La dolarización

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de diciembre de 2024.

El economista estadounidense Robert J. Barro (Nueva York, 1944) publicó el año 2002 el libro Nothing is sacred (“Nada es sagrado”), que contiene un artículo en el que comentó la dolarización de la economía ecuatoriana en términos poco auspiciosos.

Para empezar, el economista Barro sostiene que, al momento de adoptar la dolarización el año 2000, el Ecuador había sido “un desastre político y económico por un buen tiempo”. Sólo cabe añadir que lo sigue siendo. 

Según este economista, especializado en macroeconomía, lo específico de la dolarización en el Ecuador fue que no ocurrió “como parte de un paquete económico coherente”. Se la puso en práctica a las apuradas, sin una adecuada planificación, en un momento de desesperación política (la aprobación popular del presidente Mahuad, anota Barro, había caído “por debajo del 10 por ciento”) 

Desde esta perspectiva, el Ecuador se constituyó para Barro en un caso interesante, pues le ofrece a los economistas la posibilidad de analizar si una reforma como la dolarización “puede ser exitosa sin precondiciones, especialmente en prácticas bancarias y fiscales […] Por consiguiente, Ecuador es interesante porque ninguna de estas precondiciones existía”.

Así, el Ecuador resulta un caso interesante porque es un desastre institucional, un horroroso freak latinoamericano. Y es por esto mismo (porque el Estado es un horroroso freak) que la dolarización le resultó tan atractiva a la población ecuatoriana, pues priva a los políticos ecuatorianos de la facultad para emitir una política monetaria y cambiaria, esto es, constituye una limitante a su desmesurada capacidad para la autodestrucción. La dolarización, en el Ecuador, es una celebración de la subnormalidad.

Esto lo supo ver el economista Barro en su artículo: “Un atractivo de la dolarización es que las políticas monetaria y cambiaria no dependen más de la inteligencia y la disciplina de las autoridades locales”. Creo que las alusiones a la inteligencia y disciplina en la frase citada se escribieron para su lectura en tono irónico.

Pero otros también supieron apreciar las ventajas de una economía dolarizada y del “desastre político y económico” que decía Barro. Así lo hicieron los grupos de delincuencia organizada (GDO) dedicados al lucrativo negocio de la producción y venta de drogas ilegales, quienes vieron en el Ecuador a un territorio muy atractivo, pues cumplía unos requisitos convenientes para el giro de su negocio. 

Tenemos un Estado que es un desastre institucional, permeable a la corrupción y con una economía dolarizada, y por este último atributo su territorio presenta para los GDO (y así lo destaca el periodista Alexander Clapp en un artículo en The economist en el que consideró al Ecuador como el narcoestado más reciente del mundo) “oportunidades para blanquear ganancias ilícitas”. Todo sumado, ofrecemos a los GDO unas ventajas políticas y económicas que procuran la impunidad de sus actos y la rentabilidad de su negocio.  

La dolarización es una gran ventaja comparativa para los GDO por la misma razón por la que se impuso hace un cuarto de siglo: porque el Estado del Ecuador ha sido un “desastre político y económico” por muchos años. Al menos, desde 1830. 

Contra Bolívar

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de diciembre de 2024.

Lo mandatorio, lo habitual, lo cómodo: idolatrar a Bolívar. Lo raro es contar la historia de lo que hizo en Guayaquil. Éramos una república independiente y Bolívar acabó con ello.

El pueblo de Guayaquil alcanzó su independencia del Reino de España en una sola jornada, el 9 de octubre de 1820. La parte militar se ejecutó en la madrugada, la parte civil se resolvió en la mañana. El acta de aquel glorioso día reconoció al 9 de octubre de 1820 como el día “primero de su independencia”. Se nombró como primer Jefe Político de esta ciudad a un poeta que había sido diputado a las Cortes de Cádiz, el ilustre guayaquileño José Joaquín Olmedo, que entonces contaba 40 años.

El 8 de noviembre de 1820 se reunió un Colegio Electoral al que asistieron 57 representantes, venidos de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil, a fin de dictar un cuerpo jurídico (al que llamaron “Reglamento Provisorio de Gobierno”) que desde el día en que fue aprobado, el 11 de noviembre de 1820, reguló el autogobierno de la Provincia Libre de Guayaquil. 

Este instrumento, al que José Joaquín Olmedo llamó “Constitución provisoria”, decía en su artículo 2 que la provincia de Guayaquil “se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”.  

En Guayaquil se había fijado la fecha para la decisión sobre su futuro. La reunión de un nuevo Colegio Electoral se iba a realizar el 28 de julio de 1822. Aquel día, los representantes de la provincia se iban a pronunciar acerca de su unión a una “grande asociación” (o también: mantener la provincia autónoma, como le corresponde a una decisión tomada con “entera libertad”), como lo autorizaba el artículo 2 del Reglamento Provisorio.

Pero unos días antes de esa fecha llegó a Guayaquil el presidente de Colombia, el general Simón Bolívar (por vez primera; vendría tres veces más, en 1823, 1826 y 1829) acompañado de 1.300 soldados. Fue el 11 de julio. Dos días después, el presidente Bolívar, a través de su secretario, José Gabriel Pérez, le mandó a decir a la Junta de Gobierno presidida por Olmedo que su trabajo había concluido, que él era ahora quien estaba al mando. Por sus pistolas.

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno, y otras 200 personas, abandonaron Guayaquil rumbo al Perú. Bolívar se entrevistó en Guayaquil con el general José de San Martín el 26 y 27 de julio, cuando Guayaquil ya era colombiana (a San Martín lo recibió un arco en el muelle que decía “Bienvenido a Colombia”). El 28 de julio de 1822 se terminó por reunir el Colegio Electoral, pero estaba muy claro que no iba a reunirse para desairar al hombre que estaba al mando de la ciudad (era imposible olvidar que lo acompañaban 1.300 soldados). Tres días después, el Colegio Electoral se pronunció por la anexión de Guayaquil a la República de Colombia.

Guayaquil, como la república independiente que fue por 642 días, tenía un gobierno propio y la posibilidad de decidir si quería (o no) unirse a una “grande asociación”. Pero llegó Bolívar acompañado de sus soldados y decidió por los guayaquileños. Se impuso por la fuerza, manu militari, como un vil dictador.

Como guayaquileño, es motivo suficiente para repudiarlo.

Los reveses de 1809

 A Quito en su (falso) día de fundación

En una de las acepciones (la cuarta) del diccionario de la Real Academia Española, el término “revés” se asocia con el fracaso. Siendo así, es fácil reconocer a la revolución de agosto de 1809 como un revés. Esto, porque la revolución de 1809 se hizo por la autonomía de Quito, para convertir el territorio de su audiencia en uno que se autogobierne (desde una perspectiva administrativa, dejando de ser Quito la cabeza de una audiencia subordinada para pasar a ser la cabeza de una capitanía general, a la usanza de Caracas o Santiago de Chile). Y Quito no lo consiguió.

Con su experimento agostino de autogobierno, Quito, capital de la provincia homónima, buscó imponer una primacía administrativa sobre sus provincias vecinas, a la sazón, Popayán, Guayaquil y Cuenca. Por la fuerza, en seguida todas estas provincias vecinas rechazaron la propuesta de una Quito primus inter pares. 

La revolución de Quito fracasó pronto. El 24 de octubre de 1809 se le devolvió el poder a quien se lo había usurpado. Pero las peores consecuencias ocurrieron después. Las tropas que llegaron y se establecieron en Quito por petición del gobernador de la provincia de Guayaquil (venidas desde la lejana Lima), actuaron de manera brutal el 2 de agosto de 1810 y mataron a la mayoría de cabecillas de la revolución.

Todo mal: total rechazo a su propuesta, muerte de los héroes, y para peor, ni siquiera se buscó la independencia (que es por lo que se recuerda -o debo decir: se quiere recordar- este episodio). 

