Aguinaga contra el dictamen de la CC

            Publicado en diario Expreso el 28 de abril de 2023.

El dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional fue emitido el 7 de mayo de 2019 a petición del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Julio César Trujillo. Con este dictamen, la Corte Constitucional blindó lo actuado entre marzo y septiembre de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo, cuando evaluó y destituyó a las autoridades nombradas durante el gobierno de Rafael Correa. Estas destituciones incluyeron a los nueve jueces de la Corte Constitucional, cuya caída habilitó la integración de una nueva Corte Constitucional, que es la que emitió el dictamen No. 2-19-IC/19.  

En la jurisdicción ecuatoriana, este dictamen No. 2-19-IC/19 es interpretado como una barrera infranqueable para la revisión de lo decidido por el Consejo transitorio. Así se lo interpretó en la Acción de Protección que interpuso la destituida jueza de la Corte Constitucional, Marien Segura, resuelta el 10 de julio de 2019 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La Sala declaró que la acción constitucional de la exjueza era improcedente debido a la existencia del dictamen de la Corte Constitucional. Algunas otras autoridades destituidas han corrido una suerte similar.

Pero en la jurisdicción internacional el dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional será interpretado como un abuso, uno más de los tantos disparates del Estado ecuatoriano. Esto se infiere tras leer la sentencia del caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2023.

El contexto del caso Aguinaga Aillón es la destitución de un juez electoral resuelta por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, seguida de una resolución del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2004, por la que impidió a los jueces ecuatorianos conocer acciones para revisar lo decidido por el Congreso Nacional el 25 de noviembre. En esa misma resolución, el Congreso Nacional destituyó también a los integrantes del Tribunal Constitucional. La resolución del 2 de diciembre fue dictada por un nuevo Tribunal Constitucional que reemplazó al Tribunal Constitucional destituido por el Congreso Nacional.  

Así, el dictamen de la Corte Constitucional del 2019 es como la resolución del Tribunal Constitucional del 2004: cambian los nombres, algunas formas, pero en lo sustancial es la misma arbitrariedad. En ambos casos, un órgano de justicia constitucional impidió (por auto-interés) la revisión de lo actuado, en el 2019 por el Consejo transitorio, en el 2004 por el Congreso Nacional. En ambos casos, en la práctica, los jueces negaron las acciones que las autoridades destituidas presentaron para proteger sus derechos.

Tras constatar “la ausencia de un recurso judicial efectivo que le permitiera la posibilidad de protección de sus derechos violados”, la Corte Interamericana resolvió condenar al Estado del Ecuador por la violación del derecho a la protección judicial de Aguinaga Aillón. Y una tras otra, esa condena se reiterará en cada uno de los casos de las autoridades que destituyó el Consejo transitorio, si llegan a ser juzgados en la jurisdicción internacional. 

Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador

            Publicado en diario Expreso el 21 de abril de 2023.

El 15 de agosto de 1993, en Yaguachi, Ramón Carranza disparó contra Samuel Mariño y lo mató, en presencia de varias personas. En seguida, Carranza huyó a caballo. Unos días después, el sistema judicial se activó y ordenó su prisión preventiva. 

En noviembre de 1994, la policía capturó a Ramón Carranza. En un país que tiene tanto un sistema judicial ineficaz y corrupto como un sistema penitenciario corrupto e ineficaz, su caso terminó por alcanzar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la que se condenó al Estado. El caso se llamó Carranza Alarcón vs. Ecuador. 

En su sentencia del caso Carranza Alarcón vs. Ecuador, fechada el 3 de febrero de 2020, la Corte Interamericana declaró que fue arbitraria la orden de prisión preventiva dictada en contra de Carranza, debido a su fundamento en una norma jurídica que establecía la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos a partir del tipo de delito que se perseguía (el artículo 177 del antiguo Código Procesal Penal) y debido a la falta de motivación del juzgador (el juez se limitó a decir: “por considerar que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 177”). En esto, la Corte Interamericana ha sido muy clara: “cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (…) será arbitraria”.

Además, la Corte Interamericana advirtió que en este caso “la prisión preventiva duró lo mismo que el proceso penal, y concluyó con la sentencia condenatoria”, la que fue dictada en diciembre de 1998 (la prisión preventiva duró aproximadamente unos cuatro años). Esta prisión preventiva jamás fue revisada por las autoridades, a pesar de que Carranza así lo solicitó. Debido a estos antecedentes, la Corte Interamericana declaró que fue irrazonable la duración de la prisión preventiva, así como también declaró que fue arbitrario su mantenimiento, dada la falta de revisión por las autoridades.  

El proceso penal seguido en contra de Ramón Carranza se inició en agosto de 1993 y concluyó en diciembre de 1998. En el proceso internacional, el Estado del Ecuador indicó que este período debía ser considerado un plazo razonable. La Corte Interamericana opinó justo lo contrario y constató que “hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión”. Una demora tan prolongada no merecía considerarse como respetuosa de un plazo razonable para el juzgamiento de una persona.

Finalmente, la Corte Interamericana indicó que en razón de las arbitrariedades en el dictado y en el mantenimiento de la prisión preventiva en contra de Ramón Carranza se vulneró la presunción de inocencia: “la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se dictó la condena fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia”. 

El resultado del examen de la Corte Interamericana fue la condena del Estado del Ecuador por vulnerar los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales en perjuicio de Ramón Carranza. Y también: dibujar la cara deforme, hasta monstruosa, que tiene nuestra administración pública cuando asume su faceta represiva.

El precedente de Martínez Mera

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de abril de 2023.

En octubre de 1933, una crisis política se resolvió con la destitución del Presidente de la República por el Poder Legislativo. La víctima fue el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. 

La Constitución de 1929 es una anomalía en la trajinada historia constitucional del Estado del Ecuador, pues es la única Constitución que ha implementado en el país un sistema semi-parlamentario (el historiador Pareja Diezcanseco lo llamó “pseudoparlamentario”). Según esta Constitución de 1929, los congresistas tenían la inédita y asombrosa potestad de destituir en masa a los ministros del gobierno. Y por supuesto, también tenía la potestad de destituir al Presidente. 

Martínez Mera, elegido por la voluntad popular en las elecciones del 30 y 31 de octubre de 1932, se posesionó como Presidente de la República del Ecuador el 5 de diciembre de ese mismo año. En aquellos tiempos, el Congreso se reunía cada 10 de agosto. El Congreso del año 1933, apenas reunido, aprobó la siguiente moción: “El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación Ecuatoriana, y en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional”.

Y porque podía porque potestad tenía, el Congreso destituyó en masa a los ministros de Martínez Mera hasta por vicio: un total de siete ocasiones. Finalmente, el Congreso decidió enjuiciar a Martínez Mera. Su gran contradictor fue el Presidente de la Cámara de los Diputados, el novel político quiteño José María Velasco Ibarra, quien fue el encargado de fundamentar las acusaciones en su contra ante la Cámara del Senado. El 17 de octubre de 1933, el Senado dictó su veredicto y destituyó a Martínez Mera.

Pero en estos momentos, rige una Constitución distinta a la de 1929. En la actual Constitución de 2008 (entre el principio de la vigencia de una y de otra median 79 años y cinco Constituciones) se ha dispuesto una potestad para el Presidente de la República, sin limitación temporal para su uso cuando el Poder Legislativo cursa un proceso de juicio político en su contra. A esta potestad se la conoce como “muerte cruzada” y está reglada en el artículo 148 (en otras legislaciones, cuando se le inicia un juicio político, se prohíbe al Presidente el uso de esta potestad). 

La “muerte cruzada” implica la destitución inmediata de los asambleístas y un Presidente que se queda gobernando por unos meses más, sin mayores controles, hasta la celebración de unas nuevas elecciones. 

