190 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 22 de agosto de 2025.

El 13 de agosto que acaba de pasar cumplió 190 años de haber sido fundada, formalmente y en Ambato, la República del Ecuador. Porque el Ecuador, como Estado, había aparecido en el concierto de las naciones en septiembre de 1830 por la separación del Distrito del Sur de la República de Colombia, pero su ambición no fue ser un Estado independiente, sino ser parte de una confederación con el resto de los integrantes de la República de Colombia. 

Lo que el Ecuador propuso en su texto constitucional de 1830 fue un cambio de estatus. Seguiría existiendo la República de Colombia, pero en vez de ser una República centralista, ella sería una República confederativa. Es decir, los Distritos que hubo en la República de Colombia pasarían a ser unos Estados confederados. El artículo 2 explicita su intención: “El Estado del Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una sola Nación con el nombre de República de Colombia.” 

Su artículo 5 revela la subordinación de la Constitución del Ecuador: “Los artículos de esta carta constitucional que resultaren en oposición con el pacto de unión y fraternidad que ha de celebrarse con los demás Estados de Colombia, quedarán derogados para siempre.” Y el artículo 3 establecía el procedimiento para alcanzar ese pacto de unión: “El Estado del Ecuador concurrirá con igual representación a la formación de un Colegio de Plenipotenciarios de todos los Estados, cuyo objeto sea establecer el Gobierno general de la Nación y sus atribuciones, y fijar por una ley fundamental los límites, mutuas obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la unión.”

A nadie le interesó la propuesta del naciente Ecuador y, en realidad, les debió parecer muy extraño que un país pequeño y poco poblado quiera participar “con igual representación” en la discusión sobre la ley fundamental para regular las relaciones entre los tres Estados de esta hipotética Colombia. La reunión de este Colegio de Plenipotenciarios jamás ocurrió.

Lo que sí ocurrió en 1832 fue la derrota del Ecuador en la guerra contra la República de la Nueva Granada (el nuevo nombre de Colombia desde 1831) y en 1834 una reunión que convocó a los plenipotenciarios de los Estados del Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, pero no para el propósito que decía la Constitución del Ecuador, sino para discutir sobre el reparto de la deuda de la independencia contraída con acreedores del Reino Unido. A esta reunión no acudió el representante del Ecuador, porque estábamos en medio de una guerra civil. Nos clavaron, entonces, un porcentaje desproporcionado de la deuda, que se pagó finalmente en los setenta del siglo pasado.

De esa guerra civil de 1834-1835 surgió la República del Ecuador. Entre el Ecuador de 1830 y el de 1835 mediaban la derrota en una guerra y una deuda desproporcionada. Pero al menos este Ecuador de 1835 se proclamaba a sí mismo un Estado independiente y republicano. El artículo 1 de su nueva Constitución decía: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”.

Somos una República desde hace 190 años. Se lo debió celebrar, pero a nadie le importó. Ecuatorianidades.

La sinceridad de la policía

Los otros días hubo reunión del Consejo de mi barrio y acudió un policía a explicar la situación. Era nuevo, porque siempre los rotan (los que se van, ni se despiden de la comunidad a la que se supone que sirvieron -aunque no sirvieron casi para nada). Él nos dijo, en resumen, tres cosas: 1) no tienen recursos para realizar su gestión; 2) no tienen coordinación en el ejercicio su gestión (con ejemplos de risa); 3) no tienen estabilidad para el desempeño de su gestión, porque siempre los rotan. 

Así las cosas, llamarlos Fuerza Pública es inapropiado. Debería ser “Debilidad Pública”.

Por un momento, pensé agradecerle la sinceridad al amigo interandino, pero él se encaminó presuroso a sus naderías y lo dejé ir. De todas maneras, hacerle una crítica no iba a cumplir ningún propósito útil, porque es claro que él no tenía ningún poder (tal vez ninguna voluntad) de cambiar el estado de cosas. Si el comandante le decía dos días después que él se debía ir a Puyo o a la verch, eso es lo que él iba a hacer. Así funciona la “Debilidad Pública”, nunca cuestionas hacia arriba. Y como digo, el fulano al menos fue sincero. 

Si algo, la policía también es muy sincera: en su escudo institucional figura un tipo con un taparrabos. Y eso traduce muy bien (tremendamente bien) el nivel de protección que uno recibe de ellos.

El "Libro Verde"

            Publicado en diario Expreso el viernes 15 de agosto de 2025.

Un día como hoy, hace 491 años, un mariscal, hombre analfabeto y tuerto, de nombre Diego de Almagro, fundó la ciudad de Santiago de Quito en el valle de Cicalpa (hoy, Sierra central del Ecuador). Trece días después, ese mismo hombre fue el fundador de la villa de San Francisco de Quito, en el mismo lugar. La historia de estas fundaciones se cuenta en el “Libro Verde”, conservado en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito (también accesible en su página web), que contiene las actas de fundación de Guayaquil y de Quito, ciudades (Quito lo es desde 1541) que comparten un mismo lugar de fundación y un mismo fundador.

También comparten el hecho de haber sido unas fundaciones provisionales. En el acta de fundación de Santiago de Quito (documento 6 del “Libro Verde”) se prevé que Santiago “se pueda mudar porque al presente, a causa de ser la tierra nuevamente conquistada y andar acabándola de pacificar, no se ha visto, ni tiene experiencia de los sitios donde mejor pueda estar”. El acta de fundación de San Francisco de Quito (documento 10 del “Libro Verde”) es más específica, porque hace referencia a un pueblo “que en lengua de indios, [ahora] se llama Quito, que estará treinta leguas, poco más o menos, de esta ciudad de Santiago”. Y allá se asentó la villa de una manera definitiva el 6 de diciembre de 1534. 

Diego de Almagro fundó la ciudad y la villa en nombre del gobernador y adelantado Francisco Pizarro. Consta en el documento 13 del “Libro Verde” que Francisco Pizarro aprobó el 22 de enero de 1535 lo realizado por Diego de Almagro en dos pueblos, “el uno, la ciudad de Santiago y el otro, la villa de San Francisco”, de los que tuvo “por bien de confirmar y aprobar lo que el dicho Mariscal, por virtud del dicho mi poder, hizo y proveyó en la provincia de Quito, y por la presente, en nombre de su Majestad, lo confirmo y apruebo”.

La ciudad y la villa subsistieron y ambas se mudaron del lugar de su fundación. San Francisco de Quito acudió a su destino inscrito en el acta de su fundación. Santiago de Quito empezó a peregrinar por la costa, perdió el topónimo “de Quito” y se terminó por asentar el año 1547 en un cerro que mira a un ancho río, adoptando otro topónimo (“de Guayaquil”) para acompañar a su Santiago castellano.  

Difieren Santiago de Quito y San Francisco de Quito en su relación con el momento de la negociación entre Diego de Almagro y el adelantado Pedro de Alvarado. Santiago de Quito es anterior a esta negociación que ocurrió el 26 de agosto de 1534, mientras que San Francisco de Quito es posterior. 

Esta diferencia es importante. Diego de Almagro fundó Santiago de Quito, en palabras de González Suárez, como un testimonio de “la anticipada posesión de la tierra en donde se había introducido tan incautamente el Adelantado”, es decir, como un arma ante la inminente negociación con Alvarado (en el “Libro Verde” constan los cabildos celebrados en la ciudad de Santiago de Quito para dilucidar cómo enfrentarlo a Alvarado). Almagro triunfó en la negociación del 26 de agosto y la fundación de San Francisco de Quito es el producto de su éxito. 

Este “Libro Verde” es clave para comprender el origen de las dos ciudades más importantes del Ecuador.

Sueños en el Ecuador

Si tu sueño es cambiar la política del Ecuador, este no es un país para soñadores. El sistema del Ecuador está podrido, tanto que…

… si tu sueño es triunfar en negocios ilícitos al amparo del sistema político, el Ecuador es una tierra promisoria y de oportunidades, pero…

… el sueño que mejor cobija este terruño es escapar a los lugares que permitan soñar en paz. 

Tres razones para no celebrar el 10 de agosto

La primera: porque fue un hecho provinciano. El 10 de agosto de 1809 es un acontecimiento que enfrentó a la provincia de Quito con sus provincias vecinas en una breve guerra civil entre aquel día y el 24 de octubre de 1809. A lo sumo, podría ser el festejo de una provincia o región (la Sierra Centro-Norte), pero para las otras provincias (Guayaquil y Cuenca) que la guerrearon a Quito no tiene lógica que festejen lo que antes combatieron. 

