La vacuna de Noguchi

14 de julio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de julio de 2023.

Hideyo Noguchi (1876-1928) fue un médico japonés a quien Guayaquil recuerda con gran cariño y una calle que nace en el centro y muere en El Oro. En esta ciudad, el japonés es el protagonista de una leyenda que le atribuye a él haber descubierto el agente causal de la fiebre amarilla, con ocasión de su visita a Guayaquil en 1918. Ese descubrimiento jamás ocurrió.

Noguchi era un científico reconocido y respetado cuando acometió la tarea de investigar sobre el agente causal de la fiebre amarilla (en su Japón natal, su imagen adorna el billete de 1.000 yenes). Cuando acudió a Guayaquil, lo hizo como parte de una primera misión que la Fundación Rockefeller envió en junio de 1918 y con el propósito de investigar sobre el agente causal de la fiebre amarilla. Una segunda misión, que llegó en noviembre de 1918 a cargo del doctor Michael Connor, se dedicó a implementar en Guayaquil, entre noviembre de 1918 y mayo de 1919, lo que tan bien había funcionado en otras partes de América: las medidas antilarvarias para prevenir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti (el “odioso egipcio”). Como resultado de estas medidas, a Guayaquil se la declaró libre de la fiebre amarilla en mayo de 1920.

En todo caso, Noguchi realizó sus investigaciones en Guayaquil y pensó haber encontrado el agente causal de la fiebre amarilla. Aquí lo festejaron y lo agasajaron; le concedieron el título de doctor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y el gobierno nacional lo nombró Cirujano Mayor honorario en el grado de Coronel del Ejército. Frente a tanto entusiasmo, un estudio publicado en el Singapur Medical Journal el 2014 indicó que su hallazgo en Guayaquil le costó a Noguchi “duras críticas sobre su metodología, mala conservación de registros, exceso de confianza y prisa”, además de comentarios en torno a “realizar experimentos humanos poco éticos”.  

La hipótesis que Noguchi precipitó en Guayaquil era que la fiebre amarilla era transmitida por una leptospira icteroides. Sobre esta hipótesis, Noguchi se animó a preparar una vacuna que la Fundación Rockefeller aprobó y distribuyó por el mundo hasta 1927, cuando de manera concluyente se probó que no servía para nada. Esto, por la obvia razón de que el origen de la fiebre amarilla no estaba en ninguna leptospira icteroides, sino en la transmisión de un virus por la picadura de la hembra del mosquito Aedes Aegypti. 

El sudafricano Max Theiler elaboró en 1937 una vacuna que sí sirvió (y que se sigue usando hasta la fecha) y, por su contribución a la erradicación de la fiebre amarilla en el mundo, se le otorgó el premio Nobel de medicina en 1951. 

Este triunfo del sudafricano ya no lo vio Noguchi. En 1928 él viajó a África occidental para continuar con sus investigaciones sobre el agente causal de la fiebre amarilla. En Acra (hoy, capital de Ghana) lo picó una hembra del mosquito Aedes Aegypti y contrajo el virus. Por esos días, Noguchi todavía pensaba que el agente causal era una leptospira, a la que por entonces ya llamaba leptospira interrogans. 

Hideyo Noguchi murió en Acra el 21 de mayo de 1928, de la fiebre amarilla que contrajo en el curso de una investigación que resultó un error (vacuna incluida).

Catorce días de furia

7 de julio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 07 de julio de 2023.

Fueron catorce días de furia, entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre del 2004. Catorce días que costaron 13.021.144,90 millones de dólares, pagados a un total de treinta y seis autoridades destituidas en aquellos días de harta demencia estatal.

Quien ordenó el pago fue un órgano del derecho internacional porque a la harta demencia del Estado le da por pensar que las estupideces, absurdos y abusos que comete son jugadas magistrales que exige el momento. Este órgano (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es uno que el Estado del Ecuador le ha reconocido (en un rapto de lucidez y de autoflagelación) la competencia para conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometan en su territorio. Y allí entran estos catorce días de furia, vía tres casos resueltos por la Corte Interamericana.  

El primero de ellos (Quintana Coello y otros) fue resuelto el 23 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de veintisiete jueces de la Corte Suprema de Justicia; el segundo (Camba Campos y otros) fue resuelto el 28 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional; el tercer caso (Aguinaga Aillón) fue resuelto el 30 de enero de 2023 y trató sobre la destitución de un juez del Tribunal Supremo Electoral. En todos ellos, el denominador común fue la violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

Ocurrió que esos días finales del 2004 el Congreso Nacional (así se llamaba entonces la hoy Asamblea Nacional) tenía un gran plan político y no iba a permitir que nadie le impida su concreción. El gobierno de la época, presidido por Lucio Gutiérrez, para salvarse de un inminente juicio político pactó con el PRE, cuyo líder máximo (el exPresidente Abdalá Bucaram) se encontraba exiliado en Panamá. El gran plan político era el retorno de Bucaram, que ocurrió el 2 de abril de 2005. Unos días después, los militares le retiraron su apoyo al Presidente Gutiérrez. Cayó el 20 de abril. El gran plan le explotó en la cara. 

La parte de que nadie le iba a impedir al Congreso Nacional la concreción de su gran plan es la que lo convirtió a este órgano del Estado en el furioso agente de las violaciones a los derechos humanos de las treinta y seis autoridades que destituyó. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso destituyó en una sola resolución (No. R-25-160) a los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces del Tribunal Supremo Electoral. Acto seguido, nombró a sus reemplazos. El nuevo Tribunal Constitucional dictó una resolución por la cual impidió que se presenten recursos contra la Resolución No. R-25-160, blindando así lo actuado por el Congreso Nacional. 

Unos días después, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus reemplazos (la recordada “Pichicorte”), que iban a allanar el camino judicial (vía anulación de juicios) para el retorno de Bucaram. 

Parecía una jugada magistral y resultó una furiosa estupidez. En el foro internacional, el Estado del Ecuador es un hazmerreír.  

La harta demencia del Estado cuesta millones. Y vuelve cada cierto tiempo (es recurrente) para tropezar con esta misma piedra de los abusos sin cuento.

Esmeraldas no way

30 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de junio de 2023.

En los tiempos coloniales la zona de Esmeraldas, cuyo territorio pertenecía a la provincia de Quito, se extendía desde Bahía de Caráquez hasta Barbacoas (hoy, Departamento de Nariño, Colombia). Durante el dominio español, esta zona estuvo ocupada por zambos e indios. El poderío español llegó a acuerdos con los zambos, pero los indios malabas resistieron los avances españoles en su territorio.   

Esta situación condicionó el desarrollo de un puerto para Quito en la zona de Esmeraldas. La ciudad de Quito deseaba allí un puerto para el envío de sus productos a los mercados del Norte (las zonas mineras y agrícolas de lo que hoy es Colombia, e idealmente, hasta Panamá) sin tener que pasar por el puerto de Guayaquil.  

Hubo varios intentos de abrir un camino a Esmeraldas y todos fueron un fracaso. Ora el Virreinato de Lima no lo autorizaba, ora cuando se obtenía la autorización resultaba que el asunto no era rentable, o peor, la rebelión de los belicosos indios malabas acababa con la iniciativa. Esto último ocurrió en 1619 y el origen de la rebelión “parece haber estado en los intentos del gobernador, Durango Delgadillo, por imponer un régimen de trabajo más severo a las parcialidades adyacentes a la población de Montesclaros”. Y los indios mataron a todos: blancos, mestizos, negros y mulatos.   

Así, mientras fue parte del Reino de España y salvo por breves lapsos, Quito nunca tuvo una salida al mar como no sea pasar por Guayaquil. Su idea de evitar este puerto y de buscar una comunicación directa con Panamá fue parte de las ilusiones de su élite durante la rebelión del 10 de agosto de 1809. En el Acta suscrita en esa fecha, los quiteños manifestaron su decisión de atraer a la Junta Suprema que se había establecido en Quito a provincias “como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Alcanzar Panamá era una quimera de los quiteños a fin de procurar su desarrollo económico y conectarse con Europa. 

Su quimera fracasó miserablemente porque las provincias vecinas de Guayaquil, Cuenca y Popayán se le vinieron a Quito encima, en el entendido de que ella era muy pobre y periférica como para tener la primacía sobre ellas. Y se cebaron, entonces, con Quito: dentro del año contado desde el 10 de agosto, ya le habían matado a la mayoría de los cabecillas de su rebelión y al 1% de su población, atrocidades cometidas por tropas enviadas desde Lima por el Virrey a instancias del Gobernador de Guayaquil. 

La imposibilidad de un camino a Esmeraldas tuvo graves consecuencias. En las palabras de John Leddy Phelan (“El Reino de Quito en el siglo XVII” [primera edición 1967]), a quien se ha seguido para este relato, los reiterados fracasos en abrir el camino a Esmeraldas condicionaron el desarrollo de Quito y del país:

“La Sierra permaneció virtualmente aislada del resto del mundo durante trescientos años. […] De haberse colonizado Esmeraldas en el siglo XVIII, el carácter ulterior de la sociedad de la Sierra podría haber sido menos apegado a la tradición, y, por tanto, más receptivo a las innovaciones. En consecuencia, pudo haber surgido un equilibrio más dinámico entre la Sierra y la Costa, antes del presente siglo”.  