El uso de esta potestad le evitaría a Guillermo Lasso ser el segundo Presidente del Ecuador en ser destituido por un juicio político. En cambio, lo convertiría en el Presidente pionero en usar la “muerte cruzada”.

Otrosí: Si de esta potestad hubiera gozado Martínez Mera noventa años atrás, seguro que no habría sido el primer presidente (el único hasta ahora, y muy probablemente mientras subsista el artículo 148 de la Constitución) en haber sido destituido por un juicio político. 

Gorgas y la fiebre amarilla

Publicado en diario Expreso el viernes 7 de abril de 2023.

En 1898, los Estados Unidos de América entraron en guerra con el Reino de España por sus posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue una victoria fácil: más muertos en el ejército estadounidense causó la fiebre amarilla que el ejército rival. De resultas de esta estadística contundente, los Estados Unidos, mientras administraba Cuba, decidió controlar la fiebre amarilla en la ciudad de La Habana. El hombre que se encargó de ello fue el Jefe de la Oficina de Sanidad del Ejército de los Estados Unidos, William Crawford Gorgas. 

La receta para el éxito en el control de la fiebre amarilla fue poner en práctica las investigaciones del médico cubano Carlos Juan Finlay, quien en 1881 había presentado los resultados de su trabajo titulado “El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla” en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Así, la eliminación de los espacios de reproducción del mosquito aedes aegypti (en aquel entonces conocido como stegomyia fasciata) fue la receta que funcionó en La Habana desde 1901.

Y esa misma receta funcionó en Panamá desde 1905 (tarea que también estuvo a cargo de Gorgas y que posibilitó la construcción del canal), y en Santos, y en Nueva Orleáns, y en tantos otros lugares. El cubano Finlay tuvo razón (por muchos años en la comunidad científica lo trataron como loco, etiquetado “The mosquito man”). Para cuando en 1914 entró a operar el canal de Panamá, la única ciudad del mundo donde la fiebre amarilla todavía era una enfermedad endémica era el puerto de Guayaquil (etiquetado en documentos oficiales como “The pest-hole of the Pacific Ocean” -“El hoyo pestífero del Océano Pacífico”).

Gorgas participó también del control de la fiebre amarilla en Guayaquil, esta vez como parte de la Fundación Rockefeller y en funciones de carácter administrativo. Miembro de una comisión, Gorgas viajó a Guayaquil y Quito en 1916 para apreciar las condiciones de la endemia y obtener del gobierno ecuatoriano la aceptación para practicar el control de la fiebre amarilla. Gorgas fue nombrado el “Director Honorario” de este procedimiento, que empezó en noviembre de 1918 y concluyó en mayo de 1919. 

Para el cumplimiento de su propósito, la Fundación Rockefeller logró que se designe como funcionario del sistema de salud ecuatoriano al médico norteamericano Michael E. Connor, quien fue nombrado Subdirector General de Sanidad del Ecuador. El trabajo en el territorio (quien fuera nuestro Gorgas en La Habana) lo hizo Connor, a quien se lo recuerda como “Michael O’Connor” en una calle del Sur.  

Gorgas volvió a Guayaquil en abril de 1919 para observar los trabajos que se estaban realizando en la ciudad y en algunos poblados de sus alrededores. Por el trabajo de Gorgas, Connor y de tantos otros que participaron de la misión organizada por la Fundación Rockefeller, el Director General de Sanidad del Ecuador, León Becerra, declaró que Guayaquil había quedado libre de la fiebre amarilla desde el 22 de mayo de 1919.

Al año siguiente de este logro, un 3 de julio y en Londres, tras vivir una vida comprometida con el control de la fiebre amarilla, murió William Crawford Gorgas, a los 65 años. 

Guayaquil en serio

            Publicado en diario Expreso el 31 de marzo de 2023.

Diez años atrás, Guayaquil estaba ya advertida. El año 2013, un estudio que se publicó en la revista Nature comparó las pérdidas económicas de las 136 ciudades costeras del mundo que superan el millón de habitantes y la ubicó a Guayaquil como la tercera ciudad (después de Cantón en la China y Nueva Orleáns en los Estados Unidos) cuya economía sufrirá en una mayor medida por las inundaciones producto del cambio climático. Con un escenario conservador de la elevación del nivel del mar (apenas 20 cms.), las pérdidas de Guayaquil para el año 2050 se calculan superiores a los 3.000 millones de dólares. 

Por supuesto, si se adoptan medidas adecuadas y eficaces, el daño económico a la ciudad se podría atenuar de manera significativa. Pero si no se adoptan medidas, el informe del 2013 indica que ello “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas” para la ciudad.

Cuatro años después, la Corporación Andina de Fomento (CAF) publicó el informe “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil”. Este informe aterrizó las consecuencias de las inundaciones para la ciudad y encontró que existe en Guayaquil “un gran número de hot spots, es decir, complejos industriales, comerciales, educacionales y de salud, localizados en zonas a riesgo de inundación”. 

Para mitigar los daños, en este informe del 2017 los expertos le presentaron a las autoridades de Guayaquil una serie de medidas adecuadas y eficaces para enfrentar los efectos de las inundaciones (medidas para reforzar la capacidad adaptativa y medidas de adaptación verdes, híbridas y grises), con un nivel de detalle importante: la justificación de cada medida, su alcance, objetivos y finalidad, el potencial, los costos estimados y la duración prevista, además de un análisis de las oportunidades y barreras para su implementación.  

Pero pasaron seis años y dos administradores socialcristianos (Nebot y Viteri) y nada se hizo para cumplir con las medidas propuestas en el informe de los expertos de la CAF. 

Y peor que no haber hecho nada para adoptar las medidas de adaptación propuestas por los expertos de la CAF es que se haya implementado en Guayaquil, por tanto tiempo, el exacto contrario de lo que se debía hacer para prevenir las inundaciones. 

Por décadas, las administraciones municipales de Guayaquil (esto incluye, por supuesto, treinta años de socialcristianismo) han favorecido un crecimiento urbano horizontal, gris e impermeable, con tala del manglar y relleno de los esteros, sin árboles ni áreas verdes. Y esto fue así, claro, para beneficio del negocio de la construcción. Beneficio de unos pocos, perjuicios para la mayoría.

Una ciudad construida con este tamaño desprecio por la naturaleza hace que, cuando hay inundaciones, el agua se acumule y cause daño a las propiedades y a las personas. De no tomar medidas, estos daños serán cada vez más recurrentes e intensos. 

A punta de inconsciencia y codicia, Guayaquil es firme candidata a su auto-destrucción.

La nueva alcaldía de Aquiles Álvarez tiene la gran oportunidad de empezar a aplicar las recomendaciones de los expertos. Ha llegado el momento de tomar a Guayaquil en serio y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la ciudad. 

El patrón de Lasso

            Publicado en diario Expreso el viernes 24 de marzo de 2023.

La derrota que encajó el Presidente Lasso tras la consulta popular del 5 de febrero de 2023 siguió un patrón. Antes de la emergencia de Guillermo Lasso como representante de la derecha ecuatoriana en la Presidencia de la República, desde el retorno a la democracia en 1979, dos gobernantes de derecha, ya desgastados en su popularidad, hicieron una consulta al pueblo. Fueron Febres-Cordero y Durán Ballén. Ambos perdieron. Lasso es el tercero de esta lista. 

El primero de junio de 1986, a mitad del período de León Febres-Cordero, el Presidente le preguntó a sus mandantes lo siguiente: “Compatriota: ¿Quiere usted que los ciudadanos independientes tengan pleno derecho a ser elegidos sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno, confirmando así la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?”. 

El asunto preguntado era un reclamo social de la época y fue redactado con un claro sesgo (“confirmando así la igualdad”). A pesar de ello, el Presidente Febres-Cordero sufrió una grosera derrota: el Sí obtuvo 781.409 votos (24.96%) mientras que el No obtuvo 1.779.697 votos (56.85%). 

