"Ayora" y poco más

En una entrevista por canal 10 la mañana del miércoles 18 de febrero, el periodista Mauricio Ayora se mostró ansioso de satisfacer los apetitos mediáticos del presidente Daniel Noboa. Se entregó a sus deseos de lucirse, sin oposición ni disimulo. En su estilo chabacano, le hizo unas preguntas fáciles, engolosinadas, que siempre buscaron que el presidente Noboa corra, pues todo era pampa. Lo acompañó en su discurso, incluso lo elogió cuando sintió que tenía la oportunidad. Se animó, al cierre, a decir que había que votar bien, implicando de manera obvia que el voto debería ser para Noboa.  

Pero lucirse no es tarea para el presidente Noboa. La prestancia y desenvoltura de su madre ante las cámaras no es lo suyo. Es papá (figura pública con cinco candidaturas presidenciales y ninguna victoria a cuestas) purito.

Pero él sí se deja aconsejar y trata (se puede cifrar su esfuerzo en sus gestos) de hacerlo lo mejor que puede. Pero es tan hábil con las palabras, como Lenin Moreno con un ciclonauta. Este ejemplo de cuando trató de vender el voto “con esperanza” no tiene desperdicio:

“darles las soluciones (a la gente, N. del A.) que ellos necesitan y eso sólo se hace estando en territorio, uno no, uno teniendo una oficina bonita en Quito no resuelves nada, tienes que estar en las zonas difíciles, en las zonas donde hay desilusión, donde la gente se siente des (se traba) desilusionada porque de repente aparece un político y se aprovecha de esa desilusión. Y con… Y… incita a que voten con odio (M. Ayora murmura cosas), y no puede, no puede votarse con odio (M. Ayora apoya: “con sentimiento”), tiene que votarse con esperanza, tiene que votarse con (M. Ayora interrumpe: “Exacto”)… con, con sentimientos positivos, no con temas negativos” (este arrastre de ideas le demoró treinta y seis segundos; la impersonalidad del “tiene que votarse”, no como el fruto del entusiasmo sino como el cumplimiento de un deber, es muy decidor).

Es un guion. Al presidente Noboa le debe haber llegado el memo: con el purito anti no va a llegar adonde quiere. Y entonces se tiene que abrir a postular el voto “con esperanza”, pero lo hace con un tono tan desesperanzado, tan mecánico, que conduce a la desidia: “Ya nada, presi”. 

Cuando chico, “ayora” era el nombre popular de la moneda de un sucre. El presidente Noboa fue poco más que eso.

El cartón en su laberinto

Los más ardientes seguidores del presidente Daniel Noboa deben admitir que su líder no es un hombre hábil con las palabras. Es fugaz y lacónico: rara vez aparece y cuando lo hace, dice lo mínimo necesario, de manera casi automatizada. En realidad, a Noboa se lo siente incómodo en ese rol contenido y asertivo que exige la política.

Este político inhábil con las palabras (un reverso de Velasco Ibarra) está en un laberinto discursivo. En su candidatura durante la primera vuelta del 2023 él postuló que el “anti” tenía un techo y que el “pro” era infinito, y que él estaba por el “pro”. Con ese postulado, él ganó en octubre de 2023. Pero durante el ejercicio del poder, mutó del “pro” al “anti”.

Se puede fechar el día que oficializó la mutación el 5 de abril de 2024, cuando el gobierno de Noboa decidió invadir una embajada, capturar a una persona y conducirla a la prisión de máxima seguridad del Estado. Ese día, cuando asaltó la embajada de México para capturar a Jorge Glas, el presidente Noboa compró todos los boletos de la rifa para el membrete de “primer anti-correísta”. Dejó atrás el “pro” y saltó de llenó al “anti”. 

Y se llenó del “anti”, porque ha llegado a implicar que los opositores a su proyecto político (cualquier que éste sea) son parte del Viejo Ecuador y vinculados a la corrupción y a los GDO. En particular, esto último lo predica de la Revolución Ciudadana.

El problema de Noboa es que él tenía razón: el “anti” tiene un techo. Le metió con todo, y ahora lo encontró. Y es grave, porque la división del electorado es por condición económica: las clases alta, media y media baja lo favorecen a Noboa, pero la mayoría de los sectores populares favorecen al proyecto opositor al gobierno de Noboa (este artículo es esclarecedor a este respecto: “Noboa no llegó a los pobres”). Y esos sectores, en un país misérrimo y desigual como el Ecuador, son los que ponen al presidente.

La situación de Noboa, entonces, es muy difícil. Su discurso parte de dividir al electorado en buenos y malos, en el Nuevo Ecuador y el Viejo Ecuador. Su discurso está enfocado, desde hace casi un año, en el ataque a sus adversarios políticos, en su descalificación para que él brille como la opción que podrá resolver los problemas de los ecuatorianos. Pero, si quiere ganar en la segunda vuelta, Noboa debería tener un discurso distinto, menos de agresión a otros y más de unidad y esperanza para todos, y en particular, dirigirse a los sectores populares y ofrecerles más que gestionar su odio a un gobierno que concluyó el 2017. 

Llegamos entonces al núcleo duro del problema y es uno de preescolares: Noboa es inhábil con las palabras. Véase este fragmento de su intercambio con dos periodistas/cómplices el martes 11 de febrero, cuando lo invitaron a hablar de los “acuerdos mínimos” para la gestión de la política. Le preguntaron: “¿Cuáles serían esos acuerdos mínimos?”. Él respondió:

“Acuerdos mínimos, leyes… que puedan darle… mayor… flexibilidad … al… al joven para estudiar, para poder tener ocupación y… pues trabajar para eliminar el subempleo”. (Le tomó diecisiete segundos balbucear este adefesio).

Verbalmente, Noboa no proyecta confianza, proyecta lástima.

Y resultará muy difícil que en el tiempo que resta hasta el 13 de abril el presidente Noboa cambie su discurso, y logre conjugar en su oratoria los ideales de eficacia, unidad y esperanza que espera la población de un país cansado de los fracasos de su clase política.

Porque él es demasiado acartonado para lograrlo. Por eso está en su laberinto. 

1832

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de febrero de 2025.

Aquel año 1832 el naciente Estado del Ecuador sufrió una pérdida territorial muy importante a manos de Colombia. El 8 de diciembre de 1832 ocurrió la firma del Tratado de Pasto, que el gobierno del presidente venezolano del Estado ecuatoriano, el general Juan José Flores, fue orillado a firmar tras su derrota en el campo de batalla. Desde la perspectiva de Colombia (Estado que por aquel entonces se llamaba “Nueva Granada”), la suscripción del Tratado de Pasto significó el respeto irrestricto a los límites establecidos entre los distritos que conformaron la República de Colombia por la Ley de División Territorial del 25 de junio de 1824.

Para la Nueva Granada, el Estado del Ecuador era un desprendimiento de la Gran Colombia (así la conoce la posteridad) y, tras la independencia del Estado del Ecuador en 1830 (en tanto fue el Distrito del Sur de Colombia, desde su anexión en 1822 hasta su secesión en 1830), el nuevo Estado debía someterse a los límites establecidos por la ley de Colombia mientras el Ecuador había sido parte de ella. 

Pero desde la perspectiva del Estado del Ecuador, la suscripción del Tratado de Pasto en 1832 cortó de una manera definitiva los vínculos de Quito, la capital del naciente Estado, principalmente con los territorios de Pasto y Popayán con los que ella había mantenido importantes vínculos económicos, administrativos y familiares por siglos, durante los tiempos de la monarquía española.

Aquel año 1832 se perdió mucho territorio frente a Colombia. Y unos 110 años después, en enero de 1942, se perdió mucho territorio frente al Perú, tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro. Pero esa es otra historia.