Pero nada: simplemente, Esmeraldas no way.

El Estado que celebró a su dictador

23 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de junio de 2023.

A lo largo de la historia política del Ecuador, acabar con el contrario es la forma de estar. El más grande demagogo de la política ecuatoriana, José María Velasco Ibarra, lo describió tan claro: “O yo destruyo al Frente, o el Frente me destruye a mí”. (El Frente –el Frente Democrático- era el enemigo del momento. Velasco se le fue encima.)  

Corría el año 2018 y la forma de acabar con Rafael Correa y las autoridades “correístas” (es decir, las nombradas durante su período de gobierno) fue la creación de un órgano especial (el recordado “Consejo Transitorio”) encargado de su exterminio. Este órgano debe ser caracterizado como una dictadura, dadas su duración limitada, su ninguna sujeción a la ley sino a su entera voluntad y su persecución de un propósito concreto, que son las características insignia de un órgano dictatorial.

El problema con las evaluaciones y destituciones hechas por este Consejo Transitorio es que todas son violatorias de derechos. Obviamente, ello no es percibido así en la jurisdicción ecuatoriana, tan acostumbrada a soportar este tipo de majaderías. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, lo hecho por el Consejo de marras viola numerosas garantías judiciales que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, en ajustado resumen: se violó el principio de legalidad y de retroactividad porque la normativa para evaluar a las autoridades se compuso de normas imprecisas y vagas, que fueron redactadas con posterioridad a las acciones y omisiones que se evaluaron. Se violó el derecho a un juez competente por no estar fijada la competencia de los juzgadores en una ley previa. Se violó el derecho a un juicio imparcial pues el presidente del Consejo Transitorio anticipó en varias ocasiones criterios descalificadores sobre los evaluados. Se violó el derecho a la presunción de inocencia porque las dudas en los procesos se usaron en contra de los acusados y se los condenó sin eliminar toda duda razonable sobre su culpabilidad. Se violó el derecho a tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada porque el Consejo Transitorio iniciaba el proceso de investigación sin informar al evaluado de las razones de su evaluación, su fundamento probatorio y su caracterización legal. Se violó el derecho a tener el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa porque se estableció un sumario “reservado”. Y, finalmente, se violó el derecho de recurrir del fallo porque toda apelación se la presentaba ante al mismo órgano que había dictado la resolución de primera instancia (en un nivel premium de ineficacia, de 24 apelaciones que se presentaron, 24 se rechazaron).

La clase política en el Ecuador es incapaz de percibir sus errores y sus abusos (algún día la Corte Interamericana de Derechos Humanos se los tendrá que explicar). A Julio César Trujillo, el deschavetado nonagenario que encabezó y puso cara a esta dictadura, en una ceremonia en la que estuvieron presentes el presidente Moreno y las más altas autoridades del Estado, se lo condecoró post-mórtem con la Orden de San Lorenzo, que es la más alta condecoración que puede otorgar el Estado ecuatoriano.

Es decir, por todo lo alto lo celebraron a su dictador. 

La maldición azuaya

16 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de junio de 2023.

La Ley de División Territorial colombiana de 1824 creó el Departamento del Azuay como nueva denominación para la que fue, en tiempos de la monarquía, la provincia de Cuenca. Cuando se creó el Estado del Ecuador en 1830, este nuevo Estado fue la rocambolesca reunión de tres departamentos colombianos, uno de ellos el Departamento del Azuay.  

Desde 1835 y hasta 1861, en todas las Constituciones el Departamento del Azuay subsistió (salvo en la Constitución de 1843, cuando fue distrito) para la determinación del número de los representantes políticos del territorio. Durante estos años, los mandamases del Ecuador (Presidente, triunvirato o Encargado del Poder) fueron un extranjero, varios guayaquileños, un quiteño accidental y un natural de Píllaro. Nunca un azuayo.

La Ley de División Territorial ecuatoriana de 1861 declaró que Azuay era el nombre de una provincia, y así lo sigue siendo hasta el sol de hoy. Con este estatus de provincia, las máximas autoridades del Ecuador de origen azuayo ascienden a cinco: Antonio Borrero (1875-1876), Luis Cordero (1892-1895), Gonzalo S. Córdova (1924-1925), Manuel María Borrero (1938) y Rosalía Arteaga (1996). 

El cuencano Antonio Borrero (1827-1911) fue elegido por votación popular celebrada los días 17, 18 y 19 de octubre de 1875. Empezó su período el 9 de diciembre de 1875 y debía terminarlo en 1881. Fue interrumpido por el golpe de Estado de Ignacio de Veintemilla del 8 de julio de 1876. Vivió en el exilio hasta 1883.

En los tiempos del nacimiento de Luis Cordero (1833-1912) en la hacienda Surampalti, en Déleg, este territorio pertenecía a la provincia del Azuay (el territorio se desprendió del Azuay en 1880). Cordero fue elegido Presidente por elección popular celebrada los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 1892. Empezó su gobierno el 1 de julio de 1892 y debía terminarlo en 1896. Sin embargo, tras el escándalo conocido como “la venta de la bandera” se lo orilló a renunciar, lo que finalmente hizo el 16 de abril de 1895. Se retiró por muchos años (hasta 1910) de la vida política.

El cuencano Gonzalo S. Córdova (1863-1928) fue elegido Presidente en elecciones populares celebradas en 1924, las últimas elecciones del período liberal. Su gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado de la revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Fue apresado y murió en el exilio, en Valparaíso, en 1928.

Por su parte, el cuencano Manuel María Borrero (1883-1975, sobrino nieto del otro Borrero) fue designado Presidente interino por la Asamblea Nacional Constituyente de 1938, tras la renuncia del general Alberto Enríquez Gallo. Gobernó entre el 10 de agosto y el 1 de diciembre de 1938, por apenas 114 días. Renunció por el insostenible clima político. Lo sucedió Aurelio Mosquera Narváez.

Finalmente, la cuencana Rosalía Arteaga (1956) es un caso singular. El Congreso Nacional destituyó al Presidente de la República, Abdalá Bucaram, por la causal de “incapacidad mental”. Rosalía Arteaga debió sucederlo, pero el Congreso Nacional se impuso. Gobernó (es un decir) por un par de días, entre el 9 y el 11 de febrero de 1997.

La maldición azuaya: ningún natural de ese territorio termina su gobierno (o como Rosalía, ni siquiera lo empieza). 

El prócer olvidado

9 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de junio de 2023.

José Domingo de La Mar, nacido el 12 de mayo de 1776, fue cuencano por accidente. Fue hijo del vasco Marcos La Mar y Migura, residente en Cuenca en 1776 donde ejerció el cargo de Tesorero de las Cajas Reales. Su hermana mayor, Josefa Justa Rufina, había nacido en Guayaquil en 1767. Su madre, Josefa Cortázar y Lavayen era una guayaquileña de orígenes vascos. La Mar pasó mucha parte de su vida, mientras en suelo americano, en Guayaquil y sus alrededores, donde fue autoridad y tuvo haciendas. Tiene de cuencano apenas el paso de su padre por un puesto burocrático.

José Domingo de La Mar es el prócer olvidado del Ecuador. En un océano de mediocridad militar (según el historiador Pío Jaramillo Alvarado, “después de La Mar, solo se llega a un procerato subalterno”), son el Gran Mariscal La Mar y los dos hijos de su hermana, Juan Francisco y Antonio Elizalde, los militares originarios del territorio que desde 1830 se lo conoció como Ecuador que más alto rango tuvieron en las guerras de independencia. 

La Mar fue el hombre que decidió la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, que selló la expulsión del ejército español de la América del Sur. El General Sucre reconoció en su parte militar “la serenidad con que el señor general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota”.

El Libertador Simón Bolívar tenía a La Mar en altísima estima. En una carta a Santander, escribió: “Lamar es el mejor hombre del mundo porque es tan buen militar como hombre civil. Es lo mejor que conozco.” Tras Ayacucho, Bolívar nombró un puerto de Bolivia con su apellido; Olmedo, en 1844, obsequió la memoria de La Mar con un soneto. 

Este cuencano por accidente fue el primer Presidente del Perú entre 1827 y 1829. Cuando se formaron las nuevas repúblicas, Cuenca y Guayaquil (parte de la Audiencia de Quito) habían sido administradas tanto desde Santa Fe como desde Lima y podían agregarse como el extremo Sur de Colombia o el extremo Norte del Perú (o formar una asociación distinta). Bolívar, por la razón o por la fuerza, agregó en 1822 a su Colombia el territorio de la Audiencia de Quito y lo convirtió (cercenado) en el Departamento del Sur de Colombia. 

En 1828, el Presidente La Mar quiso arrebatar Cuenca y Guayaquil a Colombia y reintegrarlas al Perú que él administraba, porque en los últimos años del gobierno español Cuenca y Guayaquil habían sido administradas desde Lima. Él mismo condujo las tropas al Norte.

Como correspondía a la época, el asunto se zanjó por la guerra. Se enfrentaron los ejércitos colombianos y peruanos en el portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829. La Mar fue derrotado y unos meses después un golpe de Estado lo sacó de la presidencia peruana. Fue enviado al exilio en Centroamérica. Al año siguiente de Tarqui, un militar triunfante en esa batalla, el venezolano Flores, haría del territorio de la Audiencia de Quito (mejor dicho: de los restos del territorio de la Audiencia de Quito, porque mutilaron mucho Quito) un nuevo Estado, de nombre “Ecuador”.  