La primera acepción del Diccionario de la Academia Española del término “revés” es “parte opuesta de algo”. Y esto ha sido más difícil de verlo, pero lo opuesto a la revolución de Quito de 1809 es la revolución de Guayaquil de 1820.

Esto, porque por oposición a lo ocurrido en 1809, la revolución de octubre de 1820 sí fue independentista y republicana. No buscó un cambio de jerarquía dentro de la monarquía, como se hizo en Quito, pues dejó aclarado en el acta del 9 de octubre que Guayaquil había “declarado la independencia, por el voto general del pueblo”. Y pasó que la ruptura con el régimen monárquico implicó asumir un régimen republicano, lo que se refrendó en el Reglamento Provisorio de Gobierno, aprobado por un Colegio Electoral el 11 de noviembre de 1820. 

Además, un dato importante: la revolución de Guayaquil fue exitosa. A diferencia de Cuenca, que volvió a caer en manos de los españoles (ni hablar de Quito, que fue enteramente española estos años), durante el proceso de independencia entre 1820 y 1822 Guayaquil se mantuvo independiente. Y Guayaquil no propuso imponer una primacía; por el contrario, se propuso la liberación de las provincias vecinas.

“Cuando nos propusimos ser libres”, se puede leer en la proclama del 9 de junio de 1822 dirigida a los conciudadanos de Guayaquil, “no podíamos dejar gemir en la opresión a los pueblos que nos rodeaban”. Así fue que Guayaquil empeñó recursos y personas para satisfacer el noble propósito de liberar a otros en desgracia. Y como se puede leer en esta proclama de junio de 1822 suscrita por Olmedo, Ximena y Roca, integrantes de la Junta de Gobierno de Guayaquil: “Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

Generosa, Guayaquil.  

Elevación y caída de Veintemilla

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de noviembre de 2024.

El hombre que se comprometió a una revolución el 8 de septiembre de 1876 ante el Concejo Cantonal de Guayaquil presidido por el dauleño José Vélez, para “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”, fue el militar quiteño Ignacio Veintemilla. Triunfo su revolución (lo tumbó a Borrero) y para diciembre de 1876 ya estaba instalado en el Palacio de Carondelet. 

En la historia del Estado, Veintemilla era quien había gobernado como Jefe del Estado del Ecuador por el mayor tiempo consecutivo, hasta la llegada de Correa en el siglo XXI. Entre diciembre de 1876 y julio de 1883, Veintemilla gobernó como jefe supremo, presidente interino, presidente constitucional y, de nuevo, tras un autogolpe de Estado, como jefe supremo. Salió al exilio el 9 de julio de 1883, desde la ciudad que lo había encumbrado, Guayaquil (después de robar en esta ciudad dos bancos: Ecuador y de la Unión). Entre la revolución y el exilio, Veintemilla gobernó por seis años, diez meses y un día.

A este quiteño proclamado liberal lo elevó el Concejo de Guayaquil a su aventura política revolucionaria para destruir la obra jurídica de García Moreno, un guayaquileño conservador que había triunfado (arrasado) en Quito. El Ecuador tenía una Constitución (octava del Estado, primera votada en referéndum el 18 de julio de 1869, con un voto por el Sí del 96.36%) que sujetaba la condición de ciudadano al requisito de “ser católico”, primer requisito en una lista de tres (artículo 10). La caída de Borrero (y su anverso: el triunfo de Veintemilla) se produjo por su negativa a sustituir esta Constitución conservadora. 

El jefe supremo Veintemilla cumplió con el propósito de destrucción encomendado y convocó a una convención nacional a reunirse en Ambato para aprobar una Constitución, que reemplace a la motejada como “Carta Negra” de 1869. Esta convención se debió reunir en diciembre de 1877, pero se instaló el 16 de enero de 1878. La presidió el general y expresidente José María Urbina, retornado después de varios años de exilio, desde la guerra civil de 1859-1860.  

La convención nacional de 1878 designó a Veintemilla como presidente interino el 26 de enero y presidente constitucional el 31 de marzo; ese mismo 31 expidió la requerida Constitución, donde se eliminó el requisito de “ser católico” para ser ciudadano. En lo restante, esta nueva Constitución no era muy diferente a la Constitución de 1861. Para Juan Murillo Miró, en su libro Historia del Ecuador publicado en 1890, Veintemilla y Urbina “aunque no correspondieron en un todo a las esperanzas vinculadas en la revolución, se consiguió al menos hacer desaparecer la denigrante constitución de 1869”. 

En la presidencia, Veintemilla se apoyó en connotados liberales como el ilustre guayaquileño Pedro Carbo y el citado Urbina. Con el tiempo, Veintemilla degeneró en un autócrata y sus aliados liberales lo abandonaron. En marzo de 1882, antes de concluir su período presidencial de cuatro años, Veintemilla se volvió a declarar Jefe Supremo. Esta vez se inició contra él una revolución, a la que se motejó de “restauradora”. 

Veintemilla salió al exilio en julio de 1883. Volvió en 1907, y murió en Quito, al año siguiente.

La caída de Borrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de noviembre de 2024.

El cuencano Antonio Borrero Cortázar (1827-1911) fue el Presidente de la República elegido por la voluntad popular después del magnicidio de Gabriel García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875. A Borrero se lo eligió en las elecciones celebradas los días 17, 18 y 19 de octubre; él empezó su período de gobierno el 9 de diciembre de 1875. De acuerdo con la Constitución ultraconservadora de García Moreno aprobada en 1869, Borrero debía concluir su período en 1881, después de seis años de gobernar los destinos del país. Pero no gobernó ni uno. 

Lo interrumpió a Borrero el pronunciamiento popular de Guayaquil, constante en el acta de la asamblea reunida el 8 de septiembre de 1876 suscrita por “el Ilustre Concejo Municipal del cantón, los padres de familia y más conciudadanos”, que consideraron a Borrero “inconsecuente a los principios liberales que proclamó y defendió como ciudadano” cuyo gobierno había seguido “una política absurda para perpetuar las instituciones que ha jurado cumplir y que son incompatibles con la República Democrática”. Como ciudadano, Borrero había aplicado el calificativo de “monstruosa” a la Constitución de 1869, pero como gobernante se negó a convocar a una convención nacional para sustituirla. 

Como respuesta a esta contradicción, la asamblea de Guayaquil desconoció en el acta de su pronunciamiento al presidente Borrero y a la Constitución de García Moreno, proclamándolo Jefe Supremo de la República al general Ignacio Veintemilla, “con la suma de poderes” y “hasta que uniformada la opinión en todas las provincias, y purificado el territorio convoque a una Convención Nacional Constituyente”, y poniendo en vigor la Constitución de 1861. 

Frente a la asamblea guayaquileña que lo nombró Jefe Supremo, el general Veintemilla prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”.

El presidente Borrero protestó la Jefatura Suprema proclamada en Guayaquil mostrando la hilacha, es decir, con argumentos conservadores. El 13 de septiembre, Borrero publicó una proclama en la que planteó su permanencia en la presidencia como una defensa de la religión en un pueblo de católicos. Declaró que la jefatura suprema de Veintemilla “no es sino un desquiciamiento del orden religioso, social y político que hoy impera en el Ecuador. Los que niegan la Divinidad de Jesucristo, los que aseguran que el pueblo es más soberano que Dios, los que piden el matrimonio civil, son los que han buscado, como instrumento torpe y ciego, a un Jefe desleal”, por lo que exhortó a sus conciudadanos: “Si vosotros sois, como nadie podrá dudarlo, un pueblo de hombres religiosos, defended a vuestro Dios combatiendo el ateísmo”. 