El 26 de noviembre de 1995, a menos de un año de concluir el gobierno de Sixto Durán-Ballén, el Presidente le preguntó a sus mandantes sobre varios temas: descentralización, derecho a escoger el régimen de seguridad social, distribución equitativa de recursos, prohibición de paralizar servicios públicos, disolución constitucional del Congreso Nacional por el Presidente de la República, elecciones distritales y uninominales y período legislativo de cuatro años, elección del presidente del Congreso Nacional cada dos años, reestructuración de la Función Judicial, eliminación de privilegios en el sector público y creación del Tribunal Constitucional y su regulación. 

Fueron un total de once preguntas. En todas y cada una de ellas ganó el No. El Sí siempre se mantuvo en la franja del 30% de los votos, mientras que el No se mantuvo en la franja del 40% de los votos. Fue una derrota contundente.

Febres-Cordero y Durán-Ballén tenían una baja popularidad al momento de hacer las consultas populares en 1986 y 1995, que funcionaron como una evaluación al gobierno del Presidente postulante. Evaluación que perdieron.

Ese es el patrón que siguió la consulta popular de Guillermo Lasso el 5 de febrero de 2023. Un gobierno de derecha, con una baja popularidad (una encuesta comparativa publicada en estos días lo ubica a Guillermo Lasso como el Presidente peor evaluado de América latina, con el 17% de aceptación a su gestión), que convocó a una consulta popular para legitimar su actuación en el resto del período. Ocho preguntas el Presidente presentó, en todas las ocho preguntas perdió. Aunque muchas eran preguntas tentadoras: tal es el tamaño del desafecto popular a la gestión presidencial.

En el Ecuador, desde 1979, se han convocado un total de doce consultas populares. Éstas tres, de Febres-Cordero, Durán-Ballén y Lasso, son las únicas que el pueblo ha negado.

En el caso de Lasso, esta derrota lo coloca a él en la situación de gobernar por más de dos años, sin apoyo del arco político y sin respaldo popular. 

Una posición difícil de afrontar, más parecida a languidecer que a gobernar.

Urbina y Flores

            Publicado en diario Expreso el 17 de marzo de 2023.

Cuando en 1830 se segregó el Distrito del Sur de la República de Colombia para conformar el Estado del Ecuador, su primer presidente, el general venezolano Juan José Flores, lo comisionó al teniente José María Urbina para justificar frente al general Simón Bolívar la novedad de la segregación del Sur. El Libertador respondió a Flores en una carta fechada 9 de noviembre de 1830, en la que insertó este vaticinio: “Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”.

Casi quince años después, cuando el 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil una revolución nacionalista para sacarlo a Flores de la Presidencia de la República que ejercía desde 1839, José María Urbina era coronel y Gobernador de la provincia de Manabí. Por el Pronunciamiento de Portoviejo del 17 de marzo de 1845, las fuerzas de Urbina plegaron a los revolucionarios. El 22 de marzo, lo recompensaron: Urbina fue ascendido a General. 

Urbina, el hombre que le había transmitido a Bolívar la decisión de independizar el Sur, contribuyó a que el vaticinio de Bolívar se cumpla. Flores abandonó el Ecuador el 24 de junio de 1845.

El resto de años que Urbina y Flores compartieron en el planeta (un total de 19), ellos fueron enemigos. Urbina justificó su golpe de Estado en 1851 contra el presidente Diego Noboa (ungido, a su vez, por otro golpe de Estado en 1850) en el supuesto floreanismo del  presidente. Urbina repelió con éxito a Flores en 1852, cuando Flores intentó una invasión por el Sur del Ecuador.

Pero finalmente Flores cumplió su anhelo de volver al Ecuador, cuando en 1860 lo convocó el guayaquileño Gabriel García Moreno para encabezar el ejército que debía eliminar a la facción guayaquileña de la disputa por el poder en una de las tantas guerras civiles de este país. 

Y la eliminó, y Flores se convirtió en el Presidente de la Asamblea Constitucional de 1861. Ella nombró Presidente a García Moreno y aprobó la séptima Constitución del Estado (que duró ocho años y un período completo de gobierno) y entonces se volteó la tortilla: ahora era Urbina el exiliado que quería invadir el Ecuador y era Flores quien lo repelía.

En septiembre de 1864, fuerzas de Urbina invadieron por el Sur y Flores, todavía jefe militar pero ya muy disminuido en su salud, salió a enfrentarlas. Fueron sus últimos arrestos. Flores murió el 1 de octubre de 1864, abordo del vapor Smirk, en los alrededores de la isla Puná. 

Urbina sobrevivió a Flores por muchos años. Y también pudo volver: tras el magnicidio de García Moreno en 1875, Urbina regresó al Ecuador a inicios de 1876 y luego apoyó el golpe de Estado del general Ignacio de Veintemilla, que empezó el 8 septiembre de 1876. Triunfó en la decisiva batalla de Galte y se convirtió en el Presidente de la Asamblea Constitucional de 1878. Ella nombró Presidente a Veintemilla y aprobó la novena Constitución (que duró seis años y un único período presidencial interrumpido por el auto-golpe de Estado del presidente). 

Urbina fue un aliado del gobierno de Veintemilla, pero tras ese auto-golpe de Estado en marzo de 1882, se desilusionó y se retiró de la cosa pública.

José María Urbina murió en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891.

Olmedo postrero

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de marzo de 2023.

Antes de que exista el Estado del Ecuador, el guayaquileño José Joaquín de Olmedo había sido diputado constitucional en España en 1811-1812, en Perú en 1823, y en Guayaquil. En este último territorio, cuando se independizó de España en octubre de 1820, él fue su primer jefe civil de gobierno y (salvo por un breve paréntesis) gobernó el territorio como su máxima autoridad hasta que el militar venezolano Simón Bolívar, manu militari, sometió a Guayaquil al régimen colombiano en julio de 1822. 

Mientras gobernaba Guayaquil, el 18 de octubre de 1821, el líder civil Olmedo le escribió al militar venezolano Antonio José de Sucre, quien había sido el enviado por Simón Bolívar para lograr la independencia de los territorios del Sur de Colombia todavía sujetos a España: “Mis males crecen cada día, y ya necesito no sólo de reposo, sino de inacción por algunos meses para restablecerme. (…) Yo no he nacido para este puesto: el retiro, la soledad y la comunicación con las musas eran convenientes a mi genio y carácter; mandar, regir, moderar un pueblo y en revolución no es para mis fuerzas intelectuales y físicas”.

En 1830 y en Riobamba, Olmedo volvió a participar en una Asamblea que creó una Constitución. Olmedo fue diputado, parte de la comisión de redacción y Vicepresidente de esta Asamblea, que creó el Estado del Ecuador (Estado que, torpe e ilusoriamente, se quería confederado en la República de Colombia). En esta Asamblea, a Olmedo lo eligieron Vicepresidente del Estado. En 1831, Olmedo renunció a ese cargo. 

El desenlace de la batalla de Miñarica en enero de 1835 lo conminó a Olmedo a la poesía (con la composición de la “Oda a Miñarica” en homenaje al militar venezolano Juan José Flores) y a participar en una Asamblea que creó una Constitución, esta vez en Ambato. Olmedo fue designado Presidente de esta Asamblea. Ella redactó la Constitución que creó la República del Ecuador (ya sin la torpeza de pensarse como parte de una ilusoria República de Colombia) y nombró como primer Presidente de la naciente República al guayaquileño Vicente Rocafuerte.

En marzo de 1845, una revolución que se gestó en Guayaquil lo tuvo a Olmedo como triunviro de un gobierno provisional, que gobernó el Ecuador en conflicto con el Presidente Juan José Flores hasta que se concretó la salida de Flores del país, en junio de ese año. Este triunvirato gobernó hasta la entrega del poder en diciembre de 1845 a una Asamblea reunida en Cuenca. 

