Manuel Zambrano explica cosas (a los historiadores)

22 de octubre de 2019


Tiene nombre de hondo Manabí, pero correspondió al de un regidor del Cabildo de Quito en el año de N. S. de 1809, y no de origen manaba, sino pastuso. Este territorio que hoy pertenece al Sur de la República de Colombia como parte del Departamento de Nariño, durante los años que estuvo la administración del Reino de España a cargo de estos pagos, forjó intensos vínculos con la capital de la Audiencia de Quito. Estos vínculos se echaron a perder de forma definitiva el año 1832, tras la derrota del naciente Estado del Ecuador en la guerra contra la Colombia de la que ese nuevo Estado se había segregado y la consecuente firma del Tratado de Pasto el 8 de diciembre de 1832.

El regidor Manuel Zambrano participó de manera activa en la Junta de Gobierno de Quito originada a raíz del 10 de agosto de 1809. Unos meses después, Zambrano, todavía regidor, manifestó en el Cabildo de Quito dos opiniones que resumen el sentido de lo actuado por dicha Junta de Gobierno.

En su primera opinión, dada en la sesión de Cabildo del 29 de enero de 1810 que lleva por título “Que se borre y descarte el título de Excelentísimo dado por la Junta, porque ella no tiene facultad para expedir títulos”, Zambrano advirtió “que el pueblo soberano había instalado la Junta sin tener necesidad de contar con el Cabildo, porque había reasumido en sí, todas las facultades reales” (“Actas del Cabildo de San Francisco de Quito, 1808-1812”, p. 115).

Y su segunda opinión, dicha en el mismo acto, fue que existió gente confundida en Pasto, por lo que él quiso “hacerles ver y conocer los santos fines con que se había instalado la Junta, cuáles eran la religión, el Rey y la Patria, y que si no fuera así, no habría entrado en ella” (Ibíd., p. 115).

La primera opinión describe lo que pasó y su justificación: pasó que un grupo de personas formó una Junta de Gobierno contra las autoridades reales y por fuera de las del Cabildo. A los primeros (con el Conde Ruiz de Castilla a la cabeza) los retiró del poder y pretendió el reemplazo en sus funciones; a los segundos, no los necesitó para hacerse del poder (“sin tener necesidad de contar con el Cabildo”).

La justificación de la Junta de Gobierno de Quito se hallaba en la teoría de la retrocesión de la soberanía, implícita en esta idea de “pueblo soberano” convertido en tal dada la situación de los reyes españoles. Ellos (Carlos IV y Fernando VII) estaban desprovistos de su capacidad de reinar por la invasión de las tropas de Napoleón a la España peninsular, por lo que el pueblo quiteño reasumió la titularidad de la soberanía, a través de esta Junta.

La segunda opinión evidencia que la Junta de Gobierno de Quito ejerció dicha soberanía a fin de seguir siendo monárquica y española. Su independencia no era del Reino de España, ni su postura era contraria a la existencia del sistema monárquico. Su independencia era frente al gobierno de las autoridades nombradas desde España, pero con total sumisión al Rey Fernando VII El Deseado. Se trató de una junta autonomista, que en el mejor de los casos buscó liberar a Quito del “yugo” impuesto por el Virreinato de Nueva Granada.   

En este contexto y para informar a la gente “confundida” de Pasto por encargo de las autoridades de la Junta de Gobierno de Quito, el pastuso Zambrano viajó hacia allá para repartir las buenas nuevas a sus paisanos, pero no fue bien recibido por ellos. (El episodio se narra muy bien en este artículo: “Revolución y diplomacia: el caso de la primera Junta de Quito” [pp. 350-352], de Daniel Gutiérrez Ardila.) De hecho, ninguno de los que viajó desde Quito a alguna parte a repartir el evangelio de la revolución fue recibido de buenas maneras. Todo lo contrario: sobre la reacción que desencadenó esta asumida primacía quiteña (pues eso suponía su autonomía: asumir a Quito como la primus inter pares entre las ciudades de las provincias que componían la entonces Audiencia de Quito) se acabó por erigir la masacre del 2 de agosto de 1810, perpetrada por tropas enviadas desde el Virreinato del Perú a instancias del Gobernador de Guayaquil, Bartolomé Cucalón. Del rechazo de los enviados por la Junta de Gobierno de Quito a Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, da muy buena cuenta el citado artículo de Gutiérrez Ardila.