La segunda: porque fue un fracaso. En esta guerra civil que enfrentó a Quito con sus provincias vecinas, Quito perdió muy pronto. El 24 de octubre del mismo 1809 se devolvió el poder a quien se lo habían usurpado. Por eso es que le dicen “grito”, porque no se consiguió nada. Tras una segunda Junta y después del fusilamiento de los últimos insurgentes quiteños en diciembre de 1812, Quito se fue a dormir: “quedaron postrados, desangrados y sometidos al más riguroso dominio español; sin maneras ya de sacudirse de él por sí mismos, sino esperando en la ayuda de alguien que los rescatara.”, decía de los quiteños uno de los cronistas de Quito, Luciano Andrade Marín. Y la despertaron (la dieron despertando) en 1822.

La tercera: porque no fue de independencia. Se ha querido posicionar como una lucha contra el Reino de España lo que realmente fue una lucha contra la Francia de Napoleón Bonaparte en defensa del Reino de España. En definitiva, fue una revuelta por la autonomía: lo que las élites quiteñas quisieron fue el autogobierno del territorio de su audiencia, con Quito a la cabeza. Esto fue lo que no aceptaron las provincias vecinas (Guayaquil y Cuenca, además Popayán) y por eso la guerrearon y la vencieron.

Corolario: Se festeja como el día de la independencia del Ecuador, un hecho que no es ni nacional, ni exitoso, ni tan siquiera independentista. Si uno se detiene a pensarlo, es realmente muy estúpido. Ya es hora de dejar de creer en fábulas custodiadas por el sopor y el torpor de la muy quiteña Academia Nacional de Historia.

Una defensa del antiguo régimen

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de agosto de 2025.

El 10 de agosto de 1809 se constituyó la Junta Suprema de Quito, como se indicó en el acta suscrita ese día, con el objeto de gobernar de forma interina “a nombre, y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor Don Fernando Séptimo”. Y se tomaron muy en serio su relación con el rey español: “La Junta como representante del Monarca, tendrá el tratamiento de Majestad: su presidente de Alteza Serenísima, y sus vocales el de Excelencia, menos el Secretario Particular, a quien se le dará el de Señoría”. Era la concreción de una jerarquía de antiguo régimen.

Para el historiador Antonio Annino, el proceso de las independencias en América es “un proceso global que empieza con la irrupción de la modernidad en una monarquía de antiguo régimen, y va a desembocar en la desintegración de ese conjunto político en múltiples Estados soberanos, uno de los cuales será la misma España”. A la luz de esta idea, el 10 de agosto de 1809 constituye un acto de resistencia del antiguo régimen frente a la irrupción de la Francia napoleónica en la España peninsular. 

Esto se entiende mejor con la lectura de la “¨Proclama a los pueblos de América” del 16 de agosto de 1809, escrita por el Ministro de Gracia y Justicia de la Junta Suprema, Manuel Rodríguez de Quiroga. En este documento se afirmó que, en Quito, “donde en dulce unión hay confraternidad, tienen ya su trono la paz y la justicia: no resuenan más que los tiernos y sagrados nombres de Dios, el rey y la patria”. Allí se singularizó el enemigo que la América española debía combatir, que no era otro que “el sanguinario tirano de Europa” (Napoleón Bonaparte), de quien la proclama decía, en tono altivo: “Quito insulta y desprecia su poder usurpado. Que pase los mares, si fuese capaz de tanto: aquí le espera un pueblo lleno de religión, de valor y de energía”. 

Esta proclama concluyó con una petición a los pueblos de América, a fin de conspirar “unánimemente al individuo objeto de morir por Dios, por el Rey y la patria. Esta es nuestra divisa, esta será también la gloriosa herencia que dejemos a nuestra posteridad”. En este discurso de Rodríguez de Quiroga, es claro que el concepto de “patria” hace referencia al Reino de España.

La posteridad, sin embargo, no ha reconocido esta voluntad de defensa del antiguo régimen del episodio autonomista que se abrió el 10 de agosto de 1809 y concluyó el 24 de octubre del mismo año. Reconoce exactamente lo opuesto: de una defensa del Reino de España, el episodio se ha convertido en un ataque al Reino de España, hasta el extremo de considerarlo el punto de partida del proceso de independencia. Ni el acta del 10, ni la proclama del 16, autorizan esta interpretación. 

Esta conversión del episodio del 10 de agosto en parte del proceso de independencia es un hecho posterior y se enmarca, en palabras de Antonio Annino, en el “exitoso paradigma de unas ‘naciones’ oprimidas que se liberaron de una ‘tiranía’ de una metrópoli colonialista”. Este paradigma fue fruto de “los imaginarios liberales del siglo XIX y de los nacionalistas del XX” que produjeron las convenientes historias patrias u oficiales de los países de la América hispana. Y el Ecuador, por supuesto, no fue una excepción. 

Benjamín a través de los años

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de agosto de 2025.

El lojano Benjamín Carrión (1897-1979) es la figura señera del pensamiento ecuatoriano en el siglo XX, que vivió lo suficiente para decepcionarse de su pueblo.

Benjamín Carrión era un hombre esperanzado: escribió numerosos libros sobre el Ecuador (ensayos, biografías, antologías de poesía), fue periodista, diplomático y político (ministro y legislador, candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Antonio Parra Velasco), fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sostenía que un país pequeño como el Ecuador debía aspirar a ser “una gran potencia de la cultura, porque a eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia”.

Durante los años 1941-1943 Benjamín Carrión escribió en un extinto diario de Quito (“El día”) unas cartas dirigidas al Ecuador. Por aquellos años gobernaba este país el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río y en enero de 1942 había sido firmado el Protocolo de Río de Janeiro. En el prólogo del libro que recopiló estas cartas, titulado justamente “Cartas al Ecuador”, un indignado Benjamín Carrión advierte que sus cartas tienen por destinatario un país “adormecido por todas las falacias” y presa de un secretismo con el que “se encubrió la mediocridad, la pereza, la inepcia”. Estas citas corresponden a su décimo segunda carta, que llevó por título “Sobre la vocación nacional: Inclinaciones morales del hombre ecuatoriano”. 

La indignación de Benjamín Carrión era contra los políticos del Ecuador: por un lado, él identificaba al “buen pueblo nuestro –el más resignado, el más manso de los pueblos del mundo-”; y por el otro, a “los ladrones, traidores, ineptos o farsantes que han acaparado el poder y el presupuesto en diversos períodos de nuestra historia”. El propósito de Carrión al publicar esta recopilación de las cartas al Ecuador era “mostrar al pueblo el horror de su envilecimiento y su miseria; la lepra no se cura escondiéndola con guante blanco”. Esta frase (original del escritor peruano Manuel González Prada) fue el epígrafe de su libro.

El argumento de Benjamín Carrión era de una simplicidad dórica: el pueblo ecuatoriano se esforzaba, luchaba, y en muchas ocasiones hasta triunfaba, pero finalmente se terminaban por imponer “los ladrones, traidores, ineptos o farsantes” que son unos cuantos que conformaban “la intriga de camarilla o de trinca”. En definitiva, el pueblo ecuatoriano era un pueblo heroico, unos muchos bondadosos que sufrían siempre la frustración de sus triunfos por la perversidad de unos pocos.

Benjamín Carrión publicó una segunda serie de cartas con el título “Nuevas cartas al Ecuador” entre 1956 y 1960, durante el gobierno de Camilo Ponce. Carrión intentó la publicación de una tercera serie, pero se lo impidió la muerte en 1979. 

Sin embargo, el tono de su prólogo para esta tercera serie deja muy en claro el desengaño sufrido por Benjamín Carrión de ese pueblo ecuatoriano que él había idealizado en sus cartas de los años cuarenta. En el prólogo, Carrión hablaba de este país “de mestizaje inconcluso y honda desconfianza mutua” y hacía una lapidaria descripción de los ecuatorianos: “ociositos y tristes, eso es lo que somos”.

Benjamín Carrión, al final de sus días, decepcionado por sus compatriotas.

El MAATE sin vergüenza

Caso "construcción del paso a desnivel de Los Ceibos": entre el 10 y el 23 de julio de 2025, el Ministerio del Ambiente ha cambiado sus alegaciones.