El 11 de octubre del mismo año en que se fundó el Estado del Ecuador, 1830, murió en el exilio, en Cartago, Costa Rica, José Domingo de La Mar.  

Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador

2 de junio de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de junio de 2023.

Talía Gabriela Gonzales Lluy nació en Cuenca, el 8 de enero de 1995. Cuando tenía tres años, el 20 de junio de 1998, ella sufrió una hemorragia nasal que no se detenía por nada y su madre la llevó a un hospital de su ciudad natal. Allí se le diagnóstico una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica y se dispuso que se le haga una transfusión de sangre y plaquetas. Acudió entonces a donar sangre una persona infectada con VIH. En el banco de sangre los médicos no hicieron los controles adecuados y unos días después se comprobó que Talía estaba infectada con VIH.

Este hecho atroz fue el punto de partida del calvario que sufrieron Talía y su familia. Cuando tenía cinco años, a Talía la sacaron de una escuela pública, hecho que incluso fue justificado por un tribunal administrativo que consideró que ella no tenía derecho a la educación, pues era “obvio señalar que prevalece el derecho de la mayoría con respecto a un caso particular”, en lo que constituyó una supuesta defensa del derecho a la vida (del resto de los estudiantes) frente al derecho a la educación de Talía.

A la madre de Talía la despidieron de su trabajo por “dar mala imagen” a la empresa por tener una hija con VIH. Además, a Talía y a su familia les resultó muy difícil encontrar una vivienda, pues como lo constató la Corte, “fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto por la condición de Talía, y se vieron forzados a vivir en condiciones desfavorables y en lugares muy apartados debido a que no encontraban un lugar donde quisiera arrendarles una vivienda”.

Por estos hechos, el 1 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria en contra del Estado del Ecuador. La Corte declaró que el Estado vulneró el derecho a la vida y a la integridad personal de Talía, pues aún cuando el banco de sangre era una institución privada, “el deber de supervisión y fiscalización es del Estado, aun cuando el servicio de salud lo preste una entidad privada”. Y como el Estado fue inútil para hacer esta supervisión y fiscalización, “esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud”. 

Debido al sufrimiento causado por el contagio de Talía y por el calvario vivido, la Corte consideró también que el Estado había vulnerado el derecho a la integridad personal de los familiares de Talía.

Finalmente, la Corte responsabilizó al Estado por la vulneración del derecho a la educación de Talía. En particular, la Corte observó que “las autoridades educativas no tomaron medidas para combatir los prejuicios en torno a la enfermedad de Talía” y que si un Estado busca proteger la integridad personal de personas por supuestos riesgos por la situación de salud de otras personas, ello debe hacerse “a partir de la evaluación específica y concreta de dicha situación de salud y los riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios”. 

El caso Gonzales Lluy es un testimonio (uno más) de un Estado canalla.

Ecuador fue la esperanza

26 de mayo de 2023

            Publicado en diario Expreso el 26 de mayo de 2023.

Ecuador tiene un récord: fue el primer país del mundo en presentar un informe de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el 9 de septiembre de 1977. Este hecho quedó como un testimonio de la inestabilidad política ecuatoriana, porque la aprobación ecuatoriana del PIDESC se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1967, el primer informe de cumplimiento del PIDESC se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1945 (puesta en vigor tras el golpe de Estado de los triunviros) y la defensa de este informe en la sede de la ONU se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1979, el 15 de abril de 1980. Tres momentos, tres Constituciones. En apenas doce años y pico.

Ecuador es un país de esperanza: esa fue la idea que el representante ecuatoriano Miguel Albornoz Ruiz quiso transmitir al Comité de Expertos que se reunió esa mañana de abril de 1980 en Nueva York para conocer el informe del Ecuador. Él afirmó el compromiso del Ecuador “con la defensa de la democracia y los derechos humanos, y con la promoción del desarrollo económico en un clima de justicia social y del pluralismo ideológico”. Hermoso.

Albornoz elogió al Presidente Jaime Roldós, a la Constitución de 1979, al Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 “cuyo propósito era dirigir los esfuerzos del país y sus recursos hacia la justicia social, una distribución de los ingresos más equitativa y la eliminación del desempleo y el subempleo, de manera tal que toda la población tenga acceso a la salud, educación, vivienda y seguridad social”. Nos íbamos al desarrollo en aerosilla.

Ecuador es un país recursivo: en el mar de elogios de los representantes internacionales tras tan esperanzadora exposición (hablaron de “excelente reporte”, de estar “impresionados con el informe”) emergió el áspero alemán occidental Vollers para criticar algunos aspectos. Pero el ecuatoriano no se arredró: fue entonces que empezó a hablar de una “filosofía ecuatoriana”, que se asentaba en tres bases: “desarrollo económico del país, justicia social y producción”. Le espetó a Vollers: “como sin producción no puede haber desarrollo económico ni justicia social, el trabajo era considerado un deber patriótico”. Toma ahí, teutón. 

Ecuador es un país con personalidad: cuando el representante ruso Bykov quiso impedir que el representante de una organización internacional (la OIT) formule preguntas al representante del Ecuador, el ecuatoriano Albornoz dijo que con gusto contestaría lo que tuviera a bien preguntarle el señor Samson de la OIT y que el ruso al vodka. Y respondió, y destiló frases como “principios inscritos en la Constitución” y “república que respeta los derechos humanos”. De crack.

La reunión del Comité de Expertos concluyó por la tarde. Al caer el sol de ese 15 de abril, me lo imagino al ruso Bykov, pletórico de vodka, tropezándose torpe por las anchas aceras de Manhattan. Por contraste, al ecuatoriano Albornoz, galante y sonriente, caminando con paso grácil por las calles de la Gran Manzana mientras se goza la íntima convicción de haberle convencido al mundo de que su país era uno donde vivía, oronda, la esperanza.

Luego fuimos el mismo desastre, ya casi bicentenario.

Aplaudiendo la catástrofe

19 de mayo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de mayo de 2023.

Hoy resulta muy sencillo hacerle cargamontón a la exalcaldesa Cynthia Viteri. Pero eso, en realidad, no es justo.

Porque lo justo es comprender la historia que condujo a la caída de Viteri y la derrota de la hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil. Ello implica comprender que, aunque relevante para el resultado final, no fue por el nefasto episodio de cuatro años de Viteri en la Alcaldía de Guayaquil que se produjo ese fracaso. Esta idea le gustaría creer a algunos: “El modelo del PSC era bueno, pero Cynthia Viteri lo arruinó”.

Pero esa idea es mentirosa. El modelo del PSC, que por varios años fue motejado como “exitoso”, condujo a dos graves problemas: la inseguridad y las inundaciones.

Sobre la inseguridad: el modelo del PSC implicó un crecimiento urbano basado en la rentabilidad para la administración, no en la dignidad de las personas. La lógica fue sencilla: los que menos tenían, pues recibían menos. Y quienes vivían en sectores no consolidados, pues no recibían nada. 

Que lo cuente el exalcalde Jaime Nebot: “Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado de agua potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor de Bastión y el límite de la Sergio Toral”. (Esto fue dicho en sesión del Concejo Municipal del 7 de octubre de 2010, cuando se discutió la reforma de los límites urbanos de Guayaquil.) En resumidas cuentas: como a los pobres no resultaba rentable atenderlos, entonces recibían poco o nada.

Es fácil deducir que el modelo de desarrollo del PSC únicamente acentúa las desigualdades. Y el resultado de acentuar las desigualdades fue la creación de “trampas de la pobreza” en los sectores populares. Es decir, de miles y miles de personas sin posibilidades reales de salir de la pobreza, que son el caldo de cultivo para la situación de inseguridad que hoy sufrimos. Abandonar a tantas personas a su propia suerte, por tantos años, fue un paciente sembrío de la violencia que hoy estamos cosechando.  

Sobre las inundaciones: el modelo del PSC implicó un crecimiento urbano horizontal, gris e impermeable, con tala del manglar y relleno de esteros, sin árboles ni áreas verdes. Detrás de este crecimiento urbano también existió una motivación económica, que era beneficiar al negocio de la construcción. Y, mientras más horizontal, gris e impermeable era Guayaquil, más se lo beneficiaba. Y, al mismo tiempo más se la perjudicaba a la ciudad, porque una ciudad construida así facilita mucho las inundaciones. 

Este es pecado mayor porque Guayaquil, al decir de expertos que estudiaron las inundaciones en la ciudad y le presentaron un informe a la alcaldía el año 2013, ofrece unas “condiciones inmejorables” para implementar una estrategia integral propia de “ciudades verdes, inclusivas y sustentables”. Pero se prefirió caminar en una dirección opuesta y dañosa.

Viteri fue un desastre, pero hubo un desastre mayor, que fue el modelo de desarrollo que impuso el PSC en la ciudad. Lo increíble es que a eso se lo haya llamado “exitoso” y que, durante décadas, hayamos aplaudido una catástrofe. 

La oportunidad de cambio llegó

12 de mayo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de mayo de 2023.

