El último dictador civil

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de junio de 2025.

El 22 de junio de 1970, hace casi 55 años, el Registro Oficial No. 1 publicó el decreto supremo No. 1 con el que José María Velasco Ibarra, quien había sido elegido Presidente de la República en una elección celebrada el 2 de junio de 1968, se declaró dictador en los siguientes términos: “Art. 1º.- Asumo el Mando Supremo de la República a partir del día de hoy hasta el 31 de Agosto de 1972 fecha en la cual termina el período presidencial para el que fui elegido por la soberanía popular”. 

Las justificaciones que el Presidente Velasco Ibarra ofreció para la declaratoria de su última dictadura fueron puestas de manifiesto en los considerandos del decreto supremo. En principio, Velasco Ibarra justificó su dictadura en la necesidad de proteger a la administración del Estado, porque el sistema legislativo había debilitado al Poder Ejecutivo y porque “fuerzas negativas y antinacionales” habían conducido al Ecuador a “una crisis que amenaza su misma existencia”. 

En seguida, Velasco Ibarra justificó la dictadura por la necesidad de satisfacer los reclamos de la sociedad, tanto de una opinión pública que según él deseaba una “reestructuración nacional sobre bases de respeto a la moral, a la autoridad y a las leyes”, como de las Fuerzas Armadas que “en forma patriótica, comprensiva y unánime han solicitado al actual Presidente de la República que asuma los Plenos Poderes”. Y Velasco Ibarra les hizo caso.

El quiteño José María Velasco Ibarra es nuestra gran figura democrática, pues ningún otro ha sido elegido Presidente en tantas ocasiones por la votación popular, un total de cuatro: en 1934, 1952, 1960 y 1968. Velasco Ibarra es también nuestra gran figura dictatorial, pues ningún otro ha intentado la dictadura en tantas ocasiones como él: en 1935, 1946 y 1970. 

En 1935 Velasco Ibarra intentó la dictadura, sin éxito, cuando (según su decir) se precipitó sobre las bayonetas y las Fuerzas Armadas no lo respaldaron. Fue la única ocasión en que no tuvo éxito, porque en 1946 y 1970, en cambio, sí consolidó su dictadura, aunque en ningún caso duró demasiado. 

El 30 de marzo de 1946 Velasco Ibarra se declaró dictador a fin de desconocer una Constitución que se había sido aprobada recién en 1945 y con la que él no estuvo de acuerdo, por lo que convocó a una nueva Asamblea Constitucional, que lo volvió a designar a él Presidente de la República el 10 de agosto de 1946 y que produjo a fines del año 1946 otra Constitución, que esta vez sí fue de su agrado. Velasco Ibarra gobernó hasta que el golpe de Estado del coronel Mancheno Cajas lo obligó a renunciar el 23 de agosto de 1947.

En 1970, por segunda vez Velasco Ibarra intentó con éxito una dictadura. Como se indicaba en el citado decreto supremo No. 1, Velasco Ibarra debió gobernar hasta el 31 de agosto de 1972, pero fue interrumpido por un golpe de Estado militar perpetrado el 15 de febrero de 1972, que ha pasado a la historia como el “Carnavalazo” y por el que subió al poder el general Guillermo Rodríguez Lara.

En esta última dictadura, Velasco Ibarra gobernó el país por espacio de 603 días (1 año, 6 meses y 28 días) sin contrapesos políticos. Ha sido nuestro último dictador civil. Pero muy probablemente, no será el último.

Los desgajos a la Provincia de Guayaquil

            Publicado el viernes 13 de junio en diario Expreso.

La Provincia de Guayaquil, durante los muchos años en que fue parte del Reino de España, fue un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Después de que en julio de 1822 se anexionó (por la fuerza) la Provincia de Guayaquil a la República de Colombia, esta antigua provincia española se transformó en un departamento colombiano. Tras haberse expedido el 25 de junio de 1824 por el Congreso de Colombia la Ley de División Territorial de la República de Colombia, la que fue una provincia de 50.000 kilómetros cuadrados sufrió su primer desgajo. El departamento de Guayaquil, que fue uno de los doce departamentos colombianos, se lo dividió en dos provincias: Guayaquil y Manabí. Con los departamentos de Azuay y Quito, estos tres departamentos conformaron el Distrito del Sur de Colombia.  

Esta Ley colombiana de 1824, a su vez, subdividió a la Provincia de Guayaquil en seis cantones: Guayaquil (su capital), Daule, Babahoyo, Baba, la Punta de Santa Elena y Machala. Esto que había resuelto Colombia en 1824 se mantuvo cuando el Distrito del Sur se separó de Colombia para crear el Estado del Ecuador en 1830. Se mantuvieron los departamentos (de hecho, según el artículo 1 de la Constitución de 1830, el Estado del Ecuador no era otra cosa que la reunión de los departamentos de Azuay, Guayas y Quito) y no se realizó ninguna alteración a los límites establecidos en la ley colombiana de 1824. Es así que Ecuador surgió a la vida jurídica con siete provincias: Guayaquil y Manabí (en la región Costa), e Imbabura, Quito, Chimborazo, Azuay y Loja (en la región Sierra).

El siguiente desgajo sufrido por la Provincia de Guayaquil ocurrió en 1861 durante el primer gobierno del guayaquileño Gabriel García Moreno cuando se creó una nueva provincia llamada originalmente “Ríos” (con el tiempo, “Los Ríos”; una parte de esta provincia se la segregaría en 1884 para la creación de la provincia de Bolívar). García Moreno también fue el responsable de cambiar el histórico nombre de “Provincia de Guayaquil”, pues desde la Lei sobre División Territorial que se dictó a inicios de su primer gobierno, en mayo de 1861, se la empezó a llamar “Provincia del Guayas”.

Durante el gobierno presidencial de otro guayaquileño, José María Caamaño, se procedió al siguiente desgajo de la provincia en la Ley sobre División Territorial de 1884. La provincia de El Oro emergió del territorio de la provincia del Guayas, al menos en su franja costera. Y de esta manera, a fines del siglo XIX, quedó configurada la división de la Costa en cinco provincias (Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, más Esmeraldas, que siempre se mantuvo fuera de la órbita de la Provincia de Guayaquil). Esta división territorial de la Costa persistió por más de un siglo (123 años).  

El siguiente desgajo a la provincia del Guayas ocurrió en el 2007, durante el gobierno de otro presidente guayaquileño, Rafael Correa, cuando de ella se desprendió a la Provincia de Santa Elena. Así, de los seis cantones originales con los que empezó la provincia en 1830, Santa Elena fue el tercero que se provincializó. Y es de notar que todos ellos se provincializaron en períodos de Presidentes guayaquileños: García Moreno, Caamaño y Correa.

Ecuador y el Imperio del Japón

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de junio de 2025.

En 1894, el Imperio del Japón enfrentaba en una guerra a China, en la que triunfó al año siguiente (obtuvo de China los territorios de Taiwán, Liaodong y las islas Pescadores, además del control sobre la península de Corea). El Ecuador participó apoyando al imperio japonés, pues le facilitó la compra de un crucero chileno, de nombre Esmeralda.