Por estas pérdidas por doquier es que decía el presidente Carlos Arroyo del Río en su libro “La pendiente del sacrificio”, escrito para justificar su actuación en la pérdida de territorio de 1942, que el único punto cardinal con el que el Estado del Ecuador podría afirmar que no había perdido territorio era al Oeste, con el Océano Pacífico. Y ni siquiera esto es cierto, porque el mar gana territorio a las playas del Ecuador, año a año. 

Pero en el fondo lleva la razón Carlos Arroyo del Río: las pérdidas al Oeste son negligibles frente a las pérdidas territoriales producto de las guerras contra los vecinos del Norte y del Sur, que han mermado millones de kilómetros de territorio al Ecuador y que lo terminaron por privar de su vecindad con el Brasil.

Pero aquel 1832 también trajo una buena noticia: ocurrió la única anexión territorial que ha tenido el Estado del Ecuador en su historia. En 1832, el militar ecuatoriano Ignacio Hernández viajó a las Galápagos para tomar posesión del archipiélago a nombre del gobierno (por aquel entonces se lo denominó “Archipiélago de Colón”). Ocurrió el 12 de febrero y se hizo a instancias de José de Villamil, que se convirtió en el primer gobernador de este nuevo territorio. 

En aquella época, al archipiélago se lo reputaba de casi nulo valor, por lo que el resto de países lo dejaron al Ecuador en paz con su expansión. Fueron anexados 8.010 kilómetros cuadrados, que pasados los años demostraron ser un paraíso.

Ocurrió en 1832, y es la única anexión territorial de un Estado que ha perdido tanto. 

Es la geografía, ¡mushpa!

El presidente Daniel Noboa y algunos de sus seguidores han postulado que la alta votación de la Revolución Ciudadana en la Costa ecuatoriana podría deberse a la incidencia de los grupos de delincuencia organizada (GDO). 

En particular, Noboa llegó a decir ante dos periodistas/cómplices que los GDO conminaban a las personas a votar por Luisa González y que eso estaba detrás de su éxito en las provincias de la Costa. Se animó a decir Noboa que había presentado pruebas de esto a la misión de la OEA, pero la misión de la OEA lo desmintió y dijo que no había recibido prueba alguna. Dafuq.

Los seguidores del presidente Noboa son mucho peores que él, confirmando aquello que decía Umberto Eco sobre las redes sociales: “Es la invasión de los idiotas”. Estos invasores sostienen, con epítetos e histeria, la existencia del vínculo entre los GDO y los habitantes de las provincias que favorecieron con su voto a Luisa González. Y suponen que la Sierra (dada su votación por un oligarca guayaquileño) es distinta y mejorffff.

Dos ideas para repensar ese supuesto vínculo: 1) El Ecuador es un desastre generalizado; 2) Es la geografía, ¡mushpa!*

Sobre lo primero, no es que el Ecuador funciona mejor en una región u otra del país: los problemas para garantizar los derechos (salud, educación o cualquier otro de una larga lista) son generalizados. El gobierno central es incapaz de garantizarlos a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso sí, se debe introducir un matiz: con la seguridad es distinto.

Es distinto, por la segunda idea: Es la geografía, ¡mushpa! El boyante negocio de los GDO es la exportación de drogas a mercados extranjeros. Para este propósito comercial e ilegal, se requiere de puertos para sacar la mercadería (y claro, de un gobierno incapaz). Y estos puertos están en la Costa, por eso de tener el mar. A los GDO les interesa muy poco la Sierra: allí no cabe disputarse el territorio (salvo para el microtráfico, pero eso es chichigua frente al Gran Negocio). Y por eso los GDO disputan entre ellos los territorios en la Costa y por eso su presencia y por eso la violencia.

Porque es la geografía, ¡mushpa!, en la Costa a los GDO se los sufre con una intensidad que en la Sierra no se experimenta.

En el Ecuador, frente a la pregunta “¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país?” un 49% considera que es la delincuencia, según el Latinobarómetro 2024 (p. 23). Que el Ecuador sufre mucho la delincuencia lo evidencia el comparativo que consta en el Latinobarómetro 2024, pues el Ecuador encabeza la lista de países de América latina que considera a la delincuencia su problema más importante: el 49% del Ecuador es un 30% superior al promedio regional. Es así de intenso.

Entonces: el problema más grave y un Estado incapaz de garantizar la seguridad de su territorio, lo que se siente con mayor intensidad en la Costa. Y el problema sigue allí: el último mes corrido, el Ecuador vivió el mes más sangriento de su historia: de promedio, hubo una muerte violenta cada hora. Esto, a pesar de que el gobierno de Noboa declaró la guerra contra los GDO (declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y a los GDO “terroristas”) en enero de 2024. Pero su plan contra los GDO no ha dado los resultados que se esperaba. Y la manifestación de esa decepción, en la región que más sufre a los GDO, explica que allí se haya votado por la opositora a Noboa. 

N.B.: Se lo quiere cambiar a Noboa por incapaz, porque no ha podido solucionar el principal problema que agobia a la Costa**.

En conclusión, los que creen que existe un vínculo de carácter criminal entre el voto por Luisa González en la Costa y los GDO es porque sus miras se agotan en el callejón interandino. Terminan siendo una pandilla de oligofrénicos, sin sentido de nacionalidad (sea dicho con perdón de los héroes quiteños del Pichincha***). 

Para la próxima, amigo interandino, no sea mushpa.

~*~

* Tropicalización de la célebre frase de James Carville: It’s the economy, stupid!

** Hecho notable: a instancias de su fracaso en lo esencial, antes de que exista el “noboísmo”, Noboa ha logrado crear el “antinoboísmo”. Y tiene mucho potencial para crecer: ha regalado hasta los cartones.

*** Es decir, de nadie. No se olvidan de Melchor de Aymerich.

El peor enemigo

El peor enemigo de Daniel Noboa se llama Daniel Noboa. Porque él, para concluir el período presidencial de Guillermo Lasso iniciado el 2021, ha gobernado (desde el día de su posesión hasta el día de la primera vuelta electoral) por 444 días.

Un tiempo suficiente para juzgar a cualquier persona en un cargo de responsabilidad por sus resultados. Y en los indicadores importantes, Daniel Noboa tiene unos resultados magros. En materia económica, el crecimiento económico del Ecuador fue tan turro que fue negativo (-0.4%), según data del Fondo Latinoamericano de Reservas, la inversión extranjera fue mínima (en América latina, únicamente a Haití le fue peor), la pobreza aumentó (del 26% al 28%, 432.581 personas en números totales), la inseguridad fue rampante (en enero, hubo una muerte violenta por hora, a pesar de cumplirse un año de “guerra” contra los llamados “terroristas”). Por meses, más de la mitad del día se vivió sin luz. Nada de esto produce una buena recordación.

Pero lo peor de Daniel Noboa no es su gestión. Es su persona. Por eso es que lo representa un cartón.

La persona de Noboa es la de un tipo ausente, de mirada y pensamiento. Un fulano parco, ríspido con la lengua de Castilla, que dice lo mínimo y de manera precaria. No sirve para encandilar a las masas. No tiene el nervio que se necesita para la política: eso fue algo que estuvo allí y con lo que él podía experimentar, como una droga sintética.

Y tocó la flauta por casualidad, como en la fábula de Iriarte.

Ocurre que el resultado de la primera vuelta electoral lo puso a Noboa en una situación incómoda. Si bien es un tipo con recursos económicos (millonario, hijo de millonario, hijo de multimillonario), recursos políticos (presidente de esta Carabina de Ambrosio) y carente de escrúpulos, atributos con los que en el Ecuador todo un siempre se ha podido llegar bien, pero bien lejos (y que no hay que subestimar de manera alguna), la democracia tiene su propia lógica. Y podría hacer naufragar el artificio que es Noboa, con todo y sus potentes atributos.

Porque el problema de Noboa, de cara a la segunda vuelta, es que él no podrá encandilar a las masas: no le corresponde a él (porque no puede, no tiene el nervio ni el carisma, sino sus contrarios) la transmisión de emociones positivas. No es suya la eficacia en la gestión (al menos respaldada con números), no es suya la esperanza en el mensaje, porque no podría predicar el cambio por tratarse de su reelección. No es suyo el llamado a la unidad, porque está jugado por la polarización.