La marcada decadencia del PSC en Guayaquil en estos últimos cuatro años posibilitó que haya cambio en la administración de la ciudad. Casi 31 años después de aquel lejano 10 de agosto de 1992 cuando León Febres-Cordero inició el rescate de una ciudad viciada de roldosismo, en este Guayaquil del 2023 y dado su brutal declive, la administración que empieza Aquiles Álvarez tendrá como misión un nuevo rescate.

Por necesidad, el camino a recorrer por la administración de Aquiles Álvarez debe ser el opuesto al que transitó el PSC, en dos aspectos fundamentales. Tan fundamentales que atañen a nuestra vivencia de la ciudad y a la supervivencia misma de la ciudad.

El primero de ellos: el nuevo modelo de administración de la ciudad debe orientar su atención a los sectores populares de una manera planificada y técnica. Contrario a lo que muchos quisieron creer cuando valía el catecismo del éxito de la administración del PSC en Guayaquil, en esta ciudad existen amplios sectores que viven en un casi total abandono de equipamiento urbano. Si se quiere cambiar la convivencia en Guayaquil, estos sectores tienen que ser atendidos de manera prioritaria, con mucha inversión social, planificación y políticas públicas basadas en la evidencia.

Este cambio es necesario, porque no es sostenible vivir en una ciudad en donde uno tiene que planificar sus salidas a la calle como unas experiencias de supervivencia.

El otro aspecto fundamental: el nuevo modelo de administración de Guayaquil tiene que tomarse en serio las amenazas que la ciudad tiene por las inundaciones que ya sufre. 

Esta temporada de lluvias ha sido muy decidora de la situación de la ciudad. No es que ella no haya sido conocida por las autoridades, porque la propia alcaldía de Guayaquil encargó el año 2017 a unos expertos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) la elaboración de un informe que se tituló: “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil”. Allí se describió una situación crítica: muchos sectores de alta vulnerabilidad, y muchísimas industrias, comercios, centro de salud e instituciones educativas con una alta probabilidad de empezar a ser sub-acuáticas. 

Por fortuna, el citado informe del año 2017 contiene también unas medidas para la adaptación al cambio climático muy razonables y oportunas para enfrentar estas graves amenazas que sufre Guayaquil. Este informe propone una serie de medidas para reforzar la capacidad adaptativa así como medidas de adaptación verdes, híbridas y grises, que se las desarrolla con mucho detalle: la justificación de cada medida, su alcance, objetivos y finalidad, el potencial, los costos estimados y la duración prevista, además de un análisis de las oportunidades y barreras para su aplicación.  

El final de la administración de Nebot y toda la administración de Viteri ignoraron, casi en su totalidad, las medidas propuestas por la CAF el año 2017. Así, queda casi todo por hacer en un tema que atañe a la supervivencia misma de la ciudad. Y si no se toman importantes medidas, como las que se recomendaron en el informe de la CAF, a este año 2023 lo recordaremos como apenas los arrabales del infierno.

La oportunidad de cambio llegó y hay un rescate por hacer.

Puerto La Mar

5 de mayo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 5 de mayo de 2023.

El venezolano Simón Bolívar, en su afán de nombrar y renombrar territorios, decidió el 25 de diciembre de 1825 que en esa república que el venezolano Antonio José de Sucre había fundado con su nombre (entre agosto y octubre de 1825 la que hoy es Bolivia se llamó “República de Bolívar”) habría un puerto que llevaría el nombre de un cuencano ilustre, héroe de las guerras de la independencia americana: José Domingo de La Mar. 

La Mar, nacido en Cuenca en 1776, hijo de vasco y de guayaquileña de orígenes vascos, fue el hombre que dirigió la descarga que dirimió la batalla de Ayacucho, tras la cual América del Sur se perdió para el reino de España. En el parte de batalla que firmó Sucre, se lo reconoció a La Mar así: “Cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú y al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota”. (La Mar también sería el primer presidente constitucional del Perú, entre 1827 y 1829.) 

Así,  por el pleno entusiasmo de Bolívar, surgió en Bolivia Puerto La Mar. En el decreto de diciembre de 1825 que habilitó a Puerto La Mar como puerto nacional de Bolivia, Bolívar justificó el nombre por él decidido por tratarse de “justa recompensa al mérito contraído por el gran Mariscal don José de La Mar, vencedor en Ayacucho”. 

Durante muchos años, Puerto La Mar fue el único puerto de Bolivia. Según el censo de 1832, este puerto tenía 536 habitantes, la mayoría de los cuales eran chilenos (266), había 104 bolivianos y dos ecuatorianos. 

(No creo que haya muchos otros territorios en el extranjero que lleven o hayan llevado el nombre de una persona nacida en territorio hoy ecuatoriano.)  

Puerto La Mar tuvo una existencia efímera. Lo primero que se perdió fue el nombre que le había impuesto Bolívar en 1825, confirmado el 1 de julio de 1829 por el primer gobierno boliviano. El puerto, por la fuerza de la costumbre y el peso de la tradición, recuperó el nombre que había tenido desde tiempos coloniales, que era Cobija (Santa María Magdalena de Cobija). En Cobija se exilió, por unos meses de 1860, el presidente ecuatoriano José María Urbina. 

Hacia la época del exilio de José María Urbina, Cobija tenía unos 1.000 habitantes y un cronista había descrito que ella “se forma de una sola calle de pequeñas casuchas de madera, situadas al pie de encumbrados y elevados cerros, cuya aridez se deja ver de lejos” y vaticinó que “su progreso no será mucho en largos años, porque a su mala localidad y bahía se agrega su extrema aridez”. Este cronista era Domingo Santa María, quien llegaría a ser presidente de Chile entre 1881 y 1886.

Lo siguiente que se perdió fue la pertenencia a Bolivia. Durante la guerra del Pacífico, Chile ocupó Cobija el 21 de marzo de 1879. Victorioso en la guerra, Chile (el presidente era Santa María) sumó Cobija a su territorio. (Fue entonces que Bolivia perdió toda su región litoral). 

Una vez chileno, Cobija se convirtió en puerto menor. Desde 1907, el lugar fue abandonado. 

El antiguo Puerto La Mar hoy es un montón de ruinas, cercanas a una caleta de pescadores.

Aguinaga contra el dictamen de la CC

28 de abril de 2023

            Publicado en diario Expreso el 28 de abril de 2023.

El dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional fue emitido el 7 de mayo de 2019 a petición del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Julio César Trujillo. Con este dictamen, la Corte Constitucional blindó lo actuado entre marzo y septiembre de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo, cuando evaluó y destituyó a las autoridades nombradas durante el gobierno de Rafael Correa. Estas destituciones incluyeron a los nueve jueces de la Corte Constitucional, cuya caída habilitó la integración de una nueva Corte Constitucional, que es la que emitió el dictamen No. 2-19-IC/19.  

En la jurisdicción ecuatoriana, este dictamen No. 2-19-IC/19 es interpretado como una barrera infranqueable para la revisión de lo decidido por el Consejo transitorio. Así se lo interpretó en la Acción de Protección que interpuso la destituida jueza de la Corte Constitucional, Marien Segura, resuelta el 10 de julio de 2019 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La Sala declaró que la acción constitucional de la exjueza era improcedente debido a la existencia del dictamen de la Corte Constitucional. Algunas otras autoridades destituidas han corrido una suerte similar.

Pero en la jurisdicción internacional el dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional será interpretado como un abuso, uno más de los tantos disparates del Estado ecuatoriano. Esto se infiere tras leer la sentencia del caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2023.

El contexto del caso Aguinaga Aillón es la destitución de un juez electoral resuelta por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, seguida de una resolución del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2004, por la que impidió a los jueces ecuatorianos conocer acciones para revisar lo decidido por el Congreso Nacional el 25 de noviembre. En esa misma resolución, el Congreso Nacional destituyó también a los integrantes del Tribunal Constitucional. La resolución del 2 de diciembre fue dictada por un nuevo Tribunal Constitucional que reemplazó al Tribunal Constitucional destituido por el Congreso Nacional.  

Así, el dictamen de la Corte Constitucional del 2019 es como la resolución del Tribunal Constitucional del 2004: cambian los nombres, algunas formas, pero en lo sustancial es la misma arbitrariedad. En ambos casos, un órgano de justicia constitucional impidió (por auto-interés) la revisión de lo actuado, en el 2019 por el Consejo transitorio, en el 2004 por el Congreso Nacional. En ambos casos, en la práctica, los jueces negaron las acciones que las autoridades destituidas presentaron para proteger sus derechos.

Tras constatar “la ausencia de un recurso judicial efectivo que le permitiera la posibilidad de protección de sus derechos violados”, la Corte Interamericana resolvió condenar al Estado del Ecuador por la violación del derecho a la protección judicial de Aguinaga Aillón. Y una tras otra, esa condena se reiterará en cada uno de los casos de las autoridades que destituyó el Consejo transitorio, si llegan a ser juzgados en la jurisdicción internacional. 

Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador

21 de abril de 2023

            Publicado en diario Expreso el 21 de abril de 2023.

El 15 de agosto de 1993, en Yaguachi, Ramón Carranza disparó contra Samuel Mariño y lo mató, en presencia de varias personas. En seguida, Carranza huyó a caballo. Unos días después, el sistema judicial se activó y ordenó su prisión preventiva. 