Como el gobierno de Chile se había declarado neutral en la guerra entre Japón y China, no podía hacer una venta directa. Por eso un puñado de especuladores ecuatorianos (entre ellos, un expresidente) compraron el crucero chileno Esmeralda por 220.000 libras esterlinas y le pusieron la bandera ecuatoriana para que surque las aguas entre Valparaíso y Hawái, donde tras el pago de 300.000 libras esterlinas se entregó este crucero al Imperio del Japón, que lo rebautizó como Izumi.

Por eso, el 5 de junio de 1895, en la proclama que suscribió el pueblo de Guayaquil en la que se nombró al general Eloy Alfaro “Jefe Supremo de la República y General en Jefe del Ejército”, se justificó la revolución liberal por haber estado la República “sojuzgada por una camarilla sombría, de especuladores inicuos”.

Para acabar con esa camarilla, se debía dar bala y lo sabía bien Alfaro. La proclama del pueblo de Guayaquil del 5 de junio tiene su necesario antecedente en la “Proclama a los habitantes del Ecuador”, suscrita por Alfaro el 5 de febrero de 1895, en Managua. Allí el general dejaba en claro la necesidad de la violencia para el triunfo de la revolución: “Solamente a balazos dejarán vuestros opresores el poder que tienen únicamente por la violencia. […] ¡Afrontemos, pues, resueltamente los peligros y luchemos por nuestros derechos y libertades, hasta organizar una honrada administración del Pueblo y para el Pueblo. En fin, hagamos algo digno que merezca los aplausos de la posteridad!”. 

Eloy Alfaro concluyó su proclama, ofreciendo los servicios de su espada: “Marcho, pues, ¡en vuestro auxilio para participar en las penalidades de la campaña y tener la honra de conduciros al combate y a la victoria!”. El 12 de febrero, Milagro fue la primera en plegar a la causa alfarista, y se fueron sumando decenas y decenas de ciudades y pueblos de la Costa con insurrecciones y proclamas a favor de Alfaro.  

Tras la proclama del pueblo de Guayaquil que lo nombró “General en Jefe del Ejército”, el 18 de junio de 1895, Eloy Alfaro desembarcó en la ciudad. En seguida, organizó las fuerzas militares para empezar a remontar la cordillera y tomar Quito, sede del poder político y administrativo del Ecuador, bastión conservador de la República.

El 15 de agosto, el ejército de Eloy Alfaro derrotó en Gatazo al ejército gubernamental. El 23 de ese mes, el último Encargado del Poder en Quito, Aparicio Rivadeneira, huyó a Colombia. El 4 de septiembre de 1895, Alfaro y sus huestes entraron en Quito y, a partir de ese día, se organizó la administración de la República bajo principios e instituciones liberales. 

En 1895 se registró el primer triunfo bélico del imperialismo japonés (vendrían muchos más, hasta un desplome final con bomba atómica) y en 1895 triunfó en el Ecuador la revolución liberal. Ambos hechos tienen un vínculo lejano, en un acto de corrupción.

El número de los representantes

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de mayo de 2025

José Félix Valdivieso, el derrotado cuando enfrentó a Flores en 1835 y el derrotado cuando defendió a Flores en 1845, fue el alcalde de Quito a partir del 25 de mayo de 1822 por haberlo designado el militar venezolano Antonio José de Sucre tras su victoria en la batalla del Pichincha. En esta calidad, Valdivieso convocó a una asamblea de representantes de Quito, que se celebró el 29 de mayo.

Ese día, la asamblea aprobó un acta que empezaba así: “En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de las provincias del antiguo reino de este nombre…”, pero, en rigor, cada provincia española que conformó el reino de Quito, para su administración tenía cada una su propia Gobernación y su propia capital. La provincia española de Guayaquil (Gobernación desde 1763) tenía su capital en Guayaquil; la provincia española de Cuenca (Gobernación desde 1777) tenía su capital en Cuenca. A mayor inri, la vez que Quito quiso imponerse, en agosto de 1809, como la capital frente a sus provincias vecinas (Guayaquil y Cuenca, y además Popayán), éstas no lo consintieron. La guerrearon y se impusieron.

Pero esa premisa falsa era necesaria para el primer punto del Acta, que fue declarar a las provincias “que componían el antiguo reino de Quito como parte integrante de Colombia bajo el pacto expreso y formal de tener en ella la representación correspondiente a su importancia política”. Los representantes quiteños se arrogaron la írrita potestad de integrar a Colombia de una forma inconsulta a la provincia de Guayaquil (porque para el caso de Cuenca resultaba superflua la declaración, pues la provincia de Cuenca se había incorporado a la República de Colombia el 11 de abril de 1822). Y procuraron que Colombia le reconozca a Quito una “representación” que corresponda a “su importancia política”. 

Lo dicho por Quito fue irrelevante para Guayaquil, por lo que Simón Bolívar debió venir a esta ciudad por primera vez, acompañado de 1300 soldados colombianos, para cesar a la Junta de Gobierno de Guayaquil e imponer la anexión de la provincia a la República de Colombia el 31 de julio de 1822. Las tres provincias, convertidas ahora en departamentos de Colombia, conformaron su Distrito del Sur.

Cuando se separó de Colombia el Distrito del Sur en 1830 para conformar el Estado del Ecuador, Quito buscó lo mismo: una “representación correspondiente a su importancia política”. De las tres antiguas provincias españolas, Quito era, por mucho, la más poblada. El número de los representantes en el Congreso, alegaban en Quito, debía hacerse en función de la población. Como en 1809, Guayaquil y Cuenca no quisieron y se impusieron.

Por seis Constituciones y treinta años, la representación se hizo como si el Ecuador estuviera compuesto por tres Estados federados, es decir, con una estricta igualdad en el número de los representantes (a este efecto, seguían siendo unos departamentos colombianos).

Esto lo cambió el guayaquileño más querido en Quito, Gabriel García Moreno. Desde la Constitución de 1861 se determinó que el cálculo de los representantes se iba a hacer con base en el número de habitantes en cada una de las trece provincias que integraban el Estado en aquel tiempo. Y así es desde entonces. 

Todos los desastres de las revoluciones

Mi artículo del viernes 23 de los corrientes en el Expreso, “Libertador vulgar”, provocó un comentario del expresidente Rafael Correa en su cuenta de X. 

Correa leyó mal mi artículo: decidió que la crítica a Bolívar por haber sido un “Libertador vulgar” se debía a su condición de guerrero por la independencia (de allí que él empiece diciendo que Bolívar fue “el ser humano que más naciones ha liberado en la historia de la humanidad”) pero, en realidad, la crítica del artículo se refiere a los efectos de la liberación en los países que Bolívar libertó. De allí la cita de Olmedo, constante en una carta de 1847, en la que se refiere a Bolívar como alguien que a pesar de habernos librado del “yugo español (…) nos dejó todos los desastres de las revoluciones”. Es decir, mi crítica (de corte olmediano) no es a los años de lucha de Bolívar. Es a los efectos que tuvieron estos años de lucha en los pueblos que liberó del yugo español*. 

Otro punto en que Correa yerra es cuando dice que mi análisis es un juicio a Bolívar basado en “los estándares democráticos actuales”. Esto es un problema de comprensión lectora, porque está clarito en mi texto que mi juicio lo hago basado en cartas de la época, del propio Bolívar y de Olmedo, que lo trató a Bolívar.

