

Colindres contra el Consejo Transitorio

            Publicado en diario Expreso el 10 de febrero de 2023.

Para resolver los casos que llegan a su conocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respeta los precedentes de su propia jurisprudencia. Por ello, es importante que se conozca su caso Colindres Schonenberg vs. El Salvador, resuelto el 4 de febrero de 2019. Es un precedente importante para los futuros casos que conocerá la Corte Interamericana en contra del Estado del Ecuador por la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo.

En el caso Colindres Schonenberg, la Corte Interamericana conoció acerca de la destitución de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg. Según los representantes del Estado de El Salvador en este proceso internacional, una autoridad legítima de su país (la Asamblea Nacional) con la facultad para destituir a Colindres, tras respetar el debido proceso, resolvió su destitución. Según los representantes del Estado salvadoreño, la actuación de su autoridad legítima era irreprochable.   

En los casos que conocerá la Corte Interamericana por la actuación del Consejo Transitorio, seguramente los representantes del Estado del Ecuador tratarán de hacer este mismo tipo de defensa: dirán que el Consejo Transitorio era una autoridad legítima, creada por la voluntad popular, cuya actuación resulta irreprochable por decisión de la Corte Constitucional. 

En el caso Colindres Schonenberg la Asamblea Nacional de El Salvador creó una comisión ad hoc que evaluó la permanencia de Colindres de acuerdo con normas que se dictaron con posterioridad a los hechos que cometió Colindres. Esto es exactamente lo que ocurrió en el Ecuador, salvo que en el Ecuador no se evaluó y destituyó a una sino a un total de 28 autoridades.

Sobre estas prácticas, la Corte Interamericana consideró: “las personas tienen derecho a ser juzgadas con arreglo a procedimientos previos y legalmente establecidos, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”. Si se incurre en ello, el Estado será responsable por violar el derecho de toda persona a ser juzgados por un juez competente. 

Para la Corte Interamericana, toda vez que se prueba que los juzgadores de las autoridades son incompetentes y que las normas para su juzgamiento son posteriores a los hechos que se les imputan, ya es innecesario analizar las demás violaciones a las garantías procesales. Para la Corte Interamericana, la violación del derecho a ser juzgado por un juez competente convierte a todo el proceso llevado a cabo en contra de las autoridades en el “fruto de un árbol envenenado”, sea dicho con las palabras del Juez Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana entre los años 2004 y 2007.

La Corte Interamericana podría encontrar muchas otras violaciones a las garantías del debido proceso en la actuación del Consejo Transitorio. Pero basta que se identifique a este Consejo como un juzgador no competente, para que el Estado del Ecuador pierda todos los casos que se presenten en su contra por las evaluaciones y destituciones que hizo. 

Es sólo cuestión de tiempo.

La tristeza socialcristiana

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de febrero de 2023.

Gane o pierda en las elecciones para la alcaldía de Guayaquil este 5 de febrero, el PSC tiene que admitir la derrota de su modelo de desarrollo. Después de más de 30 años de manejar el poder de manera casi omnímoda en Guayaquil, el resultado ha sido una ciudad donde la vida es mucho menos una cosa de dignidad como lo es de supervivencia, donde la violencia campea, el tráfico desespera y la existencia de las personas tiene precio. Este desastre, consecuencia de un modelo de desarrollo impuesto por tres décadas, ya no puede ser asociado con el éxito. Es un rotundo fracaso.  

Y no cabe excusar el fracaso en el gobierno central. No porque el gobierno central haga algo (no hace nada, o al menos, nada bien) si no porque, si bien el gobierno municipal no tiene competencia en seguridad, sí que tiene las competencias para hacer de Guayaquil una ciudad segura. Una ciudad segura tiene una atención digna de las obras y los servicios, que deben llegar a todos los sectores de la población con independencia de su condición económica. Una ciudad segura tiene una provisión adecuada de áreas verdes y de espacios públicos inclusivos y apropiados por los ciudadanos (todas estas son obligaciones de una alcaldía según el COOTAD). Una ciudad es segura cuando ocurre que la ciudadanía la siente como propia, pues así la cuida y la quiere. 

Pero el modelo de desarrollo que se impuso en Guayaquil por tres décadas ha favorecido un crecimiento urbano de cemento y adoquín, de rejas y espacios cerrados, en los que se ha diferenciado la dotación de las obras y los servicios según la condición económica de sus beneficiarios. Una ciudad excluyente y gris, un paciente cultivo de 30 años para producir el desastre actual: una ciudad ajena a sus habitantes, que la miramos con recelo.

Entonces, Guayaquil no es una ciudad segura porque su modelo de desarrollo marca PSC la ha llevado a otra parte.

Si pierde el PSC en las elecciones 2023 concluirá una era. Si gana el PSC, languidecerá en lo que resta de ella. Porque no sólo que el modelo del PSC ha sido perjudicial para Guayaquil (pues la ha llevado a contramano de ser una ciudad segura) sino que hoy lo encarna su versión más insustancial y caricaturesca de un líder socialcristiano, una alcaldesa que no apela a ideales porque ha descendido al recurso roldosista de las dádivas en forma de pollos y cervezas. 

Una alcaldesa a quien la ciudad se le descalabró, a quien se le murieron por miles durante la pandemia y a quien se le mueren por miles debido a la violencia desbordada, pero que crea un personaje para un juego en línea titulado “Guayakill” (esto parece el sub-producto de un psicotrópico). Ese “kill” es su gran contribución a la historia de Guayaquil. Viteri es una asesina serial de las posibilidades de desarrollo de esta ciudad.

Ya estamos en el momento en que se debe admitir que la reelección de la alcaldesa Viteri resulta una garantía de que las cosas irán para peor.

Y que gane o pierda en las elecciones del 5 de febrero, el socialcristiano debería estar triste, tristísimo. Su proyecto de ciudad no sirvió para un carajo: 30 años después en Guayaquil se vive tan mal, y muchos dirán que peor, comparado a como se vivía a principios de los años noventa.

Viteri mató el discurso del "éxito"

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de enero del 2023.

En estas elecciones 2023 la alcaldesa Cynthia Viteri, por ser una candidata lanzada a la reelección, representa la continuidad. En estos días, esa es una posición incómoda porque esta ciudad, dado lo mal que se vive en ella, necesita un cambio.

Guayaquil necesita un cambio en su división administrativa para una mejor atención con obras y servicios a su población. La actual división por parroquias es heredera de una ordenanza de febrero de 1956. El desfase entre esta ordenanza de 1956 y el crecimiento de Guayaquil ha producido unas gigantes parroquias de expansión urbana, con enormes cinturones de miseria y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, que son el caldo de cultivo de la violencia (de lo mal) que se vive hoy en Guayaquil.

Guayaquil requiere una nueva división por parroquias y que éstas sean lo más homogéneas posible en territorio y población. Una mejor provisión de obras y servicios a las parroquias será la consecuencia de acopiar una información precisa sobre sus necesidades insatisfechas y sus requerimientos para enfrentar el cambio climático. Con esta información, se podrán  diseñar y aplicar políticas públicas para una provisión digna de las obras y servicios en cada parroquia, con un enfoque verde, inclusivo y sostenible. Esto implica el abandono, de una vez por todas, de la ideología socialcristiana que dice que la provisión de las obras y servicios se debe hacer según la capacidad económica del beneficiario.

Es decir: lo que se tiene que hacer en Guayaquil es el exacto contrario de lo que se ha hecho en Guayaquil en los últimos cuatro años. 

De lo anterior se sigue que la continuidad de la alcaldesa de Guayaquil es indeseable. Ella empezó sus andanzas siendo la desorientada alcaldesa de los tiempos del Covid, mientras la gente moría en las calles y no había ni dónde enterrarla. (El clímax de su desorientación fue bloquear la pista del aeropuerto para impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario.) La alcaldesa ha sido testigo impávido del descenso a los infiernos de la violencia en Guayaquil y como torpe consuelo ha insistido en echarle la culpa a otros. Ha sido el suyo un período de gobierno municipal sin ninguna obra de relevancia, ni tan siquiera ha podido completar una troncal de la Metrovía (la última se entregó hace 10 años; faltan cuatro que debieron estar el 2020).