En noviembre de 1994, la policía capturó a Ramón Carranza. En un país que tiene tanto un sistema judicial ineficaz y corrupto como un sistema penitenciario corrupto e ineficaz, su caso terminó por alcanzar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la que se condenó al Estado. El caso se llamó Carranza Alarcón vs. Ecuador. 

En su sentencia del caso Carranza Alarcón vs. Ecuador, fechada el 3 de febrero de 2020, la Corte Interamericana declaró que fue arbitraria la orden de prisión preventiva dictada en contra de Carranza, debido a su fundamento en una norma jurídica que establecía la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos a partir del tipo de delito que se perseguía (el artículo 177 del antiguo Código Procesal Penal) y debido a la falta de motivación del juzgador (el juez se limitó a decir: “por considerar que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 177”). En esto, la Corte Interamericana ha sido muy clara: “cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (…) será arbitraria”.

Además, la Corte Interamericana advirtió que en este caso “la prisión preventiva duró lo mismo que el proceso penal, y concluyó con la sentencia condenatoria”, la que fue dictada en diciembre de 1998 (la prisión preventiva duró aproximadamente unos cuatro años). Esta prisión preventiva jamás fue revisada por las autoridades, a pesar de que Carranza así lo solicitó. Debido a estos antecedentes, la Corte Interamericana declaró que fue irrazonable la duración de la prisión preventiva, así como también declaró que fue arbitrario su mantenimiento, dada la falta de revisión por las autoridades.  

El proceso penal seguido en contra de Ramón Carranza se inició en agosto de 1993 y concluyó en diciembre de 1998. En el proceso internacional, el Estado del Ecuador indicó que este período debía ser considerado un plazo razonable. La Corte Interamericana opinó justo lo contrario y constató que “hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión”. Una demora tan prolongada no merecía considerarse como respetuosa de un plazo razonable para el juzgamiento de una persona.

Finalmente, la Corte Interamericana indicó que en razón de las arbitrariedades en el dictado y en el mantenimiento de la prisión preventiva en contra de Ramón Carranza se vulneró la presunción de inocencia: “la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se dictó la condena fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia”. 

El resultado del examen de la Corte Interamericana fue la condena del Estado del Ecuador por vulnerar los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales en perjuicio de Ramón Carranza. Y también: dibujar la cara deforme, hasta monstruosa, que tiene nuestra administración pública cuando asume su faceta represiva.

El precedente de Martínez Mera

14 de abril de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de abril de 2023.

En octubre de 1933, una crisis política se resolvió con la destitución del Presidente de la República por el Poder Legislativo. La víctima fue el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. 

La Constitución de 1929 es una anomalía en la trajinada historia constitucional del Estado del Ecuador, pues es la única Constitución que ha implementado en el país un sistema semi-parlamentario (el historiador Pareja Diezcanseco lo llamó “pseudoparlamentario”). Según esta Constitución de 1929, los congresistas tenían la inédita y asombrosa potestad de destituir en masa a los ministros del gobierno. Y por supuesto, también tenía la potestad de destituir al Presidente. 

Martínez Mera, elegido por la voluntad popular en las elecciones del 30 y 31 de octubre de 1932, se posesionó como Presidente de la República del Ecuador el 5 de diciembre de ese mismo año. En aquellos tiempos, el Congreso se reunía cada 10 de agosto. El Congreso del año 1933, apenas reunido, aprobó la siguiente moción: “El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación Ecuatoriana, y en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional”.

Y porque podía porque potestad tenía, el Congreso destituyó en masa a los ministros de Martínez Mera hasta por vicio: un total de siete ocasiones. Finalmente, el Congreso decidió enjuiciar a Martínez Mera. Su gran contradictor fue el Presidente de la Cámara de los Diputados, el novel político quiteño José María Velasco Ibarra, quien fue el encargado de fundamentar las acusaciones en su contra ante la Cámara del Senado. El 17 de octubre de 1933, el Senado dictó su veredicto y destituyó a Martínez Mera.

Pero en estos momentos, rige una Constitución distinta a la de 1929. En la actual Constitución de 2008 (entre el principio de la vigencia de una y de otra median 79 años y cinco Constituciones) se ha dispuesto una potestad para el Presidente de la República, sin limitación temporal para su uso cuando el Poder Legislativo cursa un proceso de juicio político en su contra. A esta potestad se la conoce como “muerte cruzada” y está reglada en el artículo 148 (en otras legislaciones, cuando se le inicia un juicio político, se prohíbe al Presidente el uso de esta potestad). 

La “muerte cruzada” implica la destitución inmediata de los asambleístas y un Presidente que se queda gobernando por unos meses más, sin mayores controles, hasta la celebración de unas nuevas elecciones. 

El uso de esta potestad le evitaría a Guillermo Lasso ser el segundo Presidente del Ecuador en ser destituido por un juicio político. En cambio, lo convertiría en el Presidente pionero en usar la “muerte cruzada”.

Otrosí: Si de esta potestad hubiera gozado Martínez Mera noventa años atrás, seguro que no habría sido el primer presidente (el único hasta ahora, y muy probablemente mientras subsista el artículo 148 de la Constitución) en haber sido destituido por un juicio político. 

Gorgas y la fiebre amarilla

7 de abril de 2023

Publicado en diario Expreso el viernes 7 de abril de 2023.

En 1898, los Estados Unidos de América entraron en guerra con el Reino de España por sus posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue una victoria fácil: más muertos en el ejército estadounidense causó la fiebre amarilla que el ejército rival. De resultas de esta estadística contundente, los Estados Unidos, mientras administraba Cuba, decidió controlar la fiebre amarilla en la ciudad de La Habana. El hombre que se encargó de ello fue el Jefe de la Oficina de Sanidad del Ejército de los Estados Unidos, William Crawford Gorgas. 

La receta para el éxito en el control de la fiebre amarilla fue poner en práctica las investigaciones del médico cubano Carlos Juan Finlay, quien en 1881 había presentado los resultados de su trabajo titulado “El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla” en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Así, la eliminación de los espacios de reproducción del mosquito aedes aegypti (en aquel entonces conocido como stegomyia fasciata) fue la receta que funcionó en La Habana desde 1901.

Y esa misma receta funcionó en Panamá desde 1905 (tarea que también estuvo a cargo de Gorgas y que posibilitó la construcción del canal), y en Santos, y en Nueva Orleáns, y en tantos otros lugares. El cubano Finlay tuvo razón (por muchos años en la comunidad científica lo trataron como loco, etiquetado “The mosquito man”). Para cuando en 1914 entró a operar el canal de Panamá, la única ciudad del mundo donde la fiebre amarilla todavía era una enfermedad endémica era el puerto de Guayaquil (etiquetado en documentos oficiales como “The pest-hole of the Pacific Ocean” -“El hoyo pestífero del Océano Pacífico”).

Gorgas participó también del control de la fiebre amarilla en Guayaquil, esta vez como parte de la Fundación Rockefeller y en funciones de carácter administrativo. Miembro de una comisión, Gorgas viajó a Guayaquil y Quito en 1916 para apreciar las condiciones de la endemia y obtener del gobierno ecuatoriano la aceptación para practicar el control de la fiebre amarilla. Gorgas fue nombrado el “Director Honorario” de este procedimiento, que empezó en noviembre de 1918 y concluyó en mayo de 1919. 

Para el cumplimiento de su propósito, la Fundación Rockefeller logró que se designe como funcionario del sistema de salud ecuatoriano al médico norteamericano Michael E. Connor, quien fue nombrado Subdirector General de Sanidad del Ecuador. El trabajo en el territorio (quien fuera nuestro Gorgas en La Habana) lo hizo Connor, a quien se lo recuerda como “Michael O’Connor” en una calle del Sur.  

Gorgas volvió a Guayaquil en abril de 1919 para observar los trabajos que se estaban realizando en la ciudad y en algunos poblados de sus alrededores. Por el trabajo de Gorgas, Connor y de tantos otros que participaron de la misión organizada por la Fundación Rockefeller, el Director General de Sanidad del Ecuador, León Becerra, declaró que Guayaquil había quedado libre de la fiebre amarilla desde el 22 de mayo de 1919.

Al año siguiente de este logro, un 3 de julio y en Londres, tras vivir una vida comprometida con el control de la fiebre amarilla, murió William Crawford Gorgas, a los 65 años. 

Guayaquil en serio

31 de marzo de 2023

            Publicado en diario Expreso el 31 de marzo de 2023.

Diez años atrás, Guayaquil estaba ya advertida. El año 2013, un estudio que se publicó en la revista Nature comparó las pérdidas económicas de las 136 ciudades costeras del mundo que superan el millón de habitantes y la ubicó a Guayaquil como la tercera ciudad (después de Cantón en la China y Nueva Orleáns en los Estados Unidos) cuya economía sufrirá en una mayor medida por las inundaciones producto del cambio climático. Con un escenario conservador de la elevación del nivel del mar (apenas 20 cms.), las pérdidas de Guayaquil para el año 2050 se calculan superiores a los 3.000 millones de dólares. 

Por supuesto, si se adoptan medidas adecuadas y eficaces, el daño económico a la ciudad se podría atenuar de manera significativa. Pero si no se adoptan medidas, el informe del 2013 indica que ello “resultaría en pérdidas inaceptablemente altas” para la ciudad.