Es el propio Bolívar quien, al borde de la muerte, escribe una carta en la que mira en retrospectiva lo hecho en sus años de lucha por la independencia y saca de ello unos “pocos resultados ciertos”, entre los que están que la América es ingobernable, que él aró en el mar, que el mejor camino es la emigración y que en el futuro el poder lo ejercerán “tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Y en lo que respecta al futuro de América, Bolívar llevó razón (es decir, “dejó todos los desastres de las revoluciones, como decía Olmedo). Y por haber estado acertado en su predicción de 1830**, Bolívar lo contradice a Correa (de rebote, dándonos la razón a Olmedo y a mí).  

Tal vez sea más interesante el análisis opuesto al que intentó el expresidente Correa, es decir, un análisis de los hechos actuales a la luz de la experiencia de gobierno de Simón Bolívar. Es probable que ello arroje como resultado que Bruselas es la Santa Marta de este guerrero. Sólo el tiempo lo dirá. 

* Como guayaquileño, el núcleo de mi crítica a Simón Bolívar se debe a su anexión forzosa de Guayaquil a su proyecto político. Esto, porque a diferencia de otros territorios, Guayaquil no le debió su independencia a Colombia (ni a Perú, ni a nadie: se independizó por su cuenta el 9 de octubre de 1820). Y se independizó antes de la vigencia de la Constitución de Cúcuta, donde se dispuso (en 1821) que los pueblos todavía “bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). Pero esta cláusula constitucional no podía aplicar a Guayaquil, primero, porque ya era libre desde 1820, y segundo, porque en la Constitución de Cúcuta no votó ningún guayaquileño (nadie de la Audiencia de Quito, en general) y, en consecuencia, no podía existir un justo título para la agregación de la provincia de Guayaquil a Colombia.

** Estuvo acertado, justamente porque Bolívar no reniega de sus años de lucha (no dice “no debí haber hecho eso”) sino de los efectos que tuvieron esas luchas en los pueblos que liberó.

El libertador vulgar

            Publicado en diario Expreso el 23 de mayo de 2025.

El caraqueño Simón Bolívar capitaneó la liberación de una porción de Sudamérica y después se hastió. Receló de lo hecho y diseñó en 1826 una Constitución llena de desconfianza contra los pueblos que él había libertado tras una costosa y sangrienta lucha de quince años. Esa liberación se cumplió con la caída del puerto del Callao en enero de 1826, último reducto español en América. 

Bolívar diseñó una Constitución (casi idéntica) para Bolivia y para el Perú, las que fueron una diatriba en jerga jurídica contra la participación de los pueblos en la libertad que él les había otorgado con sus luchas legendarias, las que le habían ganado a Bolívar desde 1813 el membrete de “El Libertador”. En su Constitución, Bolívar instituyó una presidencia vitalicia, con la facultad del presidente de designar él mismo a su sucesor, a la manera de una monarquía. Para Bolívar, entonces, la decisión de quien debía ejercer la máxima autoridad ejecutiva no podía estar en manos de la gente. Según decía él, “un presidente vitalicio con derecho a elegir al sucesor es la inspiración más sublime en el orden democrático”.

En la Constitución que Bolívar diseñó se postulaba que el presidente de la República debía ser una autoridad perpetua porque era “como el sol que, firme en su centro, da vida al universo”. Lo vitalicio y su sol, en todo caso, demoró un rato. En Bolivia, la Constitución se promulgó en noviembre de 1826, cayó en desuso después del motín de Chuquisaca contra el presidente Antonio José de Sucre en abril de 1828 y se la derogó formalmente en agosto de 1831. En Perú, la Constitución duró todavía menos, estando vigente apenas por 49 días entre diciembre de 1826 y enero de 1827. Se la derogó formalmente en junio de 1827.

Después de esta Constitución de corte antidemocrático, a pocos días de su muerte, Bolívar explicó el fracaso que significó haber libertado a los pueblos. El 9 de noviembre de 1830, le dirigió una carta a su coterráneo Juan José Flores, fundador y primer presidente del Estado del Ecuador que se separó en 1830 de la República de Colombia fundada por Simón Bolívar. Tras autorizarlo a la secesión, Bolívar le explicó a Flores lo que él había obtenido después de mandar por 20 años: “no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Todo esto se puede condensar en esa frase tan inexacta como categórica que, por este fragmento, se le atribuyó a Bolívar: “he arado en el mar”. Tras arar, Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830.

En enero de 1847, también al final de sus días, José Joaquín Olmedo escribió al ilustre Andrés Bello una carta en la que definió a Bolívar como “cualquier libertador vulgar” porque “nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones”.

Bolívar se impuso a otros, libertó y (como él mismo lo reconoció) no supo contener las fuerzas que él había libertado. Como “cualquier libertador vulgar”, decía Olmedo acertado. 

20 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.

Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.

Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.

Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor. 

A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.

En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.

Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado. 

En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.

Veinte años atrás

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de mayo de 2025. 

El documento “Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004)” sirve para retratar de cuerpo entero la pobreza institucional del Estado del Ecuador y su invariable incapacidad para estar a la altura de su retórica constitucional: donde la norma declara un derecho, la realidad ecuatoriana confirma que se trata de un fracaso. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es el organismo encargado de supervisar, a nivel mundial, el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados que lo hayan suscrito y ratificado. El Estado ecuatoriano suscribió el Pacto el 29 de septiembre de 1967 y lo ratificó el 6 de marzo de 1969 (durante el último gobierno de Velasco Ibarra), pero el efecto de su entrada en vigor en la práctica fue nulo. 

La compilación del Comité publica dos informes de observaciones generales sobre el Ecuador, uno de 1990 y otro de 2004. Las observaciones que destaco son de junio de 2004 y ofrecen un retrato del Ecuador de veinte años atrás.

La sección ‘D’ de estas observaciones se titula “Principales motivos de preocupación”. Es una letanía de fracasos institucionales, que empieza con “la falta de independencia del poder judicial” y continúa hasta dibujar con trazos definitivos el retrato de un monstruo: la situación de discriminación que sufre la población indígena y la población afroecuatoriana, la falta de atención a las personas con discapacidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, el alto desempleo, el insuficiente salario mínimo de los trabajadores y la falta de condiciones de higiene y seguridad para el desempeño de sus labores, las restricciones al derecho a la asociación y la promoción del trabajo precario, el déficit económico del IESS y su fallida universalidad, la “alta tasa de abusos sexuales, prostitución de menores de 18 años en las zonas urbanas, explotación de niños y la falta de una amplia estrategia para hacer frente a estos problemas”, la trata de menores, la violencia en el hogar generalizada y no tipificada como delito, el nivel creciente y persistente de pobreza, las malas condiciones y la escasez de vivienda, el desalojo forzoso de la población indígena de sus tierras ancestrales, la “escasa cobertura, la baja calidad y los insuficientes recursos” del sistema de salud pública, la alta tasa de analfabetismo y de deserción escolar, la desaparición de los idiomas indígenas… Finalmente, el Comité deplora (esta es la única vez que usa este verbo) el trabajo infantil. 

Son en total 23 párrafos y cuatro páginas para demostrar que el Estado del Ecuador es un verdadero monstruo institucional.

La siguiente sección de las observaciones se titula “Sugerencias y recomendaciones” y es donde el Comité pierde el tiempo explicándole al Estado ecuatoriano las medidas que tiene que adoptar para corregir el rumbo y empezar a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Unas explicaciones que, el ecuatoriano tiene plena certeza de que a las autoridades del Estado, le entraron por una oreja y le salieron por la otra.