Esta cruzada religiosa de Borrero la apoyó el Concejo Municipal de Quito, que declaró a los “autores de la inicua revolución” como “enemigos de la religión, de la autoridad, de la familia, de la propiedad, del hombre y de Dios”. Y también unas matronas quiteñas, que ofrecieron “al Supremo Gobierno los votos y fervientes oraciones que, humilladas al pie de nuestros altares, elevaremos al Dios de los Ejércitos”.

Pero toda metafísica fue inútil. Antes de fin de año Borrero fue preso y, no mucho después, salió al exilio.

Los retratos de 1845

            Publicado en diario Expreso el viernes 15 de noviembre de 2024.

Fueron unos veintitrés años, desde la anexión a la República de Colombia de los territorios que fueron de la española Audiencia de Quito (ocurrida entre mayo y julio de 1822) hasta la expulsión del general venezolano Juan José Flores del territorio ecuatoriano en junio de 1845, que unos forasteros gobernaron los territorios de la Audiencia de Quito/Estado del Ecuador.

Este gobierno de los extranjeros concluyó cuando emergió la revolución “marcista”, que se originó el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil con el levantamiento del general guayaquileño Antonio Elizalde. En seguida se conformó un Gobierno Provisorio con representantes de los departamentos que componían al Ecuador desde 1830 (José Joaquín Olmedo por Quito; Vicente Ramón Roca por Guayas, Diego Noboa por Azuay). 

Este Gobierno Provisorio decretó que se debía reunir una Convención en Cuenca el 1 de octubre de 1845. Se reunió el 3 de octubre. En la sesión del 7 se sometió a debate un decreto de homenaje a los integrantes del Gobierno Provisorio por haber “llenado cumplidamente su misión, dirigiendo los negocios públicos con tino y sabiduría, hasta restablecer la libertad y nacionalidad del Ecuador”, según se reconocía en los considerandos del decreto propuesto.  

El decreto se debía aprobar en tres debates. En el primero, el diputado Manuel Bustamante propuso: “el sagrado deber de la gratitud por los señalados servicios que han prestado a la patria los tres enunciados SS. demandan la perpetuidad de su memoria, haciendo que de los fondos públicos se costeen tres retratos, y que en las casas de Gobierno de los tres antiguos departamentos se coloque el del individuo que le ha representado en la actual época”.

Sin dudar de la valía de los guayaquileños Olmedo, Roca y Noboa, en la Convención se argumentó la inestabilidad política del Ecuador como razón para negar sus retratos. En el tercer y último debate, sesión del 13 de octubre, el diputado Ramírez y Fita advirtió que no debía “esponerse nombres tan respetados a sufrir ultrajes provenientes de las transformaciones políticas y de la inconstancia popular, que mil ejemplos teníamos entre nosotros del afrentoso tratamiento que se había dado a retratos de hombres en otro tiempo venerados”. El diputado Moncayo acotó que un ejemplo de estos ultrajes eran los retratos de Bolívar, que “fueron escarnecidos en varios pueblos, fueron arrastrados y despedazados”. 

Moncayo añadió otra razón para negar los retratos a Olmedo, Roca y Noboa. Según él, la Convención debía ser “circunspecta en la concesión de honores” y no debía seguirse el ejemplo de otras naciones que homenajeaban a sus grandes hombres, “porque los ecuatorianos estaban todavía en la infancia, que la libertad y las virtudes Republicanas no tenían en ellos raíces profundas, y que había mucho que temer de la elevación de cualquier hombre”.

Tras esta retórica despreciativa de lo popular, se clausuró el debate y se puso la moción de los retratos a votación de los diputados. Por la negativa estuvieron veintiséis votos; ocho a favor. 

Finalmente, el decreto quedó en pura palabrería: unos elogios en los considerandos y un artículo único declarando que Olmedo, Roca y Noboa “han merecido bien de la patria”. 

El 8 de noviembre

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de noviembre de 2024.

El 26 de octubre de 1821 la Junta de Gobierno de Guayaquil, compuesta por José Joaquín Olmedo, Rafael Ximena y Francisco María Roca, emitió un decreto por el que ordenó que, en la provincia de Guayaquil, se celebren todos los 8 de noviembre. En el decreto de la Junta de Gobierno se explicitaba una clara razón.

“Después de proclamada nuestra independencia no podíamos llamarnos libres”, indicaba este decreto de 1821, hasta que “pudo reunirse la representación de la Provincia, que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de Noviembre de 1820”.

Así, para la Junta de Gobierno presidida por Olmedo, el 8 de noviembre era el día de la libertad porque fue en ese día de 1820 que se reunieron en un Colegio Electoral, en la ciudad de Guayaquil, cincuenta y siete representantes de veintisiete pueblos de la provincia de Guayaquil, que era un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados y 70.000 habitantes.  

En el decreto de 1821 se recuerda que aquel 8 de noviembre que se reunió la representación de la provincia en el Colegio Electoral, “por primera vez pronunció libremente su voluntad el pueblo de Guayaquil, y puso los cimientos de su voluntad política”.

Los cimientos de la voluntad política puestos por este órgano representativo, reunido entre el miércoles 8 y el sábado 11 de noviembre de 1820, fueron el nombramiento de Olmedo, Ximena y Roca para integrar la Junta de Gobierno y la aprobación del Reglamento Provisorio de Gobierno para la administración de la Provincia Libre de Guayaquil. 

El Reglamento Provisorio de Gobierno estableció en su artículo primero que la provincia “es libre e independiente” y que “su gobierno es electivo”. Es decir, rompió con el gobierno monárquico que había imperado por siglos para instaurar un gobierno republicano, pues la soberanía empezó a residir en el pueblo (de allí el carácter electivo de sus gobernantes) y se estableció una división de los poderes del Estado.   

Esta división de los poderes tomó la siguiente forma: el poder ejecutivo debía conformarse por “tres individuos elegidos por los Electores de los Pueblos” con atribuciones para resolver “en todo lo gubernativo y económico de la administración pública” (Arts. 4 y 5). Estos tres individuos fueron Olmedo, Ximena y Roca. 

Se estableció una “representación provincial”, como lo fue el Colegio Electoral que dictó el Reglamento Provisorio, que “se convocará por el Gobierno cada dos años en el mes de octubre, o antes si la necesidad lo exigiese” (Art. 19). Y también un poder judicial, para administrar “justicia en lo civil y criminal”, compuesto por jueces de primera y de segunda instancia (Arts. 11 al 13). 

Asimismo, se creó una milicia para liberar los otros territorios de la Audiencia de Quito (Arts. 8 al 10).

El decreto de 1821 ordenaba que todo 8 de noviembre sea “celebrado en la Capital y en todos los pueblos de la provincia” con “una misa de acción de gracias al Ser Supremo”, con “salva general, repique, e iluminación”, y con esta inscripción en la Sala Capitular, escrita en grandes caracteres: “Guayaquil independiente en 9 de octubre : Guayaquil libre el 8 de noviembre de 1820”. 

El Sur de Colombia

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de noviembre de 2024.

“Conciudadanos: Mostraos dignos de representar al Sur. Dadnos un gobierno querido de los pueblos y una constitución liberal”. Así concluyó el general venezolano Juan José Flores su intervención dirigida a dieciséis varones reunidos el 14 de agosto de 1830 para la instalación de un Congreso Constituyente cuyo propósito era fundar un Estado. El título del acta que se levantó en aquella ocasión explica bien el porqué del mencionado punto cardinal: “Acta de Instalación del Congreso Constituyente del Sur de Colombia”. 

A inicios de 1830, el general Juan José Flores tenía el cargo de “Prefecto General del Distrito del Sur de la República de Colombia”. Este distrito estaba compuesto por tres departamentos: Ecuador, cuya capital era Quito; Azuay, cuya capital era Cuenca; y Guayaquil, cuya capital ostentaba el mismo nombre. 