Lo que alegó antes: El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), en el oficio del 10 de julio en que le dispuso a la Prefectura del Guayas que dicte la medida provisional preventiva de suspensión de la construcción del paso a desnivel, afirmó que “en los últimos días se han presentado varias denuncias ciudadanas, las que han sido difundidas ampliamente a través de las redes sociales y por los medios de comunicación social. En estas denuncias, los ciudadanos que (sic) se han expresado muy preocupados y de forma constante, respecto a los probables impactos ambientales negativos que se podrían originar por la construcción del proyecto en cuestión”.

El MAATE actúo, supuestamente, preocupado por “los probables impactos ambientales negativos” que se podría causar en Los Ceibos.

Lo que alega ahora: El MAATE, en oficio del 23 de julio, se olvida completamente de los “probables impactos ambientales negativos” y ahora dice que el Municipio de Guayaquil indujo a error a la Prefectura del Guayas para la obtención del permiso ambiental para la construcción del paso a desnivel de Los Ceibos el año 2023. 

Es decir, ahora, para ordenar a la Prefectura del Guayas que disponga que se mantenga la suspensión de la construcción y que se revoque el permiso ambiental otorgado el 2023, el MAATE alega la existencia de un error en los papeles que se introdujeron para obtener el permiso ambiental dos años atrás.

*

Si lo que alegó el MAATE el 10 de julio es cierto, ¿por qué nunca se desarrolló el argumento, nunca se razonó el contenido de las denuncias para saber, a ciencia cierta, qué especie arbórea o animal se está protegiendo con la suspensión de la construcción?

Ocurre, por supuesto, que lo dicho el 10 es falso. No hay especie arbórea o animal que se esté protegiendo con la medida provisional preventiva. Nunca se podrá probar lo que dicen las “denuncias ciudadanas” que alegó el MAATE que había el 10 de julio, porque el concepto “denuncias ciudadanas”, en este contexto, es un enunciado vacío. 

Esto explica la emergencia de la alegación del 23 de julio, esto es, que hay una información errónea que supuestamente el Municipio de Guayaquil transmitió el 2023 a la Prefectura del Guayas. Pero si esto es cierto, ¿por qué se va a solicitar que se mantenga una medida preventiva? El acto ya está consumado; en consecuencia, la medida preventiva tiene un objeto imposible: detener un hecho que ya ocurrió. Una estupidez.

Pero al MAATE no le importa ser contradictorio y estúpido. Será lo que quieran arriba que sea, porque si no tienen argumentos, tampoco tienen vergüenza. 

La manumisión

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de julio de 2025.

La primera Constitución del Ecuador que incluyó una provisión favorable a los esclavos fue la quinta, producto de una convención reunida en Quito desde el 8 de diciembre de 1850 y que entró en vigor el 27 de febrero de 1851 tras su promulgación por el presidente Noboa. En su capítulo XIX “De las garantías”, el artículo 108 de la Constitución de 1851 dispuso: “Nadie nace esclavo en la República, y ninguno de tal condición puede ser introducido en ella sin quedar libre”. Esta misma asamblea lo eligió presidente de la República al guayaquileño Diego Noboa el 26 de febrero de 1851.

El presidente Diego Noboa debió gobernar (según la disposición transitoria segunda de la Constitución de 1851) hasta el 25 de febrero de 1855. Pero duraron poco, el presidente y la Constitución: no completaron su primer año. El 17 de julio de 1851 ocurrió un incruento golpe de Estado, perpetrado por el general pillareño José María Urbina, que lo elevó a Urbina a la Jefatura Suprema de la República. 

Fueron malas noticias para Noboa, que fue tomado preso y enviado al exilio, pero buenas noticias para los esclavos de la República porque el Jefe Supremo José María Urbina dictó su decreto feliz, apenas asumida su nueva condición. El 25 de julio de 1851, por considerar en su decreto “que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra de libres, son un contrasentido a las instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado desde 1820”, el Jefe Supremo Urbina estableció el financiamiento y creó una institucionalidad (las juntas protectoras de libertad de los esclavos) a fin de que la manumisión se haga realidad. Esta materialidad era justa y necesaria, puesto que la solitaria y etérea norma constitucional contenida en el 108, por sí misma, nunca lo lograría.

El Jefe Supremo Urbina convocó a una convención para que dicte una nueva Constitución y lo elija a él presidente de la República. Ambas cosas ocurrieron en 1852. En su Mensaje a la Convención, Urbina insistió en las bondades de su decreto e instó a los diputados a erradicar “la institución bárbara de la esclavitud incompatible con el sentido humano del siglo, y con los principios liberales proclamados por la revolución de 1845”.

La convención reunida en Guayaquil correspondió a su llamado. Se nombró una comisión exclusivamente para la redacción de la ley de manumisión, presidida por el abogado Francisco Xavier Aguirre Abad. En el debate, Aguirre se pronunció: “No he oído hasta ahora un argumento que pruebe que el hombre puede ser propiedad del hombre; no creo que un delito puede perpetrarse a título de antigüedad”. 

La ley de manumisión se aprobó el 27 de septiembre de 1852, con una votación de 19 a favor y 17 en contra. Además de establecer más fondos y fortalecer la institucionalidad, también dispuso un plazo fatal en su artículo 38: “la manumisión definitiva se hará en el seis de Marzo de 1854 y de esta fecha en adelante no habrá más esclavos en el Ecuador”. El haber escogido el 6 de marzo para la erradicación de la esclavitud fue en homenaje a la revolución marcista originada en Guayaquil en 1845, justamente en esa fecha.

De esta ley puso el ejecútese el presidente Urbina el 28 de septiembre de 1852.

El instrumento de un capricho

La novela del paso a desnivel de Los Ceibos continúa. Tiene tintes cada vez más centralistas y autoritarios.

Después de que el Ministerio del Ambiente ordenó el 10 de julio, sin la debida motivación (v. “Un mal precedente”), que la Prefectura del Guayas dicte la suspensión de la construcción del paso a desnivel, ahora el Ministerio del Ambiente ha ordenado el 23 de julio que la Prefectura, cuando inicie el procedimiento administrativo (que debe iniciarlo en un plazo de 10 días contados desde la adopción de la medida preventiva) deberá mantener la medida de suspensión de construcción y, cuando resuelva el procedimiento, deberá revocar el permiso ambiental que la Prefectura otorgó el 2023.

La Prefectura del Guayas, para actuar dentro de este plazo de 10 días, deberá iniciar este 28 de julio el procedimiento administrativo que corresponde “para conocer y sancionar las infracciones señaladas en este Código”, según dice el artículo 311 del Código Orgánico del Ambiente (COA). 

Según el Ministerio del Ambiente estos verbos “conocer” y “sancionar” se interpretan como quiere el Ministerio del Ambiente que se interpreten, ni más ni menos. Desde su perspectiva centralista y autoritaria, el único propósito de la Prefectura del Guayas en el procedimiento administrativo es montar un sainete y llegar a los resultados que le ha dicho el Ministerio del Ambiente que debe de llegar. Es decir, quiere usar a la Prefectura como un instrumento.

Desde la perspectiva de la Prefectura, esto tiene que parecerles estúpido. De acuerdo con el artículo 299 del COA, los Gobiernos Autónomos Descentralizados “ejercerán la potestad sancionadora ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencias”. Esto supone (por la garantía de imparcialidad) un procedimiento libre de presiones de terceros, sea del Ministerio del Ambiente o de la mamá de Tarzán. La Prefectura, por su competencia sancionatoria, tiene plena libertad para decidir lo que a bien tenga, atendiendo a las circunstancias del caso y de conformidad con la Ley. Este lunes 28 puede decidir, por ejemplo, la extinción de la medida provisional de suspensión de la construcción del paso a desnivel de Los Ceibos.

Y bien que debería, pues una medida provisional, según el artículo 309 del COA tiene por objeto “interceptar el progreso del acto ilícito, prevenir y evitar nuevos daños o impactos, asegurar la inmediación del presunto responsable y garantizar la ejecución de la sanción”.