Los atributos que constituyen un buen discurso político (eficacia, esperanza, unidad) están todos ausentes. Noboa se ha quedado con ser el conductor del odio/fastidio de las masas a lo que se llama “correísmo”. Es decir, un conductor de emociones negativas (“vota por mí, para que NO lleguen ellos). Y eso, para esta segunda vuelta, sabe a poco. Y dicho por él, sabe a nada.

El presidente Noboa se vendió como un pésimo enemigo. Para el ejercicio de este cargo, de tanta exposición pública y mediática, lo ha resultado de sí mismo.

La terrible caída

            Publicado en diario Expreso el viernes 7 de febrero de 2025.

Moritz Thomsen fue un escritor estadounidense nacido en Seattle que se radicó en 1964, a sus 48 años, en el Ecuador. Vivió en la provincia de Esmeraldas, donde se encontró con “el desesperante mundo de la pobreza, un mundo más brutal que cualquier cosa que yo haya imaginado”. Thomsen calificó a la pobreza como una forma de locura (“insanity”), por la cual palpó “un mundo de sufrimiento y de muerte temprana, de heridas abiertas y hambre (…), de malicia, envidia, celos, de hermanos robando a hermanos; en resumen, una sociedad sometida a estas insoportables presiones, que se empieza a desintegrar”.

Vivió el tiempo suficiente para observar los inicios de la desintegración de la sociedad. Tras residir alrededor de veinte años en Esmeraldas, Thomsen reconoció unos cambios en el pueblo, siempre para peor. En un libro póstumo, publicado el 2018, Bad news from a black coast (‘Malas noticias desde una costa negra’), Thomsen lanzó la siguiente advertencia: “sentí que pronto, si tan sólo pudiera vivir unos años, podría ver a bandas de ladrones y asesinos”, y que la ciudad de Esmeraldas “existía tan solo para ser destruida y, en un futuro no distante, ser entregada a las llamas”. 

Moritz Thomsen concebía este proceso de autodestrucción como una caída. Tomó una frase del premio Nobel de Literatura del año 2001, el trinitario V. S. Naipaul, para explicar la triste naturaleza de la caída: “El colapso de la sensibilidad”, dijo, “qué hermosa frase para describir lo que suele ocurrir en los países más pobres entre los pobres, esa terrible caída a la animalidad”.

Un Estado ausente permite esta terrible caída. La principal razón de la existencia del Estado es garantizar la seguridad de la población en su territorio. Pero el Estado del Ecuador es muy incapaz de garantizar cualquier derecho a su población, incluido el derecho a la vida (Ecuador es uno de los territorios más violentos del mundo, cuya tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes es de las más altas del mundo). 

El Estado ausente del Ecuador ha resignado el control de buena parte de su territorio, que ha pasado a la atroz gobernanza de grupos de delincuencia organizada, cuya economía consiste en la exportación de drogas a un primer mundo ávido de ellas y en la explotación inmisericorde de los pobladores de los amplios territorios sobre los que el Estado del Ecuador ha resignado su control, a quienes extorsionan y secuestran, y en última instancia, si no se someten a su imperio, matan. 

Como el Estado es incapaz de garantizar la seguridad, los grupos de delincuencia organizada se encargan de cobrar a comerciantes y residentes de las áreas bajo su control una suma variable para garantizar su seguridad (un proceso extorsivo conocido como “vacuna”, que consiste en una garantía de no agresión de los delincuentes por el pago hecho). Éstas son las “bandas de ladrones y asesinos” de las que hablaba Thomsen. 

Thomsen escribió sobre esto en los ochentas y en relación con la ciudad de Esmeraldas. Pasaron unos cuarenta años y ese cáncer está haciendo metástasis en nuestra sociedad.

Moritz Thomsen ya no alcanzó a ver esta “terrible caída a la animalidad”. Víctima de una epidemia de cólera, murió en Guayaquil en 1991.

El Leviatán de papel

            Publicado en diario Expreso el viernes 31 de enero de 2025.

El concepto “Leviatán de papel” fue desarrollado por dos economistas, el turco Daron Acemoglu y el británico James A. Robinson, en el capítulo 11 de su libro El pasillo estrecho. Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad, publicado el año 2019. (Acemoglu, Robinson, y un tercer economista, Simon H. Johnson, fueron galardonados el año 2024 con el premio Nobel de Economía). Este concepto, Leviatán de papel, describe a un Estado que es, a un tiempo, incapaz y despótico. Es decir, es un concepto que sirve para describir de manera precisa al Estado del Ecuador.

En la formulación de los economistas Acemoglu y Robinson en El pasillo estrecho, un Estado devenido en un Leviatán de Papel se caracteriza por poseer estos dos elementos: 1) Ser incapaz de hacer cumplir la ley, de proveer los servicios públicos básicos para el desarrollo y de controlar la violencia en su territorio (el Leviatán de papel comparte este atributo con otra categoría estudiada por Acemoglu y Robinson en su libro, el Leviatán ausente); 2) Tener la capacidad y vocación para reprimir a su población, con el propósito de impedir su participación y movilización social, en particular cuando ella pueda poner en riesgo el poder y los privilegios de la élite (el Leviatán de Papel, en este caso, comparte este atributo con el Leviatán despótico). 

Con sobrada razón, Acemoglu y Robinson subrayan en la conclusión del capítulo 11 de su libro que ser un Leviatán de papel es el peor de los escenarios posibles para un Estado, porque “tiene algunas de las peores características del Leviatán ausente y del Leviatán despótico”. Es decir, tiene lo peor de los dos mundos.

Lo que significa que el Estado del Ecuador tiene lo peor de los dos mundos. Sobre el primer atributo mencionado, el Estado ecuatoriano ha sido invariable y notoriamente incapaz de cumplir lo que promete en su Constitución (en ésta del 2008 vigente, y en todas las que vinieron antes). Los derechos que dice el Estado garantizar en su Constitución, en la práctica, se convierten en burlas a la población (los derechos a la salud y la educación son un constante jajaja). 

Pero en los últimos años esta incapacidad del Estado del Ecuador ha alcanzado niveles muy preocupantes, porque es incapaz de cumplir su función básica de proteger a sus ciudadanos y ha dejado en manos de grupos de delincuencia organizada amplios sectores de su territorio, cuyas poblaciones son sometidas al imperio de estos grupos. 

Así, el Estado del Ecuador es incapaz de combatir la violencia que se ejerce contra sus ciudadanos, pero sí que es capaz de ejercer la violencia (como un Leviatán despótico) contra sus ciudadanos, si su organización podría poner en riesgo el poder y los privilegios de la élite. 

La explicación de Acemoglu y Robinson es que ello ocurre “porque al Leviatán de papel no le importa el bienestar de sus ciudadanos ni tampoco le importa su libertad”. Es un Estado organizado para proteger el poder y los privilegios de la élite. 

Con un Estado así constituido, ¿de qué nacionalidad, de qué sentido de pertenencia se les puede hablar a los derrotados por un sistema perverso que beneficia a pocos en perjuicio de las mayorías? La endeble ecuatorianidad entra en bancarrota. 

Reelecciones presidenciales consecutivas

            Publicado en diario Expreso el viernes 24 de enero de 2025.

En la historia política del Ecuador existen cuatro casos de presidentes que han sido reelectos para gobernar de forma consecutiva: el venezolano Flores, Velasco Ibarra, García Moreno y Correa. Únicamente Correa logró concluir los períodos de gobierno para los que fue reelecto.

En el caso de Juan José Flores, los dos períodos de gobierno consecutivos debieron abarcar doce años, entre 1839 y 1851. Sin embargo, ninguno de sus períodos de gobierno concluyó como previsto en la Constitución. Durante el período de gobierno entre 1839 y 1843, Flores acometió, en octubre de 1842, un autogolpe de Estado para convocar a una convención nacional que dicte una nueva Constitución, a su gusto. 