  

Pero su notoria ineficacia es poco frente a la vuelta a las corruptelas y al populismo. En su administración abundan las sospechas de corrupción: por los terrenos del exmarido en los alrededores del nuevo aeropuerto, por el negocio de las vallas fantasmas y la aromaterapia, por el sobreprecio en la pintura del proyecto “Letras vivas” y la nómina inflada, suma y sigue. Pero peor ha sido su caída al populismo del gas, el pollo y la cerveza, amparada en un discurso digno del más rancio roldosismo: “El dinero del Municipio es del pueblo, por eso se lo devolvemos al pueblo”. En realidad, estas dádivas son sus manotazos de ahogado. 

Entonces, si algo encarna la alcaldesa Viteri, eso es la muerte del modelo “exitoso” de desarrollo, tanto por su notoria ineficacia como por su triste descenso a las corruptelas y el populismo del que se quiso escapar en 1992. 

El ensueño breve de García Moreno

            Publicado en diario Expreso el 20 de enero de 2023.

La séptima Constitución del Estado del Ecuador, adoptada en 1861, prescribía un período presidencial de cuatro años y prohibía la reelección consecutiva del presidente, habilitándola después de un período (Art. 62). La octava Constitución, adoptada en 1869, prescribía un período presidencial de seis años y autorizaba la reelección consecutiva del presidente, prohibiendo una siguiente reelección (Art. 56). Bajo el imperio de la primera Constitución, Gabriel García Moreno gobernó un período completo de gobierno. Bajo el imperio de la segunda, murió en el intento.

La Constitución de 1861 fue el fruto de una guerra civil que casi despedaza al Ecuador. El bando triunfador convocó a la reunión de una Asamblea Constitucional que produjo esa Constitución y que eligió Presidente Constitucional a Gabriel García Moreno. Pero la Constitución de 1861 le pareció a él insuficiente para gobernar y le impuso una pausa forzosa a su gobierno. García Moreno concluyó su período en 1865 y recién podría volver a gobernar en 1869.

Para la elección de 1869, una alianza interregional de Guayaquil y Cuenca había postulado la candidatura a la Presidencia de Francisco Xavier Aguirre, “un guayaquileño muy poderoso y enraizado en la sociedad costeña, capaz de arrastrar tras su figura el voto mayoritario”, como lo definió Ana Buriano. Frente a la posibilidad de perder la elección, subido en una ola de popularidad por su gestión exitosa en Imbabura tras el terremoto de agosto de 1868, García Moreno sublevó el 16 de enero de 1869 a la guarnición de Quito y obtuvo el apoyo de un acta firmada por los notables quiteños. Elegido por ellos Presidente “provisional”, también eligieron Vicepresidente a su cuñado, el quiteño Manuel Ascázubi. 

En su nuevo cargo, García Moreno organizó las elecciones para una Asamblea Constitucional a la que pobló de adictos suyos. Ella produjo la Constitución de 1869, la que daría forma a su proyecto católico, aquel que la Constitución de 1861 le impedía concretar porque según él decía, “las leyes que tenemos son insuficientes para impedir el mal y hacer el bien”. García Moreno sometió la Constitución de 1869 a referéndum (volvería a ocurrir en 1978 y 2008) y ganó con una aplastante mayoría del 96.36% (de un universo de 14.154 votantes).

La Asamblea Constitucional de 1869 lo eligió Presidente Constitucional a García Moreno. En esos casi seis años gobierno, García Moreno llevó a cabo su ambicioso proyecto conservador para “hacer el bien”. Y ahora que podía, buscó la reelección. 

Del 3 al 5 de mayo de 1875 se celebraron elecciones para la Presidencia (período 1875-1881). El aplastante triunfador fue García Moreno con el 99.1% de los votos (de un universo de 22.726 votantes). Él debía empezar su nuevo período el 10 de agosto pero machetazos y balazos acabaron con su vida, el 6 de agosto, al pie del Palacio de Carondelet. 

En 1875, ya estando a toque, Gabriel García Moreno no pudo concretar la reelección. Nuevamente, el héroe conservador no pudo continuar su obra. En 1865 se lo impidió la ley, en 1875 se lo impidieron manos asesinas. 

Y su obra fue efímera. Una nueva Constitución, la novena, adoptada en 1878 tras un nuevo golpe de Estado, desmontó su sistema conservador.  

Las elecciones de 1809

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. El historiador François-Xavier Guerra ha destacado la importancia de estas elecciones: “antes incluso que en la España peninsular, América entera es llamada a las urnas en un proceso electoral que, por tener lugar a escala de un continente, no tiene precedentes en la historia mundial”. 

Estas elecciones fueron para elegir los diputados a la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, órgano constituido en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 para gobernar en nombre y en lugar del rey de España. La Junta Central era, hasta el retorno del rey, la “depositaria de la autoridad soberana”. En la península, ella se integró con los delegados de las juntas provinciales constituidas tras las abdicaciones de Bayona (la primera, la Junta de Asturias, creada el 25 de mayo de 1808).  

Por real orden del 22 de enero de 1809, la Junta Central invitó a los españoles de América a que elijan nueve diputados, a razón de uno por cada Virreinato y cada Capitanía General (también hubo un diputado por Filipinas, por ser Capitanía General). Este número evidenciaba una desigualdad en la representación: la península tenía treinta y seis delegados (a razón de dos por cada junta provincial) mientras que para toda América se tenía nueve diputados. 

El procedimiento de votación fue corporativo y de dos niveles. Primero, los cabildos de las ciudades principales votaban para elegir tres personas, entre los que se sorteaba después a uno. Hechas todas estas elecciones, el virrey o el gobernador, a partir de estos nombres, repetía el proceso. Él designaba una terna y después se sorteaba a uno. El favorecido por la suerte se convertía en el diputado a la Junta Central, que tenía sede en Sevilla. Allá debía él viajar. 

Cosa curiosa: para esta elección, la provincia de Quito integró el Virreinato de la Nueva Granada, mientras que las provincias de Guayaquil y Cuenca integraron el Virreinato de Lima.

Como ciudad principal que era del virreinato de la Nueva Granada, Quito designó como su representante al quiteño Juan José Arias-Dávila Matheu, conde de Puñonrostro. Pero en la elección que se celebró el 16 de septiembre de 1809 en la capital virreinal (Santa Fé), el conde quiteño perdió. La suerte lo favoreció al cartagenero Antonio de Nárvaez.

Cosa contraria le ocurrió a Guayaquil. Su cabildo designó a su representante, el sacerdote guayaquileño José de Silva y Olave, residente en la ciudad de Lima y chantre de su catedral. En la elección que se celebró el 19 de septiembre de 1809 en la capital virreinal (Lima), la suerte lo favoreció a él. Y pronto Silva emprendió su viaje a la España peninsular para integrar el órgano que gobernaba en nombre y en lugar del rey de España. Lo hizo en compañía de su sobrino y secretario, José Joaquín de Olmedo. En diciembre de 1809, ellos partieron desde Guayaquil rumbo a Sevilla.

La disolución de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino el 30 de enero de 1810, por la caída de Sevilla en manos francesas, los pilló a Silva y Olmedo en la Ciudad de México. Disuelta la Junta Central, el resto de su viaje era ya innecesario. 

Pegaron la vuelta.

Elecciones con un twist perverso

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. Un historiador que las estudió, François-Xavier Guerra, definió a los partidos políticos que participaron en ellas como “redes de hombres unidos por vínculos muy diferentes (de parentesco, de compadrazgo, de clientela, de interés, de origen geográfico común), que se definen ante todo por su oposición a una red rival”.

En el Ecuador, más de 200 años después, esta definición sigue siendo útil para caracterizar a partidos y movimientos políticos. Casi sin excepción, ellos no se definen por una ideología, se definen ante todo por la oposición a un rival. Así, su preocupación mayor no es servir a la población con leyes y políticas públicas afines a su ideología, pues lo que realmente les preocupa es ocupar los espacios de poder en detrimento de su rival. Esto, en la práctica política ecuatoriana, desemboca en el “reparto de la troncha”.