Y veamos: “interceptar el progreso del acto ilícito”, pues no existe acto ilícito en progreso; “prevenir y evitar nuevos daños o impactos”, pues ni siquiera se han singularizado los daños o impactos presentes, muchos menos los futuros; “asegurar la inmediación del presunto responsable”, pues no se ha especificado a ninguno, y responsable, ¿de qué? ¿de construir una obra vial?; “garantizar la ejecución de la sanción”, pues no creo que la haya, por la sencilla razón de que no hay daño. Tan solo unas “denuncias ciudadanas”, sin identificar ni su autor ni su contenido, que bien pudieron ser orquestadas para el montaje de este sainete de abusos.    

Por ventura, tenemos Prefecta:

Si se actúa en derecho, la suerte de la suspensión de la construcción del paso a desnivel está cantada. Porque lleno de centralismo y autoritarismo como está, el Ministerio del Ambiente carece de derecho para su actuación. Él, a su vez, es el instrumento de un capricho. 

Tragicómico Ferdinan

Por la forma cómo se desarrolló esta escena en la Asamblea Nacional, es legítimo pensar que el gobierno central intentó atacar a uno que percibe como su enemigo, Aquiles Álvarez, a través de un tipo que pudiera manipular para que sea funcional a este ataque, que sea el vocero de las denuncias contra Aquiles. Lo necesitaban para ayer, así que eso era lo más sencillo de inventarse una historia con un delincuente.

Y así aparece Daniel Salcedo en esta historia (un hombre que aparece en la historia en general porque se cae la avioneta en que viajaba con una reina de belleza y un maletín lleno de dólares, ¡qué entrada!). Él es un delincuente conocido, así que podría acordar su discurso a cambio de algún beneficio indeterminado. Ese es el estándar: un delincuente es la vía más fácil para crear la escena que se requiere para el orquestado ataque en contra de un Alcalde.

Entonces el delincuente va y es recibido en la Asamblea Nacional. Somos este país cuya casa de representantes se reúne para prestarle atención a un condenado a decenas de años de prisión en nosecuántos juicios. Somos muy poquito.

Además, como si la ineficacia fuera una condena en el gobierno central, la escena orquestada salió mal. Ferdinan Álvarez, antaño figura en un triángulo amoroso que incluía a Jorge Glas, es el presidente de la comisión de la Asamblea Nacional que convocó al delincuente. Pero el delincuente dijo cosas, no sólo sin sustento, sino embarrando a muchas más personas. Básicamente, fue a decir que desde los inicios del postcorreísmo (en los tiempos del Sr. Mojón en la Marea, Lenin Moreno) había una corrupción rampante en los hospitales and what have you. Removió el estercolero de esa época y salieron otros a responderle y salpicaron al mismísimo presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez. 

Lo siguiente en este sainete (¡qué escena!, ¡qué giro del guion!): el presidente que convocó al delincuente, ahora dice que el delincuente no probó nada y que ya no va a seguir investigando porque el tema no es serio. Así que se cayó la persecución orquestada. Duró menos que orgasmo de chancho o que la Rosalía Arteaga en la presidencia.

Lo tragicómico: Ferdinan lo dijo con miedo, como si él supiera que seguir investigando sólo podría perjudicarlo. Y ese es el estándar: no investigar porque el asambleísta investigador es sospechoso de ser un delincuente (¡qué final!, ¡qué tristeza de país! ¡qué risa por Ferdinan!).

La importancia de llamarse Santiago

            Publicado en diario Expreso el viernes 18 de julio de 2025.

Durante muchas décadas, la fundación de Santiago de Guayaquil fue un enigma. El año 1929, el Concejo Municipal conformó una comisión de historiadores para determinar la fecha de fundación de nuestra ciudad. Pero aquel año 1929 la información era escasa y resultaba imposible conocer algo mejor, así que estos historiadores reunidos en comisión decidieron que el 25 de julio sea celebrado como la fecha de fundación de Guayaquil. 

El 25 de julio es una fecha importante para Santiago de Guayaquil, porque es el día que se celebra a su santo patrono, Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesús, que le da su nombre castellano a esta ciudad desde que se la fundó en la montaña. Así, Santiago es el nombre que ha acompañado a Guayaquil desde 1534. Pero el día de su santo, el 25 de julio, no es la fecha de su fundación.

El nombre Santiago es la clave de bóveda para desentrañar el enigma de la fundación de la ciudad. Miguel Aspiazu Carbo (1905-1991) se llamó el entusiasta de la historia que identificó la existencia de una continuidad de la ciudad de Santiago que se había fundado en la Sierra el 15 de agosto de 1534 (en el valle de Cicalpa, cerca de la laguna de Colta) con la ciudad de Santiago que se asentó de manera definitiva en la Costa (en la cima del cerro Lominchao, conocido hoy como Santa Ana) en una fecha indeterminada de 1547. Aspiazu razonó de forma documentada esta continuidad en su libro “Las fundaciones de Santiago de Guayaquil”, impreso el año 1955 por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas.

En este libro que cumplió ya los 70 años de haber sido publicado, Aspiazu estableció que la ciudad de Santiago de Quito se había fundado el 15 de agosto de 1534, que el conquistador Francisco Pizarro había confirmado en sus cargos a las autoridades que se nombraron aquel día de agosto y que, con el nombre Santiago a cuestas, la ciudad fundada en el valle de Cicalpa había empezado un largo peregrinaje por la costa del Pacífico Sur para servir de puerto a una villa (ciudad desde 1541) que se había fundado en esa misma época (el 28 de agosto de 1534) y en el mismo emplazamiento: San Francisco de Quito. 

El acta de fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil consta en el tomo I del Libro Primero de Cabildos de Quito (conocido como “Libro Verde”), con el nombre de Santiago de Quito. Resalta, entonces, la importancia de llamarse Santiago: la ciudad que se fundó en la montaña, pronto fue trasladada a la Costa y perdió el topónimo “de Quito”, para adoptar los correspondientes a sus varios asentamientos en la Costa. Pero la ciudad nunca perdió el “Santiago”, lo que permitió rastrear el camino que siguió con posterioridad a su fundación.

Así, durante este período de peregrinaje por la costa del Pacífico Sur hasta que se concretó su asentamiento definitivo la ciudad, entre otros nombres, se llamó Santiago en Estero de Dimas, Santiago del río de Amay y Santiago de la Culata. En su asentamiento definitivo, esta ciudad que siempre fue Santiago, adoptó el nombre Santiago de Guayaquil, por el nombre de un cacique (Guayaquile) del área que se estaba conquistando y es con este nombre que se la ha distinguido por casi cinco siglos.

Un mal precedente

Este es un análisis jurídico de la resolución del Ministerio del Ambiente que ordenó que se suspenda la ejecución de una obra pública en Los Ceibos.

La resolución del Ministerio del Ambiente suscrita el 10 de julio por la viceministra y contenida en el Oficio Nro. MAATE-VMA-2025-0112-O se basó (o se pretendió basar) en el informe técnico in situ del mismo Ministerio del Ambiente, signado Nro. MAATE-UCA-DZ5-2025-1154, en el que NO se registra ninguna anomalía en el inicio de ejecución del proyecto.

Hay que tener claro que el Ministerio del Ambiente puede controlar y solicitar la paralización de una obra. Pero lo puede hacer siempre que cumpla los supuestos establecidos en el artículo 309 del Código Orgánico del Ambiente:

“En caso de riesgo, certidumbre o la ocurrencia flagrante o no de un daño o impacto ambiental, se podrán aplicar solamente mediante acto administrativo debidamente motivado, medidas de carácter provisional destinadas a interceptar el progreso del acto ilícito, prevenir y evitar nuevos daños o impactos, asegurar la inmediación del presunto responsable y garantizar la ejecución de la sanción” (COA).

La lectura simple de este artículo arroja como conclusión que la legitimidad de una medida provisional depende del cumplimiento de dos requisitos: 1) la medida provisional sirve a un fin exclusivamente ambiental; 2) sólo se puede dictar esta medida provisional con una debida motivación.

El juicio sobre si la medida provisional satisfizo estos dos requisitos es necesariamente negativo. Esto es lo que dice la resolución de la viceministra:

“debo indicar que en los últimos días se han presentado varias denuncias ciudadanas, las que han sido difundidas ampliamente a través de las redes sociales y por los medios de comunicación social. En estas denuncias, los ciudadanos que (sic) se han expresado muy preocupados y de forma constante, respecto a los probables impactos ambientales negativos que se podrían originar por la construcción del proyecto en cuestión”.