A partir de la pacífica secesión del Distrito del Sur el 13 de mayo de 1830, Flores adoptó un nuevo cargo: “Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia”. Este territorio que se segregó de la República de Colombia se convirtió en un territorio independiente, pero siguió siendo un territorio “del Sur”. Y aunque se había segregado de ella, Colombia seguía presente en el nombre del nuevo Estado.  

El tránsito del “Estado del Sur” a un nuevo Estado que se iba a llamar “del Ecuador” fue la obra de unos extranjeros provenientes del Distrito del Norte de la República de Colombia: el general Flores, en asocio con otro venezolano, Esteban Febres-Cordero, marcaron la hoja de ruta para su creación. En su primer decreto como Jefe de la Administración, Flores lo designó Secretario General del Estado del Sur de Colombia a Febres-Cordero, y ambos convocaron el 31 de mayo a un Congreso Constituyente y dictaron la normativa que iba a regular la elección de los representantes a dicho congreso, que se debió reunir el 10 de agosto de 1830 en una ciudad más o menos equidistante a las capitales de los departamentos. 

Esa ciudad equidistante fue Riobamba. Y se le pagaba a cada uno de los representantes según la distancia en leguas que debían recorrer para llegar a ella, a razón de un peso por cada legua. 

Ni por la paga, los representantes del Sur llegaron a tiempo a la cita. Finalmente se reunieron dieciséis de los veintiún representantes elegidos (siete por cada departamento) el sábado 14 de agosto de 1830. Ese día sábado, el Jefe de la Administración empezó su discurso a los representantes con las siguientes palabras: “Me congratulo con el Sur y con vosotros por la instalación del Congreso, fuente de la voluntad general y árbitro de los destinos del Estado”.

La voluntad general quiso que el 11 de septiembre de 1830 se apruebe la Constitución del nuevo Estado. No fue más “del Sur” pero conservó en su nombre a Colombia, pues pasó a llamarse “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. Según el artículo 2 de su Constitución, su plan era unirse y confederarse con los otros dos distritos del Centro y del Norte (que hoy son Colombia y Venezuela) para la conformación de “una sola Nación con el nombre de República de Colombia”.

El término “Colombia” desapareció de su nombre tras adoptarse la siguiente Constitución del Estado, el 13 de agosto de 1835.

Freile

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de octubre de 2024.

El gobierno ecuatoriano entró en el siglo XX con el general manabita Eloy Alfaro Delgado como Presidente y el terrateniente quiteño Carlos Freile Zaldumbide como Vicepresidente. Bajo la Constitución del año 1897, impulsada por el general Alfaro tras el triunfo de la revolución liberal de 1895 que tumbó al gobierno del Presidente Luis Cordero, el primero en la línea para la sucesión del Presidente de la República, era el Vicepresidente de la República, en este caso, Freile Zaldumbide. Y después de él venían el “último Presidente de la Cámara del Senado” y otras autoridades del poder legislativo (Art. 84).

Pero esta línea de sucesión presidencial cambió cuando entró en vigor la Constitución liberal del año 1906, la primera que no declaró al Ecuador como un Estado católico. Esta Constitución la impulsó también el general Alfaro tras un golpe de Estado perpetrado a inicios de 1906 en contra del gobierno del Presidente Lizardo García, y en ella se suprimió la Vicepresidencia de la República de la línea de sucesión del Presidente de la República, pues se suprimió a esa institución del sistema constitucional de gobierno. 

Entre 1906 y 1946 no existió la Vicepresidencia de la República. Recién con la entrada en vigor de una nueva Constitución el 31 diciembre de 1946 se reestableció esta institución. El último en ocuparla en 1906 fue Alfredo Baquerizo.  

Así las cosas, por la vigencia de la Constitución de 1906, en el año 1911 la sucesión “en caso de faltar el Presidente de la República” correspondía, primero, al “último Presidente de la Cámara del Senado”, y después a otras autoridades del poder legislativo (Art. 71). Así, el primero en la línea de sucesión en caso de faltar el Presidente de la República pasó de la función ejecutiva a la función legislativa.

Pero por carambolas del destino y aplicación estricta de la Constitución de 1906, la persona que debió suceder al Presidente de la República cuando falleció en funciones el Presidente el 21 de diciembre de 1911, fue aquel mismo Carlos Freile que lo había acompañado al general Alfaro en los primeros años de su gobierno liberal, primero como alcalde de Quito y gobernador de Pichincha, y luego como su Vicepresidente entre 1899 y 1903. Cuando murió el Presidente Estrada de un infarto fulminante en diciembre de 1911, Carlos Freile era la última persona que había ocupado el cargo de Presidente del Senado. Y así, por esta súbita muerte, le correspondió a Freile suceder al Presidente de la República desde el 22 de diciembre de 1911.

El terrateniente Carlos Freile, su antiguo aliado, en seguida lo mandó al general Eloy Alfaro al exilio en Panamá. Pero a principios de enero de 1912, el general Alfaro retornó al Ecuador y organizó un ejército para tumbar al gobierno de Freile y volver a gobernar, como lo había hecho en 1895 y 1906, tras golpes de fuerza. Pero esta vez al general Alfaro le tocó perder.

Y ocurrió entonces la “Hoguera Bárbara”: el cruel asesinato de Alfaro y otros cinco coidearios liberales, con la humillación y quema de sus restos en un parque de Quito.

Freile gobernó un mes y poco más después de la “Hoguera Bárbara”, hasta el 6 de marzo de 1912. Murió en agosto de 1928, en París, a la edad de 72 años.

Contra el voto obligatorio

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de octubre de 2024.

Durante 116 años y catorce Constituciones, el voto fue facultativo en el Estado del Ecuador. Así, para el experto Ernesto Albán Gómez: “La tradición constitucional y política del país consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos”. 

Pero nuestra Constitución número quince, aprobada el 31 de diciembre de 1946, rompió esta tradición, torció la idea de derecho y convirtió el voto en obligatorio (pasando así de ser un “derecho de los ciudadanos” a convertirse en un deber). Según Albán Gómez, el propósito de esta reforma fue bueno: se trató de fortalecer las instituciones democráticas a través de involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales.

Pero se ha hecho evidente que, casi ocho décadas después de haberse implementado el voto obligatorio, este propósito de fortalecer las instituciones democráticas ha fracasado de forma grosera. En el curso de los años hemos llegado a una situación en la que los partidos y movimientos políticos suelen definirse por la oposición de unos a otros (su lema no oficial: “no somos buenos, apenas somos menos peores que el siguiente”), en un juego de suma cero. En este contexto, la gran mayoría de los participantes en el proceso electoral compiten para ocupar un lugar en la administración del Estado, a fin de repartirse un botín: puestos, contratos, comisiones, privilegios, corruptelas varias… 

El resultado de este juego de suma cero es una competencia electoral que carece de ideología, de militancia, del sentido de servicio al ciudadano. En este escenario, el voto obligatorio cumple el propósito de sostener un sistema electoral perverso, que funciona en contra del obligado votante. Y en una definición atribuida a Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.

Entonces debemos abandonar el voto obligatorio para obtener unos resultados diferentes. 

Si se vuelve a la “tradición constitucional y política” del voto facultativo, primero, se respetará la libertad de los ecuatorianos, pues ella implica que seamos libres para decidir si deseamos participar en el proceso electoral. Si esto ocurre, dejaremos de ser uno de los 21 territorios en el mundo que obligan a votar a sus habitantes y pasaremos a integrar la inmensa mayoría de países que respetan la voluntad de sus habitantes.

Segundo, e incluso de mayor relevancia, si volvemos a adoptar el voto facultativo, podemos obtener unos resultados diferentes a la perversión actual. Los políticos ya no tendrían un voto cautivo y deberían empezar a buscar mecanismos para atraer a un electorado que, a día de hoy, desconfía de ellos y los desprecia. Así, el voto facultativo ofrece la posibilidad de procurar una mejora sustancial en la calidad de los discursos y las propuestas de los políticos, de manera tal que empiecen a merecer el depósito de confianza que se expresa en el voto que se ejerce en libertad. 