Observadores internacionales de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han señalado los graves problemas que tiene el Estado del Ecuador para la fiscalización y el control del financiamiento privado a las candidaturas. Desde la OEA se ha recomendado al Estado que fortalezca las capacidades del órgano de control electoral (el CNE) y sus facultades para detectar las infracciones a las normas sobre financiamiento privado a las candidaturas y aplicar las correspondientes sanciones. En cada elección, la OEA reitera esta recomendación, pero invariablemente el Estado del Ecuador la ignora.   

Que no se ha hecho ni se hará nada en materia de fiscalización y control del financiamiento privado a las candidaturas quedó claro en la entrevista a uno de los consejeros del CNE publicada en este diario el 1 de enero. Ante una pregunta sobre la posibilidad de un financiamiento privado con “dineros irregulares”, el consejero Enrique Pita respondió que ello “rebasa nuestra responsabilidad”, al tiempo que reconoció que “los recursos que se justifican ante el CNE son ínfimos respecto a la gran cantidad que se utilizan en una campaña”, para formular entonces la siguiente pregunta: “¿quién invierte tanto y por qué para un puesto que, muchas veces, no compensa el sueldo?”. Él mismo se la respondió: “comenzamos a mirar que posiblemente haya intereses que no guardan necesariamente relación con lo electoral y con el servicio”.  

Así, tenemos dos malos elementos: un CNE sin capacidad de fiscalización y control de los “dineros irregulares” que financistas privados aportan a las candidaturas y muchos candidatos sin ideología ni voluntad de servicio. Es muy probable que, si esos candidatos llegan a ocupar un cargo público, devuelvan los favores a los financistas privados que hicieron posible su triunfo. Esto es el “reparto de la troncha” en acción. 

Éste ha sido el funcionamiento del sistema político-electoral ecuatoriano durante muchos años, pero ahora se añade un twist perverso: el narcotráfico. En este nuevo escenario, la habitual ineficacia del Estado para fiscalizar y controlar los “dineros irregulares” puede causar la máxima perversión de la democracia: políticos funcionales al crimen organizado.

El heroísmo del villano

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de diciembre de 2022.

Se suele decir que el 10 de agosto de 1809 en Quito fue el primer grito de la independencia y se lo ha querido convertir en un episodio fundacional de la República del Ecuador, con más pena que gloria. Porque si algo, Quito buscó exterminar al Ecuador. Y tras su fracaso en ese propósito, surgió la República del Ecuador.

El 10 de agosto de 1809 en Quito es la búsqueda de remediar un fracaso, fracasando de nuevo. La modernidad (los barcos que ya podían cruzar el Cabo de Hornos, las telas más baratas y de mejor calidad provenientes de Inglaterra) y las reformas borbónicas desbarataron su industria obrajera. La ciudad conoció una gran pobreza y la pérdida de jurisdicción por todas partes: en 1779 un nuevo obispado en Cuenca privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793 Esmeraldas, Tumaco y La Tola pasaron a administrarse desde Popayán; en 1802 Mainas pasó a ser administrada desde la Península; en 1803 Guayaquil pasó a administrarse desde Lima. El 10 de agosto fue la revancha de Quito, hoy disfrazada de heroísmo ecuatoriano.

Porque lo que se presume como heroísmo fue un intento quiteño de imposición sobre los territorios vecinos, la vana pretensión de recuperar los territorios perdidos en años recientes. Desde la Junta de Gobierno de Quito se ordenó la destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Popayán, Cuenca y Guayaquil, y el nombramiento de nuevas autoridades adictas al régimen de Quito. El rechazo que siguió fue terrible: en el curso de un año, la Junta de Gobierno de Quito cayó, se persiguió penalmente a sus principales cabecillas y se mató a la mayoría de ellos en la cárcel, y además al 1% de la población de la ciudad. Las provincias vecinas, a Quito, le impidieron su revancha y la castigaron por atrevida. Mucha pena, poca gloria.

Pasó el tiempo y en 1830, dos de las tres provincias que apalearon a Quito en 1809-1810 (Guayaquil y Cuenca), en conjunto con la provincia de Quito, formaron el Estado del Ecuador (todavía no era República). En el primer período de gobierno, el país derivó a una guerra civil entre la Costa y la Sierra. En enero de 1835, el Ejército de la Costa, cuyo Jefe Supremo era Vicente Rocafuerte y su Comandante Juan José Flores, triunfó sobre el ejército de la Sierra. 

El triunfo de la Costa en la primera guerra civil ecuatoriana produjo que desde Quito se declare la disolución del Estado del Ecuador y la anexión de la provincia a Colombia (por entonces, Nueva Granada). El Ecuador subsistió porque al vecino país le pareció descabellada la propuesta quiteña. Nuevo fracaso doble: mucha pena, poquita gloria. 

Quito en 1809 no fundó nada, pues lo que ocurrió fue la paliza de las provincias vecinas a una provincia levantisca (un país llamado Ecuador no existía ni como concepto). Y cuando las provincias se unieron para formar el Ecuador, fue Quito en 1835 la que declaró la no existencia del Ecuador y su voluntad de unirse a otro territorio. Cuando fracasó en ello, se unió con las otras provincias ecuatorianas para fundar la República del Ecuador.

Así, la de Quito y la fundación del Ecuador es la historia del héroe que es, en realidad, un villano. Mucha pena, poquitita gloria. 

Caso Suárez Rosero vs. Ecuador

            Publicado el 23 de diciembre de 2022 en diario Expreso.

Fue en los agrestes años noventa cuando empezó el largo historial de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. El Estado recibió su primera condena en el caso Suárez Rosero, un proceso totalmente noventero: los hechos (la detención arbitraria de Suárez Rosero y el inicio de un proceso penal abusivo por encubrimiento de tráfico de drogas) ocurrieron en 1992, la denuncia de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en 1994, la elevación del caso por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana en 1995 y la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en 1997. 

La temática del caso Suárez Rosero es también muy noventera. Los noventas fueron la peor época (la más tosca en los conceptos, la más grosera en los procedimientos) de la represión estatal auspiciada por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  aprobada en septiembre de 1990. 

El caso Suárez Rosero resulta ilustrativo de la época. Por una denuncia anónima sobre una supuesta quema de droga en Zámbiza (Quito) hecha por personas que habían llegado en un vehículo “Trooper”, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Rafael Iván Suárez Rosero la madrugada del 23 de junio de 1992 mientras conducía un vehículo “Trooper” por las calles de Quito. Podría tratarse de una confusión, pero Suárez Rosero ya estaba jodido.

A Suárez Rosero lo apresaron sin una orden de detención en su contra y sin que exista delito flagrante. Lo condujeron a una celda en un cuartel de policía, de cinco por tres metros, compartida con otros dieciséis presos, húmeda y poco ventilada, asquerosa. Suárez Rosero no pudo comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados, pues desde el día de su detención hasta el 28 de julio de 1992 se lo mantuvo incomunicado. Durante los días que estuvo incomunicado, según su testimonio en la audiencia ante la Corte Interamericana, fue torturado. Nunca se supo el nombre del denunciante “anónimo” que lo condujo a este infierno.

Por su incomunicación, Suárez Rosero fue desprovisto de las garantías judiciales básicas. Por tratarse de un caso de narcotráfico, los recursos judiciales que intentó no fueron efectivos, e invariablemente fueron lentos. El recurso de hábeas corpus demoró 14 meses (cuando la legislación hablaba de horas) hasta su denegación. El proceso penal demoró más de cuatro años (tres años, ocho meses y seis días permaneció Suárez Rosero en prisión) para desembocar en una sentencia de condena a dos años de prisión. 

El caso Suárez Rosero ilustra a un Estado kafkiano y marcó el inicio del largo historial de condenas contra el Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. En Suárez Rosero la Corte lo condenó por violar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. 

Como violador serial de derechos humanos, el Estado tiene un récord lamentable: desde Suárez Rosero en noviembre de 1997 hasta este final del 2022 (25 años y contando, un cuarto de siglo), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha absuelto al Estado del Ecuador en un chulla caso y lo ha condenado en treinta y tres.