Cuatro años después, la Corporación Andina de Fomento (CAF) publicó el informe “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil”. Este informe aterrizó las consecuencias de las inundaciones para la ciudad y encontró que existe en Guayaquil “un gran número de hot spots, es decir, complejos industriales, comerciales, educacionales y de salud, localizados en zonas a riesgo de inundación”. 

Para mitigar los daños, en este informe del 2017 los expertos le presentaron a las autoridades de Guayaquil una serie de medidas adecuadas y eficaces para enfrentar los efectos de las inundaciones (medidas para reforzar la capacidad adaptativa y medidas de adaptación verdes, híbridas y grises), con un nivel de detalle importante: la justificación de cada medida, su alcance, objetivos y finalidad, el potencial, los costos estimados y la duración prevista, además de un análisis de las oportunidades y barreras para su implementación.  

Pero pasaron seis años y dos administradores socialcristianos (Nebot y Viteri) y nada se hizo para cumplir con las medidas propuestas en el informe de los expertos de la CAF. 

Y peor que no haber hecho nada para adoptar las medidas de adaptación propuestas por los expertos de la CAF es que se haya implementado en Guayaquil, por tanto tiempo, el exacto contrario de lo que se debía hacer para prevenir las inundaciones. 

Por décadas, las administraciones municipales de Guayaquil (esto incluye, por supuesto, treinta años de socialcristianismo) han favorecido un crecimiento urbano horizontal, gris e impermeable, con tala del manglar y relleno de los esteros, sin árboles ni áreas verdes. Y esto fue así, claro, para beneficio del negocio de la construcción. Beneficio de unos pocos, perjuicios para la mayoría.

Una ciudad construida con este tamaño desprecio por la naturaleza hace que, cuando hay inundaciones, el agua se acumule y cause daño a las propiedades y a las personas. De no tomar medidas, estos daños serán cada vez más recurrentes e intensos. 

A punta de inconsciencia y codicia, Guayaquil es firme candidata a su auto-destrucción.

La nueva alcaldía de Aquiles Álvarez tiene la gran oportunidad de empezar a aplicar las recomendaciones de los expertos. Ha llegado el momento de tomar a Guayaquil en serio y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de la ciudad. 

El patrón de Lasso

24 de marzo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 24 de marzo de 2023.

La derrota que encajó el Presidente Lasso tras la consulta popular del 5 de febrero de 2023 siguió un patrón. Antes de la emergencia de Guillermo Lasso como representante de la derecha ecuatoriana en la Presidencia de la República, desde el retorno a la democracia en 1979, dos gobernantes de derecha, ya desgastados en su popularidad, hicieron una consulta al pueblo. Fueron Febres-Cordero y Durán Ballén. Ambos perdieron. Lasso es el tercero de esta lista. 

El primero de junio de 1986, a mitad del período de León Febres-Cordero, el Presidente le preguntó a sus mandantes lo siguiente: “Compatriota: ¿Quiere usted que los ciudadanos independientes tengan pleno derecho a ser elegidos sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno, confirmando así la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley?”. 

El asunto preguntado era un reclamo social de la época y fue redactado con un claro sesgo (“confirmando así la igualdad”). A pesar de ello, el Presidente Febres-Cordero sufrió una grosera derrota: el Sí obtuvo 781.409 votos (24.96%) mientras que el No obtuvo 1.779.697 votos (56.85%). 

El 26 de noviembre de 1995, a menos de un año de concluir el gobierno de Sixto Durán-Ballén, el Presidente le preguntó a sus mandantes sobre varios temas: descentralización, derecho a escoger el régimen de seguridad social, distribución equitativa de recursos, prohibición de paralizar servicios públicos, disolución constitucional del Congreso Nacional por el Presidente de la República, elecciones distritales y uninominales y período legislativo de cuatro años, elección del presidente del Congreso Nacional cada dos años, reestructuración de la Función Judicial, eliminación de privilegios en el sector público y creación del Tribunal Constitucional y su regulación. 

Fueron un total de once preguntas. En todas y cada una de ellas ganó el No. El Sí siempre se mantuvo en la franja del 30% de los votos, mientras que el No se mantuvo en la franja del 40% de los votos. Fue una derrota contundente.

Febres-Cordero y Durán-Ballén tenían una baja popularidad al momento de hacer las consultas populares en 1986 y 1995, que funcionaron como una evaluación al gobierno del Presidente postulante. Evaluación que perdieron.

Ese es el patrón que siguió la consulta popular de Guillermo Lasso el 5 de febrero de 2023. Un gobierno de derecha, con una baja popularidad (una encuesta comparativa publicada en estos días lo ubica a Guillermo Lasso como el Presidente peor evaluado de América latina, con el 17% de aceptación a su gestión), que convocó a una consulta popular para legitimar su actuación en el resto del período. Ocho preguntas el Presidente presentó, en todas las ocho preguntas perdió. Aunque muchas eran preguntas tentadoras: tal es el tamaño del desafecto popular a la gestión presidencial.

En el Ecuador, desde 1979, se han convocado un total de doce consultas populares. Éstas tres, de Febres-Cordero, Durán-Ballén y Lasso, son las únicas que el pueblo ha negado.

En el caso de Lasso, esta derrota lo coloca a él en la situación de gobernar por más de dos años, sin apoyo del arco político y sin respaldo popular. 

Una posición difícil de afrontar, más parecida a languidecer que a gobernar.

Urbina y Flores

17 de marzo de 2023

            Publicado en diario Expreso el 17 de marzo de 2023.

Cuando en 1830 se segregó el Distrito del Sur de la República de Colombia para conformar el Estado del Ecuador, su primer presidente, el general venezolano Juan José Flores, lo comisionó al teniente José María Urbina para justificar frente al general Simón Bolívar la novedad de la segregación del Sur. El Libertador respondió a Flores en una carta fechada 9 de noviembre de 1830, en la que insertó este vaticinio: “Esté V. cierto, mi querido General, que V. y esos Jefes del Norte van a ser echados de ese país”.

Casi quince años después, cuando el 6 de marzo de 1845 estalló en Guayaquil una revolución nacionalista para sacarlo a Flores de la Presidencia de la República que ejercía desde 1839, José María Urbina era coronel y Gobernador de la provincia de Manabí. Por el Pronunciamiento de Portoviejo del 17 de marzo de 1845, las fuerzas de Urbina plegaron a los revolucionarios. El 22 de marzo, lo recompensaron: Urbina fue ascendido a General. 

Urbina, el hombre que le había transmitido a Bolívar la decisión de independizar el Sur, contribuyó a que el vaticinio de Bolívar se cumpla. Flores abandonó el Ecuador el 24 de junio de 1845.

El resto de años que Urbina y Flores compartieron en el planeta (un total de 19), ellos fueron enemigos. Urbina justificó su golpe de Estado en 1851 contra el presidente Diego Noboa (ungido, a su vez, por otro golpe de Estado en 1850) en el supuesto floreanismo del  presidente. Urbina repelió con éxito a Flores en 1852, cuando Flores intentó una invasión por el Sur del Ecuador.

Pero finalmente Flores cumplió su anhelo de volver al Ecuador, cuando en 1860 lo convocó el guayaquileño Gabriel García Moreno para encabezar el ejército que debía eliminar a la facción guayaquileña de la disputa por el poder en una de las tantas guerras civiles de este país. 

Y la eliminó, y Flores se convirtió en el Presidente de la Asamblea Constitucional de 1861. Ella nombró Presidente a García Moreno y aprobó la séptima Constitución del Estado (que duró ocho años y un período completo de gobierno) y entonces se volteó la tortilla: ahora era Urbina el exiliado que quería invadir el Ecuador y era Flores quien lo repelía.

En septiembre de 1864, fuerzas de Urbina invadieron por el Sur y Flores, todavía jefe militar pero ya muy disminuido en su salud, salió a enfrentarlas. Fueron sus últimos arrestos. Flores murió el 1 de octubre de 1864, abordo del vapor Smirk, en los alrededores de la isla Puná. 

Urbina sobrevivió a Flores por muchos años. Y también pudo volver: tras el magnicidio de García Moreno en 1875, Urbina regresó al Ecuador a inicios de 1876 y luego apoyó el golpe de Estado del general Ignacio de Veintemilla, que empezó el 8 septiembre de 1876. Triunfó en la decisiva batalla de Galte y se convirtió en el Presidente de la Asamblea Constitucional de 1878. Ella nombró Presidente a Veintemilla y aprobó la novena Constitución (que duró seis años y un único período presidencial interrumpido por el auto-golpe de Estado del presidente). 

Urbina fue un aliado del gobierno de Veintemilla, pero tras ese auto-golpe de Estado en marzo de 1882, se desilusionó y se retiró de la cosa pública.

José María Urbina murió en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891.

Olmedo postrero

10 de marzo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 10 de marzo de 2023.

Antes de que exista el Estado del Ecuador, el guayaquileño José Joaquín de Olmedo había sido diputado constitucional en España en 1811-1812, en Perú en 1823, y en Guayaquil. En este último territorio, cuando se independizó de España en octubre de 1820, él fue su primer jefe civil de gobierno y (salvo por un breve paréntesis) gobernó el territorio como su máxima autoridad hasta que el militar venezolano Simón Bolívar, manu militari, sometió a Guayaquil al régimen colombiano en julio de 1822. 