Esto implicaría un giro copernicano: serían los políticos los que se tendrían que ganar nuestro respeto, no nosotros estar obligados a sostener su sistema perverso.

Pero no creo que este cambio del voto obligatorio al facultativo ocurra, pues no le conviene a la clase política. Los ratones cuidarán su queso.

Paradoja de Velasco Ibarra

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de octubre de 2024.

Nadie en la historia del Ecuador ha sido tan aclamado y exitoso como líder democrático, como el quiteño José María Velasco Ibarra (1893-1979). También: Nadie en la historia del Ecuador intentó tantas veces ser dictador y tantas veces con éxito, como él. 

Entre las décadas de los treinta y los setenta, Velasco Ibarra fue la figura estelar de la cartelera democrática. Participó en cinco elecciones para la Presidencia de la República y fue elegido en cuatro oportunidades (únicamente perdió la elección de 1940, frente a Carlos Arroyo del Río). Por la vía democrática, nadie ha sido elegido tantas veces como él.

En su primera elección para la Presidencia de la República, en diciembre de 1933, Velasco Ibarra triunfó. Empezó su administración el 1 de septiembre de 1934 y la concluyó el 20 de agosto de 1935, cuando se precipitó “sobre las bayonetas” según su propio decir. Fue la primera vez que buscó la dictadura, la única en que fracasó en el intento.

La segunda vez que Velasco Ibarra ejerció la Presidencia de la República no llegó por la vía electoral pues en su segunda elección popular perdió frente a Carlos Arroyo del Río, quien no terminó su período porque se lo impidió la Revolución Gloriosa de mayo de 1944, que lo condujo a Velasco Ibarra a la Jefatura Suprema y, después, a la Presidencia de la República, bajo la consigna “Todo el poder a Velasco”.

Fruto de la Revolución Gloriosa se organizó una Asamblea Constitucional que designó el 10 de agosto de 1944 presidente a Velasco Ibarra y que produjo en marzo de 1945 una Constitución. A Velasco Ibarra le disgustó la idea de gobernar co esta Constitución, por lo que el 30 de marzo de 1946 tentó la dictadura nuevamente. Esta vez con éxito. 

Como dictador, Velasco Ibarra convocó a una nueva Asamblea Constitucional, que lo volvió a designar a él presidente el 10 de agosto de 1946 y que produjo a fines del año 1946 otra Constitución, que sí fue del agrado del dictador. Velasco Ibarra gobernó hasta que el golpe de Estado del coronel Mancheno Cajas lo obligó a renunciar el 23 de agosto de 1947.

La siguiente presidencia de Velasco Ibarra, entre 1952 y 1956, fue el fruto de una elección popular celebrada en junio de 1952 y fue el único período que Velasco Ibarra logró concluir en su dilatada vida política. 

La tercera vez que fue elegido presidente por elección popular fue en junio de 1960. Empezó a gobernar el 1 de septiembre de aquel año y concluyó su período por un golpe de Estado militar el 7 de noviembre de 1961. 

La cuarta y última vez que Velasco Ibarra fue elegido presidente por la vía electoral fue en junio de 1968. Volvió a tentar la dictadura, nuevamente con éxito. El 22 de junio de 1970, Velasco Ibarra se declaró dictador y gobernó por poco menos de dos años. El 15 de febrero de 1972 los militares lo sacaron del poder en un golpe de Estado que pasó a la historia como el “Carnavalazo”.

En materia de dictadura, Velasco Ibarra la intentó tres veces (líder máximo de la categoría) y consiguió ser dictador en dos oportunidades (más que cualquiera).

El saldo de cinco décadas de vida política arroja la paradoja de Velasco Ibarra: el más exitoso líder democrático del Ecuador es el mayor practicante de la dictadura. 

República de Guayaquil

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de octubre de 2024.

Entre el 9 de octubre de 1820 y el 13 de julio de 1822, Guayaquil vivió una forma de gobierno independiente y republicana. “Por Guayaquil independiente” es el indiscutible lema inscrito desde 1820 en nuestro escudo. El Guayaquil republicano, empero, merece unas precisiones.

Que Guayaquil haya sido una república fue consecuencia de nuestra independencia. Tras el 9 de octubre, toda vez que se rompió el vínculo con el Reino de España, se sustituyó a la monarquía (el gobierno de uno, el rey) por una república autogobernada. 

Este autogobierno tomó forma con la reunión en Guayaquil de un Colegio Electoral integrado por representantes de 27 pueblos de la provincia (un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados; toda la Costa, menos Esmeraldas). Este órgano representativo, reunido entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, aprobó las normas (el Reglamento Provisorio de Gobierno, nuestra pequeña Constitución) para administrar el territorio de la Provincia Libre de Guayaquil. En estas normas se estableció una división de los poderes del Estado y se reguló una milicia para la liberación de los territorios vecinos, en su mayor parte todavía gobernados por España.

El Poder Ejecutivo era de carácter electivo y residió “en tres individuos elegidos por los Electores” (Art. 4). Para integrar la Junta de Gobierno que debió gobernar los destinos de la Provincia Libre de Guayaquil hasta la designación de sus reemplazos por la representación provincial, el Colegio Electoral designó a Rafael Ximena, Francisco María Roca y José Joaquín Olmedo.  

El Poder Legislativo (la representación provincial) “se convocará por el Gobierno cada dos años en el mes de octubre, o antes si la necesidad lo exigiese” (Art. 19). El Poder Judicial se desarrolló en los artículos del 11 al 15 para administrar justicia “en lo civil y criminal” (Art. 11). 

En 1820 ocurrió que un territorio de la América del Sur (uno más) rompió con la administración de la monarquía española para pasar a ser administrado, primero, por sus propias normas, con un régimen de separación de poderes y, segundo, por sus propias autoridades, de forma electiva y periódica. Con este antecedente, se debe concluir que Guayaquil, por la fuerza del 9 de octubre y, sobre todo, por el derecho del 8 de noviembre, se organizó como una república. Y subsistió como tal por casi dos años. 

Guayaquil fue una república generosa y de carácter libertario. No buscó (como ocurrió en 1809) imponer una primacía de la provincia sobre las provincias vecinas. Por contraste, luchó por su independencia del Reino de España. Organizó una milicia (la “División Protectora de Quito”) y subió la montaña para combatir por la liberación de los quiteños. Hijos de esta ciudad pelearon en el volcán Pichincha, el 24 de mayo de 1822, para cumplir ese objetivo. En conjunto con otros americanos (y europeos), lo consiguieron.

El episodio del Guayaquil republicano concluyó el 13 de julio de 1822, cuando el Secretario del Presidente Simón Bolívar le comunicó a la Junta de Gobierno de Guayaquil que había cesado en sus funciones (1.300 soldados colombianos acantonados en la ciudad respaldaban esta idea). Unos días después, se anexionó la provincia a Colombia. 

182 varones

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de septiembre de 2024.

Rocafuerte, García Moreno y Alfaro: tres héroes políticos del siglo diecinueve (en el caso de Alfaro, hasta entrado el siglo veinte). El dato curioso: ninguno llegó a la presidencia por la voluntad popular.

Rocafuerte ocupó la presidencia por un único período, entre 1835 y 1839. Su período de gobierno fue consecuencia de haber triunfado su ejército en la batalla de Miñarica, el 19 de enero de 1835. El triunfo en esta primera guerra civil entre ecuatorianos produjo la reunión de una Asamblea Constitucional, la primera que estableció en la Constitución que el Ecuador era una república y ya no parte de una tan deseada como extraviada confederación. Esa Asamblea, el 8 de agosto de 1835 y por 25 votos (de 39 posibles) lo designó a él Presidente de la República.