Nast en Guayaquil

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de diciembre de 2022.

El hombre que inventó a la máxima expresión del capitalismo, el Santa Claus obeso y rojo y sonriente que simboliza el paso de una fiesta cristiana a una vorágine de consumo, murió en Guayaquil. Se llamó Thomas Nast, fue cónsul de los Estados Unidos de América en esta ciudad y fue víctima de la fiebre amarilla en diciembre de 1902.

Nacido en Alemania (Landau, Baviera, 26 de septiembre de 1840) y emigrado a los Estados Unidos de América a los seis años, Thomas Nast se convirtió en el caricaturista más influyente de la segunda mitad del siglo XIX en su país de adopción. Contribuyó con sus caricaturas en varias publicaciones, principalmente en Harper’s Weekly; peleó contra la corrupción en Nueva York y apoyó la candidatura presidencial (finalmente vencedora) del general Ulysses Grant. Nast fue el autor de símbolos de la política estadounidense tan notables como el elefante que identifica al Partido Republicano y el burro que identifica al Partido Demócrata.  

En 1886 Nast abandonó Harper’s Weekly e intentó con su propia revista. Fracasó. Por un tiempo se dedicó a la pintura, pero cayó en honduras. En la acuciante necesidad de obtener un puesto estable, acudió a los amigos que tenía en el gobierno demócrata del presidente Theodore Roosevelt. Entonces a Nast le fueron ofrecidos algunos puestos diplomáticos, ninguno de gran valor. Finalmente escogió el puesto de cónsul en Guayaquil, pues de los ofrecidos era el más cercano a Nueva York. 

Thomas Nast partió de Nueva York rumbo a Guayaquil el 1 de julio de 1902. Se vino de avanzada, dejando a su familia atrás. Asumió su cargo de cónsul en Guayaquil el 19 de julio de 1902 y lo ejerció hasta su muerte, 4 meses y 16 días después, víctima de una fiebre amarilla que lo tumbó desde los inicios de diciembre. En esos días guayaquileños, Nast se forjó una idea de la ciudad en la que vino a hallar la muerte. Y no fue una idea feliz.   

En los días que vivió en Guayaquil (en sus últimos días), el cónsul Nast experimentó una profunda amargura. Era su opinión que la vida en Guayaquil se complicaba porque “el fuego, la fiebre amarilla y el polvo no ayudan a aclarar la mente”. Lo incomodaba la naturaleza chismosa de la sociedad guayaquileña y la suciedad (“oh, qué lugar es este para el chisme. Corre salvaje, como las ratas”). Su mayor felicidad en Guayaquil fue que su esposa Sallie no lo haya acompañado al desempeño de este puesto diplomático, pues así ella no padecía lo que él estaba padeciendo.

Todavía nadie se ha preocupado de estudiar las opiniones de Nast para obtener su mirada crítica del Guayaquil de principios del siglo XX, siendo que Nast ejerció un cargo de relevancia y tenía una exquisita capacidad de observación. Un historiador interesado podría acudir a la Rutherford B. Hayes Presidential Center en la ciudad de Fremont, Ohio, pues esa institución compró el año 1959 la Thomas Nast Collection, en la que se encuentran las cartas y dibujos del “período de servicio consular de Nast en el Ecuador durante 1902”, según informa su página web.

Thomas Nast murió el 7 de diciembre de 1902. Sus restos fueron trasladados por su viuda Sallie a los Estados Unidos y hoy reposan en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, Nueva York.

Sobre la fundación de Quito

            Publicado el 09 de diciembre de 2022 en diario Expreso

El conquistador Diego de Almagro fue el fundador de una ciudad y una villa en una agitada quincena del mes de agosto de 1534, fundaciones hechas en la llanura de Liribamba, en las cercanías de la laguna de Colta. La ciudad se convertiría en Santiago de Guayaquil y la villa (ascendida a ciudad en marzo de 1541 por el rey Carlos I de Castilla) se convertiría en San Francisco de Quito. Esto significa que Guayaquil y Quito comparten un mismo fundador y un mismo lugar de fundación, siendo Guayaquil anterior a Quito por trece días. 

Diego de Almagro fundó la ciudad de Santiago el 15 de agosto de 1534 y la fundó para oponerla a las pretensiones de otro conquistador, Pedro de Alvarado, como evidencia de una anticipada posesión de la tierra por los españoles comandados por Francisco Pizarro, de quien Almagro era su representante. Este hecho lo disuadió a Alvarado de continuar con su empresa de conquista: negociaron entre conquistadores el 26 de agosto y Alvarado aceptó el pago de 100.000 pesos de oro y volverse por donde vino. Esta ciudad de Santiago fundada el 15 de agosto se la trasladó a la Costa y se la terminó asentando en un cerro el año 1547, tomando el apellido “de Guayaquil” por el nombre de un cacique del sector. 

La villa de San Francisco, por su parte, Diego de Almagro la fundó después de este arreglo entre conquistadores, el 28 de agosto de 1534. Y la fundó con el específico propósito de ocupar el espacio que entonces ocupaba un pueblo indígena. Lo decía claramente su acta de fundación del 28 de agosto, en la que se autorizaba el traslado de la villa de San Francisco “al sitio e asiento donde está el pueblo que en lengua de indios se llama Quito, que estará treynta leguas más o menos de esta ciudad de Santiago”. 

La villa de San Francisco, apellidada “de Quito” por el nombre indígena de la zona que se estaba conquistando, cumplió este traslado indicado en su acta de fundación el 6 de diciembre de 1534. Ese día, entonces, empezó la ocupación y total destrucción por los españoles del pueblo indígena llamado Quito, para erigir una villa española a su entero gusto. En un libro laudatorio de Quito (“La Real Audiencia de Quito. Claustro en los Andes”), su autor, Ricardo Descalzi, cita a Luciano Andrade Marín para resaltar que de la Quito indígena los españoles lo destruyeron todo “sin dejar una piedra sobre piedra en todo lo que había sido palacio real, almacenes, templos, fortalezas y sepulcros de los antiguos Reyes […] Una vez demolida la Quito Inca, los conquistadores se amoldaron a levantar sus viviendas”. 

Entonces, sobre la fundación de Quito: Primero, no ocurrió el 6 de diciembre de 1534, pues ese fue el día en que se cumplió el traslado de la villa, pero su fundación (en cuya acta se prefiguraba el postrer traslado) ocurrió el 28 de agosto de 1534, trece días después de fundada la ciudad de Santiago. Segundo: lo que finalmente se conmemora, cuando se recuerda el 6 de diciembre en Quito, es la ocupación y total destrucción de un pueblo indígena. Y salvo por un profundo desprecio hacia el mundo indígena, las autoridades de la franciscana ciudad deberían revisar la fecha que cada año conmemoran. 

Porque esa fecha, además de falsa, es malosa.  

Historia de dos ciudades

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de diciembre de 2022.

En un cabildo abierto celebrado el 11 de julio de 1688, hartos de los recurrentes incendios y de los ataques de corsarios y piratas, los cabildantes guayaquileños decidieron solicitar al Virrey del Perú que autorice la mudanza de su ciudad. Para 1688, Guayaquil seguía en el mismo emplazamiento en que había quedado tras su asentamiento definitivo en 1547: era una pequeña ciudad española, de unos 3.000 ó 4.000 habitantes, desbordándose en un cerrito al fondo del golfo en el Pacífico Sur que lleva su nombre. Pero pronto dejaría de ser eso, pues en 1693 el Virrey del Perú decidió acoger la petición de los guayaquileños y autorizó su mudanza. 

Guayaquil pasó entonces a establecerse en la “sabaneta”, un espacio que el historiador Julio Estrada Ycaza ha situado en “un cuadrado de cinco cuadras de frente (Luque a Colón) y cinco de fondo (Pichincha a Boyacá)”. Se mudaron allí casi todos: el Corregidor en 1693, el Cabildo en 1696, los vecinos más adinerados, los grupos religiosos (salvo los dominicos), la iglesia parroquial y el Santísimo Sacramento. Pero otros tantos (en general, los más pobres) se quedaron habitando en el cerro. De su resistencia surgieron las dos ciudades: la ciudad que se estableció en la sabaneta pasó a ser conocida como “Ciudad Nueva” y la que se quedó en el cerro pasó a ser conocida como “Ciudad Vieja”.  