Mientras gobernaba Guayaquil, el 18 de octubre de 1821, el líder civil Olmedo le escribió al militar venezolano Antonio José de Sucre, quien había sido el enviado por Simón Bolívar para lograr la independencia de los territorios del Sur de Colombia todavía sujetos a España: “Mis males crecen cada día, y ya necesito no sólo de reposo, sino de inacción por algunos meses para restablecerme. (…) Yo no he nacido para este puesto: el retiro, la soledad y la comunicación con las musas eran convenientes a mi genio y carácter; mandar, regir, moderar un pueblo y en revolución no es para mis fuerzas intelectuales y físicas”.

En 1830 y en Riobamba, Olmedo volvió a participar en una Asamblea que creó una Constitución. Olmedo fue diputado, parte de la comisión de redacción y Vicepresidente de esta Asamblea, que creó el Estado del Ecuador (Estado que, torpe e ilusoriamente, se quería confederado en la República de Colombia). En esta Asamblea, a Olmedo lo eligieron Vicepresidente del Estado. En 1831, Olmedo renunció a ese cargo. 

El desenlace de la batalla de Miñarica en enero de 1835 lo conminó a Olmedo a la poesía (con la composición de la “Oda a Miñarica” en homenaje al militar venezolano Juan José Flores) y a participar en una Asamblea que creó una Constitución, esta vez en Ambato. Olmedo fue designado Presidente de esta Asamblea. Ella redactó la Constitución que creó la República del Ecuador (ya sin la torpeza de pensarse como parte de una ilusoria República de Colombia) y nombró como primer Presidente de la naciente República al guayaquileño Vicente Rocafuerte.

En marzo de 1845, una revolución que se gestó en Guayaquil lo tuvo a Olmedo como triunviro de un gobierno provisional, que gobernó el Ecuador en conflicto con el Presidente Juan José Flores hasta que se concretó la salida de Flores del país, en junio de ese año. Este triunvirato gobernó hasta la entrega del poder en diciembre de 1845 a una Asamblea reunida en Cuenca. 

Olmedo fue entonces, por última vez, diputado a una Asamblea que creó una Constitución. Para esta época, José Joaquín de Olmedo estaba desencantado de la política ecuatoriana, pues se preguntaba con desdén en carta dirigida a un pariente: “¿Qué significarán estos nombres, patria, libertad, derechos del pueblo, convención, etc.?”.

Y unos días antes de morir, en carta del 31 de enero de 1847 dirigida a Andrés Bello, Olmedo le manifestó una crítica acerba sobre Simón Bolívar, quien había ocupado Guayaquil en 1822. De Bolívar, él dijo, “nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones”.

En esos días postreros debió pensar Olmedo que el joven Ecuador ejemplarizaba todos esos desastres. Murió casi enseguida, el 19 de febrero.  

La loca historia de Valdivieso

3 de marzo de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de marzo de 2023.

El perdedor en la batalla de Miñarica que saldó la primera guerra civil ecuatoriana fue el jefe supremo José Félix Valdivieso. Diez años después, Valdivieso volvió a perder.

Mientras fuimos el Estado del Ecuador, durante la primera presidencia de Juan José Flores (1830-1834), José Félix Valdivieso empezó siendo el “Ministro de Estado” del Ecuador, el único ministro a cargo de un despacho dividido en dos secciones: de gobierno interior y exterior, y de hacienda. Valdivieso terminó desafiando la presidencia de Flores, tras declararse jefe supremo del Ecuador en Ibarra el 12 de junio de 1834. En Quito se lo declaró jefe supremo el 13 de julio, y en Cuenca el 25 de agosto. Cuando el Presidente Flores concluyó su período de gobierno el 10 de septiembre de 1834, sólo gobernaba en parte de la provincia de Guayaquil.

Guayaquil no más: Flores se alió con el guayaquileño Vicente Rocafuerte para enfrentar a Valdivieso. Todavía era Flores el Presidente cuando firmó con Rocafuerte un convenio, por el que se comprometieron a convocar una Asamblea Constitucional para reorganizar el Ecuador. Cuando concluyó su presidencia, Flores reconoció a Rocafuerte como jefe supremo de Guayaquil y pasó a ser el jefe de su ejército. 

Ocurrió que se enfrentaron los ejércitos de los jefes supremos en Miñarica, el 19 de enero de 1835. El ejército de Rocafuerte, comandado por Flores, triunfó. Se formó la Asamblea Constitucional, se adoptó una nueva Constitución, se creó la República del Ecuador y Rocafuerte pasó a ser su primer Presidente. Valdivieso, perdedor, salió al exilio.

Durante la presidencia de Rocafuerte (1835-1839) se le admitió a Valdivieso la entrada al Ecuador en 1837 pero de inmediato se lo expulsó por haber participado en otra intentona subversiva. 

En la segunda presidencia de Flores (1839-1843) Valdivieso volvió a la administración pública. En 1841 fue Presidente de la Cámara del Senado y a fines de ese mismo año fue el delegado para obtener un acuerdo de límites con el Perú. En 1843 fue Vicepresidente de la Asamblea Constitucional que reeligió a Flores y parte de la comisión de redacción que diseñó la “Carta de la Esclavitud”, que le permitía a Flores gobernar hasta 1851. Como ningún Congreso se había reunido desde 1841, en 1845 Valdivieso era la última persona que había ocupado la presidencia de la Cámara del Senado.

El 6 de marzo de 1845, en Guayaquil prendió la “revolución marcista”, hecha para terminar con la tercera presidencia de Flores. 

Por ley, la máxima autoridad del Estado debía residir en Quito. El Presidente Flores estaba en la Costa, luchando contra los revolucionarios, y el Vicepresidente Francisco de Marcos estaba también en Guayaquil, su ciudad natal. Por una disposición de la Constitución que él contribuyó a diseñar, le correspondía al último Presidente de la Cámara del Senado ejercer el poder ejecutivo. Así, a Valdivieso le cupo resistir en Quito los embates de la revolución, que finalmente triunfó. Flores abandonó el Ecuador el 24 de junio de 1845.

Diez años antes Valdivieso había desafiado la Presidencia de Flores, y perdió. En 1845, le tocó defender la Presidencia de Flores. Volvió a perder.

Valdivieso, en lados contradictorios, siempre perdedor.  

Trámite y traición

24 de febrero de 2023

            Publicado en diario Expreso el 24 de febrero de 2023.

La creación del Estado del Ecuador fue un trámite, empezado en Quito. En mayo de 1830, el prefecto de uno de los tres distritos que componían la República de Colombia, el general venezolano Juan José Flores, aceptó la invitación de los notables del departamento del Ecuador (la antigua provincia española de Quito) para segregar este departamento de la República de Colombia.

El departamento del Ecuador era uno de los tres departamentos que componían el distrito que gobernaba el general Flores. Los otros dos departamentos, Guayaquil y Azuay (las antiguas provincias españolas de Guayaquil y Cuenca), también se segregaron de Colombia por la expresión de sus notables y se sumaron al departamento del Ecuador para constituir un nuevo Estado, que se llamó “Estado del Ecuador en la República de Colombia”, pues este nuevo Estado pensaba confederarse con los otros dos distritos (que hoy son Colombia y Venezuela) para conformar una República de Colombia.

Como el distrito segregado era el Distrito Sur de Colombia, a los venezolanos que impulsaron el trámite para la creación del nuevo Estado se les ocurrió que, por el verano de 1830, el territorio segregado se iba a llamar “Estado del Sur”. 

Las primeras autoridades de este “Estado del Sur” fueron dos venezolanos: el Jefe de la Administración del Estado del Sur, Juan José Flores, y Esteban Febres-Cordero. El primer decreto de Juan José Flores como Jefe de la Administración fue designar a su coterráneo Febres-Cordero como Secretario General. El segundo decreto, firmado por ambos, fue convocar a los ciudadanos “del Sur” a reunirse en Riobamba. La elección de esta ciudad fue una opción lógica dada su aproximada equidistancia a las capitales de los departamentos que iban a componer el nuevo Estado. 

El trámite siguió. La Convención reunida en Riobamba debió empezar sus sesiones el 10 de agosto, pero los diputados llegaron tarde. Se instalaron el 14 de agosto de 1830: en 45 días produjeron una Constitución, 15 leyes, 22 decretos y designaron como primer Presidente del Estado del Ecuador a quien había aprobado el inicio de este trámite de estatalidad, el venezolano Juan José Flores.

Un trámite nos hizo un Estado, pero la traición nos forjó como República. La Constitución de 1830 reconocía en sus artículos 38 al 41 la existencia de un único “Ministerio de Estado”. El Presidente Flores nombró como ese único Ministro a un hombre nacido en territorio ecuatoriano: el lojano José Félix Valdivieso.

Así, desde septiembre de 1830 empezó a operar el Estado del Ecuador, con Flores y Valdivieso a la cabeza del Estado. Para 1834, Valdivieso se había declarado Jefe Supremo del Ecuador, desafiando la Presidencia de Flores que él antes había servido. Esta situación derivó en la primera guerra civil ecuatoriana, resuelta el 19 de enero de 1835 en la batalla de Miñarica con la derrota del ejército del Jefe Supremo Valdivieso. 

De la derrota en la guerra civil de este funcionario traidor que trató de tumbar al Presidente al que sirvió y tras una Asamblea Constitucional reunida en Ambato, en agosto de 1835, surgió la República del Ecuador. Al fin, afirmando su estatalidad, ya sin la tara de creerse parte de una ilusoria República de Colombia.