A todo esto, este pastuso Zambrano es un todoterreno de la “ecuatorianidad”: además de ese agitado año de 1809, después participó en la vida política del Ecuador como Estado independiente. Fue diputado por Pichincha a la Asamblea Constitucional de 1835 y a los Congresos Nacionales de 1831 y de 1839. En este último Congreso llegó a postularse para Presidente de la República, justo en la ocasión en que se eligió al general Flores de manera arrolladora (la primera reelección de nuestra historia). Zambrano cosechó un chulla voto en ese Congreso. Flores, 29.

Manuel Zambrano ya debe estar muerto (a menos que sea Don Alfonso) pero ignoro cuándo acaeció ese hecho.

¡Liberen a Tony! Free Tony! (p. II)

21 de octubre de 2019

Desde que se publicó la parte I de esta serie, hace una semana, Tony Balseca continúa detenido. La cooperativa de abogados y abogadas La Komuna presentó el martes 15 de octubre una acción de hábeas corpus para obtener la libertad de Tony Balseca, pero nuestro sistema judicial se mantuvo ajeno al heroísmo even just for one day y el 17 de octubre rechazó el hábeas corpus presentado. David Bowie estaría decepcionado.

Mientras, en el proceso penal que se sigue contra Tony Balseca y que lo mantiene detenido, se convocó a audiencia el viernes 18 de octubre para dictar sentencia en el “procedimiento directo” (establecido en el Art. 640 del COIP) en el que a Tony Balseca se le ha imputado la comisión en “grado de autor” del delito de “paralización de los servicios públicos”, sin siquiera haberle indicado cuál es el servicio cuya “normal” prestación él pudo paralizar. La audiencia del 18 de octubre se suspendió por inasistencia de la representante de la Fiscalía y todavía el juez no fija fecha para la nueva audiencia. La condena que podría dictar el Juez es de hasta tres años. Recordemos: por portar un cartel.

Pero la lucha se hace: en la acción de hábeas corpus se apeló en la misma audiencia del 17 y en el proceso penal se está exigiendo que se celebre de inmediato la audiencia para dictar sentencia y que se declare en ella la libertad de Tony Balseca, pues en su caso la persecución penal del Estado no está haciendo justicia, está criminalizando la protesta. En circunstancias en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado la visita de una Misión de Observación al Ecuador, abogados de la Cooperativa La Komuna hemos presentado sendos escritos a dos relatorías de la Comisión IDH: uno a su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y otro a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de denunciar ante ellas la detención arbitraria de Tony Balseca y solicitarles que adopten las medidas necesarias para exigirle al Estado del Ecuador que ordene su inmediata libertad.





Si quieren pedirle a la Comisión Interamericana para que ella o sus relatorías actúen a favor de Tony Balseca, estos son su Facebook y su Twitter.

Tres Constituciones vía referéndum, Tres

20 de octubre de 2019


En el Estado ecuatoriano han regido un total de 19 Constituciones desde su fundación en 1830. Todas ellas han sido obra de un grupúsculo, pero tres de ellas han sido ratificadas por el pueblo.

Dos de estas ratificaciones populares ocurrieron en tiempo reciente, en el retorno a la democracia: la primera, cuando la Constitución de 1979, que entró en vigor el día de la posesión del Presidente Jaime Roldós y que había sido aprobada por un referéndum que se celebró el 15 de enero de 1978. La segunda, con la Constitución que ahora nos rige, que entró en vigor desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008 (hoy cumple 11 años) y que fue aprobada por un referéndum que se celebró el 28 de septiembre de 2008. La otra ratificación popular ocurrió en el lejano año 1869.