Dado este antecedente, la viceministra concluye que: “Ante esta alarma social y con el fin de proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, en ejercicio de lo establecido en el numeral 1 del Art. 309 del Código Orgánico del Ambiente, se dispone al Gobierno Provincial del Guayas emita la orden de suspensión de las actividades del referido proyecto” (las negrillas son del original).

En el expediente existe el informe técnico in situ del Ministerio del Ambiente que no encuentra ninguna anomalía ni ningún impacto ambiental negativo que merezca considerarse, pero desde la cabeza del Ministerio se toma en cuenta “varias denuncias ciudadanas”, sin especificar ni una sola denuncia y sin determinar de qué impacto ambiental negativo se trata en ellas, como para que amerite que se suspenda una obra pública. Lo menos que se podía esperar de la autoridad del Ministerio es que haga un análisis de las denuncias presentadas, pero nada de nada, rien de rien.

Esta resolución del Ministerio está tan misérrimamente fundamentada que se la ha dictado para la protección del ambiente, pero sin especificar de qué daño se lo está protegiendo al ambiente. Insólito.

Bajo este precedente, solo bastan unas cuantas denuncias no especificadas (y una autoridad cómplice) para la suspensión de una obra pública que cuesta millones de dólares, contratada con préstamos internacionales. Y luego nos preguntamos por qué el Ecuador es una burla en materia de seguridad jurídica (la inversión extranjera, que se basa sólidamente en este indicador, en el Ecuador es similar a la de Haití), si se considera como un triunfo a un adefesio como éste.

Con este mal precedente, toda obra pública en el Ecuador corre el riesgo de suspensión por orden del Gobierno central por quítame estas pajas. Un paso más en la ruta del facha: la invención de una nueva forma de intromisión del Gobierno central en un Gobierno autónomo.

Orígenes belicosos

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de julio de 2025.

La historia de Santiago de Guayaquil es singular. La causa eficiente, para su fundación en la Sierra en 1534 y para su asentamiento definitivo en la Costa en 1547, fueron unas disputas entre los conquistadores.

La fundación en la Sierra: esta primera disputa se resolvió con un acuerdo. Ocurrió en la etapa temprana de la conquista del Perú, cuando únicamente se había fundado la ciudad de San Miguel de Piura (como San Miguel de Tangarará) en 1532. Los conquistadores en disputa eran Francisco Pizarro y sus huestes, que ya estaban conquistando el territorio del Perú, frente a Pedro Alvarado y sus huestes que venían de Guatemala, a conquistar ese mismo territorio. El punto de encuentro de estos conquistadores fue la Sierra central del actual Ecuador, cerca de la laguna de Colta.

Pudo ser una batalla, pero los hombres de Alvarado venían devastados por subir la montaña desde Caráquez y los hombres de Pizarro tenían un mejor título para la conquista del Perú. Para afianzar su mejor título, incluso fundaron una ciudad (la segunda de la conquista del Perú) el 15 de agosto de 1534, previo a su encuentro con Alvarado, a la que llamaron Santiago. En aquel entonces, fue conocida como Santiago de Quito, porque tal era el nombre indígena de la vasta región que los europeos estaban conquistando. 

Finalmente, los conquistadores negociaron y se acordó que Alvarado recibiría cien mil pesos de oro y que se volvería por donde vino (la gente que lo acompañó era libre de decidir si se quedaba o se iba con él). Pero esa Santiago de Quito, usada para la negociación, subsistió, se trasladó a la Costa y tomó el nombre de Santiago de Guayaquil. 

El asentamiento definitivo en la Costa: esta segunda disputa se resolvió con sangre. Ocurrió en el ocaso de la conquista del Perú, en el contexto de la guerra que capitaneó un hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo, para defender los privilegios de explotación de (los abusos a) los indígenas a través del régimen de encomiendas, frente a la pretensión del rey de limitar dichos privilegios/abusos.

Este asentamiento definitivo enfrentó a los gonzalistas frente a los realistas en 1547. Para esta época, San Francisco de Quito, fundada después de la negociación con Alvarado, se había convertido en sede de una Gobernación y la Santiago trasladada a la Costa debía servir como su puerto. El Gobernador de Quito era un gonzalista, Pedro de Puelles, quien había nombrado como tenientes de su Gobernación a Manuel Estacio en Guayaquil y a Francisco Olmos en Portoviejo. En la disputa entre gonzalistas y realistas, Olmos se pasó al bando del rey.

Entonces Olmos y otros entusiastas fueron a Santiago de Guayaquil, donde asesinaron al teniente Estacio y a otros dos gonzalistas (Gutiérrez y Marmolejo) el 6 de abril de 1547. Por temor a la venganza que vendría desde Quito ordenada por el gobernador gonzalista Puelles (que tenía una bien ganada fama de despiadado), se tomó la decisión de trasladar la ciudad a la orilla opuesta a la que haría fácil el ataque desde la ciudad de Quito pero que también haría muy difícil el que Santiago de Guayaquil sirva como puerto para esa misma ciudad. 

Y así quedó, hasta que en 1970 se construyó el puente de la Unidad Nacional.

Las fiestas de Julio

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de julio de 2025.

Empezó el mes de Julio en Santiago de Guayaquil: el mes de su santo patrono Santiago el Mayor, también conocido como Santiago Apóstol, pero no el mes de su fundación.

Porque su fundación ocurrió el 15 de agosto de 1534, lo que convierte a Santiago de Guayaquil en la ciudad más antigua fundada en el territorio del actual Ecuador (pues la villa de San Francisco de Quito se fundó trece días después, el 28 de agosto). Se la fundó en la montaña, en la actual Sierra central del Ecuador, en las cercanías de la laguna de Colta; por eso, al nombre español de la ciudad (“Santiago”), en los tiempos de su fundación en la montaña, se lo apellidaba “de Quito”, porque tal era el nombre indígena de la vasta región donde la ciudad había sido fundada.

Cuando la ciudad fundada aquel 15 de agosto se trasladó a la Costa para servir de puerto a una San Francisco de Quito que el 6 de diciembre de 1534 se había asentado en su ubicación actual, treinta leguas al Norte de su lugar de fundación, la ciudad de Santiago tomó distintos nombres según el lugar de su asentamiento. Así, ella fue Santiago en Estero de Dimas, Santiago del río de Amay y Santiago de la Culata, para tomar, tras su asentamiento definitivo en el cerro Santa Ana en 1547, su nombre definitivo: Santiago de Guayaquil.

Durante años, la fundación de Guayaquil fue un enigma. El hombre que empezó a descifrar este enigma, quien enlazó a la Santiago de Quito fundada en la Sierra en 1534 con la Santiago de Guayaquil asentada en la Costa en 1547, se llamó Miguel Aspiazu Carbo (1905-1991). Él escribió el libro “Las fundaciones de Guayaquil” en 1955, hace setenta años, que fue publicado por la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Municipalidad de Guayaquil le otorgó a Aspiazu, por esta obra, la Medalla al Mérito Científico.

En esencia: Miguel Aspiazu Carbo dedujo que existían tanto la ciudad de Santiago de Quito como la villa de San Francisco de Quito por la provisión del adelantado Francisco Pizarro, fechada 22 de enero de 1535, por la que confirmó en sus cargos a los designados como alcaldes y regidores en ambos lugares. 

Con este antecedente, Aspiazu se planteó enlazar a la ciudad de Santiago de Quito en la Sierra con la ciudad de Santiago de Guayaquil en la Costa. Aspiazu demostró que, por Cédula Real del 4 de mayo de 1534, el adelantado Francisco Pizarro estaba autorizado “para que cada y cuando le pareciera que un pueblo fundado o que fundare se deba mudar de sitio lo pudiese mudar al sitio que le pareciese, con su nombre”. Y con su nombre, Santiago, la ciudad se mudó de la Sierra a la Costa. 

Esto último se demostró porque Aspiazu encontró una provisión del rey, de septiembre de 1540, donde constaba el nombre de Santiago de Quito para identificar a la ciudad de Santiago que se había trasladado a la Costa y que terminaría siendo Santiago de Guayaquil en 1547. Las investigaciones originadas por este libro pionero (de Dora León, de Ádam Szászdi, de Julio Estrada) sólo han confirmado la hipótesis aventurada por Aspiazu en 1955.