1809 y 1835

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de mayo de 2025.

En tiempos monárquicos, en 1809, quiso Quito no ser mandada desde Santafé, pero le impusieron quedarse bajo su mando. En tiempos republicanos, en 1835, quiso Quito ser mandada desde Bogotá (nombre republicano de la antigua Santafé), pero no la aceptaron. Opciones contradictorias, pero un único resultado: en ningún caso fue como quería Quito. Aunque al final, en 1835, Quito triunfó.

En 1809, Quito no buscó la independencia del Reino de España. Buscó una autonomía dentro del Reino (es decir, no estar Quito sometida al gobierno de Santafé) y la primacía de su gobierno sobre las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. La rebelión de 1809 acabó pronto, porque ninguna de las provincias vecinas aceptó la primacía de Quito. La guerrearon y la obligaron en octubre de 1809 a devolver el poder al Conde Ruiz de Castilla, autoridad de quien lo habían usurpado el 10 de agosto.

En 1835, las antiguas provincias de Cuenca, Guayaquil y Quito fundaron una república independiente (no fue un ente de menor rango adscrito a la República de Colombia, como era en la Constitución del Estado del Ecuador de 1830). La Constitución de 1835, aprobada por la convención nacional que reunió a los representantes de las tres provincias en Ambato entre junio y agosto de 1835, en su artículo 1 estableció: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”. Esta unión fue el fruto de la paz.

Pero antes de la paz, hubo guerra (si vis pacem, para bellum). Se enfrentaron en 1834-1835 el ejército de la Costa (Guayaquil), cuyo jefe supremo era Vicente Rocafuerte, contra el ejército de la Sierra (Cuenca y Quito, con la capitanía de esta última) y venció el ejército de la Costa, comandado por quien había sido presidente del “Estado del Ecuador en la República de Colombia” (1830-1834), el general Juan José Flores. 

Tras el triunfo de Guayaquil en la guerra civil, los perdedores declararon la muerte del Estado del Ecuador y decidieron unirse a un territorio (en 1835 denominado Nueva Granada) del que habían tratado de desunirse en 1809. Que el triste desenlace lo cuente un historiador quiteño, Salvador Lara, que informa que los quiteños cayeron “en el absurdo de proclamar la muerte del estado ecuatoriano […]. En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito”. Mandaron un delegado a Bogotá, pero pasó la vergüenza de ser rechazado.   

Guayaquil venció en la guerra civil, pero al final triunfó Quito. Cuando se reunió la convención de Ambato en 1835, Quito fue designada la capital de la naciente República del Ecuador (fundada el 13 de agosto). Así, Quito obtuvo esa primacía que buscó en 1809 (al querer desprenderse del virreinato de la Nueva Granada) y a la que había renunciado en 1835 por su deseo de someterse a la primacía de otro (al querer integrarse a la República de la Nueva Granada). 

Y así, tras la convención de Ambato, Quito triunfó. Obtuvo finalmente la primacía que tanto anheló obtener en 1809 sobre sus antiguas provincias vecinas (menos Popayán, que pasó a Colombia) con las que formó parte de un reino europeo.

Los gemelos

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de abril de 2025.

Habían pasado tres constituciones, las de 1843, 1845 y 1851, sin que en el Ecuador se pudiera realizar una transición presidencial con arreglo a la Constitución. Desde la transición de Vicente Rocafuerte a Juan José Flores en 1839, bajo el imperio de la Constitución de 1835 adoptada en Ambato, ello no ocurría. Volvió a ocurrir en 1856, bajo el imperio de la Constitución de 1852 adoptada en Guayaquil, que fue la sexta promulgada desde la fundación del Estado en Riobamba en 1830. 

La transición presidencial de 1856 entre el general pillareño José María Urbina y el general guayaquileño Francisco Robles fue apenas la segunda exitosa (es decir, arreglada a normas constitucionales) en más de 25 años de vida del Ecuador. Un testimonio de la inestabilidad política del país es que en todo el siglo XIX, transiciones presidenciales exitosas volvieron a ocurrir con el traspaso del poder ejecutivo de Caamaño a Flores en 1888 y de Flores a Cordero en 1892 (en total durante el siglo XIX se promulgaron once constituciones).  

A los generales Urbina y Robles se los conocía como “los gemelos” por su afinidad. La transición del poder ejecutivo de 1856 entre estos militares fue singular, pues la Constitución de 1852 es la única (de las seis primeras con elección indirecta) que estableció una elección indirecta de las autoridades, pero no por una elección de la asamblea nacional, sino por la elección de asambleas populares (por 900 representantes).

El liberal Robles ganó con 514 de esos votos. Empezó a gobernar el 16 de octubre de 1856. El vicepresidente para el período 1856-1860 fue el lojano Jerónimo Carrión.

Como la mayoría de los gobernantes ecuatorianos durante el siglo XIX, Robles no concluyó su período constitucional. En su gobierno ocurrió el bloqueo naval del Perú al golfo de Guayaquil por unas disputas sobre territorios en la Amazonía y el país entró en una vorágine de violencia, que derivó en el cambio de la capital a Guayaquil, en la proclamación de cuatro gobiernos (incluido uno en Loja) y en una guerra civil que se resolvió con el triunfo de una fuerza armada comandada por un Padre de la Patria, el general venezolano Juan José Flores.

El primer pronunciamiento en contra de la presidencia de Francisco Robles ocurrió en una Quito resentida por la mudanza de la capital, el 1 de mayo de 1859. Suscribía este pronunciamiento de Quito un triunvirato presidido por un guayaquileño, Gabriel García Moreno, figura estelar del conservadurismo patrio. Otro miembro del triunvirato era el vicepresidente (tránsfuga) Jerónimo Carrión. García Moreno se convirtió en el político más determinante de la época, hasta su asesinato en 1875.

En septiembre de 1859, “los gemelos” salieron al exilio. Conspiraron juntos contra García Moreno, volvieron al Ecuador tras su asesinato en 1875 y participaron en la revolución septembrina de 1876, auspiciada por el cabildo de Guayaquil y capitaneada por el general quiteño Ignacio Veintemilla. Participaron en las batallas, ganaron y formaron parte de un nuevo gobierno de charreteras. Cuando Urbina y Robles se decepcionaron de las trapisondas de Veintemilla, se retiraron de la política.

Ambos murieron en Guayaquil. Urbina en 1891, Robles en 1893.

Bolívar y los ecuatorianos

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de abril de 2025.

Cuando se fundó el Estado del Ecuador en septiembre de 1830, el Congreso Constituyente reunido en Riobamba se preocupó de exaltar la figura del general venezolano Simón Bolívar.

El 17 de septiembre, los constituyentes “del Estado del Ecuador en la República de Colombia” (veinte varones blancos, o tenidos por tales) expidieron un decreto, cuyo primer artículo era el siguiente: “El Estado del Ecuador proclama al Libertador Simón Bolívar Padre de la Patria y Protector del Sur de Colombia”. 

En los artículos siguientes, el decreto de los constituyentes ofrecía a Bolívar “eterna memoria y eterna gratitud a sus beneficios inmortales” (Art. 2), decorar las salas públicas de justicia y de gobierno con su retrato (Art. 3) y celebrar el aniversario de su nacimiento como fiesta nacional (Art. 4). El Libertador murió tres meses exactos después de este homenaje de los ecuatorianos.