Hacia 1710, por gestión del Corregidor Jerónimo de Boza, Guayaquil empezó a construir un puente de madera de 800 varas de largo y 2 de ancho, para unir a la Ciudad Vieja con la Ciudad Nueva. Este puente de 800 varas (equivalentes a unos 664 metros) atravesaba los cinco esteros que había entre el cerro y la sabaneta, que eran, de Norte a Sur: Villamar, Junco, Campos, Morillo y Lázaro.

Esta pintoresca ciudad tropical, partida en dos pero unida por un largo puente que cruzaba cinco esteros, empezó a crecer: al menos desde 1738, según María Luisa Laviana Cuetos (“Guayaquil en el siglo XVIII. Recursos naturales y desarrollo económico”) se empezó a poblar el barrio del Bajo, “que constituyó una especie de suburbio habitado por indígenas y gentes pobres” en los alrededores del puente de las ochocientos varas. También surgió el barrio del Astillero, que fue la prolongación de la Ciudad Nueva hacia el Sur. Más adelante, se formaron el barrio de Las Peñas en el cerro Santa Ana (en ese entonces, “habitado principalmente por pescadores”), una extensión del barrio del Astillero que siguió al Sur pasando el estero de San Carlos (que hoy, rellenado, es la avenida Olmedo) y el barrio de la Sabana, que fue la prolongación del barrio del Bajo por detrás de la Ciudad Nueva.

El crecimiento de la ciudad borró todo vestigio de que Guayaquil fue alguna vez dos ciudades unidas por un puente. Primero, una calzada de piedra reemplazó al puente de las ochocientas varas, y a cada estero lo cruzaba un puente de madera. Luego cegaron los esteros y tumbaron los puentes: progreso, que le dicen. Y del resto se encargó el fuego: el Incendio Grande del 5 y 6 de octubre de 1896 lo quemó todo al Norte de la calle Aguirre y desapareció totalmente el antiguo barrio del Bajo.

Una historia empezada a fines del siglo XVII con una mudanza, concluyó a fines del siglo XIX por el fuego.

Capitalismo de amigos

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de noviembre de 2019.

Que “Guayaquil no es más que un mangle con ínfulas de ciudad” escribió el historiador Julio Estrada Ycaza en la introducción del tercer tomo de su extraordinaria “Guía Histórica de Guayaquil”. Y ha ocurrido que, por el acelerado crecimiento que experimentó Guayaquil desde los años cincuenta, sus ínfulas de ciudad arrasaron con su mangle, con su naturaleza. En palabras del historiador Estrada, escritas a inicios de los noventa: “Se ha ido la belleza, y una fuente de vida; han quedado los escombros y el hedor”. Y que conste que él lo escribió antes de empezar la administración del PSC en Guayaquil.

Porque durante estos 30 años de administración del PSC, que ha sido el período de mayor expansión urbana de Guayaquil bajo un mismo gobierno, el crecimiento de la ciudad continuó con la depredación de la naturaleza. Pero hoy es mucho peor, pues esa continua depredación atenta ya contra la supervivencia misma de la ciudad. Esto, debido a que su crecimiento ha sido decididamente horizontal, gris e impermeable, lo que no sólo encareció los costos de su hechura, sino que resulta muy perjudicial para la mitigación de los daños que causarán las inundaciones que ocurrirán por la elevación del nivel del mar en razón del cambio climático. 

Desde el año 2013 se conoce, por un estudio que auspició el Banco Mundial y que consideró para el año 2050 una conservadora elevación del nivel del mar de apenas 20 centímetros, que Guayaquil es la tercera ciudad del mundo (después de Cantón en China y Nueva Orleáns en los Estados Unidos) cuya economía sufrirá más debido a las futuras inundaciones (este análisis se hizo para 136 ciudades costeras de más de 1.000.000 de habitantes). Para Guayaquil se calculó una afectación económica por encima de los 3.000 millones de dólares. 

El riesgo de inundaciones es una amenaza grave y real para la supervivencia de Guayaquil, riesgo que sólo ha podido incrementarse en las últimas décadas. La mayoría de sus zonas de expansión urbana (donde vive la inmensa mayoría) según un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF) del año 2013 (“La inundación de Guayaquil en marzo 2013”) ha crecido así: “lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano”. 

En este tipo de crecimiento se ha optado como solución para eliminar las aguas de lluvia la creación de extensas redes de alcantarillado, solución ineficaz que aumenta gravemente el riesgo de inundaciones, y también, solución muy costosa en su ejecución, pues puede “llegar a aumentar en seis (6) veces los costos” si son comparados con una estrategia diseñada “bajo los conceptos de ciudades verdes, inclusivas y sustentables”. Es decir, se paga mucho pero no en beneficio de la gente. Ha sido un crecimiento urbano pensado a gusto y conveniencia de las empresas constructoras, pero maldito para el ciudadano común. 

Así, en Guayaquil, por años hemos pagado mucho (un claro sobreprecio) para construir una ciudad inundable que nos hará mucho daño. Se benefició a unos pocos, en perjuicio de la inmensa mayoría. Y éste es, en esencia, el “capitalismo de amigos”, preparándonos un nuevo legado de escombros y hedor.

Los capitalistas salvajes

            Publicado el viernes 18 de noviembre de 2022 en diario Expreso.

Para decirlo de manera gráfica: durante 30 años (durante el período de mayor crecimiento urbano de Guayaquil) se puso la basura debajo de la alfombra. Mucha basura. Muchísima. Y vinieron los capitalistas salvajes, levantaron la alfombra y han encendido un ventilador gigante. Estamos basureados.

El crecimiento urbano de Guayaquil ha sido un caldo de cultivo para que surjan los capitalistas salvajes. Ha sido un crecimiento urbano cuya ejecución de obras y servicios se ha basado en la capacidad económica del beneficiario (llevada a un extremo sádico según el cual, donde ello no resultaba rentable, simplemente la ejecución de obras y servicios no se daba) y, por ende, ello debía resultar en una creciente población receptora de obras y servicios de segunda clase, una que malvive en los amplios cinturones de miseria que rodean la ciudad.

Un informe de la Corporación Andina de Fomento del año 2013 definió así el crecimiento urbano de estos sectores de Guayaquil: “lotes pequeños para las viviendas, aceras y accesos estrechos, limitadas áreas verdes, y en general una clara tendencia hacia la impermeabilización del suelo urbano”. Añadió que esta forma de ocupación del espacio eleva la temperatura de la ciudad, produce erosión y aumenta la contaminación. Y precisó que, en estos sectores, los servicios se prestan de una forma escalonada: “Se observa que el abastecimiento de agua es el primer servicio que se atiende, seguido de alcantarillado sanitario y, finalmente, siguiendo un enfoque tradicional ligado a la instalación exclusivamente de obras de conducción, se atiende el drenaje pluvial.”

No es difícil comprender que unas personas que, además de ser pobres, reciben unas obras y servicios de segunda (si es que los reciben) se encuentran en unas circunstancias muy difíciles para superar su situación de pobreza. Esas personas viven en lo que se conoce como “trampas de la pobreza”.

Y si todo lo que puede ofrecer Guayaquil a esas personas entrampadas en la pobreza es esta vida de segunda clase, realmente no existe un ideal de comunidad que ellas se sientan obligadas a respetar. Y aquí es cuando surge el capitalista salvaje, que es aquel que se enrola en la empresa ilegal de traficar drogas para escapar de su pobreza, de manera rápida y violenta, sin respetar al resto de la comunidad, imponiéndose a bala.

En rigor, no es una situación que empieza hace uno o dos años, ni hace diez, ni siquiera hace treinta años cuando inició el modelo socialcristiano (ya modelo a secas, porque ahora no hay quien lo moteje de “exitoso”). Es una situación que atraviesa la historia de la ciudad: unas élites que miran a la inmensa mayoría como meros recursos. El surgimiento de estos capitalistas salvajes es un subproducto de esta incesante mirada, acentuada en las últimas tres décadas.