Se reunió la convención en 1843 y Flores la pudo poblar de adictos suyos; la convención decidió su reelección y determinó que el presidente debía demorar ocho años. Flores empezó su segundo período en 1843 y debió gobernar hasta 1851, pero la revolución marcista truncó su período de gobierno: lo sacó de circulación en junio de 1845 y lo mandó al exilio.

En el caso de Gabriel García Moreno, él no sólo no pudo completar ningún período de gobierno; el segundo no pudo siquiera empezarlo. García Moreno hizo un golpe de Estado en enero de 1869 y en seguida convocó a una convención nacional para que dicte una Constitución a su gusto.

La convención se reunió en 1869 y García Moreno la pudo poblar de adictos suyos; ella determinó que el presidente debería demorar seis años en el ejercicio del poder y lo eligió presidente a García Moreno. Él debió gobernar hasta el 10 de agosto de 1875. 

La reelección consecutiva de García Moreno se votó entre el 3 y el 5 de mayo de 1875. Resultó elegido con un avasallador 99.1% de los votos. Pero el presidente García Moreno no pudo empezar este segundo período, porque lo mataron antes de iniciarlo. A cuatro días de concluir su período de gobierno, el 6 de agosto de 1875, García Moreno fue asesinado a la vera del Palacio de Carondelet.

Para el singular Velasco Ibarra, su reelección ocurre en las únicas dos elecciones en las que no intervino la voluntad popular. La revolución gloriosa de mayo de 1944 lo condujo al poder y el 10 de agosto fue designado presidente por una convención nacional para el período 1944-1948. Velasco interrumpió el período por un autogolpe de Estado en marzo de 1946, tras el cual convocó a una convención nacional que hizo una Constitución a su gusto y que lo eligió presidente (en liza con Manuel Elicio Flor) el 11 de agosto de 1946. Debió completar el período 1944-1948, pero en esta segunda oportunidad tampoco lo concluyó, pues en agosto de 1947 lo interrumpió la sublevación del coronel Mancheno Cajas.  

Rafael Correa era presidente en funciones, electo por la voluntad popular para el período 2007-2011, cuando lo interrumpió para convocar a una convención nacional a fin de que dicte una Constitución a su gusto, que entró en vigor el 20 de octubre de 2008. Bajo este marco constitucional se postuló a la reelección en 2009 para el período 2009-2013, que ganó con el 51.99% de los votos, y nuevamente en 2013 para el período 2013-2017, que ganó con el 57.17%. Rara avis: Concluyó los dos períodos de gobierno para los que fue reelecto.

Transición a la República

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de enero de 2025.

Se suele decir que la República del Ecuador se fundó en 1830. Esta afirmación es falsa.

En mayo de 1830, el Distrito del Sur se separó de la República de Colombia y adoptó el nombre “Estado del Sur de Colombia”. Con este nombre y un incipiente aparato administrativo (dos venezolanos: un jefe y su secretario) se convocó a la elección de los representantes en un Congreso Constituyente, que se reunió en Riobamba para aprobar una Constitución y darle forma a un Estado que llevó por nombre “Estado del Ecuador en la República de Colombia”. 

Esta Constitución, promulgada en septiembre de 1830, propuso que el Ecuador siga perteneciendo a Colombia, pero como parte de una confederación con los otros Estados, Venezuela y Colombia, que habían sido los distritos del Norte y del Centro de Colombia. Así, el Ecuador proponía el regreso de la Gran Colombia en un formato de confederación, donde cada Estado tendría un margen de autonomía pero habría un “Gobierno general” de la República de Colombia (los detalles de este gobierno general y de las relaciones entre los Estados tendrían que discutirse en una reunión de plenipotenciarios). Nadie le paró bola a esta propuesta. 

El único período presidencial en el que rigió esta Constitución terminó muy mal, porque desembocó en una guerra civil. Por una parte, José Félix Valdivieso, jefe supremo de la Sierra. Por la otra, Vicente Rocafuerte, jefe supremo de la Costa.  

Así, entre 1830 y 1834 pasamos de formular una pacífica propuesta diplomática de unión sudamericana a enfrentarnos en una sangrienta guerra civil. Cuando concluyó esta guerra civil (la primera de este terruño tan aficionado a la violencia), con el triunfo del ejército del jefe supremo de la Costa en la batalla de Miñarica en enero de 1835, se abrieron dos posibilidades: extinguir el Estado ecuatoriano o convertirlo en República independiente. 

Se ensayaron ambas posibilidades. El bando perdedor de la guerra civil declaró que el Estado del Ecuador, nacido en la Constitución de 1830, debía volver sobre sus pasos y reintegrarse a la Colombia de la que se separó en 1830, terminando así con la experiencia de un Estado ecuatoriano autónomo. Unos 800 huyeron de Quito y muchos terminaron por residir en Popayán, donde publicaron el semanario “La Voz del Ecuador”, en cuyas páginas justificaron el reintegro del Ecuador a Colombia. Se comisionó a uno de ellos, Roberto de Ascázubi, para obtener la aceptación de Colombia, pero pasó la vergüenza de ser rechazado en Bogotá. 

El bando triunfador de la guerra civil, por su parte, convocó a una convención nacional para reorganizar el territorio y dictar una Constitución, que se reunió en Ambato entre junio y agosto de 1835. Esta convención eligió presidente a Vicente Rocafuerte y dictó una nueva Constitución que persistía en el Estado del Ecuador, pero esta vez sin una propuesta de confederación con otros Estados y con el título de República independiente y no por una pertenencia a una asociación mayor. Su artículo 1 decía, sin lugar a equívoco: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”.

Pudo no ser, pero en 1835 nació en Ambato la República del Ecuador.

La Constitución sui géneris

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de enero de 2025.

La Constitución ecuatoriana de 1830 es un documento jurídico sui géneris. Es una Constitución con una propuesta, que ofrece menoscabarse si su propuesta es aceptada.

La propuesta contenida en la Constitución que se aprobó en Riobamba en septiembre de 1830 fue crear una confederación con los demás territorios que habían conformado la República de Colombia, antes de la separación de Venezuela (el Distrito del Norte) y del Ecuador (el Distrito del Sur) en mayo de 1830. Su artículo 2 decía: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia”. La propuesta ecuatoriana era que regrese la Gran Colombia, pero en formato confederado.

La propuesta del Ecuador debía obtener el consentimiento de los otros Estados (Colombia y Venezuela) a efectos de formar la confederación. El artículo 3 de la Constitución disponía: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión”. El Ecuador quiso poner como condición para la integración una igualdad de representación con los demás Estados, a pesar de ser el más pequeño y el menos poblado de los tres.

Si se reunía dicho Colegio Plenipotenciario con igualdad de representación y se adoptaba la ley fundamental para regular las relaciones de los Estados unidos en confederación, entonces surtiría efecto la cláusula prevista en el artículo 5 de la Constitución: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre”.

No hubo necesidad de aplicar la cláusula de este artículo 5, pues este Colegio Plenipotenciario que propuso el Estado del Ecuador jamás se llegó a reunir. Ocurrió, en cambio, una guerra entre el Ecuador y la Nueva Granada (nombre que adoptó Colombia en 1831), que el Ecuador perdió en 1832 y por cuya derrota debió reconocer que su límite por el Norte era el río Carchi y así olvidarse de los antiguos vínculos de Quito con Pasto y Popayán, cimentados durante el gobierno de los españoles.

Ocurrió también una reunión de plenipotenciarios en Bogotá, en diciembre de 1834, para discutir el reparto de los pagos por los préstamos de los ingleses para costear las guerras de la independencia del Reino de España. Pero a esta reunión no asistió ningún delegado ecuatoriano, porque el Ecuador andaba entretenido con su primera guerra civil. Por esta ausencia, le clavaron un desproporcionado 21.5% de la conocida como “deuda inglesa”. El Ecuador arrastró esta deuda hasta la década de 1970.