Bolívar, sin embargo, no fue recíproco con el aprecio que le profesaron los ecuatorianos. El general venezolano Juan José Flores le dirigió una carta a Bolívar, suscrita el 10 de septiembre de 1830, en la que le informó acerca del deseo de independencia del Distrito del Sur de Colombia. Por respuesta, Bolívar le dirigió una carta a Flores, suscrita el 9 de noviembre, en la que le indicó, primero, que ese pueblo que anhelaba su independencia “está en posesión de la Soberanía y hará de ella un saco, o un sayo, si mejor le parece”. Así que lo autorizaba a Flores a proceder a gobernarlo por su cuenta. 

Pero en seguida le advertía a Flores que ni él, ni Bolívar, “ni nadie sabe la voluntad política. Mañana se matan unos a otros, se dividen y se dejan caer en manos de los más fuertes o más feroces. Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”. Esta advertencia de Bolívar se cumplió con el triunfo de la revolución marcista, que lo sacó a Flores al exilio en 1845.

La parte de esta carta del 9 de noviembre de 1830 que no se correspondió con el aprecio que le profesaron los ecuatorianos ocurre cuando Bolívar describe sin piedad a esta composición de quiteños, guayaquileños y cuencanos que se querían llamar “ecuatorianos” por forjar un Estado: “¡qué hombres! Unos orgullosos, otros déspotas y no falta quien sea también ladrón, todos ignorantes, sin capacidad alguna para administrar”. Una descripción que, en rigor, el Ecuador no ha logrado desmentir casi en ningún momento de su rocambolesca historia.

A mayor abundamiento, Bolívar había dejado en claro lo profundo de su desprecio y el tenor de sus preferencias en una carta dirigida a Francisco de Paula Santander unos años antes, en enero de 1824: “Yo creo que he dicho a Vd., antes de ahora, que los quiteños son los peores colombianos. […] Los quiteños y los peruanos son la misma cosa: viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe. Los guayaquileños son mil veces mejores”.

Así, el Ecuador lo apreciaba a Simón Bolívar, pero el “Padre de la Patria” ecuatoriana nos consideraba (en especial, a los quiteños) sus peores hijos. 

De enero de 1842 a enero de 1942

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de abril de 2025.

En enero de 1842, el expresidente Vicente Rocafuerte, que en ese tiempo era el Gobernador de la Provincia de Guayaquil, acaso podía pensar en un futuro brillante para la República del Ecuador que él contribuyó a fundar en agosto de 1835 y de la que fue su primer presidente constitucional entre agosto de 1835 y enero de 1839.

Tras vencer en una guerra civil entre los ejércitos de las jefaturas supremas de la Costa y de la Sierra, Vicente Rocafuerte, jefe supremo de la Costa, convocó a una convención nacional, que se reunió en Ambato entre junio y agosto de 1835. Dicha convención nacional aprobó la primera Constitución de la República del Ecuador y designó a Rocafuerte su presidente. Él gobernó su período presidencial completo y le entregó el poder a su sucesor, el general venezolano Juan José Flores, en la forma dispuesta por la Constitución. A enero de 1842, Flores seguía gobernando de forma regular.

Entonces: el mes de enero de 1842 el Estado del Ecuador tenía una Constitución moderna, gobiernos que parecían ser estables y un territorio de alrededor de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados que era limítrofe con el Imperio del Brasil. A Vicente Rocafuerte pudo parecerle que el Ecuador era una tierra promisoria para la prosperidad.

Si el Gobernador Rocafuerte abrigó aquel pensamiento, la realidad no tardó en imponerse. Primero, la fiebre amarilla asoló a Guayaquil desde septiembre de 1842. A mes seguido, en octubre, el presidente en funciones, Juan José Flores, dio el primer autogolpe de Estado y devino en dictador. En 1843, una nueva convención nacional aprobó una Constitución y designó presidente a Flores para que gobierne por un período de ocho años. Rocafuerte motejó a esta Constitución como la “Carta de la Esclavitud”. 

En 1845 triunfó una revolución, desconoció a la “Carta de la Esclavitud” y mandó al exilio al presidente Flores. En 1847 murió Rocafuerte en Lima. Tras estos agitados primeros años, la situación auguraba que la ilusión de la República del Ecuador como tierra promisoria para la prosperidad no sería más que una quimera.

La historia de la República del Ecuador lo confirmó. Se sucedieron constituciones y golpes de Estado, una errática política diplomática y la derrota en una guerra con el Perú que empezó en julio de 1941. Unos meses después, en enero de 1942, en la conferencia de Río de Janeiro, el representante ecuatoriano, Julio Tobar Donoso, firmó el Protocolo que redujo el territorio de la República del Ecuador a los aproximadamente 280.000 kilómetros cuadrados que actualmente tiene. 

Así, entre enero de 1842 y enero de 1942, la República del Ecuador perdió alrededor de un millón de kilómetros cuadrados de territorio y resignó su vecindad con el Brasil (único país en haberla tenido y haberla perdido). Perdió toda guerra en la que participó y tuvo igual número de Constituciones (11) que períodos presidenciales concluidos (11). Se dice que en la conferencia de Río de Janeiro el representante del Brasil, Oswaldo de Aranha, le espetó a Tobar Donoso: “aprendan a ser país, y luego reclamen sus derechos”.   

Entre enero de 1842 y enero de 1942 pasaron cien años, una ilusión se convirtió en quimera y nunca aprendimos a ser país. 

Breve historia de la autonomía ecuatoriana

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de abril de 2025.

La República del Ecuador (su plena autonomía) empezó el 13 de agosto de 1835, el día que el presidente Rocafuerte promulgó una Constitución cuyo artículo 1 decía: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”. 

La Constitución de 1830, por oposición, suponía que la República de Colombia iba a contener el Estado del Ecuador como parte de una confederación, por eso su artículo 2 decía: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia”. 

En 1830 el Ecuador era un Estado entre muchos que conformarían (cosa que jamás ocurrió) una República. En 1835, el Ecuador empezó a ser una República por sí misma. Por eso, en agosto de 1835 se fundó la República del Ecuador, la última de las repúblicas surgidas de la derrota del Reino de España en la América del Sur.  

Pero la historia de la lucha por la autonomía del territorio empezó en otro agosto, el de 1809. Durante los años de dominación española, el territorio que hoy compone el Ecuador siempre estuvo supeditado a decisiones de una autoridad americana superior, en un primer momento, en el Virreinato del Perú, después, en el Virreinato de Nueva Granada.

El 10 de agosto de 1809 en Quito se desconoció la autoridad de un rey ilegítimo de España, auspiciado por Napoleón, a la usanza de lo hecho en 1808 por la Junta de Asturias. Uno de los más conspicuos revolucionarios, Rodríguez de Quiroga, enfatizó los aires de familia entre la Junta de Quito y la Junta de Asturias: “Puesto que Quito era uno de los reinos del monarca tenía tanto derecho como Asturias para establecer una junta de gobierno”. Quito aspiraba a una autonomía, pero dentro de la Monarquía Católica.