Pero ocurre que hoy la situación se les está yendo de las manos. Sin un ideal compartido de comunidad, sin sólida institucionalidad, sin voluntad política de cambiar las condiciones estructurales que son el caldo de cultivo de los capitalistas salvajes, todo lo que se puede esperar es violencia, vacunas, balas.

Después de años de exclusión y olvido, el ventilador está encendido.

La revancha popular

            Publicado en diario Expreso el 11 de noviembre de 2022.

Camilla Townsend publicó un interesante estudio sobre el desarrollo económico en Norte y en Sur América, en el que comparó a las ciudades de Baltimore y Guayaquil durante la época de independencia de esta última. Para Guayaquil, la conclusión de Townsend fue que sus élites de 1820 no eran capaces de ponerse en el lugar de la población subalterna, lo que trajo consecuencias para su desarrollo: “Cuando consideraban construir un camino, rechazaban la idea sobre la base de que costaría a muy pocos, demasiado dinero”.

Esta perpetuación de la desigualdad ha sido la práctica del PSC durante la época de mayor crecimiento urbano de la ciudad. En el Guayaquil del PSC, las obras y servicios han dependido de la capacidad económica de sus beneficiarios: mientras más dinero se tiene, más y de mejor calidad se obtiene. (Esto tiene sanción legal en las ordenanzas sobre “regeneración urbana”). Así, por esta lógica perversa, los más pobres de Guayaquil, como nada tienen, nada reciben. Sobre la base de que dar obras y servicios no era rentable, Jaime Nebot dijo en sesión de concejo de octubre de 2010: “Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado o de agua potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor de Bastión y el límite de la Sergio Toral”. Castigados por pobres.

Este crecimiento desigual de Guayaquil ha creado verdaderas “trampas de la pobreza”, extensos espacios depauperados y sin posibilidades de desarrollo para sus habitantes. El gran teórico del derecho, Ronald Dworkin, en el artículo ¿Por qué los liberales debemos preocuparnos por la igualdad? razonaba: “Si el gobierno empuja a la gente por debajo del nivel en el que pueden contribuir a forjar su comunidad y obtener de ella cosas de valor para sus propias vidas, o si el futuro brillante que les ofrece es uno en el que a sus hijos se les promete una vida de segunda clase, entonces se tira al traste la única premisa sobre la cual se podría justificar su conducta”. Lo que conduce a la pregunta: ¿de qué comunidad se les puede hablar a los excluidos de Guayaquil? 

La misma pregunta se hizo la clase trabajadora de Guayaquil hace 100 años, cuando optó por una vía revolucionaria y obtuvo la masacre del 15 de noviembre de 1922.  La respuesta del Estado y de las élites fue tirar bala a matar y que corra sangre de los pobres de la ciudad.

Esa misma pregunta se está haciendo la gente que vive entrampada en la pobreza. Frente a la exclusión por un Estado (nacional y local) que únicamente ha podido ofrecerles una “vida de segunda clase”, su respuesta ha sido organizarse, pero no para seguir un camino revolucionario como en 1922. Se han organizado en revancha y para subvertir al Estado, con el propósito de someterlo a las necesidades de su negocio ilegal. En una sociedad sin oportunidades, es su forma de escapar de la pobreza. Es, en rigor, el triunfo del capitalismo más salvaje.  

Y la respuesta del Estado y de las élites será la misma de hace 100 años: tirar bala a matar y que corra sangre de los pobres de la ciudad. No saben hacer otra cosa.   

La revolución de Urdaneta

            Publicado el 4 de noviembre de 2022 en diario Expreso.

El primer Presidente del Ecuador, el venezolano Juan José Flores, se enteró de la muerte de su coterráneo Simón Bolívar por la intercepción de la correspondencia entre otros dos venezolanos, primos entre sí, Rafael y Luis Urdaneta. 

Al momento de la intercepción de la correspondencia entre los Urdaneta, Rafael Urdaneta era el Presidente provisional de la República de Colombia, o mejor dicho, de lo que iba quedando de ella, desmembrada por el Oeste y el Sur (Venezuela y Ecuador). Su primo, Luis Urdaneta, fue el enviado del Gobierno colombiano para que el recién fundado Estado del Ecuador regrese a Colombia.

Este Luis Urdaneta es el mismo venezolano que el 9 de octubre de 1820 participó en la independencia de Guayaquil. Él es quien le comentó a León de Febres-Cordero, después de haber matado a un militar español en esa jornada del 9 de octubre, que una “revolución no es una escuela de moral”.

El 4 de noviembre de 1830, Luis Urdaneta desembarcó en Guayaquil, esta vez con la misión de terminar con la independencia del Estado al que el Departamento del Guayas (la antigua “Provincia de Guayaquil”) pertenecía, para integrarlo de nuevo a la Colombia que gobernaba su primo.

Sin embargo, el primer Presidente de los ecuatorianos se negó en redondo a la oferta de su coterráneo. Y Luis Urdaneta, entonces, hizo lo que su época demandaba: organizó una revolución para que triunfe su idea. En palabras del historiador Juan Murillo Miró:

“… la guarnición de Guayaquil , compuesta en su mayor parte, como ya hemos dicho, de granadinos y venezolanos, al invocarse la unidad de Colombia y al oír el nombre de Libertador, pronuncióse el 28 de noviembre de 1830, apoyando con su conducta la evolución de Bogotá, y nombró al citado General don Luis Urdaneta Jefe Superior interino de los tres Departamentos del Sur”.

Es decir, el Departamento del Guayas desconoció al Presidente Flores a escasos 67 días de su posesión por el Congreso Constituyente y optó por el revolucionario Luis Urdaneta, antiguo héroe de su independencia. Enseguida lo secundó el Departamento del Azuay, pero el Departamento de Quito, por su parte, sostuvo al Presidente Flores en una proclama difundida el 11 de diciembre. Urdaneta avanzó con su ejército hasta Latacunga e iba a tomarse Quito, cuando ocurrió la intercepción de la correspondencia que le enviaba el Presidente de Colombia, en la que “daba cuenta a su primo don Luis de la infausta muerte del Libertador acaecida el 17 de diciembre, a la una de la tarde, en la hacienda de ‘San Pedro Alejandrino’, a inmediaciones de Santa Marta”. 

Tras conocerse la noticia de que murió Bolívar, la causa de Urdaneta se perdió de forma irremediable: “tuvo que capitular con el Presidente Flores, salir pronto del país, y dirigirse a Panamá donde murió en un patíbulo”.

A la revolución de Luis Urdaneta la mató la muerte del Libertador el 17 de diciembre de 1830. A Luis Urdaneta lo mató en Panamá un escuadrón de fusilamiento, el 27 de agosto de 1831, por buscar lo contrario de lo que buscó en el Sur: allá buscó separar a Panamá de una Colombia que ya no gobernaba su primo. Lo capturaron y lo mataron.

“La revolución no es una escuela de moral”. Este hombre encarnó su frase.

El temible Pedro de Puelles

            Publicado el 28 de octubre de 2022 en diario Expreso.

Nacido el año 1500, sevillano, Pedro de Puelles cruzó el océano Atlántico para conquistar territorios, en Guatemala y Nicaragua. En 1534, con las tropas del adelantado Pedro de Alvarado, desembarcó en las costas de Caráquez, trepando los Andes ecuatoriales sólo para encontrarse con las tropas de otro adelantado, Francisco Pizarro. Entonces los españoles negociaron (esto ocurrió el 26 de agosto de 1534) y Puelles decidió no regresar a Guatemala y quedarse a conquistar el Perú. Este vínculo con los Pizarro le atrajo una efímera fortuna y una muerte atroz.