Olmedo fue entonces, por última vez, diputado a una Asamblea que creó una Constitución. Para esta época, José Joaquín de Olmedo estaba desencantado de la política ecuatoriana, pues se preguntaba con desdén en carta dirigida a un pariente: “¿Qué significarán estos nombres, patria, libertad, derechos del pueblo, convención, etc.?”.

Y unos días antes de morir, en carta del 31 de enero de 1847 dirigida a Andrés Bello, Olmedo le manifestó una crítica acerba sobre Simón Bolívar, quien había ocupado Guayaquil en 1822. De Bolívar, él dijo, “nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones”.

En esos días postreros debió pensar Olmedo que el joven Ecuador ejemplarizaba todos esos desastres. Murió casi enseguida, el 19 de febrero.  

La loca historia de Valdivieso

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de marzo de 2023.

El perdedor en la batalla de Miñarica que saldó la primera guerra civil ecuatoriana fue el jefe supremo José Félix Valdivieso. Diez años después, Valdivieso volvió a perder.

Mientras fuimos el Estado del Ecuador, durante la primera presidencia de Juan José Flores (1830-1834), José Félix Valdivieso empezó siendo el “Ministro de Estado” del Ecuador, el único ministro a cargo de un despacho dividido en dos secciones: de gobierno interior y exterior, y de hacienda. Valdivieso terminó desafiando la presidencia de Flores, tras declararse jefe supremo del Ecuador en Ibarra el 12 de junio de 1834. En Quito se lo declaró jefe supremo el 13 de julio, y en Cuenca el 25 de agosto. Cuando el Presidente Flores concluyó su período de gobierno el 10 de septiembre de 1834, sólo gobernaba en parte de la provincia de Guayaquil.

Guayaquil no más: Flores se alió con el guayaquileño Vicente Rocafuerte para enfrentar a Valdivieso. Todavía era Flores el Presidente cuando firmó con Rocafuerte un convenio, por el que se comprometieron a convocar una Asamblea Constitucional para reorganizar el Ecuador. Cuando concluyó su presidencia, Flores reconoció a Rocafuerte como jefe supremo de Guayaquil y pasó a ser el jefe de su ejército. 

Ocurrió que se enfrentaron los ejércitos de los jefes supremos en Miñarica, el 19 de enero de 1835. El ejército de Rocafuerte, comandado por Flores, triunfó. Se formó la Asamblea Constitucional, se adoptó una nueva Constitución, se creó la República del Ecuador y Rocafuerte pasó a ser su primer Presidente. Valdivieso, perdedor, salió al exilio.

Durante la presidencia de Rocafuerte (1835-1839) se le admitió a Valdivieso la entrada al Ecuador en 1837 pero de inmediato se lo expulsó por haber participado en otra intentona subversiva. 

En la segunda presidencia de Flores (1839-1843) Valdivieso volvió a la administración pública. En 1841 fue Presidente de la Cámara del Senado y a fines de ese mismo año fue el delegado para obtener un acuerdo de límites con el Perú. En 1843 fue Vicepresidente de la Asamblea Constitucional que reeligió a Flores y parte de la comisión de redacción que diseñó la “Carta de la Esclavitud”, que le permitía a Flores gobernar hasta 1851. Como ningún Congreso se había reunido desde 1841, en 1845 Valdivieso era la última persona que había ocupado la presidencia de la Cámara del Senado.

El 6 de marzo de 1845, en Guayaquil prendió la “revolución marcista”, hecha para terminar con la tercera presidencia de Flores. 

Por ley, la máxima autoridad del Estado debía residir en Quito. El Presidente Flores estaba en la Costa, luchando contra los revolucionarios, y el Vicepresidente Francisco de Marcos estaba también en Guayaquil, su ciudad natal. Por una disposición de la Constitución que él contribuyó a diseñar, le correspondía al último Presidente de la Cámara del Senado ejercer el poder ejecutivo. Así, a Valdivieso le cupo resistir en Quito los embates de la revolución, que finalmente triunfó. Flores abandonó el Ecuador el 24 de junio de 1845.

Diez años antes Valdivieso había desafiado la Presidencia de Flores, y perdió. En 1845, le tocó defender la Presidencia de Flores. Volvió a perder.

Valdivieso, en lados contradictorios, siempre perdedor.  

Trámite y traición

            Publicado en diario Expreso el 24 de febrero de 2023.

La creación del Estado del Ecuador fue un trámite, empezado en Quito. En mayo de 1830, el prefecto de uno de los tres distritos que componían la República de Colombia, el general venezolano Juan José Flores, aceptó la invitación de los notables del departamento del Ecuador (la antigua provincia española de Quito) para segregar este departamento de la República de Colombia.

El departamento del Ecuador era uno de los tres departamentos que componían el distrito que gobernaba el general Flores. Los otros dos departamentos, Guayaquil y Azuay (las antiguas provincias españolas de Guayaquil y Cuenca), también se segregaron de Colombia por la expresión de sus notables y se sumaron al departamento del Ecuador para constituir un nuevo Estado, que se llamó “Estado del Ecuador en la República de Colombia”, pues este nuevo Estado pensaba confederarse con los otros dos distritos (que hoy son Colombia y Venezuela) para conformar una República de Colombia.

Como el distrito segregado era el Distrito Sur de Colombia, a los venezolanos que impulsaron el trámite para la creación del nuevo Estado se les ocurrió que, por el verano de 1830, el territorio segregado se iba a llamar “Estado del Sur”. 

Las primeras autoridades de este “Estado del Sur” fueron dos venezolanos: el Jefe de la Administración del Estado del Sur, Juan José Flores, y Esteban Febres-Cordero. El primer decreto de Juan José Flores como Jefe de la Administración fue designar a su coterráneo Febres-Cordero como Secretario General. El segundo decreto, firmado por ambos, fue convocar a los ciudadanos “del Sur” a reunirse en Riobamba. La elección de esta ciudad fue una opción lógica dada su aproximada equidistancia a las capitales de los departamentos que iban a componer el nuevo Estado. 

El trámite siguió. La Convención reunida en Riobamba debió empezar sus sesiones el 10 de agosto, pero los diputados llegaron tarde. Se instalaron el 14 de agosto de 1830: en 45 días produjeron una Constitución, 15 leyes, 22 decretos y designaron como primer Presidente del Estado del Ecuador a quien había aprobado el inicio de este trámite de estatalidad, el venezolano Juan José Flores.

Un trámite nos hizo un Estado, pero la traición nos forjó como República. La Constitución de 1830 reconocía en sus artículos 38 al 41 la existencia de un único “Ministerio de Estado”. El Presidente Flores nombró como ese único Ministro a un hombre nacido en territorio ecuatoriano: el lojano José Félix Valdivieso.

Así, desde septiembre de 1830 empezó a operar el Estado del Ecuador, con Flores y Valdivieso a la cabeza del Estado. Para 1834, Valdivieso se había declarado Jefe Supremo del Ecuador, desafiando la Presidencia de Flores que él antes había servido. Esta situación derivó en la primera guerra civil ecuatoriana, resuelta el 19 de enero de 1835 en la batalla de Miñarica con la derrota del ejército del Jefe Supremo Valdivieso. 

De la derrota en la guerra civil de este funcionario traidor que trató de tumbar al Presidente al que sirvió y tras una Asamblea Constitucional reunida en Ambato, en agosto de 1835, surgió la República del Ecuador. Al fin, afirmando su estatalidad, ya sin la tara de creerse parte de una ilusoria República de Colombia.

La Corte omite y tropieza

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de febrero de 2023.