La Constitución sui géneris duró mucho menos. Una vez concluida la primera guerra civil de los ecuatorianos, el bando vencedor convocó a una convención nacional, que se reunió en Ambato, para aprobar una nueva Constitución. Entró en vigor el 13 de agosto de 1835 y, felizmente, ya no incluyó una disparatada propuesta de confederación. 

Plastilina jurídica

La decisión del presidente actual de no pedir licencia para hacer campaña incumple la ley y viola un principio básico del derecho electoral: la igualdad de armas de los participantes en la elección. El argumento del gobierno para justificar la conducta del presidente omite una discusión acerca de la violación del principio y, para decir que sí cumple la ley, utiliza (hace plastilina con) una sentencia de la Corte Constitucional (No. 002-10-SIC-CC).

La sentencia de la Corte Constitucional es acerca de los cómputos para el cálculo del número de períodos que una persona ha ejercido el mismo cargo de elección popular. Como la Constitución impone un tope (Art. 114) por el que limita el número a dos, sean períodos consecutivos o no, el cómputo del número de períodos es muy importante. Y la Corte Constitucional dijo que un período de gobierno resultante de una muerte cruzada no se considera, a efectos del cómputo, como un período regular. 

Es decir, si se ejerce la presidencia como resultado de una elección tras una muerte cruzada (como es el caso ahora), ese período no cuenta. Así, al presidente actual le quedan aún los dos períodos presidenciales. Y es a esta matemática, y no a otra cosa, que se refiere esta sentencia. En simple, lo que está en juego es la duración de las autoridades en el ejercicio de un cargo. 

Desde el gobierno se dice “abracadabra” y de súbito la no contabilización de un período por la interpretación del artículo 114 de la Constitución se convierte en el no cumplimiento de las normas jurídicas asociadas a la reelección. Y esto es absurdo, porque en el caso de las normas asociadas a la reelección está en juego un principio cardinal del derecho electoral y del sistema democrático: la igualdad de armas de los participantes en un proceso electoral.

La norma del artículo 93 del Código de la Democracia que obliga a una autoridad a pedir licencia (ni vista ni oída en la sentencia de la Corte Constitucional, porque ni existía) es una garantía de ese principio. Es claro que si uno de los candidatos tiene el privilegio de seguir siendo autoridad mientras compite, ese privilegiado (léase: el presidente actual) rompe con la igualdad de armas que debe tener el proceso electoral, porque esa persona está en una situación distinta y mejor para influir en el resultado. Y entonces, lo que está en juego es el derecho a ser elegido de los demás candidatos (situados en posición de desventajada) y el derecho a elegir de las personas. 

El argumento del gobierno es una gran non sequitur: como la reelección no cuenta ergo las reglas relativas a la reelección no aplican. Ejemplo de mala lógica.

Porque son cuestiones aparte: por un lado, la reelección no cuenta, en los casos especificados en la sentencia (que incluye la muerte cruzada), para el límite de reelecciones establecido en el artículo 114 de la Constitución y, por otro, la postulación para el ejercicio del mismo cargo, en cualquier caso, debe respetar el principio de igualdad de armas, como una demanda del sistema democrático.

Variante de Ulrica

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de enero de 2025.

Para proclamarse miembro de una nacionalidad se requiere un esfuerzo de la imaginación. En ‘Ulrica’, un cuento de Jorge Luis Borges, su personaje, un colombiano que ejerce como profesor de la Universidad de los Andes, ante la pregunta de una noruega (la citada Ulrica) “¿qué es ser colombiano?”, respondió: “un acto de fe”. Y lo mismo vale para un noruego, un keniata, o un ecuatoriano, pues aquí decir “un acto de fe” es otra manera de hablar de “comunidades imaginadas”.

Las “comunidades imaginadas”, concepto teorizado por Benedict Anderson en un libro con el mismo título, están en el origen de los nacionalismos. Una nación se imagina como una comunidad, según Anderson, “porque, independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal”. Y esa comunidad es imaginada, “porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. En el Ecuador, esta “imagen” de la “mayoría de sus compatriotas” no es de una “comunión” entre ecuatorianos. Es de desconfianza mutua y de miedo. 

El informe 2024 de la corporación Latinobarómetro, publicado el 20 de diciembre, muestra el alarmante nivel de la desconfianza interpersonal en América latina, que es la región más desconfiada del mundo. En esta región, el Ecuador, comparado con los otros países cuyos habitantes han sido entrevistados para el informe de Latinobarómetro, tiene un bajísimo nivel de confianza interpersonal. Frente a la pregunta, “¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás”, apenas el 8% de los ecuatorianos coinciden con la respuesta “Se puede confiar en la mayoría de las personas” (de un total de 17 países latinoamericanos, únicamente Brasil tiene un porcentaje inferior). Y la desconfianza de los ecuatorianos se extiende a todas las instituciones del Estado, en especial, las que aseguran su representación: congreso, instituto electoral, partidos políticos, etc.

El miedo es el otro factor que complica el vínculo comunitario entre los ecuatorianos. En el informe 2024 de la corporación Latinobarómetro, frente a la pregunta: “¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante del país”, el 49% de los ecuatorianos considera que ese problema es la delincuencia. Según el informe de Latinobarómetro, el miedo es el principal componente de este indicador. Y ningún otro país registra en este indicador un porcentaje tan alto como el nuestro, siendo un 30% más alto que el promedio de los países de América latina. Ningún otro país siente tanto miedo del otro como ocurre en el Ecuador.

Con un país así constituido, pleno de desconfianza y lleno de miedo, ¿de qué nacionalidad, de qué sentido de pertenencia se le puede hablar a ciudadanos que no imaginan a los otros miembros de su comunidad como sus iguales? ¿De qué “comunidad imaginada” se puede hablar desde la desconfianza y el miedo al otro? 

Variante de Ulrica: ¿qué es ser ecuatoriano? Es un (fallido) acto de fe. 

La vocación autoritaria

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de diciembre de 2024.

El informe 2024 de la corporación Latinobarómetro lleva por optimista título “La democracia resiliente”, fue publicado en su página web (www.latinobarometro.org) el viernes 20 de diciembre y es un exhaustivo estudio de opinión pública que mide actitudes, valores y comportamientos, para lo cual aplica alrededor de 20.000 entrevistas en 17 países de América latina, representando a más de 600 millones de habitantes.

El informe 2024 de Latinobarómetro, entre otras cosas, reveló un reclamo por una solución autoritaria en el Ecuador, de una intensidad sin parangón en la región.

“Actitudes hacia el autoritarismo” se denomina el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, que presenta “los indicadores específicos de autoritarismo” para los 17 países latinoamericanos cuyos habitantes son entrevistados. El capítulo se compone de la respuesta a tres afirmaciones. La primera afirmación es: “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”. 

Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” a esta primera afirmación, el Ecuador registra por encima del 60% de personas que coinciden con ella, siendo el cuarto porcentaje más alto de América latina (en conjunto con Honduras) y apenas por debajo de Paraguay, Guatemala y El Salvador. Seis de cada diez ecuatorianos no tendrían problema con la llegada de una dictadura, siempre que resulte efectiva para resolver problemas.   

La segunda afirmación de este capítulo es: “Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas”. Entre las respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con esta segunda afirmación, el Ecuador registra el porcentaje más alto de América latina con el 54%, que es un porcentaje casi 20 puntos superior al promedio regional del 35% y demostrando a las claras que un dictador no requiere encumbrarse a través de un golpe de fuerza. Un dictador puede emerger también en el marco de una democracia vaciada de contenido, como la ecuatoriana. 