El episodio de la lucha autonomista de Quito se clausuró con el fusilamiento de los últimos patriotas por las tropas españolas en diciembre de 1812. A diferencia de su antecedente, el siguiente episodio autonómico dejó atrás a la Monarquía Católica. La gesta del 9 de octubre de 1820 en Guayaquil significó el tránsito del régimen monárquico al régimen republicano, es decir, a un gobierno independiente que nombraba a sus autoridades bajo el principio de la soberanía popular. Fue un giro copernicano, frente a la situación anterior en que se aplicaba el principio de soberanía divina. 

Pero la experiencia de república independiente en Guayaquil se acabó en julio de 1822, cuando las tropas colombianas presididas por el general Bolívar anexaron la ciudad a la República de Colombia. En Colombia, la Provincia de Guayaquil pasó a denominarse Departamento de Guayaquil, que en conjunto con otros dos departamentos (Ecuador y Azuay) conformaron el Distrito del Sur de Colombia. 

Este Distrito del Sur es el que se separó de Colombia en mayo de 1830 para crear, tras la promulgación de una Constitución en septiembre de ese año, un Estado del Ecuador que seguía perteneciendo (ilusoriamente, un delirio con prosa constitucional) a la República de Colombia. No se creía, ese Estado, digno de una plena autonomía. 

Plena autonomía que finalmente se concretó el 13 de agosto de 1835, cuando Rocafuerte promulgó la Constitución.

La muerte del Estado del Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de marzo de 2025.

La primera guerra civil ecuatoriana (1834-1835) enfrentó a los tres departamentos del novel Estado del Ecuador. El departamento del Guayas, bajo la jefatura suprema del guayaquileño Vicente Rocafuerte, enfrentó a los departamentos del Azuay y Quito, bajo la jefatura suprema del lojano José Félix Valdivieso. Sus ejércitos se enfrentaron en Miñarica, en enero de 1835. 

Ganó el Guayas. Los del bando perdedor, algunos de ellos reunidos en Quito para participar en una convención nacional que iba a reemplazar la Constitución de 1830, tomaron rumbo al Norte. En Tulcán, proclamaron la muerte del Estado del Ecuador. Algunos siguieron rumbo a la Nueva Granada, a Popayán, donde se establecieron y fundaron un periódico semanal que se llamó “La voz del Ecuador”. Allí se justificó la agregación del territorio del Estado del Ecuador a la República de la Nueva Granada (nombre de la República de Colombia entre 1831 y 1858), de donde el Ecuador se había segregado en 1830. 

Un hecho importante: en 1832, el Ecuador y la Nueva Granada firmaron el Tratado de Pasto, a consecuencia de la guerra del Cauca y de la derrota que sufrió en ella el Ecuador. Por tanto, los límites entre los Estados se fijaron donde lo quiso la Nueva Granada y se privó al Ecuador de su soberanía sobre territorios con los que la Sierra Centro-Norte (en especial, su capital Quito) había tenido estrechos vínculos por siglos.

Cobra sentido la justificación que los exiliados que habían proclamado la muerte del Ecuador ensayaron en “La voz del Ecuador”, en su segunda publicación fechada 13 de abril de 1835. Ellos descartaron que la propuesta de agregación haya estado motivada por el terror o el miedo, y atribuyeron la disolución del Ecuador y su agregación a la Nueva Granada como el fruto de la voluntad de la comunidad política. 

Bajo el título “Incorporación del Estado del Ecuador al de la N. Granada” se escribió que esta propuesta de agregación era “obra espontánea de los diputados en perfecta conformidad con el voto de los ciudadanos sus comitentes”, pues “estaban estos suficientemente instruidos por esperiencias harto funestas para su prosperidad desde 1830 en que se separaron de la república, de que no poseían todavía los elementos necesarios con que debe contar un Estado que quiere constituirse independiente”. Y se preguntaba: “¿Cómo había de querer sostener su independencia un Estado sin rentas?”.

Para la Sierra Centro-Norte ser parte de la Nueva Granada era una recuperación de sus estrechos vínculos con los territorios al Norte (el departamento del Cauca, cuya capital era Popayán) que les había cercenado el Tratado de Pasto. Un quiteño, Roberto Ascázubi, fue el comisionado para ir a Bogotá para obtener la aprobación del gobierno neogranadino de la agregación del Estado del Ecuador a su territorio.

El historiador quiteño Jorge Salvador Lara describió el triste desenlace de esta historia: “el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito. Don Roberto Ascázubi, comisionado para ello, pasó por la vergüenza de que el gobierno de Bogotá rechazase tal acta”.

Los tres departamentos se volvieron a reunir en la República del Ecuador que se fundó el 13 de agosto de 1835.

Capital Riobamba

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de febrero de 2025.

En sus orígenes, el Estado del Ecuador se pudo organizar de una manera distinta. Y tal vez mejor, a efectos de la gobernanza del territorio.

En 1830, el naciente Estado del Ecuador pretendió ser la reunión de cuatro departamentos que integraron la República de Colombia: Cauca (en el distrito del centro), Quito, Cuenca y Guayaquil (en el distrito del sur). A la convención nacional que fundó el Estado en 1830, celebrada en Riobamba, sólo asistieron los representantes del distrito del Sur.

Pero el 20 de diciembre de 1830, el presidente del Estado del Ecuador en ejercicio del poder desde septiembre, Juan José Flores, decretó la anexión del departamento del Cauca al Estado que él gobernaba. Al año siguiente, el 7 de octubre, el primer congreso ordinario del Ecuador, en comunión con lo decidido por el presidente, aprobó una ley que anexaba el departamento del Cauca al Estado del Ecuador. 

Pero la idea de sumar los territorios al Norte del río Carchi (el límite Sur del distrito del centro) se perdió para siempre tras la guerra con Colombia que concluyó con la firma del Tratado de Pasto el 8 de diciembre de 1832 y que mató el sueño de reunir a los cuatro departamentos. El departamento del Cauca quedó donde Colombia (en esa época: Nueva Granada) quería. 

Los tres departamentos que quedaron, como lo especificó uno de los veinte varones que se reunieron en la primera convención nacional de 1830, José Joaquín Olmedo, se encontraban en una “reunión accidental” y por eso ningún departamento tenía primacía sobre otro y todos participaban en las cámaras de representantes y en los senados con igual representación (así funcionó hasta la Constitución de 1861). Esta convención otorgó el 21 de septiembre de 1830 por decreto la capitalidad del nuevo Estado a Quito, sede de una antigua audiencia española.

A partir de la pérdida de las aspiraciones a los territorios del Norte en 1832, Quito perdió la posibilidad de ser un gobierno central (quiero decir: ubicado en un centro aproximado, como en los tiempos en que fue sede de una audiencia) para el territorio del Estado del Ecuador. La derrota en la guerra con Colombia la convirtió en una capital excéntrica para el resultante territorio.  

En la convención nacional de 1835 que parió una república, celebrada en Ambato, se discutió si la capital del Estado del Ecuador debía ser Riobamba. Tenía la misma lógica que tenía Quito para su territorio audiencial en los tiempos de la dominación española: Riobamba era céntrica para el territorio del Estado tras el Tratado de Pasto. Tenía un timbre de orgullo por haber sido la sede de la convención que originó el Estado del Ecuador y se situaba equidistante a las capitales de los departamentos (que fue la razón por la que los venezolanos Flores y Febres-Cordero escogieron a Riobamba como sede de la convención nacional de 1830). 