La nueva Corte Constitucional emitió en mayo de 2019 el dictamen No 2-19-IC/19 con el que blindó la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo. Esta columna demostrará que el citado dictamen viola el derecho a la motivación por omitir el análisis sobre si sus evaluaciones y destituciones cumplieron con el debido proceso y viola el derecho a la imparcialidad porque con su dictamen la Corte defendió un interés propio. 

La actuación del Consejo Transitorio se basó en la pregunta 3 y su anexo, aprobados en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Lo que la voluntad popular autorizó aquel día fue la organización de un proceso de evaluación de autoridades “garantizando el debido proceso”. Entonces, el dictamen de la Corte Constitucional debió analizar si la actuación del Consejo Transitorio garantizó o no el debido proceso de las personas evaluadas. 

La Corte Constitucional no lo hizo, a pesar de que en el citado dictamen indicó que uno de los “criterios impuestos al órgano transitorio para su producción normativa” era “garantizar el debido proceso” (Párr. 49). La producción normativa del Consejo Transitorio se concretó en el “Mandato de evaluación” del 28 de marzo de 2018. 

Varios artículos de este “Mandato” vulneraron derechos, si contrastados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: por no permitir que se conozcan las acusaciones de manera oportuna y completa (Art. 3, 1er. inciso), se vulneró la garantía de recibir una comunicación previa y detallada de la acusación (v. Caso Barreto Leiva); por el carácter reservado de la investigación (Art. 3, 3er. inciso), se vulneró el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la defensa (v. Caso Palamara Iribarne); por el  diseño del recurso de revisión (Arts. 9 al 12), se vulneró el derecho de recurrir del fallo (v. Caso Amrhein y otros). 

Este “Mandato”, por ser posterior a los hechos, impreciso y sin reserva de ley, violó los principios de legalidad (v. Caso Kimel) y de retroactividad (v. Caso Maldonado Ordóñez). 

Entonces, por omitir el análisis sobre si el “Mandato” cumplía el debido proceso, el dictamen de la Corte Constitucional violó el derecho a la motivación.

Para la consideración de que el dictamen de la Corte Constitucional viola el derecho a la imparcialidad el precedente es un caso ecuatoriano resuelto por la Corte Interamericana en agosto de 2013 (Caso del Tribunal Constitucional). En este caso, la Corte Interamericana consideró que si un nuevo Tribunal Constitucional resuelve que no se puede discutir la destitución de los jueces del anterior Tribunal Constitucional, ello sería un acto hecho en interés propio, por ende, que no reviste “garantías suficientes de imparcialidad” (Párr. 235).

Pues esto mismo ocurrió con el Consejo Transitorio: este órgano destituyó a los anteriores jueces de la Corte Constitucional, y el blindaje a su actuación hecho por la nueva Corte Constitucional fue hecho en interés propio (lo que da sentido a la omisión ya explicada). 

El que se repita esta violación del derecho a la imparcialidad demuestra que el Estado ecuatoriano es aquel animal que puede tropezar una, dos veces (cientos de veces), con la misma piedra.

Colindres contra el Consejo Transitorio

            Publicado en diario Expreso el 10 de febrero de 2023.

Para resolver los casos que llegan a su conocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respeta los precedentes de su propia jurisprudencia. Por ello, es importante que se conozca su caso Colindres Schonenberg vs. El Salvador, resuelto el 4 de febrero de 2019. Es un precedente importante para los futuros casos que conocerá la Corte Interamericana en contra del Estado del Ecuador por la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo.

En el caso Colindres Schonenberg, la Corte Interamericana conoció acerca de la destitución de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg. Según los representantes del Estado de El Salvador en este proceso internacional, una autoridad legítima de su país (la Asamblea Nacional) con la facultad para destituir a Colindres, tras respetar el debido proceso, resolvió su destitución. Según los representantes del Estado salvadoreño, la actuación de su autoridad legítima era irreprochable.   

En los casos que conocerá la Corte Interamericana por la actuación del Consejo Transitorio, seguramente los representantes del Estado del Ecuador tratarán de hacer este mismo tipo de defensa: dirán que el Consejo Transitorio era una autoridad legítima, creada por la voluntad popular, cuya actuación resulta irreprochable por decisión de la Corte Constitucional. 

En el caso Colindres Schonenberg la Asamblea Nacional de El Salvador creó una comisión ad hoc que evaluó la permanencia de Colindres de acuerdo con normas que se dictaron con posterioridad a los hechos que cometió Colindres. Esto es exactamente lo que ocurrió en el Ecuador, salvo que en el Ecuador no se evaluó y destituyó a una sino a un total de 28 autoridades.

Sobre estas prácticas, la Corte Interamericana consideró: “las personas tienen derecho a ser juzgadas con arreglo a procedimientos previos y legalmente establecidos, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”. Si se incurre en ello, el Estado será responsable por violar el derecho de toda persona a ser juzgados por un juez competente. 

Para la Corte Interamericana, toda vez que se prueba que los juzgadores de las autoridades son incompetentes y que las normas para su juzgamiento son posteriores a los hechos que se les imputan, ya es innecesario analizar las demás violaciones a las garantías procesales. Para la Corte Interamericana, la violación del derecho a ser juzgado por un juez competente convierte a todo el proceso llevado a cabo en contra de las autoridades en el “fruto de un árbol envenenado”, sea dicho con las palabras del Juez Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana entre los años 2004 y 2007.

La Corte Interamericana podría encontrar muchas otras violaciones a las garantías del debido proceso en la actuación del Consejo Transitorio. Pero basta que se identifique a este Consejo como un juzgador no competente, para que el Estado del Ecuador pierda todos los casos que se presenten en su contra por las evaluaciones y destituciones que hizo. 

Es sólo cuestión de tiempo.

La tristeza socialcristiana

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de febrero de 2023.

Gane o pierda en las elecciones para la alcaldía de Guayaquil este 5 de febrero, el PSC tiene que admitir la derrota de su modelo de desarrollo. Después de más de 30 años de manejar el poder de manera casi omnímoda en Guayaquil, el resultado ha sido una ciudad donde la vida es mucho menos una cosa de dignidad como lo es de supervivencia, donde la violencia campea, el tráfico desespera y la existencia de las personas tiene precio. Este desastre, consecuencia de un modelo de desarrollo impuesto por tres décadas, ya no puede ser asociado con el éxito. Es un rotundo fracaso.  

Y no cabe excusar el fracaso en el gobierno central. No porque el gobierno central haga algo (no hace nada, o al menos, nada bien) si no porque, si bien el gobierno municipal no tiene competencia en seguridad, sí que tiene las competencias para hacer de Guayaquil una ciudad segura. Una ciudad segura tiene una atención digna de las obras y los servicios, que deben llegar a todos los sectores de la población con independencia de su condición económica. Una ciudad segura tiene una provisión adecuada de áreas verdes y de espacios públicos inclusivos y apropiados por los ciudadanos (todas estas son obligaciones de una alcaldía según el COOTAD). Una ciudad es segura cuando ocurre que la ciudadanía la siente como propia, pues así la cuida y la quiere. 

Pero el modelo de desarrollo que se impuso en Guayaquil por tres décadas ha favorecido un crecimiento urbano de cemento y adoquín, de rejas y espacios cerrados, en los que se ha diferenciado la dotación de las obras y los servicios según la condición económica de sus beneficiarios. Una ciudad excluyente y gris, un paciente cultivo de 30 años para producir el desastre actual: una ciudad ajena a sus habitantes, que la miramos con recelo.

Entonces, Guayaquil no es una ciudad segura porque su modelo de desarrollo marca PSC la ha llevado a otra parte.