Porque la democracia ecuatoriana es un cascarón vacío y los datos de este informe 2024 (de manera muy preocupante) así lo evidencian. El Ecuador es el Estado de América latina que registra el mayor porcentaje de su población que considera posible que la democracia puede funcionar sin estos tres elementos: el 58% considera que puede funcionar sin partidos políticos, el 57% que puede funcionar sin congreso y el 50% que puede funcionar sin oposición. Cifras que están muy por encima de su promedio regional del 42%, 39% y 37%, respectivamente. Vaciar a la democracia de todo lo que la constituye, pero seguir llamándola democracia: tal cosa es el ideal ecuatoriano. 

Por eso es lógico que en la respuesta a la tercera afirmación contenida en el capítulo 4.6 del informe 2024 de Latinobarómetro, “Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones por la gente”, el Ecuador también registre el porcentaje más alto entre los países de América latina. Un 50% de la población está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con esta tercera afirmación.

Estas cifras revelan la vocación autoritaria del pueblo ecuatoriano.

La dolarización

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de diciembre de 2024.

El economista estadounidense Robert J. Barro (Nueva York, 1944) publicó el año 2002 el libro Nothing is sacred (“Nada es sagrado”), que contiene un artículo en el que comentó la dolarización de la economía ecuatoriana en términos poco auspiciosos.

Para empezar, el economista Barro sostiene que, al momento de adoptar la dolarización el año 2000, el Ecuador había sido “un desastre político y económico por un buen tiempo”. Sólo cabe añadir que lo sigue siendo. 

Según este economista, especializado en macroeconomía, lo específico de la dolarización en el Ecuador fue que no ocurrió “como parte de un paquete económico coherente”. Se la puso en práctica a las apuradas, sin una adecuada planificación, en un momento de desesperación política (la aprobación popular del presidente Mahuad, anota Barro, había caído “por debajo del 10 por ciento”) 

Desde esta perspectiva, el Ecuador se constituyó para Barro en un caso interesante, pues le ofrece a los economistas la posibilidad de analizar si una reforma como la dolarización “puede ser exitosa sin precondiciones, especialmente en prácticas bancarias y fiscales […] Por consiguiente, Ecuador es interesante porque ninguna de estas precondiciones existía”.

Así, el Ecuador resulta un caso interesante porque es un desastre institucional, un horroroso freak latinoamericano. Y es por esto mismo (porque el Estado es un horroroso freak) que la dolarización le resultó tan atractiva a la población ecuatoriana, pues priva a los políticos ecuatorianos de la facultad para emitir una política monetaria y cambiaria, esto es, constituye una limitante a su desmesurada capacidad para la autodestrucción. La dolarización, en el Ecuador, es una celebración de la subnormalidad.

Esto lo supo ver el economista Barro en su artículo: “Un atractivo de la dolarización es que las políticas monetaria y cambiaria no dependen más de la inteligencia y la disciplina de las autoridades locales”. Creo que las alusiones a la inteligencia y disciplina en la frase citada se escribieron para su lectura en tono irónico.

Pero otros también supieron apreciar las ventajas de una economía dolarizada y del “desastre político y económico” que decía Barro. Así lo hicieron los grupos de delincuencia organizada (GDO) dedicados al lucrativo negocio de la producción y venta de drogas ilegales, quienes vieron en el Ecuador a un territorio muy atractivo, pues cumplía unos requisitos convenientes para el giro de su negocio. 

Tenemos un Estado que es un desastre institucional, permeable a la corrupción y con una economía dolarizada, y por este último atributo su territorio presenta para los GDO (y así lo destaca el periodista Alexander Clapp en un artículo en The economist en el que consideró al Ecuador como el narcoestado más reciente del mundo) “oportunidades para blanquear ganancias ilícitas”. Todo sumado, ofrecemos a los GDO unas ventajas políticas y económicas que procuran la impunidad de sus actos y la rentabilidad de su negocio.  

La dolarización es una gran ventaja comparativa para los GDO por la misma razón por la que se impuso hace un cuarto de siglo: porque el Estado del Ecuador ha sido un “desastre político y económico” por muchos años. Al menos, desde 1830. 

Contra Bolívar

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de diciembre de 2024.

Lo mandatorio, lo habitual, lo cómodo: idolatrar a Bolívar. Lo raro es contar la historia de lo que hizo en Guayaquil. Éramos una república independiente y Bolívar acabó con ello.

El pueblo de Guayaquil alcanzó su independencia del Reino de España en una sola jornada, el 9 de octubre de 1820. La parte militar se ejecutó en la madrugada, la parte civil se resolvió en la mañana. El acta de aquel glorioso día reconoció al 9 de octubre de 1820 como el día “primero de su independencia”. Se nombró como primer Jefe Político de esta ciudad a un poeta que había sido diputado a las Cortes de Cádiz, el ilustre guayaquileño José Joaquín Olmedo, que entonces contaba 40 años.

El 8 de noviembre de 1820 se reunió un Colegio Electoral al que asistieron 57 representantes, venidos de 27 pueblos de la provincia de Guayaquil, a fin de dictar un cuerpo jurídico (al que llamaron “Reglamento Provisorio de Gobierno”) que desde el día en que fue aprobado, el 11 de noviembre de 1820, reguló el autogobierno de la Provincia Libre de Guayaquil. 

Este instrumento, al que José Joaquín Olmedo llamó “Constitución provisoria”, decía en su artículo 2 que la provincia de Guayaquil “se declara en entera libertad para unirse a la grande asociación que le convenga de las que se han de formar en la América del Sur”.  

En Guayaquil se había fijado la fecha para la decisión sobre su futuro. La reunión de un nuevo Colegio Electoral se iba a realizar el 28 de julio de 1822. Aquel día, los representantes de la provincia se iban a pronunciar acerca de su unión a una “grande asociación” (o también: mantener la provincia autónoma, como le corresponde a una decisión tomada con “entera libertad”), como lo autorizaba el artículo 2 del Reglamento Provisorio.

Pero unos días antes de esa fecha llegó a Guayaquil el presidente de Colombia, el general Simón Bolívar (por vez primera; vendría tres veces más, en 1823, 1826 y 1829) acompañado de 1.300 soldados. Fue el 11 de julio. Dos días después, el presidente Bolívar, a través de su secretario, José Gabriel Pérez, le mandó a decir a la Junta de Gobierno presidida por Olmedo que su trabajo había concluido, que él era ahora quien estaba al mando. Por sus pistolas.

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno, y otras 200 personas, abandonaron Guayaquil rumbo al Perú. Bolívar se entrevistó en Guayaquil con el general José de San Martín el 26 y 27 de julio, cuando Guayaquil ya era colombiana (a San Martín lo recibió un arco en el muelle que decía “Bienvenido a Colombia”). El 28 de julio de 1822 se terminó por reunir el Colegio Electoral, pero estaba muy claro que no iba a reunirse para desairar al hombre que estaba al mando de la ciudad (era imposible olvidar que lo acompañaban 1.300 soldados). Tres días después, el Colegio Electoral se pronunció por la anexión de Guayaquil a la República de Colombia.

Guayaquil, como la república independiente que fue por 642 días, tenía un gobierno propio y la posibilidad de decidir si quería (o no) unirse a una “grande asociación”. Pero llegó Bolívar acompañado de sus soldados y decidió por los guayaquileños. Se impuso por la fuerza, manu militari, como un vil dictador.

Como guayaquileño, es motivo suficiente para repudiarlo.

Los reveses de 1809

 A Quito en su (falso) día de fundación

En una de las acepciones (la cuarta) del diccionario de la Real Academia Española, el término “revés” se asocia con el fracaso. Siendo así, es fácil reconocer a la revolución de agosto de 1809 como un revés. Esto, porque la revolución de 1809 se hizo por la autonomía de Quito, para convertir el territorio de su audiencia en uno que se autogobierne (desde una perspectiva administrativa, dejando de ser Quito la cabeza de una audiencia subordinada para pasar a ser la cabeza de una capitanía general, a la usanza de Caracas o Santiago de Chile). Y Quito no lo consiguió.