García Moreno ocupó la presidencia en dos períodos no consecutivos, primero entre 1861 y 1865, después entre 1869 y 1875. Su primera presidencia surgió como fruto de la guerra civil de 1859-1860 y tras la organización de una Asamblea Constitucional, que dictó la sexta Constitución de la República del Ecuador y que lo designó a él, el 2 de abril de 1861 y por 37 votos (todos los diputados, menos uno) Presidente de la República.

La segunda presidencia de García Moreno ocurrió por un golpe de Estado. Para evitar que en las elecciones a celebrarse en mayo de 1869 triunfe la opción liberal que Francisco Xavier Aguirre representaba, García Moreno produjo un Golpe de Estado el 17 de enero de 1869. Convocó una nueva Asamblea Constitucional, que dictó una nueva Constitución (la séptima). Esta Asamblea lo designó Presidente de la República, el 9 de agosto de 1869 y por 28 votos (de 30 posibles). El magnicidio del 6 de agosto de 1875 concluyó con su período presidencial, cuatro días antes de terminar el período.

Alfaro también ocupó la presidencia en dos períodos no consecutivos, primero entre 1897 y 1901, y después entre 1906 y 1911. La primera presidencia de Alfaro surgió como fruto de una guerra civil en la que triunfó la revolución liberal y se convocó a una Asamblea Constitucional, que elaboró la décima Constitución de la República del Ecuador y lo designó a Alfaro Presidente de la República el 17 de enero de 1897, por 51 votos (de 63 posibles). 

La segunda presidencia de Alfaro se originó por un golpe de Estado. El 31 de diciembre de 1905, el presidente Lizardo García recibió un telegrama en el que se le deseaba un feliz año y se le informaba de una insurrección que proclamaba Jefe Supremo a Alfaro. En cosa de veinte días, el golpe de Estado estaba consolidado. Luego, lo típico: una Asamblea Constitucional, que dictó una nueva Constitución (la décimo primera de la república) y que lo designó Presidente de la República a Alfaro el 23 de diciembre de 1906, con 41 votos (de 60 posibles). Lo que empezó con un golpe de Estado, concluyó con otro, consumado el 11 de agosto de 1911, que lo sacó a Alfaro al exilio veinte días antes de que concluya su período.  

En resumen, tres presidentes relevantes de nuestra historia y un total de cinco períodos de gobierno, pero en ninguno de ellos se llegó a ocupar el cargo por la voluntad popular directa (en cinco asambleas de representantes, los votaron 182 varones).

El diezmo

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de septiembre de 2024.

Un quiteño ilustre, Antonio Flores Jijón, fue el Presidente que terminó con el cobro del diezmo en el Ecuador. Lo acompañó en ese proceso un Papa, León XIII. 

El diezmo era un impuesto para sostener la religión católica que se cobraba a la producción agrícola y pecuaria, establecido desde 1501 por la bula Eximiae devotionis sinceritas del Papa Alejandro VI. Seguía vigente casi cuatrocientos años después.

El Presidente Flores Jijón gobernó entre 1888 y 1892. Hijo de Juan José Flores, nació en 1833 en el Palacio de Carondelet. Estudió en Europa, se graduó de abogado en la Universidad de San Marcos, fue autor de varios libros y artículos de opinión. Versado en varios idiomas, diplomático en muchos países (entre ellos Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos), él era un convencido de que el cobro del diezmo debía terminar. 

El Ecuador era el último de la fila: el diezmo ya no se lo cobraba en los demás países. Según un diputado a la Convención Nacional que adoptó la Constitución de 1884: “las naciones todas han suprimido los diezmos de sus códigos; y ¿será posible que el Ecuador continúe conservándolo?”. El diezmo se lo abolió en Costa Rica y Guatemala tan temprano como en 1852, en Colombia en 1853, en Perú en 1859… Pero treinta años después, seguía vigente en el Ecuador y constituía (desde hacía mucho rato) una notoria desventaja comparativa para el desarrollo económico del país. 

Flores Jijón era un “defensor enérgico” de su abolición según dijo al iniciar su gobierno en su Mensaje a la Nación, dado en la Catedral de Quito el 17 de agosto de 1888, al punto de haber escrito un “Memorándum sobre la abolición del diezmo en la República del Ecuador” que “por instancias de la Santa Sede le he presentado a Ella misma, y que se ha impreso de orden Suya en el Vaticano”.

Esta relación tan cordial y propositiva se debió a que Flores Jijón era cercano a Vincenzo Giaocchino Pecci, conocido como León XIII. Este Papa envió al Ecuador a un Delegado Apostólico, Giuseppe Macchi, para transmitir la anuencia papal a la negociación para sustituir el diezmo a través de un convenio adicional al Concordato, que era la norma que desde 1862 regulaba las relaciones entre el Ecuador y la Santa Sede.

Por este convenio se terminó en 1890 el cobro del diezmo, pero para ser sustituido por un impuesto del tres por mil sobre los predios rústicos (a excepción de propiedades con valores menores a cien sucres, huertas de cacao y edificios de fondos rústicos), exclusivamente destinado a sostener la religión católica. Un Congreso Extraordinario decretó el 8 de agosto de 1890 la aprobación del convenio adicional que había sido firmado en Roma el 9 de marzo de 1890 por el representante del Presidente del Ecuador, Leónidas Larrea, y el Secretario de Estado del Papa, el cardenal Mariano Rampolla.

Así, el diezmo se lo abolió el año 1890 (es decir, se eliminó una carga discriminatoria a los productores agrícolas y pecuarios), pero el Estado del Ecuador seguía financiando a la iglesia. Esta situación únicamente concluyó con un decreto que derogó el impuesto del tres por mil y que declaró como voluntario cualquier pago que se haga a la iglesia, firmado por el general Eloy Alfaro en octubre de 1898.

El relato extraviado

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de septiembre de 2024.

En el Ecuador, como en otros Estados que surgieron en América en el siglo XIX, se forjó un relato histórico para contribuir a desarrollar la incipiente nacionalidad.  

A diferencia de otros Estados, en el caso ecuatoriano este relato fue deficiente. Una parte de esta deficiencia se podría explicar por el origen del relato histórico escogido, que está basado en dos errores de bulto.

La historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) quiere que el origen del relato histórico ecuatoriano empiece con un primer grito de independencia ocurrido en Quito el 10 de agosto de 1809.

El primer error de ese relato histórico es tomar la parte por el todo. Lo que ocurrió en 1809 fue una acción quiteña emprendida contra los territorios que conformaron, años después, el Estado del Ecuador. En 1809, la Junta de Gobierno que se instituyó en Quito quiso imponer su primacía a las autoridades de las provincias vecinas de Cuenca y Guayaquil. Su reacción (también la de Popayán) fue rechazar de manera rotunda la propuesta quiteña, guerrearla y volverla un pronto fracaso.  

Es decir, lo ocurrido en 1809 es realmente la acción de una parte (Quito) que motivó la reacción violenta de las dos otras partes (Guayaquil y Cuenca) que conformaron el Estado del Ecuador en 1830. No sirve como una celebración para todo el Ecuador (a mayor inri, en 1809 el Estado del Ecuador no existía ni como idea).

Pero el hecho de que Quito no haya podido persuadir a nadie, no la arredra a Quito: ella supone que los otros territorios se equivocaron en no hacerle caso a su llamado a la independencia. De su rotundo fracaso en persuadir a otros, Quito hace un timbre de orgullo. 

Y este es el segundo error, porque no hay tal llamado a la independencia. En rigor, se trata de la conocida falacia post hoc ergo propter hoc, que consiste en atribuirle a un hecho posterior ser la consecuencia de uno que ocurrió antes. En este caso, consiste en atribuir el hecho de la independencia a un hecho que nunca la buscó.