Si pierde el PSC en las elecciones 2023 concluirá una era. Si gana el PSC, languidecerá en lo que resta de ella. Porque no sólo que el modelo del PSC ha sido perjudicial para Guayaquil (pues la ha llevado a contramano de ser una ciudad segura) sino que hoy lo encarna su versión más insustancial y caricaturesca de un líder socialcristiano, una alcaldesa que no apela a ideales porque ha descendido al recurso roldosista de las dádivas en forma de pollos y cervezas. 

Una alcaldesa a quien la ciudad se le descalabró, a quien se le murieron por miles durante la pandemia y a quien se le mueren por miles debido a la violencia desbordada, pero que crea un personaje para un juego en línea titulado “Guayakill” (esto parece el sub-producto de un psicotrópico). Ese “kill” es su gran contribución a la historia de Guayaquil. Viteri es una asesina serial de las posibilidades de desarrollo de esta ciudad.

Ya estamos en el momento en que se debe admitir que la reelección de la alcaldesa Viteri resulta una garantía de que las cosas irán para peor.

Y que gane o pierda en las elecciones del 5 de febrero, el socialcristiano debería estar triste, tristísimo. Su proyecto de ciudad no sirvió para un carajo: 30 años después en Guayaquil se vive tan mal, y muchos dirán que peor, comparado a como se vivía a principios de los años noventa.

Viteri mató el discurso del "éxito"

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de enero del 2023.

En estas elecciones 2023 la alcaldesa Cynthia Viteri, por ser una candidata lanzada a la reelección, representa la continuidad. En estos días, esa es una posición incómoda porque esta ciudad, dado lo mal que se vive en ella, necesita un cambio.

Guayaquil necesita un cambio en su división administrativa para una mejor atención con obras y servicios a su población. La actual división por parroquias es heredera de una ordenanza de febrero de 1956. El desfase entre esta ordenanza de 1956 y el crecimiento de Guayaquil ha producido unas gigantes parroquias de expansión urbana, con enormes cinturones de miseria y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, que son el caldo de cultivo de la violencia (de lo mal) que se vive hoy en Guayaquil.

Guayaquil requiere una nueva división por parroquias y que éstas sean lo más homogéneas posible en territorio y población. Una mejor provisión de obras y servicios a las parroquias será la consecuencia de acopiar una información precisa sobre sus necesidades insatisfechas y sus requerimientos para enfrentar el cambio climático. Con esta información, se podrán  diseñar y aplicar políticas públicas para una provisión digna de las obras y servicios en cada parroquia, con un enfoque verde, inclusivo y sostenible. Esto implica el abandono, de una vez por todas, de la ideología socialcristiana que dice que la provisión de las obras y servicios se debe hacer según la capacidad económica del beneficiario.

Es decir: lo que se tiene que hacer en Guayaquil es el exacto contrario de lo que se ha hecho en Guayaquil en los últimos cuatro años. 

De lo anterior se sigue que la continuidad de la alcaldesa de Guayaquil es indeseable. Ella empezó sus andanzas siendo la desorientada alcaldesa de los tiempos del Covid, mientras la gente moría en las calles y no había ni dónde enterrarla. (El clímax de su desorientación fue bloquear la pista del aeropuerto para impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario.) La alcaldesa ha sido testigo impávido del descenso a los infiernos de la violencia en Guayaquil y como torpe consuelo ha insistido en echarle la culpa a otros. Ha sido el suyo un período de gobierno municipal sin ninguna obra de relevancia, ni tan siquiera ha podido completar una troncal de la Metrovía (la última se entregó hace 10 años; faltan cuatro que debieron estar el 2020).

  

Pero su notoria ineficacia es poco frente a la vuelta a las corruptelas y al populismo. En su administración abundan las sospechas de corrupción: por los terrenos del exmarido en los alrededores del nuevo aeropuerto, por el negocio de las vallas fantasmas y la aromaterapia, por el sobreprecio en la pintura del proyecto “Letras vivas” y la nómina inflada, suma y sigue. Pero peor ha sido su caída al populismo del gas, el pollo y la cerveza, amparada en un discurso digno del más rancio roldosismo: “El dinero del Municipio es del pueblo, por eso se lo devolvemos al pueblo”. En realidad, estas dádivas son sus manotazos de ahogado. 

Entonces, si algo encarna la alcaldesa Viteri, eso es la muerte del modelo “exitoso” de desarrollo, tanto por su notoria ineficacia como por su triste descenso a las corruptelas y el populismo del que se quiso escapar en 1992. 

El ensueño breve de García Moreno

            Publicado en diario Expreso el 20 de enero de 2023.

La séptima Constitución del Estado del Ecuador, adoptada en 1861, prescribía un período presidencial de cuatro años y prohibía la reelección consecutiva del presidente, habilitándola después de un período (Art. 62). La octava Constitución, adoptada en 1869, prescribía un período presidencial de seis años y autorizaba la reelección consecutiva del presidente, prohibiendo una siguiente reelección (Art. 56). Bajo el imperio de la primera Constitución, Gabriel García Moreno gobernó un período completo de gobierno. Bajo el imperio de la segunda, murió en el intento.

La Constitución de 1861 fue el fruto de una guerra civil que casi despedaza al Ecuador. El bando triunfador convocó a la reunión de una Asamblea Constitucional que produjo esa Constitución y que eligió Presidente Constitucional a Gabriel García Moreno. Pero la Constitución de 1861 le pareció a él insuficiente para gobernar y le impuso una pausa forzosa a su gobierno. García Moreno concluyó su período en 1865 y recién podría volver a gobernar en 1869.

Para la elección de 1869, una alianza interregional de Guayaquil y Cuenca había postulado la candidatura a la Presidencia de Francisco Xavier Aguirre, “un guayaquileño muy poderoso y enraizado en la sociedad costeña, capaz de arrastrar tras su figura el voto mayoritario”, como lo definió Ana Buriano. Frente a la posibilidad de perder la elección, subido en una ola de popularidad por su gestión exitosa en Imbabura tras el terremoto de agosto de 1868, García Moreno sublevó el 16 de enero de 1869 a la guarnición de Quito y obtuvo el apoyo de un acta firmada por los notables quiteños. Elegido por ellos Presidente “provisional”, también eligieron Vicepresidente a su cuñado, el quiteño Manuel Ascázubi. 

En su nuevo cargo, García Moreno organizó las elecciones para una Asamblea Constitucional a la que pobló de adictos suyos. Ella produjo la Constitución de 1869, la que daría forma a su proyecto católico, aquel que la Constitución de 1861 le impedía concretar porque según él decía, “las leyes que tenemos son insuficientes para impedir el mal y hacer el bien”. García Moreno sometió la Constitución de 1869 a referéndum (volvería a ocurrir en 1978 y 2008) y ganó con una aplastante mayoría del 96.36% (de un universo de 14.154 votantes).

La Asamblea Constitucional de 1869 lo eligió Presidente Constitucional a García Moreno. En esos casi seis años gobierno, García Moreno llevó a cabo su ambicioso proyecto conservador para “hacer el bien”. Y ahora que podía, buscó la reelección. 

Del 3 al 5 de mayo de 1875 se celebraron elecciones para la Presidencia (período 1875-1881). El aplastante triunfador fue García Moreno con el 99.1% de los votos (de un universo de 22.726 votantes). Él debía empezar su nuevo período el 10 de agosto pero machetazos y balazos acabaron con su vida, el 6 de agosto, al pie del Palacio de Carondelet. 

En 1875, ya estando a toque, Gabriel García Moreno no pudo concretar la reelección. Nuevamente, el héroe conservador no pudo continuar su obra. En 1865 se lo impidió la ley, en 1875 se lo impidieron manos asesinas. 

Y su obra fue efímera. Una nueva Constitución, la novena, adoptada en 1878 tras un nuevo golpe de Estado, desmontó su sistema conservador.  