En enero de 1978, un total de 1.812.000 votantes tuvieron la opción de escoger entre dos alternativas: una Constitución nueva, o la Constitución de 1945 reformada. Triunfó la primera opción con 778.000 votos (el 43%) frente a los 583.000 que obtuvo la segunda (el 32%) y a un número respetable de votos nulos (422.000, el 23%). Treinta años después, el 2008, el pueblo escogió entre la aprobación de la Constitución redactada en Montecristi entre noviembre de 2007 y julio de 2008, o su no aprobación. De un total de 6.806.571 votos válidos, el 63,03% de los ecuatorianos decidió su aprobación.

El auténtico triunfo arrollador, sin embargo, ocurrió en el referéndum que se organizó el 18 de julio de 1869, por el que se sometió a la aprobación del pueblo la octava Constitución del Ecuador, redactada por una Convención Nacional que fue adicta al hombre fuerte de aquel momento, el guayaquileño Gabriel García Moreno. De un total de 14.154 votantes, 13.640 aprobaron la Constitución (el 96,36%) y 514 (el 3,64%) se opusieron a ella.

De hecho, ese año 1869 fue la primera vez que se organizó un referéndum en el Ecuador. Y pensar que se lo hizo para aprobar de forma abrumadora una Constitución ultramontana, que la historia recuerda como la “Carta Negra”.

El extenuante récord constitucional del Ecuador queda así:

Tabla. Constituciones del Ecuador según año, órgano de producción de la norma, lugar de reunión y si se ratificó el texto vía referéndum

Año
Órgano de producción
Lugar
Referéndum
1830
Asamblea Constituyente
Riobamba
No
1835
Asamblea Constitucional
Ambato
No
1843
Asamblea Constitucional
Quito
No
1845
Asamblea Constitucional
Cuenca
No
1851
Asamblea Constitucional
Quito
No
1852
Asamblea Constitucional
Guayaquil
No
1861
Asamblea Constitucional
Quito
No
1869
Asamblea Constitucional
Quito
Sí
1878
Asamblea Constitucional
Ambato
No
1884
Asamblea Constitucional
Quito
No
1897
Asamblea Constitucional
Guayaquil-Quito
No
1906
Asamblea Constitucional
Quito
No
1929
Asamblea Constitucional
Quito
No
1945
Asamblea Constitucional
Quito
No
1946
Asamblea Constitucional
Quito
No
1967
Asamblea Constitucional
Quito
No
1978
Dos comisiones nombradas por la dictadura, de once personas c/u
No
Sí
1998
Asamblea Constitucional
Ambato-Quito-Sangolquí-Riobamba
No
2008
Asamblea Constitucional
Montecristi
Sí

Andrés Vallejo (Naipe Centralista)



“Ala rica y materia gris de la Izquierda Democrática”. Viniendo de la derecha costeña, hasta parece cumplido.

El Estado irresponsable (p. 1)

19 de octubre de 2019


Doce días de paro nacional y de violencia en las calles se vivieron desde el dictado del decreto No. 883 y su derogatoria, que han sido vistos, o como un acto de irresponsabilidad, o como un acto de maldad. Hay quienes sostienen que al Gobierno se le fueron las cosas de las manos, mientras hay otros que dicen que ese fue su guion desde el principio, porque lo principal era renovar la culpabilidad del correísmo en el desastre de país que tenemos. Probar este segundo escenario es, por supuesto, mucho más difícil. Pero para la declaración de “irresponsabilidad” de nuestro Estado en esos días, basta con recuperar las propias palabras de los actores principales de este “ecuatorianicidio”.