La elección de Riobamba como capital del Ecuador era un idóneo diseño institucional para desactivar la primacía administrativa de una de las tres capitales departamentales y recuperar la centralidad para una administración más eficaz del Estado.  

La moción para debate la presentó un diputado por Chimborazo, Uscátegui. Se suspendió el debate y jamás se lo retomó. 

¡Pobre ciudadano!

Este problema es cortesía de Carondelet y de los empleados de su bar (primer piso del saloon de la democracia ecuatoriana).

El problema: Algunas personas (indeterminadas, debo decir: hipotéticas*) son sometidas a presiones por los GDO para votar por una tendencia política opuesta a la del partido de gobierno. Esta situación es muy mala para estas personas, porque si no cumplen con lo exigido por los integrantes de los GDO podría existir alguna consecuencia violenta en su perjuicio. 

Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno del Ecuador frente a este problema?

Debería hacer lo dispuesto por la Constitución. Es decir, intentar el siguiente escenario:

Escenario 1 (gobierno respetuoso de la dignidad de sus habitantes): 

El Estado ataca la raíz del problema. Si hay habitantes de su territorio sometidos a este tipo de presiones, este Estado va a perseguir a quienes cometen estas presiones en contra de unos inocentes. Un Estado respetuoso de los derechos de los inocentes haría una inteligencia a fin de hallar a quienes están detrás de estas presiones a las personas y delimitaría el ámbito de acción de los agresores. Así, en el evento de que hubiese que establecer alguna restricción a la libertad de las personas, ésta se la haría de la forma que menos afecte a las personas que no se hallan involucradas en estos hechos (que somos la gran mayoría de ecuatorianos).

Pero, ¿qué hace el gobierno del Ecuador frente a este problema?

Hace lo que le conviene para eliminar controles en el escrutinio de la segunda vuelta. Es decir, el siguiente escenario:

Escenario 2 (gobierno que utiliza a sus habitantes para sus propios fines): 

El Estado no ataca la raíz del problema, ataca a sus propios habitantes. Si hay habitantes de su territorio sometidos a este tipo de presiones por los GDO, la acción del Estado se ha enderezado a empeorar su situación, pues le impone una presión adicional a esta persona cuando establece una sanción de hasta 32.900 usd por tomar una foto y cumplir con la presión de los GDO. 

Es decir, desde el gobierno se ha detectado un problema (que hay personas sometidas a presiones por los GDO) y su respuesta es ahondar el problema y joder a esta pobre persona que, después de la intervención del Estado, tiene dos opciones: o sufrir alguna consecuencia indeseable a manos de los GDO (tal vez hasta la muerte), o sufrir una consecuencia indeseable a manos del Estado (pagar casi 33.000 usd). El poder de los GDO y el poder del Estado, operando como las tenazas para oprimir a un pobre ciudadano.

Si ocurre que en vez de atacar a los grandes (que son, además, los causantes del problema), ocurre que se ataca al pequeño (quien es, además, la víctima del problema), entonces estamos frente a un gobierno de canallas, bajo el mando de un sociópata.  

*

* El gobierno no ha demostrado en los informes de sustento para la adopción de esta medida aprobada por los empleados del bar del CNE (sobre ese bar y su cúmulo de arbitrariedades, v. La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 2)) ni la existencia de los perpetradores de este específico delito, ni la existencia de sus víctimas. Esta es una restricción que se pretende aplicar a más de diez millones de ecuatorianos y que ha sido establecida a punta de informes de la Fuerza Pública genéricos y serviles a las arbitrariedades del gobierno. 

El invierno de Campoverano

La canciller Gabriela Sommerfeld no atina una. Ella organizó una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Cuenca (la vigésimo novena) y pensó que iba a tener una asistencia pobre, de apenas 11 jefes de Estado y de Gobierno. Esto ya estaba mal, porque se proyectaba la más baja asistencia a una cumbre iberoamericana desde su creación el año 1991. 

Pero fue mucho peor. No vino es nadie. Apenas un tocayo de ese garito llamado Andorra y el decorativo rey español. Pero de América, nadie. Total ninguneo. Sommerfeld quedó para la risa.

Pero ahí sigue ella, gestionando (¿gestionando?) las relaciones diplomáticas, con su look de villana de caricatura. Y su sordera.

Hablemos de inutilidad, Sommerfeld. Mejor tómate un Aerogal rumbo al olvido.

La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 2)

En el saloon de la democracia ecuatoriana, el TCE (v. p. 1) ocupa el segundo piso. En el primer piso está el CNE. Es decir, el bar propiamente dicho.

Welcome to Elecciones 2025

Su actuación de ayer fue digna de un convivio cervecero. Por una resolución, tres del bar CNE crearon una norma que restringe la libertad de 13.732.194 de votantes habilitados en el Ecuador para la segunda vuelta so pena de una sanción de hasta 32.900 dólares USD.

Lo primero: el CNE es un órgano administrativo y la creación de una disposición que contenga una infracción tiene reserva de ley*, es decir, sólo la puede crear la Asamblea Nacional (esto, por una razón muy obvia: las infracciones sólo las pueden tipificar unos representantes elegidos por millones de votantes, no tres empleados de un bar).

Y en su borrachera de poder, el CNE no establece cualquier sanción para su inventada infracción. Establece una falta grave, que puede ser sancionada con una multa desde 9.870 dólares USD (21 salarios básicos) hasta 32.900 dólares USD (70 salarios básicos), destitución (si es un funcionario) y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Es decir, por tomar una foto, un ciudadano inocente podría pagar casi seis veces más que Mayra Salazar por haber participado (con condenada ejecutoriada y cumplida) del delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis (pagó una multa de 5.520 dólares USD). De tan desproporcionada, la resolución aparece como estúpida.

La resolución del CNE no cuenta con base legal, ni tampoco con base fáctica. No se presenta por el CNE ninguna sola evidencia que respalde el vínculo entre las fotos de los votos y las presiones de los GDO, ni tampoco porqué esa presión afecta con igual intensidad en todo el territorio nacional. Es decir, sin hechos de respaldo, se restringe el uso de un objeto personal a más de diez millones de personas. Si existieran dichos hechos (digamos, por elemental que parezca: una necesidad real), esto se circunscribiría a los sectores problemáticos (porque estarían identificados y no serían un simple supuesto) y no se afectaría a la gran mayoría de personas. Pero no hay ninguna evidencia. Se ha actuado así porque lo ordenó Carondelet (digamos: los dueños del bar). Nuevamente, de tan desproporcionada, esta resolución aparece como estúpida. 

Y, finalmente, ¿Por qué, si el problema es el envío de fotos por los votantes, esto se aplica a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto? En esto último, se les nota la verdadera intención a los del bar. No es garantizar la pureza del voto, es disminuir los controles para hacer un posible fraude. Noboa quiere ser el vengador de su papá. Y en este saloon, su capricho es ley.

En el saloon de la democracia ecuatoriana se despacha harta cerveza y whisky de mala calidad. Y la camarera es Diana Atamaint. El bartender, obvio, es Pita. El otro que votó a favor, las cosas de limpieza.

* De acuerdo con la Constitución, una garantía básica del debido proceso es la siguiente: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa, o de otra naturaleza” (Art. 76 núm. 3).

La primera Constitución y los indígenas

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de marzo de 2025.