Las elecciones de 1809

            Publicado en diario Expreso el viernes 13 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. El historiador François-Xavier Guerra ha destacado la importancia de estas elecciones: “antes incluso que en la España peninsular, América entera es llamada a las urnas en un proceso electoral que, por tener lugar a escala de un continente, no tiene precedentes en la historia mundial”. 

Estas elecciones fueron para elegir los diputados a la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, órgano constituido en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 para gobernar en nombre y en lugar del rey de España. La Junta Central era, hasta el retorno del rey, la “depositaria de la autoridad soberana”. En la península, ella se integró con los delegados de las juntas provinciales constituidas tras las abdicaciones de Bayona (la primera, la Junta de Asturias, creada el 25 de mayo de 1808).  

Por real orden del 22 de enero de 1809, la Junta Central invitó a los españoles de América a que elijan nueve diputados, a razón de uno por cada Virreinato y cada Capitanía General (también hubo un diputado por Filipinas, por ser Capitanía General). Este número evidenciaba una desigualdad en la representación: la península tenía treinta y seis delegados (a razón de dos por cada junta provincial) mientras que para toda América se tenía nueve diputados. 

El procedimiento de votación fue corporativo y de dos niveles. Primero, los cabildos de las ciudades principales votaban para elegir tres personas, entre los que se sorteaba después a uno. Hechas todas estas elecciones, el virrey o el gobernador, a partir de estos nombres, repetía el proceso. Él designaba una terna y después se sorteaba a uno. El favorecido por la suerte se convertía en el diputado a la Junta Central, que tenía sede en Sevilla. Allá debía él viajar. 

Cosa curiosa: para esta elección, la provincia de Quito integró el Virreinato de la Nueva Granada, mientras que las provincias de Guayaquil y Cuenca integraron el Virreinato de Lima.

Como ciudad principal que era del virreinato de la Nueva Granada, Quito designó como su representante al quiteño Juan José Arias-Dávila Matheu, conde de Puñonrostro. Pero en la elección que se celebró el 16 de septiembre de 1809 en la capital virreinal (Santa Fé), el conde quiteño perdió. La suerte lo favoreció al cartagenero Antonio de Nárvaez.

Cosa contraria le ocurrió a Guayaquil. Su cabildo designó a su representante, el sacerdote guayaquileño José de Silva y Olave, residente en la ciudad de Lima y chantre de su catedral. En la elección que se celebró el 19 de septiembre de 1809 en la capital virreinal (Lima), la suerte lo favoreció a él. Y pronto Silva emprendió su viaje a la España peninsular para integrar el órgano que gobernaba en nombre y en lugar del rey de España. Lo hizo en compañía de su sobrino y secretario, José Joaquín de Olmedo. En diciembre de 1809, ellos partieron desde Guayaquil rumbo a Sevilla.

La disolución de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino el 30 de enero de 1810, por la caída de Sevilla en manos francesas, los pilló a Silva y Olmedo en la Ciudad de México. Disuelta la Junta Central, el resto de su viaje era ya innecesario. 

Pegaron la vuelta.

Elecciones con un twist perverso

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de enero de 2023.

En la América española, las primeras elecciones ocurrieron el lejano año 1809. Un historiador que las estudió, François-Xavier Guerra, definió a los partidos políticos que participaron en ellas como “redes de hombres unidos por vínculos muy diferentes (de parentesco, de compadrazgo, de clientela, de interés, de origen geográfico común), que se definen ante todo por su oposición a una red rival”.

En el Ecuador, más de 200 años después, esta definición sigue siendo útil para caracterizar a partidos y movimientos políticos. Casi sin excepción, ellos no se definen por una ideología, se definen ante todo por la oposición a un rival. Así, su preocupación mayor no es servir a la población con leyes y políticas públicas afines a su ideología, pues lo que realmente les preocupa es ocupar los espacios de poder en detrimento de su rival. Esto, en la práctica política ecuatoriana, desemboca en el “reparto de la troncha”.

Observadores internacionales de las elecciones ecuatorianas, como la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han señalado los graves problemas que tiene el Estado del Ecuador para la fiscalización y el control del financiamiento privado a las candidaturas. Desde la OEA se ha recomendado al Estado que fortalezca las capacidades del órgano de control electoral (el CNE) y sus facultades para detectar las infracciones a las normas sobre financiamiento privado a las candidaturas y aplicar las correspondientes sanciones. En cada elección, la OEA reitera esta recomendación, pero invariablemente el Estado del Ecuador la ignora.   

Que no se ha hecho ni se hará nada en materia de fiscalización y control del financiamiento privado a las candidaturas quedó claro en la entrevista a uno de los consejeros del CNE publicada en este diario el 1 de enero. Ante una pregunta sobre la posibilidad de un financiamiento privado con “dineros irregulares”, el consejero Enrique Pita respondió que ello “rebasa nuestra responsabilidad”, al tiempo que reconoció que “los recursos que se justifican ante el CNE son ínfimos respecto a la gran cantidad que se utilizan en una campaña”, para formular entonces la siguiente pregunta: “¿quién invierte tanto y por qué para un puesto que, muchas veces, no compensa el sueldo?”. Él mismo se la respondió: “comenzamos a mirar que posiblemente haya intereses que no guardan necesariamente relación con lo electoral y con el servicio”.  

Así, tenemos dos malos elementos: un CNE sin capacidad de fiscalización y control de los “dineros irregulares” que financistas privados aportan a las candidaturas y muchos candidatos sin ideología ni voluntad de servicio. Es muy probable que, si esos candidatos llegan a ocupar un cargo público, devuelvan los favores a los financistas privados que hicieron posible su triunfo. Esto es el “reparto de la troncha” en acción. 

Éste ha sido el funcionamiento del sistema político-electoral ecuatoriano durante muchos años, pero ahora se añade un twist perverso: el narcotráfico. En este nuevo escenario, la habitual ineficacia del Estado para fiscalizar y controlar los “dineros irregulares” puede causar la máxima perversión de la democracia: políticos funcionales al crimen organizado.

El heroísmo del villano

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de diciembre de 2022.

Se suele decir que el 10 de agosto de 1809 en Quito fue el primer grito de la independencia y se lo ha querido convertir en un episodio fundacional de la República del Ecuador, con más pena que gloria. Porque si algo, Quito buscó exterminar al Ecuador. Y tras su fracaso en ese propósito, surgió la República del Ecuador.

El 10 de agosto de 1809 en Quito es la búsqueda de remediar un fracaso, fracasando de nuevo. La modernidad (los barcos que ya podían cruzar el Cabo de Hornos, las telas más baratas y de mejor calidad provenientes de Inglaterra) y las reformas borbónicas desbarataron su industria obrajera. La ciudad conoció una gran pobreza y la pérdida de jurisdicción por todas partes: en 1779 un nuevo obispado en Cuenca privó a Quito de la jurisdicción eclesiástica sobre Guayaquil, Portoviejo, Loja, Zaruma y Alausí; en 1793 Esmeraldas, Tumaco y La Tola pasaron a administrarse desde Popayán; en 1802 Mainas pasó a ser administrada desde la Península; en 1803 Guayaquil pasó a administrarse desde Lima. El 10 de agosto fue la revancha de Quito, hoy disfrazada de heroísmo ecuatoriano.

Porque lo que se presume como heroísmo fue un intento quiteño de imposición sobre los territorios vecinos, la vana pretensión de recuperar los territorios perdidos en años recientes. Desde la Junta de Gobierno de Quito se ordenó la destitución de las autoridades de las provincias vecinas de Popayán, Cuenca y Guayaquil, y el nombramiento de nuevas autoridades adictas al régimen de Quito. El rechazo que siguió fue terrible: en el curso de un año, la Junta de Gobierno de Quito cayó, se persiguió penalmente a sus principales cabecillas y se mató a la mayoría de ellos en la cárcel, y además al 1% de la población de la ciudad. Las provincias vecinas, a Quito, le impidieron su revancha y la castigaron por atrevida. Mucha pena, poca gloria.