Mi argumento es de políticas públicas: grosso modo, es que el Gobierno Nacional adoptó una política pública irresponsable que desató una crisis que sólo se resolvió cuando se eliminó esa política pública irresponsable para adoptar otra mejor (hoy en construcción).

Ahora, ¿por qué fue una política “irresponsable”? Primero, porque así lo han reconocido los actores represivos como la propia Ministra encargada de la Policía, María Bala y Plomo, que indicó, muy suelta de huesos, que “La inteligencia falló, debió entregar alarmas más claras” pues no hubo “[n]ada en comparación con lo que sucedió”. Esto lo reiteró Roque Moreira, el comandante de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, quien, si bien admitió que el sistema de inteligencia militar funcionó mal, le añadió un jugoso detalle: “no podemos desconocer lo que ocurrió en el anterior gobierno”. Es forzoso concluir que ni los civiles ni los militares investigaron adecuadamente los efectos que iba a provocar las medidas económicas que se adoptaron en el decreto No. 883. Y que para no admitir su propia responsabilidad en los hechos, buscan atribuírsela ahora al “anterior gobierno”.

[Por supuesto, aquí es cuando los que postulan la maldad del Gobierno Nacional descartan la irresponsabilidad para suponer que el objetivo fue siempre culparlo a Rafael Correa.]

El irresponsable mayor.

Y segundo, la actuación del Gobierno Nacional fue “irresponsable” porque, después de los doce días de paro nacional, reculó. El hecho de que el primer día, Moreno haya dicho que no iba a derogar las medidas, para al duodécimo, derogarlas, es muy revelador. Y no sólo eso, sino que ha dicho el Presidente que el nuevo decreto que va a poner en vigencia, sí se lo hará en conversaciones con los afectados, de manera focalizada y buscando el beneficio de los más pobres… Con la admisión de un nuevo decreto con dichas características, Moreno sugiere implícitamente que el decreto anterior no las contenía y que, por tanto, fue muy irresponsable la forma cómo se lo elaboró y se lo presentó a la sociedad. Sin lugar a dudas, debió hacérselo de otra manera.

De hecho, si se dictaba el decreto No. 883 siguiendo los parámetros de las garantías constitucionales para las políticas públicas que constan en el artículo 85 de la Constitución, que disponen la orientación de las políticas para hacer efectivos los derechos, la prevalencia del interés general sobre el particular, la conciliación de los derechos en juego y la participación de los afectados, el Estado se habría ahorrado los doce días de paro nacional. Tan simple, como que obedecer a la propia Constitución nos habría ahorrado la pérdida de ocho vidas humanas y de millones de dólares en pérdidas económicas.

Corolario: El Estado fue irresponsable en el manejo de esta política pública y, por ende, debe responder en los términos del artículo 11.9 de la Constitución por todo lo ocurrido (muertes, heridos, detenciones arbitrarias y pérdidas económicas) durante ese período.

Sixto y la represión

18 de octubre de 2019


En la mitología liberaloide ecuatoriana, existe el mito de que Sixto Durán-Ballén fue un buen Presidente. Yo disiento, con argumentos de derechos humanos. Creo que fue un hijoputa de Presidente*, uno de mierda.

Y cito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como testigo de cargo: este órgano americano ha indicado que, durante el Gobierno de Durán-Ballén “entre mediados de 1992 y mediados de 1996 [se] declaró el estado de emergencia o la suspensión de garantías […] en Ecuador al menos siete veces”. La CIDH afirmó que “combatir la delincuencia mediante la suspensión de garantías individuales en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por la Convención Americana para que sea procedente su declaración [y que el] modus operandi del Estado ecuatoriano [es] emitir decretos de emergencia y suspensiones de garantías constitucionales de manera indiscriminada y como mecanismos sistemáticos para combatir la delincuencia común”. Lo dijo en la audiencia del Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, un crimen de Estado cometido durante el Gobierno de Durán-Ballén (durante su primer estado de excepción).