De todas maneras, hay que seguir festejando el 25 de julio: es el día de Santiago, nombre que ha acompañado a esta ciudad desde su fundación en la montaña el 15 de agosto de 1534.

1809 y 1820

            Publicado en diario Expreso el viernes 27 de junio de 2025.

Dos fechas importantes para la historia del Ecuador son el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820. Es un asunto de justicia realizar una necesaria distinción entre una y otra fecha, porque diferentes fueron su naturaleza, su propósito y su resultado.  

Su naturaleza fue diferente. El 10 de agosto de 1809 en Quito existió un movimiento autonomista, dentro del ámbito de la Monarquía Católica, con el objetivo de recuperar la preeminencia de Quito sobre los territorios que ella había perdido en los años precedentes. Como lo ha descrito la profesora de historia de las Américas en la Universidad de Turín, Federica Morelli: “El principal objetivo de la junta quiteña de 1809 no fue, por lo tanto, la independencia de España sino la reconstitución de un territorio que había sufrido una desarticulación mucho antes de la crisis de 1808”.

Por su parte, el 9 de octubre de 1820 fue un movimiento independentista. Quedó así de claro en el Acta que se suscribió en Guayaquil ese mismo día, donde se indicó sin lugar a dudas que el 9 de octubre de 1820 era para esta ciudad el día “primero de su independencia”.

También el propósito que animó a los movimientos fue distinto. El 10 de agosto de 1809, las élites de Quito, por su afán de recuperación del espacio, quisieron imponer la supremacía de Quito a las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. En palabras de Federica Morelli: “la junta de Quito adoptó una actitud agresiva y a menudo no esperó la respuesta de las demás ciudades respecto de su adhesión o no al proyecto. Al contrario, destituyó a las autoridades existentes y las sustituyó por funcionarios nuevos, elegidos directamente por ella y en estrecho vínculo con las grandes familias de la capital. Tales prevenciones hegemónicas de la junta de Quito sobre las restantes provincias provocaron una viva reacción entre las élites de las últimas”.

Por contraste, tras el 9 de octubre de 1820, desde Guayaquil se buscó la independencia de las demás provincias. La Junta Superior de Gobierno de Guayaquil, presidida por José Joaquín Olmedo, creó una milicia llamada División Protectora de Quito, aportando con cuantiosos recursos y numerosos soldados para la lucha por la libertad de las provincias que conformaban la Audiencia de Quito. Tras una lucha de casi dos años, el 24 de mayo de 1822, varios guayaquileños, entre muchos otros patriotas, lucharon en las faldas del Pichincha por la libertad de Quito. 

Finalmente, el resultado de ambos movimientos fue distinto. Mientras el 10 de agosto de 1809, tras la reacción de las élites de las provincias vecinas, concluyó en el regreso de los españoles al poder el 24 de octubre de 1809, en el caso del 9 de octubre de 1820 los esfuerzos que se empeñaron fueron coronados con el éxito. 

Cuando se conoció la noticia del triunfo de los patriotas en la batalla del Pichincha, la Junta de Gobierno de Guayaquil publicó una proclama el 9 de junio de 1822, que decía: “Cuando nos propusimos ser libres, no podíamos dejar gemir en la opresión a los pueblos que nos rodeaban”. Y se reconoció en esta proclama que los grandes esfuerzos de Guayaquil habían rendido su fruto: “Guayaquileños: Quito es ya libre: vuestros votos están cumplidos”.

El último dictador civil

            Publicado en diario Expreso el viernes 20 de junio de 2025.

El 22 de junio de 1970, hace casi 55 años, el Registro Oficial No. 1 publicó el decreto supremo No. 1 con el que José María Velasco Ibarra, quien había sido elegido Presidente de la República en una elección celebrada el 2 de junio de 1968, se declaró dictador en los siguientes términos: “Art. 1º.- Asumo el Mando Supremo de la República a partir del día de hoy hasta el 31 de Agosto de 1972 fecha en la cual termina el período presidencial para el que fui elegido por la soberanía popular”. 

Las justificaciones que el Presidente Velasco Ibarra ofreció para la declaratoria de su última dictadura fueron puestas de manifiesto en los considerandos del decreto supremo. En principio, Velasco Ibarra justificó su dictadura en la necesidad de proteger a la administración del Estado, porque el sistema legislativo había debilitado al Poder Ejecutivo y porque “fuerzas negativas y antinacionales” habían conducido al Ecuador a “una crisis que amenaza su misma existencia”. 

En seguida, Velasco Ibarra justificó la dictadura por la necesidad de satisfacer los reclamos de la sociedad, tanto de una opinión pública que según él deseaba una “reestructuración nacional sobre bases de respeto a la moral, a la autoridad y a las leyes”, como de las Fuerzas Armadas que “en forma patriótica, comprensiva y unánime han solicitado al actual Presidente de la República que asuma los Plenos Poderes”. Y Velasco Ibarra les hizo caso.

El quiteño José María Velasco Ibarra es nuestra gran figura democrática, pues ningún otro ha sido elegido Presidente en tantas ocasiones por la votación popular, un total de cuatro: en 1934, 1952, 1960 y 1968. Velasco Ibarra es también nuestra gran figura dictatorial, pues ningún otro ha intentado la dictadura en tantas ocasiones como él: en 1935, 1946 y 1970. 

En 1935 Velasco Ibarra intentó la dictadura, sin éxito, cuando (según su decir) se precipitó sobre las bayonetas y las Fuerzas Armadas no lo respaldaron. Fue la única ocasión en que no tuvo éxito, porque en 1946 y 1970, en cambio, sí consolidó su dictadura, aunque en ningún caso duró demasiado. 

El 30 de marzo de 1946 Velasco Ibarra se declaró dictador a fin de desconocer una Constitución que se había sido aprobada recién en 1945 y con la que él no estuvo de acuerdo, por lo que convocó a una nueva Asamblea Constitucional, que lo volvió a designar a él Presidente de la República el 10 de agosto de 1946 y que produjo a fines del año 1946 otra Constitución, que esta vez sí fue de su agrado. Velasco Ibarra gobernó hasta que el golpe de Estado del coronel Mancheno Cajas lo obligó a renunciar el 23 de agosto de 1947.

En 1970, por segunda vez Velasco Ibarra intentó con éxito una dictadura. Como se indicaba en el citado decreto supremo No. 1, Velasco Ibarra debió gobernar hasta el 31 de agosto de 1972, pero fue interrumpido por un golpe de Estado militar perpetrado el 15 de febrero de 1972, que ha pasado a la historia como el “Carnavalazo” y por el que subió al poder el general Guillermo Rodríguez Lara.

En esta última dictadura, Velasco Ibarra gobernó el país por espacio de 603 días (1 año, 6 meses y 28 días) sin contrapesos políticos. Ha sido nuestro último dictador civil. Pero muy probablemente, no será el último.

Los desgajos a la Provincia de Guayaquil

            Publicado el viernes 13 de junio en diario Expreso.

La Provincia de Guayaquil, durante los muchos años en que fue parte del Reino de España, fue un territorio de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados. Después de que en julio de 1822 se anexionó (por la fuerza) la Provincia de Guayaquil a la República de Colombia, esta antigua provincia española se transformó en un departamento colombiano. Tras haberse expedido el 25 de junio de 1824 por el Congreso de Colombia la Ley de División Territorial de la República de Colombia, la que fue una provincia de 50.000 kilómetros cuadrados sufrió su primer desgajo. El departamento de Guayaquil, que fue uno de los doce departamentos colombianos, se lo dividió en dos provincias: Guayaquil y Manabí. Con los departamentos de Azuay y Quito, estos tres departamentos conformaron el Distrito del Sur de Colombia.  

Esta Ley colombiana de 1824, a su vez, subdividió a la Provincia de Guayaquil en seis cantones: Guayaquil (su capital), Daule, Babahoyo, Baba, la Punta de Santa Elena y Machala. Esto que había resuelto Colombia en 1824 se mantuvo cuando el Distrito del Sur se separó de Colombia para crear el Estado del Ecuador en 1830. Se mantuvieron los departamentos (de hecho, según el artículo 1 de la Constitución de 1830, el Estado del Ecuador no era otra cosa que la reunión de los departamentos de Azuay, Guayas y Quito) y no se realizó ninguna alteración a los límites establecidos en la ley colombiana de 1824. Es así que Ecuador surgió a la vida jurídica con siete provincias: Guayaquil y Manabí (en la región Costa), e Imbabura, Quito, Chimborazo, Azuay y Loja (en la región Sierra).