Pedro de Puelles se vinculó a Quito y se ganó una merecida fama de cruel y despiadado. Participó de la fundación de Quito, fue uno de los primeros regidores de dicha villa y se convirtió en uno de los mayores encomenderos de la región. Cuando los conquistadores del Perú (liderados por un hermano menor de Francisco Pizarro, Gonzalo) resistieron las pretensiones de la Corona de Castilla de imponer límites a sus “derechos” de explotar a los nativos en las encomiendas a su gusto y a perpetuidad, Pedro de Puelles fue uno de los principales de esta rebelión. El rebelde Pizarro lo nombró Gobernador de Quito, cargo que Puelles ejercía el año 1547. Pizarro también nombró Tenientes de Gobernación para Guayaquil y Portoviejo. Para Guayaquil nombró al portugués Manuel Estacio y para Portoviejo, a Francisco de Olmos.  

Cuando el rey Carlos I de Castilla envió al obispo Pedro de la Gasca para pacificar estos territorios en rebelión, Francisco de Olmos decidió volver al redil del rey. Y Olmos consideró justo ir a Guayaquil, acompañado de una partida de españoles, para asesinar el 6 de abril de 1547 a los pizarristas que allí había (el portugués Estacio, Alonso Gutiérrez y un tal capitán Marmolejo) y así regresar Guayaquil al redil de rey. Y fue por temor a la venganza del Gobernador de Quito por haber cometido estos asesinatos, que los pocos habitantes de Guayaquil mudaron de asiento la ciudad, poniendo agua de por medio entre ella y Quito. Huyendo de Puelles, situaron la ciudad en la margen occidental del ancho río, en la cima de un cerro

La temida venganza del Gobernador Puelles jamás llegó. La mañana del 29 de mayo de 1547, Rodrigo de Salazar, quien de Puelles era “muy su amigo”, acudió a la casa del Gobernador en Quito. Lo encontró todavía en su cama y le solicitó que escuche el caso de la devolución de una india, que le iba a exponer un tercero. A una señal convenida, entró ese tercero y otros más, que lo cosieron a puñaladas a Puelles en su cama. Muerto Puelles, Quito regresó al redil del rey. 

Según el relato del historiador González Suárez, tras matarlo “sacan arrastrando el sangriento cadáver de Pedro de  Puelles, lo traen a la plaza, le cortan la cabeza, la cuelgan de la picota y sus miembros, hechos cuartos, se exponen en los caminos públicos, a la entrada de la ciudad, para escarmiento de los amigos de Pizarro”.

Después de esta muerte atroz, la fortuna de Puelles pasó a manos de Rodrigo de Salazar, uno de sus asesinos, quien también reemplazó a Puelles en el cargo de Gobernador de Quito. Y en cuanto a Guayaquil, ella quedó ya para siempre en el sitio que el año 1547 eligió para huir del temible Puelles.

Caso Trujillo Calero vs. Ecuador

            Publicado el 21 de octubre de 2022 en diario Expreso.

El caso Trujillo Calero es una sucesión de canalladas del Estado ecuatoriano, debidamente puestas en su sitio por un órgano internacional de derechos humanos.

Desde noviembre de 1981, Marcia Cecilia Trujillo Calero, ama de casa, aportó en la seguridad social del Ecuador como afiliada voluntaria. Por ocho meses consecutivos, entre 1989 y 1990, ella no pudo aportar, pero pagó esos ocho meses en abril de 1990. Siguió aportando como afiliada voluntaria hasta febrero de 1995, cuando pasó a trabajar en relación de dependencia. El 2001 renunció a su trabajo para acogerse a la jubilación anticipada. Ella pensó que cumplía las condiciones: haber hecho 300 aportes mensuales y tener, al menos, 45 años.

Pero el IESS le denegó a Marcia Trujillo el acceso a la jubilación anticipada. Según el IESS, ella no había completado los 300 aportes mensuales. Su razonamiento era que por no haber aportado esos ocho meses entre 1989 y 1990, las aportaciones voluntarias de Trujillo no eran válidas… a pesar de que a ella nunca se le notificó de esta invalidez en 1990 y el IESS siguió recibiendo sus aportes como afiliada voluntaria por varios años, hasta 1995. Según el Estado, como esa sanción de invalidez era la dispuesta en el Estatuto Codificado del IESS, la señora Trujillo debía conocerlo, a pesar de no haber sido nunca notificada. Y si ella siguió aportando, esto era culpa suya. Así lo sostuvo el IESS y todo tipo de justicia a la que Trujillo, por 14 años, acudió: administrativa, ordinaria y constitucional.

Pero en la jurisdicción internacional las canalladas del Estado no quedaron impunes. Trujillo denunció el año 2015 lo ocurrido ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano de vigilancia de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Este órgano de las Naciones Unidas resolvió el caso en marzo de 2018. Decidió que el Estado del Ecuador era responsable por la violación de los derechos de Trujillo a la seguridad social y a la no discriminación. Esto, por no haber informado de manera adecuada y oportuna a Trujillo de la sanción de invalidez, por haber desconocido sus expectativas legítimas tras seguir aportando como afiliada voluntaria, por la falta de proporción de la sanción y por la discriminación indirecta que produce una sanción que, aunque redactada de forma neutral, en la práctica afecta a un más alto número de mujeres que de hombres.

Por esta última consideración, Trujillo Calero fue la primera vez que un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas se pronunció sobre la relación existente entre el trabajo de cuidados no remunerados (como el de ama de casa) y el acceso a la seguridad social según el sexo. Opinó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la sanción dispuesta en el Estatuto Codificado del IESS si bien “puede ser problemática para quien recibe remuneraciones”, resulta mucho peor para una ama de casa: “[la sanción] puede llegar a ser devastadora para las mujeres que, como el caso de la autora, no cuenten con ingresos personales mensuales ni siquiera irregulares toda vez que se dedican al trabajo del hogar no remunerado”.

Trujillo Calero, un caso pionero.

Oportunidad de cambio

            Publicada el 14 de octubre de 2022 en diario Expreso.

La elección para la Alcaldía de Guayaquil que se celebrará el 5 de febrero de 2023 será un momento especial para la ciudad. Ello obedece a cuatro causas:

Primero, el Partido Social Cristiano (PSC) vive unas horas bajas. Su máximo líder está en su ocaso (el federalismo que propuso generó más rechazo que aceptación). El PSC está débil y se le nota, pues muchos de sus integrantes lo han abandonado. Así ha ocurrido con Cristina Reyes, César Rohon, Nicolás Lapentti y Andrés Gushmer, entre otros, que fueron figuras de relevancia en el PSC y salieron a buscar su futuro político en otra parte. Y compitiendo contra el PSC.

Segundo, Cynthia Viteri es la candidata más débil del PSC desde el año 1992. El porcentaje que obtuvo en la elección del 2019, el 52,6 %, es el menor de cualquier candidato ganador. Y ese porcentaje, en una administración que sufrió la altísima mortandad de la pandemia y en cuyo período Guayaquil se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo, debe sufrir un desgaste, cuya gravedad dependerá de la campaña electoral.

Tercero, el panorama electoral es inédito. En las anteriores siete elecciones a la Alcaldía, en las que invariablemente triunfó el PSC, compitieron 51 candidatos (algunos en varias elecciones; en total, intervinieron 43 personas). En estas siete elecciones, la contienda electoral se redujo a un triunfante candidato PSC y a un (más o menos) desafiante segundo puesto, pues del tercer puesto para abajo los candidatos fueron de relleno. Desde 1992, el único tercer puesto que obtuvo más del 3 % de los votos fue Kiko Fernando Barreno (8,21%, PRIAN, 2004).

Pero en esta elección 2023 hay dos candidatos de peso que buscarán el desgaste de la candidata PSC: Jimmy Jairala, que ha obtenido alrededor del 30 % de los votos en dos ocasiones (2004 y 2019), y Aquiles Álvarez, candidato del movimiento de Rafael Correa. Además, en ninguna elección anterior había existido una cuña del mismo palo y ahora les salió Duart, un candidato peleón surgido de sus entrañas.

Cuarto y último, la situación de Guayaquil es problemática y se ha roto su relato de “éxito”. Hasta octubre de 2019, Nebot habló de un modelo de éxito por defender (de los habitantes del páramo). Pero pandemia y violencias mediante, en ninguno de sus discursos de julio y octubre de este año, Viteri se ha atrevido a hablar de un modelo de éxito. Y es lógico: nadie en su sano juicio puede creer que una ciudad en la que da miedo salir a la calle es un caso “exitoso”. 