¿Cómo no lo iba a recordar, entonces, con mucho cariño el mundo liberaloide ecuatoriano (fundamentalmente, liberaloide es otra manera de decir “fascista”), si el Gobierno de Durán-Ballén se encargó de bolearle balín de lo lindo a los pobres? No hay nada que excite más a nuestra derecha liberaloide que la existencia de un Estado represivo a su favor. Lo hemos visto estos últimos días: está desatada.

Esto, aunque el motivo de la excitación liberaloide produzca un Estado que es disfuncional en el contexto internacional (¿pero quién dijo que la derecha liberaloide tenía conciencia de sus actos? –el liberaloide habla desde su ombligo y ama a Ayn Rand). Para centrarnos en la época del anciano represor que fue Durán-Ballén, esta disfuncionalidad se la ha reconocido en siete sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano (su tercera parte, de un total de 21), por los abusos de la Fuerza Pública (policías y milicos) ocurridos durante el Gobierno de Durán-Ballén. Se los enumero a continuación: el Caso Tibi, sobre abusos policiales en un proceso de narcotráfico; el citado Caso Zambrano Vélez, por la ejecución extrajudicial de tres personas en un operativo militar; el Caso Vera Vera, sobre la muerte de una persona bajo custodia policial; el Caso García Ibarra, sobre la muerte de un adolescente a manos de un policía; el Caso Herrera Espinoza, sobre torturas en centros de detención; el Caso Valencia Hinojosa, sobre abusos en el fuero policial para encubrir un crimen; el Caso Vásquez Durand, sobre la desaparición de un peruano en el marco del conflicto armado con el Perú. Ahí les dejo, en los enlaces, los resúmenes de todos estos casos sentenciados de violaciones de derechos humanos, para que lo festejen a su hijoputa Presidente*.

Si Ecuador fuera un país en serio, no se lo recordaría a Durán-Ballén con una imagen positiva. A la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, su período de Gobierno fue muy represivo y violento. (Pero la lobotomía del país es tal, que no se recuerda ni su brutal represión a la libertad de expresión, incluso denunciada por la SIP**)

Fumándose la institucionalidad, el viejito.

Pero es que eso es: no somos un país en serio. Tenemos un Gobierno que es una fachada de intereses empresariales, cuyos voceros son las empresas de medios de comunicación de alcance nacional a los que le importa pija los derechos informativos de los ciudadanos.

Sólo en esta estupidizante política de desinformación, puede entenderse que a este anciano represor de Durán-Ballén se lo recuerde de manera positiva, aún teniendo este espantoso récord en materia de derechos humanos.

Corolario: Yo no me como ese cuento del viejito bonachón, pergeñado por sus mediocres aliados mediáticos. Yo sí lo desprecio.  

* Sin relación a una vulva, de cualquier tipo. Lo que se llama hijoputa por derecho propio.
** Una rareza, porque es un perro de la derecha atacando a otro perro de la derecha, cuando suelen actuar de manera coordinada.

Muerte por éxito

14 de octubre de 2019


Si algo ha demostrado el estado de excepción que vivimos, es que el dominio político del PSC en Guayaquil es total. Si le conviene a este grupo político atrincherar a un Presidente impopular en nuestra ciudad, pues bloquea los accesos a ella incluso con seguridad privada. Y nadie en el espectro político, ningún otro partido o movimiento, nadie en los medios de comunicación (televisión, radio, o pasquines periódicos) se atrevió a disentir de la medida adoptada por los mandamases locales. (Seguramente, Píterpol Duart los habría mandado presos.)