Con tantos estudios sobre el tema publicados desde los años noventa (de François-Xavier Guerra, de Manuel Chust, de Antonio Annino, de Federica Morelli, entre muchos otros), hoy es incontrovertible que lo ocurrido en Quito en 1809 no fue un movimiento independentista. Lo que se buscó en aquel entonces fue romper la sujeción de Quito al Virreinato de Santafé y empezar a administrar de manera autónoma su territorio, pero siempre formando parte del Reino de España.   

Como Quito había sufrido unas considerables mermas de su territorio en los años previos a 1809, su objetivo fue reconstituir (y administrar por cuenta propia) esos territorios perdidos. Sea dicho con palabras de Federica Morelli: “El principal objetivo de la junta quiteña de 1809 no fue, por lo tanto, la independencia de España sino la reconstitución de un territorio que había sufrido una desarticulación mucho antes de la crisis de 1808”.

Así, lo que cuenta la historiografía oficial (Academia Nacional de Historia mediante) no es una historia, es un extravío.

Y ya tomándose los hechos en serio, la historia de la independencia de los territorios que conformaron en 1830 el Estado del Ecuador empezó en Guayaquil el 9 de octubre de 1820. 

Los muros

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de septiembre de 2024.

La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada el 15 de diciembre de 1791 y vigente todavía casi 233 años después, dice lo siguiente: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente”.

Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América del reino de la Gran Bretaña y el tercer presidente de la primera república americana, escribió en carta fechada el 1 de enero de 1802 (mientras era el presidente, durante su primer período) dirigida a una asociación de bautistas (variante de la confesión protestante) de la ciudad de Danbury, una frase que se ha convertido en la más célebre caracterización de la primera enmienda aprobada a la Constitución. En dicho documento del año 1802, Jefferson escribió que, tras la aprobación de la primera enmienda a la Constitución por el Congreso el año 1791, se había erigido “un muro de separación entre la iglesia y el Estado”.

Desde 1791 se aplica en los Estados Unidos de América este “muro de separación” que significa una clara protección del Estado a la diversidad de religiones y un contundente rechazo a la adopción por el Estado de una religión oficial. Por contraste, en 1869 en la República del Ecuador (casi 80 años después de la primera enmienda estadounidense) se erigió un muro, con un propósito totalmente opuesto.

En 1869, la República del Ecuador adoptó su séptima Constitución. El gobernante de ese entonces (elevado al poder por un golpe de Estado de enero de ese año), Gabriel García Moreno, explicó en un mensaje dirigido a los diputados a la Convención Nacional los objetos principales de la Constitución que ellos estaban redactando: 

“el primero poner en armonía nuestras instituciones políticas con nuestras creencias religiosas; y el segundo, investir a la autoridad pública de la fuerza suficiente para resistir a los embates de la anarquía (...). Entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero y los enemigos de la Religión que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa, y esto es lo que me he propuesto y lo que creo esencial en las reformas que contiene el Proyecto de Constitución”.

Este “muro de defensa” de García Moreno tomó forma en el artículo 9 de la Constitución, que obligó al Estado ecuatoriano a proteger la religión católica “con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”, y en su artículo 10, que llegaba al extremo de supeditar la condición de ciudadano a la profesión de la fe católica. Por supuesto, a la religión oficial del Estado ecuatoriano, los “poderes políticos” estaban obligados a hacerla respetar “con exclusión de cualquier otra”. Esta Constitución pasó a la historia con el remoquete de “Carta Negra”.

El muro de Thomas Jefferson sigue en pie, 222 años después de formulado. El muro que erigió García Moreno en 1869, no duró ni diez años. En 1878, una nueva Constitución lo derrumbó (en sus extremos, pues la religión católica seguía siendo la oficial del Estado). 

Un muro en pie, el otro caído. El resultado es un testimonio del triunfo de las luces y de la civilización.

Ganó Rocafuerte

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de agosto de 2024.

Los hombres adinerados cuyos ejércitos, comandados por forasteros (general venezolano para el ejército de la Costa, general novogranadino para el ejército de la Sierra), se enfrentaron en Miñarica en enero de 1835, tenían ideas muy distintas sobre las relaciones entre la religión y el Estado.

Para el costeño e ilustrado Vicente Rocafuerte, la exclusión por el Estado de todo otro culto público que no sea el católico era “contrario a la ilustración del siglo XIX y perjudicial a los intereses de la República” porque “embaraza cualquier proyecto de colonización europea, que solo puede realizarse, apoyándose en la base de la libertad de cultos, sin la cual no puede haber libertad política. Este es un hecho que no se oculta al que observa lo que pasa en el mundo. Las naciones que no admiten en su seno la libertad de cultos, son más atrasadas en luces y civilización”.

Por contraste, para el serrano y ultramontano José Félix Valdivieso era “un error pensar que aquí tenemos religión dominante. No conocemos más que una sola y siendo ésta la única verdadera, excluye a toda otra y no permite el culto público y dogmatizante de las demás”. Y dejaba, además, muy en claro su vocación por el atraso: “he formado mi opinión y no estaré en esta parte por lo que llaman las luces del siglo”.

En la guerra civil que se dirimió en los arenales de Miñarica, triunfó el ilustrado Rocafuerte. Pero en casi todo lo que restó del siglo fueron las ideas conservadoras de Valdivieso las que dominaron en el Ecuador.

Durante diez constituciones del siglo XIX, desde la de 1830 hasta la de 1884, el Estado protegió a la religión “católica, apostólica romana, con exclusión de cualquier otra”. Entre estas constituciones que declararon la primacía excluyente del catolicismo, destacó la del año 1869, obra del celo conservador de García Moreno. 

En esta Constitución se llegó hasta el extremo, en su artículo 10, de supeditar la condición de ciudadano ecuatoriano a la profesión de la fe católica y, en su artículo 9, de conservar a la religión católica “con los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y las disposiciones canónicas”.

Recién en la primera Constitución liberal de 1897 se adoptó un artículo que impuso al Estado una obligación de respeto a la diversidad de las creencias religiosas, en los siguientes términos: “El Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquéllas” (Art. 13). Sin embargo, el Estado seguía teniendo como religión “la católica, apostólica, romana” (Art. 12).

Hubo que esperar al siglo XX, a la Constitución de 1906, para que tengamos un Estado no confesional. En el artículo 26 numeral 3 estableció la garantía del Estado para “la libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones” y omitió toda referencia a una religión oficial. Ya en el siglo XXI, la Constitución adoptada el 2008 consagró en su artículo 1, entre los principios fundamentales del Estado, ser un Estado “laico”.  

A la larga ganó Rocafuerte, tanto en el campo de batalla de Miñarica, como en el campo de las ideas. En lo segundo, ello ocurrió con el retraso inherente a una sociedad tan afecta a la oscuridad. 

¡Mueran los tres pesos!

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de agosto de 2024.

Esta es la conclusión del libro de Mark van Aken, ‘El rey de la noche’, sobre Juan José Flores: “Con la perspectiva que da el tiempo, nos es relativamente fácil diagnosticar los males que sufría el Ecuador: rivalidades regionales, atraso económico, corrupción e injusticia social. (…) No podemos atribuir a Juan José Flores el mérito de haber encontrado una solución a los problemas del Ecuador, pero, teniendo en cuenta las enormes dificultades del empeño, no asombra su fracaso”.  

Un testimonio de estas “enormes dificultades” es la reforma fiscal que intentó Flores en su tercera presidencia (también lo intentó en su primera presidencia y también sin éxito). En 1843, Flores se sentía fuerte: había sido nombrado Presidente de la República en marzo por una Asamblea Constitucional de adictos suyos, que le elaboró una Constitución a su medida, con un período presidencial de ocho años. Flores pensaba gobernar hasta 1851.

Apenas iniciado su período, el presidente Flores planteó una reforma fiscal que fue aprobada por la legislatura y que consistió en crear una contribución general de tres pesos y medio que la debía pagar todo hombre adulto, so pena de su reclutamiento en el ejército en caso de negarse a ello. 