Tras 30 años de gobierno del PSC, Guayaquil desembocó en la ciudad No. 50 a nivel mundial en número de muertos por cada 100.000 habitantes (¡manerita de celebrar un aniversario!). Y cada vez más gente se aviva y se resiste a creer que en materia de seguridad el principal rol de una Alcaldía sea vocear una queja constante de lo mal que lo hacen los otros en la capital.

Así: un partido débil y una candidata debilitable, un panorama electoral inédito y áspero para el PSC, que tiene un relato trunco de “éxito”.En Guayaquil hay una marcada sensación de malestar, que es punto de partida para el cambio (pues nadie desea la continuidad de un malestar). Cambio que, a estas alturas, resulta de necesidad. 

La oportunidad será en febrero.

Premiar la mediocridad

En el programa de ayer de Carlos Vera se dedicaron a difundir una idea tan absurda como canalla. Una presentadora que hace los cierres para salir a la pausa comercial leyó con convicción y por tres ocasiones lo siguiente: “Los grandes alcaldes que antecedieron a Cynthia Viteri no tuvieron una crisis mundial como el Covid que a ella le tocó enfrentar. Si logra un segundo período sin Covid, recién se podrá evaluar a profundidad”. Al final del programa, en sus conclusiones, Vera retomó esta idea, se proclamó votante de Viteri y apoyó que sea reelegida para que finalmente ella pueda demostrar, en un nuevo período de gestión, sus dotes de administradora. Unos minutos antes Vera había defendido las camionetas que mandó a poner Viteri en la pista del aeropuerto para evitar el aterrizaje de un avión, una acción tan ilegal y autoritaria que su defensa pinta de pequecuerpo entero a su emisor.

 

Pero es el argumento del Covid como excusa para reelegir a Viteri el que resulta tan canalla como absurdo. El argumento parte de la premisa absurda de que, si ocurre un hecho extraordinario como la pandemia del Covid, el período de un político no vale para evaluar su gestión. Cuando es TODO lo contrario: son los hechos extraordinarios, como una pandemia, los que ponen a prueba la madera de la que está hecho un liderazgo, la capacidad de gestión de una autoridad. Lo que ocurre es que la Alcaldesa Viteri, frente a la pandemia, simplemente no dio la talla. En Guayaquil los muertos fueron por centenas, se los abandonaba en las calles a los cadáveres, se la libró la ciudad a su maldita suerte. Lo único que atinó a hacer la Alcaldesa en esos tiempos de horror fue buscar excusas como que a Guayaquil le cayó una bomba y que Esparta y otros divagues más, y por supuesto, poner las famosas camionetas en la pista del aeropuerto en su atolondrada “defensa” de la ciudad.

 

En otras partes he abundado en argumentos de porqué a Guayaquil la jodió tanto el Covid, como en este artículo publicado en Revista Común: ‘Guayaquil, o el modelo que tocó fin’, o en este otro que pronto saldrá publicado en una obra colectiva sobre los tiempos de la pandemia: ‘Monte Sinaí’. En esencia, es un problema estructural, que se arrastra por decenas de años, en que los 30 años que ha ocupado el PSC el Sillón de Olmedo, lejos de resolver el problema estructural, lo ha agudizado.

 

Pero lo que me interesa es que este argumento del programa de Vera, asentado en una premisa absurda, toma un giro canalla, porque se utiliza la mediocre actuación de Viteri en tiempos de la pandemia como una excusa para validar que ella continúe. Es decir, ella lo hizo mal, su liderazgo fue flojo, la ciudad se fue a la mierda en número de muertos llamando la atención del mundo entero, pero esa es la razón por la que ella debe mantenerse en el poder. Este argumento es un ridículo, casi insolente premio a la mediocridad.

 

Si este es el mejor relato que sus áulicos pueden poner para sostener la mediocre gestión de Viteri, es porque están perdidos.     

El 9 de octubre quiteño

Publicado el 7 de octubre de 2022 en diario Expreso.

 

Durante el último cuarto del siglo dieciocho y entrando al diecinueve, la ciudad de Quito había sido despojada por el Reino de España de la administración de grandes extensiones de territorio, que pasaron a ser administrados por otros gobiernos en América o directamente por la Corona en Europa. En rápido recuento: en 1779, se creó un obispado en Cuenca para el gobierno eclesiástico y el cobro de diezmos sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793, Esmeraldas, Tumaco y La Tola pasaron a la jurisdicción de Popayán por orden del virrey de Nueva Granada; en 1802, se creó una nueva diócesis y un gobierno militar en Mainas, directamente gobernados desde España; en 1803, se anexó el gobierno de Guayaquil al virreinato del Perú. A Quito, capital de una Audiencia subordinada a la Audiencia de Santa Fe, se le quitó autoridad por todas partes.

 

El sentido del movimiento de agosto de 1809 en Quito fue (aprovechando la crisis en Europa) recuperar la autoridad en los territorios perdidos en años recientes. La emergente Junta de Gobierno que surgió el 10 de agosto declaró en su acta de instalación que se procuraría “atraer” al gobierno de Quito a “Guayaquil, Pasto, Popayán, Barbacoas y Panamá”. En esa línea y sin ningún tino, desde Quito se ordenó la destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca, Popayán y Guayaquil, a fin de imponer a autoridades nombradas desde Quito. Ninguno de los territorios vecinos consintió estas destituciones y su resistencia y reacción frente a este exceso de entusiasmo de los quiteños desembocó en la masacre del 2 de agosto de 1810. Ese mismo día llegó a Quito el correo de Santa Fe, informando de la Junta que en Santa Fe se había formado y a la que se invitaba a Quito a participar, nuevamente de manera subordinada.

 

Frente a esta invitación de Santa Fe, los quiteños la declinaron a efectos de formar una segunda Junta de Gobierno, que no se reconoció sometida a Santa Fe sino directamente al Consejo de Regencia de España e Indias, órgano con sede en Cádiz. Los quiteños cambiaron de estrategia: persuadidos de la imposibilidad de imponerse, o incluso de llegar a acuerdos con las provincias vecinas, optaron por el autogobierno dentro de los límites de su provincia. Ocurrió el 9 de octubre de 1810 y significó la emergencia de una nueva Capitanía General para el Reino de España.  

 

Lo que siguió a este 9 de octubre fue la historia del desacuerdo del Reino de España con Quito, hasta imponer su real voluntad y borrar a la Capitanía General de Quito de la faz de la tierra. Las tropas españolas, finalmente comandadas por Toribio Montes (militar nombrado por el Consejo de Regencia), batallaron contra las tropas patriotas hasta su exterminio. A inicios de noviembre de 1812 se enfrentaron en Quito, en la batalla del Panecillo, y el triunfo de los realistas obligó a una huida al norte. Un mes después, tras la batalla de Ibarra, se fusiló a los últimos patriotas.

 

El episodio autonomista de Quito, abierto en agosto de 1809, defendido por patriotas quiteños y finalmente fallido, se cerró con esta última sangre vertida en diciembre de 1812.

 

Y desde allí, Quito fue de España hasta 1822, que pasó a ser de Colombia.

 

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Fuentes:

 

* La principal fuente para esta columna son los trabajos de Federica Morelli, en especial, el libro “Territorio o nación: Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830” (Centro de Estudios Políticos Constitucionales, Madrid, 2005), así como los artículos disponibles en línea  “La revolución en Quito: el camino hacia el gobierno mixto”, “Las declaraciones de independencia del Ecuador: de una Audiencia a múltiples Estados”, “Quito en 1810: la búsqueda de un nuevo proyecto político”. También de gran valía son los trabajos del recién fallecido Jaime O. Rodríguez, v. por ejemplo “La independencia del Reino de Quito”.

 

* En el acta de independencia de Quito 1809 se declaró lo siguiente: “Declaramos que los antedichos individuos (los representantes de los barrios de Quito, N. del A.) unidos con los representantes de los Cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unieren voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá, que ahora dependen de los Virreinatos de Lima y Santa Fe, las cuales se procura atraer, compondrán una Junta Suprema que gobierne interinamente a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo…”, pp. 227-228.