Con su experimento agostino de autogobierno, Quito, capital de la provincia homónima, buscó imponer una primacía administrativa sobre sus provincias vecinas, a la sazón, Popayán, Guayaquil y Cuenca. Por la fuerza, en seguida todas estas provincias vecinas rechazaron la propuesta de una Quito primus inter pares. 

La revolución de Quito fracasó pronto. El 24 de octubre de 1809 se le devolvió el poder a quien se lo había usurpado. Pero las peores consecuencias ocurrieron después. Las tropas que llegaron y se establecieron en Quito por petición del gobernador de la provincia de Guayaquil (venidas desde la lejana Lima), actuaron de manera brutal el 2 de agosto de 1810 y mataron a la mayoría de cabecillas de la revolución.

Todo mal: total rechazo a su propuesta, muerte de los héroes, y para peor, ni siquiera se buscó la independencia (que es por lo que se recuerda -o debo decir: se quiere recordar- este episodio). 

La primera acepción del Diccionario de la Academia Española del término “revés” es “parte opuesta de algo”. Y esto ha sido más difícil de verlo, pero lo opuesto a la revolución de Quito de 1809 es la revolución de Guayaquil de 1820.

Esto, porque por oposición a lo ocurrido en 1809, la revolución de octubre de 1820 sí fue independentista y republicana. No buscó un cambio de jerarquía dentro de la monarquía, como se hizo en Quito, pues dejó aclarado en el acta del 9 de octubre que Guayaquil había “declarado la independencia, por el voto general del pueblo”. Y pasó que la ruptura con el régimen monárquico implicó asumir un régimen republicano, lo que se refrendó en el Reglamento Provisorio de Gobierno, aprobado por un Colegio Electoral el 11 de noviembre de 1820. 

Además, un dato importante: la revolución de Guayaquil fue exitosa. A diferencia de Cuenca, que volvió a caer en manos de los españoles (ni hablar de Quito, que fue enteramente española estos años), durante el proceso de independencia entre 1820 y 1822 Guayaquil se mantuvo independiente. Y Guayaquil no propuso imponer una primacía; por el contrario, se propuso la liberación de las provincias vecinas.

“Cuando nos propusimos ser libres”, se puede leer en la proclama del 9 de junio de 1822 dirigida a los conciudadanos de Guayaquil, “no podíamos dejar gemir en la opresión a los pueblos que nos rodeaban”. Así fue que Guayaquil empeñó recursos y personas para satisfacer el noble propósito de liberar a otros en desgracia. Y como se puede leer en esta proclama de junio de 1822 suscrita por Olmedo, Ximena y Roca, integrantes de la Junta de Gobierno de Guayaquil: “Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

Generosa, Guayaquil.  

Elevación y caída de Veintemilla

            Publicado en diario Expreso el viernes 29 de noviembre de 2024.

El hombre que se comprometió a una revolución el 8 de septiembre de 1876 ante el Concejo Cantonal de Guayaquil presidido por el dauleño José Vélez, para “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”, fue el militar quiteño Ignacio Veintemilla. Triunfo su revolución (lo tumbó a Borrero) y para diciembre de 1876 ya estaba instalado en el Palacio de Carondelet. 

En la historia del Estado, Veintemilla era quien había gobernado como Jefe del Estado del Ecuador por el mayor tiempo consecutivo, hasta la llegada de Correa en el siglo XXI. Entre diciembre de 1876 y julio de 1883, Veintemilla gobernó como jefe supremo, presidente interino, presidente constitucional y, de nuevo, tras un autogolpe de Estado, como jefe supremo. Salió al exilio el 9 de julio de 1883, desde la ciudad que lo había encumbrado, Guayaquil (después de robar en esta ciudad dos bancos: Ecuador y de la Unión). Entre la revolución y el exilio, Veintemilla gobernó por seis años, diez meses y un día.

A este quiteño proclamado liberal lo elevó el Concejo de Guayaquil a su aventura política revolucionaria para destruir la obra jurídica de García Moreno, un guayaquileño conservador que había triunfado (arrasado) en Quito. El Ecuador tenía una Constitución (octava del Estado, primera votada en referéndum el 18 de julio de 1869, con un voto por el Sí del 96.36%) que sujetaba la condición de ciudadano al requisito de “ser católico”, primer requisito en una lista de tres (artículo 10). La caída de Borrero (y su anverso: el triunfo de Veintemilla) se produjo por su negativa a sustituir esta Constitución conservadora. 

El jefe supremo Veintemilla cumplió con el propósito de destrucción encomendado y convocó a una convención nacional a reunirse en Ambato para aprobar una Constitución, que reemplace a la motejada como “Carta Negra” de 1869. Esta convención se debió reunir en diciembre de 1877, pero se instaló el 16 de enero de 1878. La presidió el general y expresidente José María Urbina, retornado después de varios años de exilio, desde la guerra civil de 1859-1860.  

La convención nacional de 1878 designó a Veintemilla como presidente interino el 26 de enero y presidente constitucional el 31 de marzo; ese mismo 31 expidió la requerida Constitución, donde se eliminó el requisito de “ser católico” para ser ciudadano. En lo restante, esta nueva Constitución no era muy diferente a la Constitución de 1861. Para Juan Murillo Miró, en su libro Historia del Ecuador publicado en 1890, Veintemilla y Urbina “aunque no correspondieron en un todo a las esperanzas vinculadas en la revolución, se consiguió al menos hacer desaparecer la denigrante constitución de 1869”. 

En la presidencia, Veintemilla se apoyó en connotados liberales como el ilustre guayaquileño Pedro Carbo y el citado Urbina. Con el tiempo, Veintemilla degeneró en un autócrata y sus aliados liberales lo abandonaron. En marzo de 1882, antes de concluir su período presidencial de cuatro años, Veintemilla se volvió a declarar Jefe Supremo. Esta vez se inició contra él una revolución, a la que se motejó de “restauradora”. 

Veintemilla salió al exilio en julio de 1883. Volvió en 1907, y murió en Quito, al año siguiente.

La caída de Borrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de noviembre de 2024.

El cuencano Antonio Borrero Cortázar (1827-1911) fue el Presidente de la República elegido por la voluntad popular después del magnicidio de Gabriel García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875. A Borrero se lo eligió en las elecciones celebradas los días 17, 18 y 19 de octubre; él empezó su período de gobierno el 9 de diciembre de 1875. De acuerdo con la Constitución ultraconservadora de García Moreno aprobada en 1869, Borrero debía concluir su período en 1881, después de seis años de gobernar los destinos del país. Pero no gobernó ni uno. 

Lo interrumpió a Borrero el pronunciamiento popular de Guayaquil, constante en el acta de la asamblea reunida el 8 de septiembre de 1876 suscrita por “el Ilustre Concejo Municipal del cantón, los padres de familia y más conciudadanos”, que consideraron a Borrero “inconsecuente a los principios liberales que proclamó y defendió como ciudadano” cuyo gobierno había seguido “una política absurda para perpetuar las instituciones que ha jurado cumplir y que son incompatibles con la República Democrática”. Como ciudadano, Borrero había aplicado el calificativo de “monstruosa” a la Constitución de 1869, pero como gobernante se negó a convocar a una convención nacional para sustituirla. 

Como respuesta a esta contradicción, la asamblea de Guayaquil desconoció en el acta de su pronunciamiento al presidente Borrero y a la Constitución de García Moreno, proclamándolo Jefe Supremo de la República al general Ignacio Veintemilla, “con la suma de poderes” y “hasta que uniformada la opinión en todas las provincias, y purificado el territorio convoque a una Convención Nacional Constituyente”, y poniendo en vigor la Constitución de 1861. 

Frente a la asamblea guayaquileña que lo nombró Jefe Supremo, el general Veintemilla prometió “reorganizar la República bajo los verdaderos principios de la causa liberal”.