El siguiente desgajo sufrido por la Provincia de Guayaquil ocurrió en 1861 durante el primer gobierno del guayaquileño Gabriel García Moreno cuando se creó una nueva provincia llamada originalmente “Ríos” (con el tiempo, “Los Ríos”; una parte de esta provincia se la segregaría en 1884 para la creación de la provincia de Bolívar). García Moreno también fue el responsable de cambiar el histórico nombre de “Provincia de Guayaquil”, pues desde la Lei sobre División Territorial que se dictó a inicios de su primer gobierno, en mayo de 1861, se la empezó a llamar “Provincia del Guayas”.

Durante el gobierno presidencial de otro guayaquileño, José María Caamaño, se procedió al siguiente desgajo de la provincia en la Ley sobre División Territorial de 1884. La provincia de El Oro emergió del territorio de la provincia del Guayas, al menos en su franja costera. Y de esta manera, a fines del siglo XIX, quedó configurada la división de la Costa en cinco provincias (Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, más Esmeraldas, que siempre se mantuvo fuera de la órbita de la Provincia de Guayaquil). Esta división territorial de la Costa persistió por más de un siglo (123 años).  

El siguiente desgajo a la provincia del Guayas ocurrió en el 2007, durante el gobierno de otro presidente guayaquileño, Rafael Correa, cuando de ella se desprendió a la Provincia de Santa Elena. Así, de los seis cantones originales con los que empezó la provincia en 1830, Santa Elena fue el tercero que se provincializó. Y es de notar que todos ellos se provincializaron en períodos de Presidentes guayaquileños: García Moreno, Caamaño y Correa.

Ecuador y el Imperio del Japón

            Publicado en diario Expreso el viernes 6 de junio de 2025.

En 1894, el Imperio del Japón enfrentaba en una guerra a China, en la que triunfó al año siguiente (obtuvo de China los territorios de Taiwán, Liaodong y las islas Pescadores, además del control sobre la península de Corea). El Ecuador participó apoyando al imperio japonés, pues le facilitó la compra de un crucero chileno, de nombre Esmeralda.

Como el gobierno de Chile se había declarado neutral en la guerra entre Japón y China, no podía hacer una venta directa. Por eso un puñado de especuladores ecuatorianos (entre ellos, un expresidente) compraron el crucero chileno Esmeralda por 220.000 libras esterlinas y le pusieron la bandera ecuatoriana para que surque las aguas entre Valparaíso y Hawái, donde tras el pago de 300.000 libras esterlinas se entregó este crucero al Imperio del Japón, que lo rebautizó como Izumi.

Por eso, el 5 de junio de 1895, en la proclama que suscribió el pueblo de Guayaquil en la que se nombró al general Eloy Alfaro “Jefe Supremo de la República y General en Jefe del Ejército”, se justificó la revolución liberal por haber estado la República “sojuzgada por una camarilla sombría, de especuladores inicuos”.

Para acabar con esa camarilla, se debía dar bala y lo sabía bien Alfaro. La proclama del pueblo de Guayaquil del 5 de junio tiene su necesario antecedente en la “Proclama a los habitantes del Ecuador”, suscrita por Alfaro el 5 de febrero de 1895, en Managua. Allí el general dejaba en claro la necesidad de la violencia para el triunfo de la revolución: “Solamente a balazos dejarán vuestros opresores el poder que tienen únicamente por la violencia. […] ¡Afrontemos, pues, resueltamente los peligros y luchemos por nuestros derechos y libertades, hasta organizar una honrada administración del Pueblo y para el Pueblo. En fin, hagamos algo digno que merezca los aplausos de la posteridad!”. 

Eloy Alfaro concluyó su proclama, ofreciendo los servicios de su espada: “Marcho, pues, ¡en vuestro auxilio para participar en las penalidades de la campaña y tener la honra de conduciros al combate y a la victoria!”. El 12 de febrero, Milagro fue la primera en plegar a la causa alfarista, y se fueron sumando decenas y decenas de ciudades y pueblos de la Costa con insurrecciones y proclamas a favor de Alfaro.  

Tras la proclama del pueblo de Guayaquil que lo nombró “General en Jefe del Ejército”, el 18 de junio de 1895, Eloy Alfaro desembarcó en la ciudad. En seguida, organizó las fuerzas militares para empezar a remontar la cordillera y tomar Quito, sede del poder político y administrativo del Ecuador, bastión conservador de la República.

El 15 de agosto, el ejército de Eloy Alfaro derrotó en Gatazo al ejército gubernamental. El 23 de ese mes, el último Encargado del Poder en Quito, Aparicio Rivadeneira, huyó a Colombia. El 4 de septiembre de 1895, Alfaro y sus huestes entraron en Quito y, a partir de ese día, se organizó la administración de la República bajo principios e instituciones liberales. 

En 1895 se registró el primer triunfo bélico del imperialismo japonés (vendrían muchos más, hasta un desplome final con bomba atómica) y en 1895 triunfó en el Ecuador la revolución liberal. Ambos hechos tienen un vínculo lejano, en un acto de corrupción.

El número de los representantes

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de mayo de 2025

José Félix Valdivieso, el derrotado cuando enfrentó a Flores en 1835 y el derrotado cuando defendió a Flores en 1845, fue el alcalde de Quito a partir del 25 de mayo de 1822 por haberlo designado el militar venezolano Antonio José de Sucre tras su victoria en la batalla del Pichincha. En esta calidad, Valdivieso convocó a una asamblea de representantes de Quito, que se celebró el 29 de mayo.

Ese día, la asamblea aprobó un acta que empezaba así: “En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de las provincias del antiguo reino de este nombre…”, pero, en rigor, cada provincia española que conformó el reino de Quito, para su administración tenía cada una su propia Gobernación y su propia capital. La provincia española de Guayaquil (Gobernación desde 1763) tenía su capital en Guayaquil; la provincia española de Cuenca (Gobernación desde 1777) tenía su capital en Cuenca. A mayor inri, la vez que Quito quiso imponerse, en agosto de 1809, como la capital frente a sus provincias vecinas (Guayaquil y Cuenca, y además Popayán), éstas no lo consintieron. La guerrearon y se impusieron.

Pero esa premisa falsa era necesaria para el primer punto del Acta, que fue declarar a las provincias “que componían el antiguo reino de Quito como parte integrante de Colombia bajo el pacto expreso y formal de tener en ella la representación correspondiente a su importancia política”. Los representantes quiteños se arrogaron la írrita potestad de integrar a Colombia de una forma inconsulta a la provincia de Guayaquil (porque para el caso de Cuenca resultaba superflua la declaración, pues la provincia de Cuenca se había incorporado a la República de Colombia el 11 de abril de 1822). Y procuraron que Colombia le reconozca a Quito una “representación” que corresponda a “su importancia política”. 

Lo dicho por Quito fue irrelevante para Guayaquil, por lo que Simón Bolívar debió venir a esta ciudad por primera vez, acompañado de 1300 soldados colombianos, para cesar a la Junta de Gobierno de Guayaquil e imponer la anexión de la provincia a la República de Colombia el 31 de julio de 1822. Las tres provincias, convertidas ahora en departamentos de Colombia, conformaron su Distrito del Sur.

Cuando se separó de Colombia el Distrito del Sur en 1830 para conformar el Estado del Ecuador, Quito buscó lo mismo: una “representación correspondiente a su importancia política”. De las tres antiguas provincias españolas, Quito era, por mucho, la más poblada. El número de los representantes en el Congreso, alegaban en Quito, debía hacerse en función de la población. Como en 1809, Guayaquil y Cuenca no quisieron y se impusieron.

Por seis Constituciones y treinta años, la representación se hizo como si el Ecuador estuviera compuesto por tres Estados federados, es decir, con una estricta igualdad en el número de los representantes (a este efecto, seguían siendo unos departamentos colombianos).

Esto lo cambió el guayaquileño más querido en Quito, Gabriel García Moreno. Desde la Constitución de 1861 se determinó que el cálculo de los representantes se iba a hacer con base en el número de habitantes en cada una de las trece provincias que integraban el Estado en aquel tiempo. Y así es desde entonces. 