Una explotación intensa y sistemática a los indígenas: esto fue lo que produjo la primera Constitución que rigió en el territorio del Estado ecuatoriano.

En 1830, la primera Constitución que se aprobó en Riobamba el 11 de septiembre por veinte varones adinerados (ningún indígena, por supuesto) decía en su artículo 11 que era un derecho de los ecuatorianos la “igualdad ante la ley”, pero en su artículo 68 establecía una clara desigualdad: “Este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable”. 

Este trato diferenciado que la norma fundamental estableció para los indígenas, en el marco de una supuesta igualdad, los situaba aparte de la naciente “ecuatorianidad” que postulaba la Constitución de 1830 (pues en la república siguen siendo percibidos por la élite política como los conquistados del territorio). Por eso la Constitución de 1830 consideró a los indígenas en situación de capitis deminutio y nombró como su tutor y su padre natural a “curas párrocos” de ese pilar fundamental de la conquista y la dominación española: la iglesia católica. 

La primera Constitución estableció que en el Estado del Ecuador había un único ministerio, que lo ocupó el lojano José Félix Valdivieso Valdivieso, el primer ecuatoriano (un natural del territorio de la Audiencia de Quito) que fue designado para el ejercicio de un cargo público en la Función Ejecutiva (tras el Presidente y el Secretario General, cargos ambos ocupados por venezolanos). Valdivieso era hijo de una Valdivieso Valdivieso, y estaba casado con otra Valdivieso. Según un registro de la época, era el propietario de 34 haciendas, repartidas a lo largo del callejón interandino. (Endogamia y grandes fortunas: una fórmula socorrida en la élite de la Sierra ecuatoriana.)

El primer informe del ministro Valdivieso listó cuatro fuentes de riqueza para el Ecuador que nació en 1830: los productos agrícolas, la minería, la industria y, de manera singular, a los indígenas.

Es decir, los indígenas eran ecuatorianos, pero a efectos de sostener la administración pública del Estado. Ese mismo Estado que los colocaba bajo el control de los curas católicos, les cobraba a los indígenas un tributo (la llamada “contribución especial de indígenas”) de tres pesos y cuatro reales, que se debía pagar en junio y diciembre de cada año por el solo hecho de ser indígena. Esta “contribución especial” subsistió hasta el año 1857.  

El ministro Valdivieso firmó una circular el 18 de noviembre de 1831, por la que obligaba a los indígenas “a cumplir religiosamente con las calidades del concierto”, es decir, a cumplir con el trabajo forzado en las haciendas. El naciente Ecuador organizaba su territorio para la mayor explotación de uno de sus recursos.

Así, la creación del Ecuador en 1830 avanzó hacia una explotación más intensa y sistemática de los pueblos sometidos por la conquista del siglo XVI, a mayor beneficio de un Estado que en 1830 excitaba el “ministerio de caridad” de los curas a favor de esta “clase inocente, abyecta y miserable”.

Esto es nacer con las pesadas losas del pasado encima.

La democracia ecuatoriana es un saloon (p. 1)

El rol del Tribunal Contencioso Electoral es el de sheriff de la democracia, siendo que la democracia en el Ecuador es lo más parecido a un saloon del viejo Oeste con el sheriff bebiendo cerveza y eructando sentencias.

En un proceso de consolidación del desprecio que la clase política siente hacia los votantes que participan de esta democracia/saloon, los jueces del TCE han adquirido la facultad de destituir a las autoridades que habiendo sido elegidas por la voluntad popular, se han posesionado del cargo y se encuentran ejerciéndolo. Es decir, un puñado de personas (total: cinco bebedores de cerveza en el saloon) pueden desconocer (burlarse de, cagarse de risa con) lo que miles, cientos de miles, o millones de personas han votado en procesos electorales que costaron millones de dólares. A esto hemos llegado, y en el Ecuador a nadie le llama la atención que se pueda actuar de una manera tan contra-mayoritaria. Se ha normalizado desconocer (burlarse de, cagarse de risa con) lo que miles, cientos de miles, o millones de personas decidieron. 

Y en el Ecuador se cree (por la clase política y los serviles medios de comunicación masivos que son sus damas de compañía en el saloon) que, como la ley lo dice, esto está bien. Lo que haya decidido el pueblo en elecciones importa, así, un rábano, un Saquicela, un carajo. 

¿El vengador?

En 1998 le robaron la elección a Álvaro Noboa, en un contubernio entre DP y PSC. Este diálogo de Marcelo Dotti (exPSC) con el Vivanco de La Posta (pariente del Vivanco DP que en aquella época presidía el Tribunal Supremo Electoral) explica bien el robo de la presidencia:

- Vivanco: ‘¿Y la DP manejaba los votos?’

- Dotti: ‘Mire, Álvaro Noboa perdió la presidencia el ‘98 porque le robaron.’ (Las dos últimas palabras dichas con énfasis).

- Vivanco: ‘Hable serio, ahí el presidente del tribunal era medio primo de mi papá, Patricio Vivanco.’

- Dotti: ‘Mi buen amigo.’

- Vivanco: ‘Es una persona que yo considero y quiero.’

- Dotti: ‘Patricio Vivanco Riofrío. No se enoja, ¿no, usted?’.

- Vivanco: ‘No, no, no.’

- Dotti: ‘Ya.’

- Vivanco: ‘Dice que Patricio le… que Patricio hizo la huevadilla.’

- Dotti: ‘Patricio un hombre muy inteligente.’ (Dicho sonreído).

- Vivanco: ‘Una cosa es ser inteligente…’

- Dotti: ‘Y era el hombre de Mahuad en el Tribunal Supremo Electoral.’

[1:14:09-1:14:38]

A Álvaro Noboa le robaron la elección. Volvió a participar, llegó a otras dos segundas vueltas, estuvo dos veces más. Cinco candidaturas en total, en todas perdió. Su hijo lo intentó en su reemplazo (porque su padre no estaba en condiciones ya de enfrentar una sexta campaña) y a la primera (tocó la flauta por casualidad) llegó a la presidencia, para ejercerla por un año y medio. Y ahora llegará el momento de la verdad. Este 13 de abril enfrenta una encrucijada: o se va o se queda cuatro años. 

El hijo de Álvaro Noboa está ahora en el poder. Es un gobernante lanzado a la reelección, y si bien ha demostrado no tener talento para la política de masas, también ha demostrado no tener escrúpulos para la política de intereses. Y eso le permite, además de usar, abusar del poder, como lo ha demostrado en numerosos episodios: el maltrato a su vicepresidenta, el envío de una ley archivada, el asalto a una embajada, la descalificación de sus rivales en competencia electoral (Topic), la persecución a sus rivales políticos (casi cualquiera que no sea ADN), etc. 

Es decir, el hijo de Álvaro Noboa tiene la posibilidad de vengar a su padre. Si él perdió por un fraude electoral en 1998, Daniel Noboa podrá querer (e imponer) ganar por un fraude electoral el 2025, casi treinta años después. Antes, como ahora, la frágil institucionalidad de un Estado ofrecida al mejor postor lo podría permitir.

La única alternativa para evitarlo, por seguir con la onda noventera, es que la votación de su oponente sea tan amplia como la que derrotó a Jaime Nebot en 1996. 

Cabe la posibilidad: Un vengador quedando en ridículo.