La Corte omite y tropieza

17 de febrero de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 17 de febrero de 2023.

La nueva Corte Constitucional emitió en mayo de 2019 el dictamen No 2-19-IC/19 con el que blindó la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo. Esta columna demostrará que el citado dictamen viola el derecho a la motivación por omitir el análisis sobre si sus evaluaciones y destituciones cumplieron con el debido proceso y viola el derecho a la imparcialidad porque con su dictamen la Corte defendió un interés propio. 

La actuación del Consejo Transitorio se basó en la pregunta 3 y su anexo, aprobados en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. Lo que la voluntad popular autorizó aquel día fue la organización de un proceso de evaluación de autoridades “garantizando el debido proceso”. Entonces, el dictamen de la Corte Constitucional debió analizar si la actuación del Consejo Transitorio garantizó o no el debido proceso de las personas evaluadas. 

La Corte Constitucional no lo hizo, a pesar de que en el citado dictamen indicó que uno de los “criterios impuestos al órgano transitorio para su producción normativa” era “garantizar el debido proceso” (Párr. 49). La producción normativa del Consejo Transitorio se concretó en el “Mandato de evaluación” del 28 de marzo de 2018. 

Varios artículos de este “Mandato” vulneraron derechos, si contrastados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: por no permitir que se conozcan las acusaciones de manera oportuna y completa (Art. 3, 1er. inciso), se vulneró la garantía de recibir una comunicación previa y detallada de la acusación (v. Caso Barreto Leiva); por el carácter reservado de la investigación (Art. 3, 3er. inciso), se vulneró el derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la defensa (v. Caso Palamara Iribarne); por el  diseño del recurso de revisión (Arts. 9 al 12), se vulneró el derecho de recurrir del fallo (v. Caso Amrhein y otros). 

Este “Mandato”, por ser posterior a los hechos, impreciso y sin reserva de ley, violó los principios de legalidad (v. Caso Kimel) y de retroactividad (v. Caso Maldonado Ordóñez). 

Entonces, por omitir el análisis sobre si el “Mandato” cumplía el debido proceso, el dictamen de la Corte Constitucional violó el derecho a la motivación.

Para la consideración de que el dictamen de la Corte Constitucional viola el derecho a la imparcialidad el precedente es un caso ecuatoriano resuelto por la Corte Interamericana en agosto de 2013 (Caso del Tribunal Constitucional). En este caso, la Corte Interamericana consideró que si un nuevo Tribunal Constitucional resuelve que no se puede discutir la destitución de los jueces del anterior Tribunal Constitucional, ello sería un acto hecho en interés propio, por ende, que no reviste “garantías suficientes de imparcialidad” (Párr. 235).

Pues esto mismo ocurrió con el Consejo Transitorio: este órgano destituyó a los anteriores jueces de la Corte Constitucional, y el blindaje a su actuación hecho por la nueva Corte Constitucional fue hecho en interés propio (lo que da sentido a la omisión ya explicada). 

El que se repita esta violación del derecho a la imparcialidad demuestra que el Estado ecuatoriano es aquel animal que puede tropezar una, dos veces (cientos de veces), con la misma piedra.

Colindres contra el Consejo Transitorio

10 de febrero de 2023

            Publicado en diario Expreso el 10 de febrero de 2023.

Para resolver los casos que llegan a su conocimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respeta los precedentes de su propia jurisprudencia. Por ello, es importante que se conozca su caso Colindres Schonenberg vs. El Salvador, resuelto el 4 de febrero de 2019. Es un precedente importante para los futuros casos que conocerá la Corte Interamericana en contra del Estado del Ecuador por la actuación del Consejo Transitorio presidido por el finado Julio César Trujillo.

En el caso Colindres Schonenberg, la Corte Interamericana conoció acerca de la destitución de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg. Según los representantes del Estado de El Salvador en este proceso internacional, una autoridad legítima de su país (la Asamblea Nacional) con la facultad para destituir a Colindres, tras respetar el debido proceso, resolvió su destitución. Según los representantes del Estado salvadoreño, la actuación de su autoridad legítima era irreprochable.   

En los casos que conocerá la Corte Interamericana por la actuación del Consejo Transitorio, seguramente los representantes del Estado del Ecuador tratarán de hacer este mismo tipo de defensa: dirán que el Consejo Transitorio era una autoridad legítima, creada por la voluntad popular, cuya actuación resulta irreprochable por decisión de la Corte Constitucional. 

En el caso Colindres Schonenberg la Asamblea Nacional de El Salvador creó una comisión ad hoc que evaluó la permanencia de Colindres de acuerdo con normas que se dictaron con posterioridad a los hechos que cometió Colindres. Esto es exactamente lo que ocurrió en el Ecuador, salvo que en el Ecuador no se evaluó y destituyó a una sino a un total de 28 autoridades.

Sobre estas prácticas, la Corte Interamericana consideró: “las personas tienen derecho a ser juzgadas con arreglo a procedimientos previos y legalmente establecidos, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”. Si se incurre en ello, el Estado será responsable por violar el derecho de toda persona a ser juzgados por un juez competente. 

Para la Corte Interamericana, toda vez que se prueba que los juzgadores de las autoridades son incompetentes y que las normas para su juzgamiento son posteriores a los hechos que se les imputan, ya es innecesario analizar las demás violaciones a las garantías procesales. Para la Corte Interamericana, la violación del derecho a ser juzgado por un juez competente convierte a todo el proceso llevado a cabo en contra de las autoridades en el “fruto de un árbol envenenado”, sea dicho con las palabras del Juez Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana entre los años 2004 y 2007.

La Corte Interamericana podría encontrar muchas otras violaciones a las garantías del debido proceso en la actuación del Consejo Transitorio. Pero basta que se identifique a este Consejo como un juzgador no competente, para que el Estado del Ecuador pierda todos los casos que se presenten en su contra por las evaluaciones y destituciones que hizo. 

Es sólo cuestión de tiempo.

La tristeza socialcristiana

3 de febrero de 2023

            Publicado en diario Expreso el viernes 3 de febrero de 2023.

Gane o pierda en las elecciones para la alcaldía de Guayaquil este 5 de febrero, el PSC tiene que admitir la derrota de su modelo de desarrollo. Después de más de 30 años de manejar el poder de manera casi omnímoda en Guayaquil, el resultado ha sido una ciudad donde la vida es mucho menos una cosa de dignidad como lo es de supervivencia, donde la violencia campea, el tráfico desespera y la existencia de las personas tiene precio. Este desastre, consecuencia de un modelo de desarrollo impuesto por tres décadas, ya no puede ser asociado con el éxito. Es un rotundo fracaso.  

Y no cabe excusar el fracaso en el gobierno central. No porque el gobierno central haga algo (no hace nada, o al menos, nada bien) si no porque, si bien el gobierno municipal no tiene competencia en seguridad, sí que tiene las competencias para hacer de Guayaquil una ciudad segura. Una ciudad segura tiene una atención digna de las obras y los servicios, que deben llegar a todos los sectores de la población con independencia de su condición económica. Una ciudad segura tiene una provisión adecuada de áreas verdes y de espacios públicos inclusivos y apropiados por los ciudadanos (todas estas son obligaciones de una alcaldía según el COOTAD). Una ciudad es segura cuando ocurre que la ciudadanía la siente como propia, pues así la cuida y la quiere. 

Pero el modelo de desarrollo que se impuso en Guayaquil por tres décadas ha favorecido un crecimiento urbano de cemento y adoquín, de rejas y espacios cerrados, en los que se ha diferenciado la dotación de las obras y los servicios según la condición económica de sus beneficiarios. Una ciudad excluyente y gris, un paciente cultivo de 30 años para producir el desastre actual: una ciudad ajena a sus habitantes, que la miramos con recelo.

Entonces, Guayaquil no es una ciudad segura porque su modelo de desarrollo marca PSC la ha llevado a otra parte.

Si pierde el PSC en las elecciones 2023 concluirá una era. Si gana el PSC, languidecerá en lo que resta de ella. Porque no sólo que el modelo del PSC ha sido perjudicial para Guayaquil (pues la ha llevado a contramano de ser una ciudad segura) sino que hoy lo encarna su versión más insustancial y caricaturesca de un líder socialcristiano, una alcaldesa que no apela a ideales porque ha descendido al recurso roldosista de las dádivas en forma de pollos y cervezas. 

Una alcaldesa a quien la ciudad se le descalabró, a quien se le murieron por miles durante la pandemia y a quien se le mueren por miles debido a la violencia desbordada, pero que crea un personaje para un juego en línea titulado “Guayakill” (esto parece el sub-producto de un psicotrópico). Ese “kill” es su gran contribución a la historia de Guayaquil. Viteri es una asesina serial de las posibilidades de desarrollo de esta ciudad.

Ya estamos en el momento en que se debe admitir que la reelección de la alcaldesa Viteri resulta una garantía de que las cosas irán para peor.

Y que gane o pierda en las elecciones del 5 de febrero, el socialcristiano debería estar triste, tristísimo. Su proyecto de ciudad no sirvió para un carajo: 30 años después en Guayaquil se vive tan mal, y muchos dirán que peor, comparado a como se vivía a principios de los años noventa.