El presidente Borrero protestó la Jefatura Suprema proclamada en Guayaquil mostrando la hilacha, es decir, con argumentos conservadores. El 13 de septiembre, Borrero publicó una proclama en la que planteó su permanencia en la presidencia como una defensa de la religión en un pueblo de católicos. Declaró que la jefatura suprema de Veintemilla “no es sino un desquiciamiento del orden religioso, social y político que hoy impera en el Ecuador. Los que niegan la Divinidad de Jesucristo, los que aseguran que el pueblo es más soberano que Dios, los que piden el matrimonio civil, son los que han buscado, como instrumento torpe y ciego, a un Jefe desleal”, por lo que exhortó a sus conciudadanos: “Si vosotros sois, como nadie podrá dudarlo, un pueblo de hombres religiosos, defended a vuestro Dios combatiendo el ateísmo”. 

Esta cruzada religiosa de Borrero la apoyó el Concejo Municipal de Quito, que declaró a los “autores de la inicua revolución” como “enemigos de la religión, de la autoridad, de la familia, de la propiedad, del hombre y de Dios”. Y también unas matronas quiteñas, que ofrecieron “al Supremo Gobierno los votos y fervientes oraciones que, humilladas al pie de nuestros altares, elevaremos al Dios de los Ejércitos”.

Pero toda metafísica fue inútil. Antes de fin de año Borrero fue preso y, no mucho después, salió al exilio.

Los retratos de 1845

            Publicado en diario Expreso el viernes 15 de noviembre de 2024.

Fueron unos veintitrés años, desde la anexión a la República de Colombia de los territorios que fueron de la española Audiencia de Quito (ocurrida entre mayo y julio de 1822) hasta la expulsión del general venezolano Juan José Flores del territorio ecuatoriano en junio de 1845, que unos forasteros gobernaron los territorios de la Audiencia de Quito/Estado del Ecuador.

Este gobierno de los extranjeros concluyó cuando emergió la revolución “marcista”, que se originó el 6 de marzo de 1845 en Guayaquil con el levantamiento del general guayaquileño Antonio Elizalde. En seguida se conformó un Gobierno Provisorio con representantes de los departamentos que componían al Ecuador desde 1830 (José Joaquín Olmedo por Quito; Vicente Ramón Roca por Guayas, Diego Noboa por Azuay). 

Este Gobierno Provisorio decretó que se debía reunir una Convención en Cuenca el 1 de octubre de 1845. Se reunió el 3 de octubre. En la sesión del 7 se sometió a debate un decreto de homenaje a los integrantes del Gobierno Provisorio por haber “llenado cumplidamente su misión, dirigiendo los negocios públicos con tino y sabiduría, hasta restablecer la libertad y nacionalidad del Ecuador”, según se reconocía en los considerandos del decreto propuesto.  

El decreto se debía aprobar en tres debates. En el primero, el diputado Manuel Bustamante propuso: “el sagrado deber de la gratitud por los señalados servicios que han prestado a la patria los tres enunciados SS. demandan la perpetuidad de su memoria, haciendo que de los fondos públicos se costeen tres retratos, y que en las casas de Gobierno de los tres antiguos departamentos se coloque el del individuo que le ha representado en la actual época”.

Sin dudar de la valía de los guayaquileños Olmedo, Roca y Noboa, en la Convención se argumentó la inestabilidad política del Ecuador como razón para negar sus retratos. En el tercer y último debate, sesión del 13 de octubre, el diputado Ramírez y Fita advirtió que no debía “esponerse nombres tan respetados a sufrir ultrajes provenientes de las transformaciones políticas y de la inconstancia popular, que mil ejemplos teníamos entre nosotros del afrentoso tratamiento que se había dado a retratos de hombres en otro tiempo venerados”. El diputado Moncayo acotó que un ejemplo de estos ultrajes eran los retratos de Bolívar, que “fueron escarnecidos en varios pueblos, fueron arrastrados y despedazados”. 

Moncayo añadió otra razón para negar los retratos a Olmedo, Roca y Noboa. Según él, la Convención debía ser “circunspecta en la concesión de honores” y no debía seguirse el ejemplo de otras naciones que homenajeaban a sus grandes hombres, “porque los ecuatorianos estaban todavía en la infancia, que la libertad y las virtudes Republicanas no tenían en ellos raíces profundas, y que había mucho que temer de la elevación de cualquier hombre”.

Tras esta retórica despreciativa de lo popular, se clausuró el debate y se puso la moción de los retratos a votación de los diputados. Por la negativa estuvieron veintiséis votos; ocho a favor. 

Finalmente, el decreto quedó en pura palabrería: unos elogios en los considerandos y un artículo único declarando que Olmedo, Roca y Noboa “han merecido bien de la patria”. 

El 8 de noviembre

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de noviembre de 2024.

El 26 de octubre de 1821 la Junta de Gobierno de Guayaquil, compuesta por José Joaquín Olmedo, Rafael Ximena y Francisco María Roca, emitió un decreto por el que ordenó que, en la provincia de Guayaquil, se celebren todos los 8 de noviembre. En el decreto de la Junta de Gobierno se explicitaba una clara razón.

“Después de proclamada nuestra independencia no podíamos llamarnos libres”, indicaba este decreto de 1821, hasta que “pudo reunirse la representación de la Provincia, que es el más precioso de los derechos sociales, y el privilegio más noble de los pueblos libres. Este memorable día fue el 8 de Noviembre de 1820”.

Así, para la Junta de Gobierno presidida por Olmedo, el 8 de noviembre era el día de la libertad porque fue en ese día de 1820 que se reunieron en un Colegio Electoral, en la ciudad de Guayaquil, cincuenta y siete representantes de veintisiete pueblos de la provincia de Guayaquil, que era un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados y 70.000 habitantes.  

En el decreto de 1821 se recuerda que aquel 8 de noviembre que se reunió la representación de la provincia en el Colegio Electoral, “por primera vez pronunció libremente su voluntad el pueblo de Guayaquil, y puso los cimientos de su voluntad política”.

Los cimientos de la voluntad política puestos por este órgano representativo, reunido entre el miércoles 8 y el sábado 11 de noviembre de 1820, fueron el nombramiento de Olmedo, Ximena y Roca para integrar la Junta de Gobierno y la aprobación del Reglamento Provisorio de Gobierno para la administración de la Provincia Libre de Guayaquil. 

El Reglamento Provisorio de Gobierno estableció en su artículo primero que la provincia “es libre e independiente” y que “su gobierno es electivo”. Es decir, rompió con el gobierno monárquico que había imperado por siglos para instaurar un gobierno republicano, pues la soberanía empezó a residir en el pueblo (de allí el carácter electivo de sus gobernantes) y se estableció una división de los poderes del Estado.   

Esta división de los poderes tomó la siguiente forma: el poder ejecutivo debía conformarse por “tres individuos elegidos por los Electores de los Pueblos” con atribuciones para resolver “en todo lo gubernativo y económico de la administración pública” (Arts. 4 y 5). Estos tres individuos fueron Olmedo, Ximena y Roca. 

Se estableció una “representación provincial”, como lo fue el Colegio Electoral que dictó el Reglamento Provisorio, que “se convocará por el Gobierno cada dos años en el mes de octubre, o antes si la necesidad lo exigiese” (Art. 19). Y también un poder judicial, para administrar “justicia en lo civil y criminal”, compuesto por jueces de primera y de segunda instancia (Arts. 11 al 13). 

Asimismo, se creó una milicia para liberar los otros territorios de la Audiencia de Quito (Arts. 8 al 10).

El decreto de 1821 ordenaba que todo 8 de noviembre sea “celebrado en la Capital y en todos los pueblos de la provincia” con “una misa de acción de gracias al Ser Supremo”, con “salva general, repique, e iluminación”, y con esta inscripción en la Sala Capitular, escrita en grandes caracteres: “Guayaquil independiente en 9 de octubre : Guayaquil libre el 8 de noviembre de 1820”.