Desde su nacimiento en 1830, el Ecuador arrastraba un permanente déficit económico y esta contribución de los ecuatorianos era una forma de tratar de equilibrar la balanza y de cumplir con los pagos atrasados. En rigor, la reforma no era otra cosa que la extensión a la población blanca y mestiza del Ecuador del impuesto que era pagado por los indígenas desde los tiempos de la conquista, llamado ‘contribución personal de indígenas’. Según Mark van Aken, “el programa de contribuciones que Flores proponía era equilibrado y humanitario, especialmente en lo que afectaba al sobrecargado indígena”. 

Pero en una sociedad pigmentocrática (es decir, una que clasifica las personas según su color de la piel y las trata en consecuencia), esta extensión a la población blanca y mestiza del cobro de una contribución que se estimaba propia de los indígenas, se consideró como una degradación que igualaba a los blancos y a los mestizos con los oprimidos indígenas. Y entonces se la resistió bravamente a esta contribución por los blancos y mestizos de clase baja, principalmente en las poblaciones de la Sierra (más sensibles a esta igualación, por tener una mayor población indígena), al grito de “¡mueran los tres pesos!”.

El gobierno de Flores reprimió a los rebeldes y mató a unos cuarenta de ellos. Los rebeldes mataron a algún terrateniente (Adolfo Klínger, en Cayambe) y saquearon varias haciendas. Finalmente, Flores debió recular y desistir de la extensión de la contribución a los blancos y mestizos, quedando únicamente el impuesto de siempre para los oprimidos indígenas. (Y así se mantuvo hasta 1857).   

Al final de este viaje racista y violento, el Ecuador estaba peor que cuando se aprobó la reforma fiscal: no sólo ella había fracasado, sino que el erario nacional se encontraba más debilitado que antes por el costo de aplacar la rebelión.

En un país así constituido, no resulta entonces nada extraño que el presidente Flores haya fracasado. Le hubiera pasado a cualquiera.

Edificio en ruinas

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de agosto de 2024.

En la Convención de Ambato de 1835 el primer Presidente de la República del Ecuador, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió estas duras palabras a los diputados del pueblo ecuatoriano allí reunidos: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi dos siglos pasaron desde esa Convención que fundó una república, y los fundamentos de su “edificio democrático” han variado en la forma, pero no en el fondo. O al menos no para bien.

Hoy, el “edificio democrático” que refirió Rocafuerte en su alocución está corrompido (lo ha estado casi invariablemente desde aquel lejano 1835). En cuanto a las variaciones de forma, se convirtió a las elecciones en un proceso organizado por un órgano especializado (desde la aprobación de la Constitución de 1945) y se convirtió en obligatorio el voto de los ciudadanos (desde la aprobación de la Constitución de 1946). En lo de fondo, hoy, este órgano especializado no controla si la corrupción penetra en el proceso electoral. Y para legitimar la situación, se nos obliga a los ecuatorianos a sostener este sainete siniestro con el voto.

La preocupación del presidente Rocafuerte en 1835 era que los ecuatorianos no gozaban de las condiciones necesarias para hacer el bien a su Patria. Nuestra preocupación, casi dos siglos después, debe ser que el “edificio democrático” que se ha erigido en el Ecuador se ha asentado en un sistema electoral que permite que algunos ecuatorianos le hagan el mal a su Patria. 

Nuestro sistema electoral favorece la producción de este sainete siniestro. No impide que los movimientos y partidos políticos sean una mascarada sin asomo de ideología, ni que sus elecciones primarias sean una burla sin asomo de participación (salvo la gente como parte del decorado). Es decir, en el sistema electoral ecuatoriano no importa que los movimientos y partidos políticos hagan un sainete de la elección de las autoridades. Lo realmente grave, sin embargo, es que el sistema electoral está permitiendo ahora que ese sainete merezca la calificación de siniestro, pues se confiesa incapaz de controlar los fondos que ingresan para el financiamiento de los movimientos y partidos políticos. 

Esta falta de control en el financiamiento es siniestra, pues para nadie es desconocida la presencia e influencia en la sociedad ecuatoriana de los grupos de delincuencia organizada. Se han infiltrado en las instituciones, corrompido a sus autoridades y ocupado territorios en los que el Estado está vedado de intervenir, y se imponen por el terror o por la muerte. 

Que el Estado esté inerme frente a la posibilidad de que ellos financien las candidaturas de las autoridades, sólo nos augura un futuro siniestro, uno en que la misión básica del Estado de proteger a los habitantes de su territorio se subvierte para poner al Estado al servicio de quienes agreden a los habitantes de su territorio.

Casi dos siglos después, y estamos peor que como empezamos. Y conste que empezamos mal.

A celebrar el 13 de agosto

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de agosto de 2024.

En la República del Ecuador, las autoridades del Estado conmemoran el 10 de agosto de 1809, pero realmente deberían conmemorar lo que pasó el 13 de agosto de 1835, es decir, mover la celebración tres días. 

Conmemorar el 10 de agosto es sostener, de manera oficial y con recursos del Estado, la pura fantasía de un primer grito de independencia (ni fue primero, pues lo antecedieron Montevideo, La Plata y La Paz; ni fue de independencia, pues fue un reclamo de autonomía dentro de la Monarquía Española). El 13 de agosto de 1835 tiene frente al 10 de agosto de 1809 la incomparable ventaja de estar asentado en un hecho positivo y real.

El 13 de agosto es la consecuencia de una guerra civil. El 19 de enero de 1835, en Miñarica, se enfrentaron dos ejércitos, comandados por forasteros. El ejército de la Costa, por un venezolano, Juan José Flores, y el ejército de la Sierra, por un novogranadino, Isidoro Barriga. Detrás de ellos, como los posibles beneficiarios de la victoria militar en esta guerra civil, dos terratenientes: por la Costa (la antigua provincia española de Guayaquil), el guayaquileño Vicente Rocafuerte; por la Sierra (la unión de las antiguas provincias españolas de Quito y Cuenca), el lojano José Félix Valdivieso. Triunfó el guayaquileño Rocafuerte.

Vicente Rocafuerte impuso en seguida la organización de una Convención Nacional que se reunió cerca de donde ocurrió el triunfo militar, en Ambato, entre junio y agosto de 1835. Esta Convención Nacional nombró al poeta guayaquileño José Joaquín Olmedo como su presidente y elaboró una nueva Constitución en reemplazo de la primera, que había sido aprobada en Riobamba y puesta en vigor en septiembre de 1830. 

En la Constitución de 1830, el Estado del Ecuador que se fundó ese año se consideraba a sí mismo como parte de la República de Colombia. El artículo 2 de dicha Constitución declaraba, diáfano: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia”. El Presidente de este Estado del Ecuador fue un extranjero, Juan José Flores. Y esta idea de confederarse con los otros Estados de Colombia fue un claro despropósito, que muy pronto cayó en saco roto.

En la siguiente Constitución, adoptada por la Convención Nacional reunida en Ambato en 1835, su artículo primero dejó atrás esta veleidad y declaró que el Estado del Ecuador era una república al fin: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”. Esta Convención Nacional nombró como primer Presidente Constitucional de la República del Ecuador a una persona nacida en el territorio del Ecuador, el guayaquileño Vicente Rocafuerte. Para él, ocupar esta dignidad fue la corona del triunfador en la guerra civil. 

El 10 de agosto es una conmemoración de los hechos ocurridos en una provincia (Quito) que fueron combatidos por las otras dos provincias que compusieron el Ecuador desde 1830 (Guayaquil y Cuenca). En contraste, el 13 de agosto sí que conmemora un hecho nacional: aquel día que la unión de los ecuatorianos, con la entrada en vigor de la Constitución el 13 de agosto de 1835, compuso una república.