¿Cómo se ha conseguido esta unanimidad del PSC en Guayaquil? En el caso de los medios de comunicación, con una eficaz distribución de los recursos municipales sumado a cierto temor reverencial frente a las autoridades, les ha bastado (pues de fondo: la mayoría no son periodistas, son mercenarios). En el caso de la opinión pública, el éxito del PSC se debe a una alquimia que ha operado desde 1992: hacer pasar sus opciones políticas por las bondades cívicas, de manera tal que todo aquel que las oponga no es un tipo que piensa distinto, sino un enemigo de Guayaquil. El silencio de estos días, se debe precisamente a esto: durante un estado de excepción, nadie desea ser un enemigo del poder político. Te podría pasar lo que a Alexandra Arce, o Paola Pabón. Y Píterpol is not afraid.

Así, el triunfo socialcristiano fue total: en Guayaquil, durante el estado de excepción, se ha hecho todo lo que el PSC ha querido. El problema fue, que en esta ocasión, ha querido hacer pendejadas.

Me explico: por pendejadas entiendo el traer a su territorio y proteger a un Presidente impopular y defender, con ello, unas medidas que eran rechazadas por la mayoría de los ciudadanos, y hacerlo, además, con un tono decididamente racista. (Incluido el chascarrillo que trasladó al páramo a las aspiraciones presidenciales de Nebot).

Además, la puesta en escena del acto público del PSC, en esta ocasión, fue muy defectuosa: se ninguneó a la Alcaldesa Viteri para darle mayor tiempo y espacio a un Nebot que, si antes de su discurso la había embarrado, después de él la cagó. Raro en él, pero como no tenía enemigo al cual referirse, divagó y divagó. Su retórica, simple y punitiva, no tenía en esta ocasión enemigo al cual destruir, y por eso su divague sin solución de continuidad.

El hecho de ser Guayaquil su feudo inexpugnable (su indudable “éxito”) fue, curiosamente, la condena para el PSC a nivel nacional. El poder hacer de Guayaquil una guarida de las autoridades que el resto del país buscaba y convertirla en la capital momentánea de la derecha autoritaria, demuestra su total manejo y control de la ciudad, pero trajo consigo un alto costo. No en nuestra Guayaquil, pues aquí pueden hacer masomenos lo que les venga en gana. Pero sí en el resto del Ecuador, en particular, en la Sierra: esta defensa de las medidas económicas de un gobierno impopular, en su fondo y por su tono, ha puesto muy cuesta arriba el apoyo de ese electorado a la causa presidencial de Nebot.

Que a Nebot la defensa por la que tanto se empeñó, finalmente, no le haya servido para nada (pues las medidas se derogaron por la movilización popular) sólo demuestra cuán mala fue su participación en este episodio político: lo que él defendía, no prosperó; y lo que buscó que sirva para proyectar su imagen a nivel nacional, le sirvió en cambio para perder a una porción importante y decisiva del electorado. Fue la encarnación de la frase “Ir por lana y salir trasquilado”. Como a una ovejita del páramo, digamos.

Hoy, sus aspiraciones presidenciales están muertas. Y es un caso de muerte por éxito: Pasa, cuando se te ocurre hacer pendejadas.

¡Liberen a Tony! Free Tony! (p. I)


Les cuento un caso, uno de tantos. Tony Balseca sacó un cartel con esta imagen a la calle:

No sé ustedes, yo lo encuentro hasta tierno.*

La gente empezó a aplaudirlo y a tomarse fotos con el cartel. A los milicos la cosa no les gustó ni tantito así, así que lo detuvieron enseguida. Hay un video que registra como lo arrastran rumbo a la 9 de octubre, ese bulevar sin árboles de Guayaquil:


Conozco el caso de primera mano. Este es el relato que el afectado hizo de los hechos:

“Estábamos caminando por la calle Rumichaca viramos seguimos hasta Santa Elena dirigiéndonos a la Casa de la Cultura y a la altura de Vélez yo iba con la pancarta y en ese momento había un grupo de manifestantes  que vieron la pancarta y comenzaron a aplaudir, algunos  tomaron fotos, se veía al frente un grupo de militares y fue tan rápido en ese momento, mientras tomaban fotos me detuve, los militares avanzaron hacia nosotros yo seguí caminando y me cogieron entre algunos no recuerdo yo creo que unos 6 en la calle Velez y Santa Elena o Lorenzo de Garaycoa.  Y De ahí me arrastraron me llevaron hasta la calle 9 de octubre a la altura de la zona militar en Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre y de ahí me dejaron ahí y me entregaron a unos policías que estaban vestido de civiles los cuales me llevaron hasta Pedro Moncayo y 9 de Octubre en la entrada del Parque Centenario y  ahí me subieron a un carro me pareció que era un carro civil y  en eso, me trajeron hasta acá (cuartel modelo). No se habían dado cuenta que yo tenía mi celular, ya acá en un momento que me sonó, me dijeron si se lo podía dar y se los entregue”**.

Ahora viene la parte chistosa: en el proceso judicial que se inició en contra de Tony Balseca, la Fiscalía acusó a Balseca de paralización de los servicios públicos. De todas las acusaciones posibles, esta sufre de idiocia. Un detalle importante de la detención de Balseca es que ocurrió el 9 de octubre a las 15h30, es decir, cuando se había paralizado el tráfico y cualquier servicio público en las calles en las que Balseca mostró su cartel, a fin de que el señor Alcalde de la ciudad y la señora que ocasionalmente lo reemplaza hagan un acto en la 9 de octubre y Malecón (uno lleno de mumbo-jumbo, valga decirlo). Es decir que a Balseca se lo acusa de un imposible lógico: paralizar lo que las autoridades de la ciudad ya habían paralizado. Es un chiste, pero no hace reír.

En ese plan de abuso de la prisión preventiva que parece ser consustancial al sistema penal ecuatoriano, el Juez de la causa aceptó la petición de la Fiscalía General del Estado y otorgó la prisión preventiva solicitada en contra de Tony Balseca. A todo esto, Balseca es un artista (autor, por ejemplo, de un busto a Noguchi –aka “la mentira asiática”) y estudiante de la U de las Artes, que ayer sacó este comunicado a su favor:


No es que se haya corrido el riesgo de fuga de Balseca, pero es que es un estado de excepción y la Fiscalía no hace excepciones: todos van al tarro. El Juez, probablemente con el ahorro de problemas como consigna, lo ha mantenido encarcelado sin ninguna otra motivación como no sea satisfacer el alocado afán punitivo de la Fiscalía.

Creo que el caso de Tony Balseca es un caso ideal para una acción de hábeas corpus. Como primera cosa, se la puede presentar, porque ha dicho nuestra Corte Constitucional en su dictamen sobre el estado de excepción que “las garantías jurisdiccionales y las del debido proceso establecidas en la Constitución se encuentran en plena vigencia durante el estado de excepción” (y además: esta opinión de la Corte IDH). Y segundo, porque la de Balseca es, de manual, una detención arbitraria, por abusiva y por inmotivada: no veo cómo un juez medianamente garantista podría mantener presa a una persona que cometió el imposible lógico descrito por la Fiscalía como delito.

El dato triste es que los jueces garantistas (incluso los medianamente garantistas) son raros, casi de ciencia ficción.

Pero encendamos una luz: en este contexto, para citarlo a David Bowie, un juez podría ser un héroe, al menos por un día.

Y si esto es así, el caso de Tony Balseca podría convertirse en uno emblemático para demostrar que, aún en estado de excepción, hay derechos, y que en los tiempos más oscuros, puede un juez hacer brillar la luz de la justicia.

* Le tengo un personal cariño a la familia Tumbalá (Tomalá) porque, en su momento, se comieron, deglutieron y cagaron a un obispo sudamericano. Esa es una proeza que no podrá repetirse jamás.
** Textual, el único añadido fue “cuartel modelo” entre paréntesis. Es poesía que aclare la doble nomenclatura de Santa Elena/Lorenzo de Garaycoa.