Pasó el tiempo y en 1830, dos de las tres provincias que apalearon a Quito en 1809-1810 (Guayaquil y Cuenca), en conjunto con la provincia de Quito, formaron el Estado del Ecuador (todavía no era República). En el primer período de gobierno, el país derivó a una guerra civil entre la Costa y la Sierra. En enero de 1835, el Ejército de la Costa, cuyo Jefe Supremo era Vicente Rocafuerte y su Comandante Juan José Flores, triunfó sobre el ejército de la Sierra. 

El triunfo de la Costa en la primera guerra civil ecuatoriana produjo que desde Quito se declare la disolución del Estado del Ecuador y la anexión de la provincia a Colombia (por entonces, Nueva Granada). El Ecuador subsistió porque al vecino país le pareció descabellada la propuesta quiteña. Nuevo fracaso doble: mucha pena, poquita gloria. 

Quito en 1809 no fundó nada, pues lo que ocurrió fue la paliza de las provincias vecinas a una provincia levantisca (un país llamado Ecuador no existía ni como concepto). Y cuando las provincias se unieron para formar el Ecuador, fue Quito en 1835 la que declaró la no existencia del Ecuador y su voluntad de unirse a otro territorio. Cuando fracasó en ello, se unió con las otras provincias ecuatorianas para fundar la República del Ecuador.

Así, la de Quito y la fundación del Ecuador es la historia del héroe que es, en realidad, un villano. Mucha pena, poquitita gloria. 

Caso Suárez Rosero vs. Ecuador

            Publicado el 23 de diciembre de 2022 en diario Expreso.

Fue en los agrestes años noventa cuando empezó el largo historial de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. El Estado recibió su primera condena en el caso Suárez Rosero, un proceso totalmente noventero: los hechos (la detención arbitraria de Suárez Rosero y el inicio de un proceso penal abusivo por encubrimiento de tráfico de drogas) ocurrieron en 1992, la denuncia de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en 1994, la elevación del caso por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana en 1995 y la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en 1997. 

La temática del caso Suárez Rosero es también muy noventera. Los noventas fueron la peor época (la más tosca en los conceptos, la más grosera en los procedimientos) de la represión estatal auspiciada por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas  aprobada en septiembre de 1990. 

El caso Suárez Rosero resulta ilustrativo de la época. Por una denuncia anónima sobre una supuesta quema de droga en Zámbiza (Quito) hecha por personas que habían llegado en un vehículo “Trooper”, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Rafael Iván Suárez Rosero la madrugada del 23 de junio de 1992 mientras conducía un vehículo “Trooper” por las calles de Quito. Podría tratarse de una confusión, pero Suárez Rosero ya estaba jodido.

A Suárez Rosero lo apresaron sin una orden de detención en su contra y sin que exista delito flagrante. Lo condujeron a una celda en un cuartel de policía, de cinco por tres metros, compartida con otros dieciséis presos, húmeda y poco ventilada, asquerosa. Suárez Rosero no pudo comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados, pues desde el día de su detención hasta el 28 de julio de 1992 se lo mantuvo incomunicado. Durante los días que estuvo incomunicado, según su testimonio en la audiencia ante la Corte Interamericana, fue torturado. Nunca se supo el nombre del denunciante “anónimo” que lo condujo a este infierno.

Por su incomunicación, Suárez Rosero fue desprovisto de las garantías judiciales básicas. Por tratarse de un caso de narcotráfico, los recursos judiciales que intentó no fueron efectivos, e invariablemente fueron lentos. El recurso de hábeas corpus demoró 14 meses (cuando la legislación hablaba de horas) hasta su denegación. El proceso penal demoró más de cuatro años (tres años, ocho meses y seis días permaneció Suárez Rosero en prisión) para desembocar en una sentencia de condena a dos años de prisión. 

El caso Suárez Rosero ilustra a un Estado kafkiano y marcó el inicio del largo historial de condenas contra el Estado del Ecuador por violaciones a los derechos humanos. En Suárez Rosero la Corte lo condenó por violar los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. 

Como violador serial de derechos humanos, el Estado tiene un récord lamentable: desde Suárez Rosero en noviembre de 1997 hasta este final del 2022 (25 años y contando, un cuarto de siglo), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha absuelto al Estado del Ecuador en un chulla caso y lo ha condenado en treinta y tres.

Nast en Guayaquil

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de diciembre de 2022.

El hombre que inventó a la máxima expresión del capitalismo, el Santa Claus obeso y rojo y sonriente que simboliza el paso de una fiesta cristiana a una vorágine de consumo, murió en Guayaquil. Se llamó Thomas Nast, fue cónsul de los Estados Unidos de América en esta ciudad y fue víctima de la fiebre amarilla en diciembre de 1902.

Nacido en Alemania (Landau, Baviera, 26 de septiembre de 1840) y emigrado a los Estados Unidos de América a los seis años, Thomas Nast se convirtió en el caricaturista más influyente de la segunda mitad del siglo XIX en su país de adopción. Contribuyó con sus caricaturas en varias publicaciones, principalmente en Harper’s Weekly; peleó contra la corrupción en Nueva York y apoyó la candidatura presidencial (finalmente vencedora) del general Ulysses Grant. Nast fue el autor de símbolos de la política estadounidense tan notables como el elefante que identifica al Partido Republicano y el burro que identifica al Partido Demócrata.  

En 1886 Nast abandonó Harper’s Weekly e intentó con su propia revista. Fracasó. Por un tiempo se dedicó a la pintura, pero cayó en honduras. En la acuciante necesidad de obtener un puesto estable, acudió a los amigos que tenía en el gobierno demócrata del presidente Theodore Roosevelt. Entonces a Nast le fueron ofrecidos algunos puestos diplomáticos, ninguno de gran valor. Finalmente escogió el puesto de cónsul en Guayaquil, pues de los ofrecidos era el más cercano a Nueva York. 

Thomas Nast partió de Nueva York rumbo a Guayaquil el 1 de julio de 1902. Se vino de avanzada, dejando a su familia atrás. Asumió su cargo de cónsul en Guayaquil el 19 de julio de 1902 y lo ejerció hasta su muerte, 4 meses y 16 días después, víctima de una fiebre amarilla que lo tumbó desde los inicios de diciembre. En esos días guayaquileños, Nast se forjó una idea de la ciudad en la que vino a hallar la muerte. Y no fue una idea feliz.   

En los días que vivió en Guayaquil (en sus últimos días), el cónsul Nast experimentó una profunda amargura. Era su opinión que la vida en Guayaquil se complicaba porque “el fuego, la fiebre amarilla y el polvo no ayudan a aclarar la mente”. Lo incomodaba la naturaleza chismosa de la sociedad guayaquileña y la suciedad (“oh, qué lugar es este para el chisme. Corre salvaje, como las ratas”). Su mayor felicidad en Guayaquil fue que su esposa Sallie no lo haya acompañado al desempeño de este puesto diplomático, pues así ella no padecía lo que él estaba padeciendo.

Todavía nadie se ha preocupado de estudiar las opiniones de Nast para obtener su mirada crítica del Guayaquil de principios del siglo XX, siendo que Nast ejerció un cargo de relevancia y tenía una exquisita capacidad de observación. Un historiador interesado podría acudir a la Rutherford B. Hayes Presidential Center en la ciudad de Fremont, Ohio, pues esa institución compró el año 1959 la Thomas Nast Collection, en la que se encuentran las cartas y dibujos del “período de servicio consular de Nast en el Ecuador durante 1902”, según informa su página web.

Thomas Nast murió el 7 de diciembre de 1902. Sus restos fueron trasladados por su viuda Sallie a los Estados Unidos y hoy reposan en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, Nueva York.