Todos los desastres de las revoluciones

Mi artículo del viernes 23 de los corrientes en el Expreso, “Libertador vulgar”, provocó un comentario del expresidente Rafael Correa en su cuenta de X. 

Correa leyó mal mi artículo: decidió que la crítica a Bolívar por haber sido un “Libertador vulgar” se debía a su condición de guerrero por la independencia (de allí que él empiece diciendo que Bolívar fue “el ser humano que más naciones ha liberado en la historia de la humanidad”) pero, en realidad, la crítica del artículo se refiere a los efectos de la liberación en los países que Bolívar libertó. De allí la cita de Olmedo, constante en una carta de 1847, en la que se refiere a Bolívar como alguien que a pesar de habernos librado del “yugo español (…) nos dejó todos los desastres de las revoluciones”. Es decir, mi crítica (de corte olmediano) no es a los años de lucha de Bolívar. Es a los efectos que tuvieron estos años de lucha en los pueblos que liberó del yugo español*. 

Otro punto en que Correa yerra es cuando dice que mi análisis es un juicio a Bolívar basado en “los estándares democráticos actuales”. Esto es un problema de comprensión lectora, porque está clarito en mi texto que mi juicio lo hago basado en cartas de la época, del propio Bolívar y de Olmedo, que lo trató a Bolívar.

Es el propio Bolívar quien, al borde de la muerte, escribe una carta en la que mira en retrospectiva lo hecho en sus años de lucha por la independencia y saca de ello unos “pocos resultados ciertos”, entre los que están que la América es ingobernable, que él aró en el mar, que el mejor camino es la emigración y que en el futuro el poder lo ejercerán “tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Y en lo que respecta al futuro de América, Bolívar llevó razón (es decir, “dejó todos los desastres de las revoluciones, como decía Olmedo). Y por haber estado acertado en su predicción de 1830**, Bolívar lo contradice a Correa (de rebote, dándonos la razón a Olmedo y a mí).  

Tal vez sea más interesante el análisis opuesto al que intentó el expresidente Correa, es decir, un análisis de los hechos actuales a la luz de la experiencia de gobierno de Simón Bolívar. Es probable que ello arroje como resultado que Bruselas es la Santa Marta de este guerrero. Sólo el tiempo lo dirá. 

* Como guayaquileño, el núcleo de mi crítica a Simón Bolívar se debe a su anexión forzosa de Guayaquil a su proyecto político. Esto, porque a diferencia de otros territorios, Guayaquil no le debió su independencia a Colombia (ni a Perú, ni a nadie: se independizó por su cuenta el 9 de octubre de 1820). Y se independizó antes de la vigencia de la Constitución de Cúcuta, donde se dispuso (en 1821) que los pueblos todavía “bajo el yugo español, en cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República” (Art. 7). Pero esta cláusula constitucional no podía aplicar a Guayaquil, primero, porque ya era libre desde 1820, y segundo, porque en la Constitución de Cúcuta no votó ningún guayaquileño (nadie de la Audiencia de Quito, en general) y, en consecuencia, no podía existir un justo título para la agregación de la provincia de Guayaquil a Colombia.

** Estuvo acertado, justamente porque Bolívar no reniega de sus años de lucha (no dice “no debí haber hecho eso”) sino de los efectos que tuvieron esas luchas en los pueblos que liberó.

El libertador vulgar

            Publicado en diario Expreso el 23 de mayo de 2025.

El caraqueño Simón Bolívar capitaneó la liberación de una porción de Sudamérica y después se hastió. Receló de lo hecho y diseñó en 1826 una Constitución llena de desconfianza contra los pueblos que él había libertado tras una costosa y sangrienta lucha de quince años. Esa liberación se cumplió con la caída del puerto del Callao en enero de 1826, último reducto español en América. 

Bolívar diseñó una Constitución (casi idéntica) para Bolivia y para el Perú, las que fueron una diatriba en jerga jurídica contra la participación de los pueblos en la libertad que él les había otorgado con sus luchas legendarias, las que le habían ganado a Bolívar desde 1813 el membrete de “El Libertador”. En su Constitución, Bolívar instituyó una presidencia vitalicia, con la facultad del presidente de designar él mismo a su sucesor, a la manera de una monarquía. Para Bolívar, entonces, la decisión de quien debía ejercer la máxima autoridad ejecutiva no podía estar en manos de la gente. Según decía él, “un presidente vitalicio con derecho a elegir al sucesor es la inspiración más sublime en el orden democrático”.

En la Constitución que Bolívar diseñó se postulaba que el presidente de la República debía ser una autoridad perpetua porque era “como el sol que, firme en su centro, da vida al universo”. Lo vitalicio y su sol, en todo caso, demoró un rato. En Bolivia, la Constitución se promulgó en noviembre de 1826, cayó en desuso después del motín de Chuquisaca contra el presidente Antonio José de Sucre en abril de 1828 y se la derogó formalmente en agosto de 1831. En Perú, la Constitución duró todavía menos, estando vigente apenas por 49 días entre diciembre de 1826 y enero de 1827. Se la derogó formalmente en junio de 1827.

Después de esta Constitución de corte antidemocrático, a pocos días de su muerte, Bolívar explicó el fracaso que significó haber libertado a los pueblos. El 9 de noviembre de 1830, le dirigió una carta a su coterráneo Juan José Flores, fundador y primer presidente del Estado del Ecuador que se separó en 1830 de la República de Colombia fundada por Simón Bolívar. Tras autorizarlo a la secesión, Bolívar le explicó a Flores lo que él había obtenido después de mandar por 20 años: “no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas”. Todo esto se puede condensar en esa frase tan inexacta como categórica que, por este fragmento, se le atribuyó a Bolívar: “he arado en el mar”. Tras arar, Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830.

En enero de 1847, también al final de sus días, José Joaquín Olmedo escribió al ilustre Andrés Bello una carta en la que definió a Bolívar como “cualquier libertador vulgar” porque “nos libró del yugo español, y nos dejó todos los desastres de las revoluciones”.

Bolívar se impuso a otros, libertó y (como él mismo lo reconoció) no supo contener las fuerzas que él había libertado. Como “cualquier libertador vulgar”, decía Olmedo acertado. 

20 años

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de mayo de 2025.

Un lunes, hace exactos 20 años, publiqué mi primera columna de opinión en un diario de circulación nacional. Ocurrió un mes después de la rebelión de los forajidos, que tumbó al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Como una reflexión sobre ese episodio, aquel lejano día del 2005 mi columna postuló un reto: “la construcción de un país a partir de su ciudadanía comprometida con el cambio de las formas tradicionales de participación política”. Fue una plegaria por una ciudadanía comprometida con la gestión de lo público.

Aquel lunes de mayo del 2005 se publicó una columna bisoña, cargada de ingenuidad. En los veinte años que han transcurrido desde entonces sí que se ha registrado un cambio en las formas de participación política del Ecuador, pero ha sido para peor.

Para empezar, a la ciudadanía ecuatoriana ni siquiera se la podría reputar como democrática. Cuando se fundó esta malhadada República del Ecuador en 1835 (unitaria y centralista, capital Quito), su primer presidente, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, dirigió las siguientes palabras a los ecuatorianos que se reunieron en Ambato para dictar la Constitución que parió una república: “¿Existe entre nosotros esa pura moral de la que nace el espíritu público? Es duro decirlo, pero es preciso confesar que nó. ¿Estamos al nivel de las luces del siglo? Nó. ¿Hay comodidad, desahogo o instrucción en la masa del pueblo? Nó. Luego faltan los fundamentos en que debe apoyarse el edificio democrático”.

Casi 190 años después de esta alocución de Rocafuerte, es justo precisar que ese edificio democrático jamás se erigió en el Ecuador. Y que lo que empezó mal en 1835, hoy está en una situación mucho peor. 

A día de hoy, la “masa del pueblo” ecuatoriano cree (estos datos son del Latinobarómetro publicado en diciembre de 2024) que la democracia puede ser un cascarón vacío, porque puede funcionar sin partidos políticos, sin parlamento y sin oposición (más de la mitad de los ecuatorianos lo cree y, en comparación, es el porcentaje de la población más alto de toda América latina). En el Ecuador, el “edificio democrático” está en ruinas, porque la mayoría de los ecuatorianos ignora el significado de la democracia.

En una tipología de las políticas públicas, el Estado del Ecuador tiene un régimen al que se lo puede caracterizar como de “obediencia endeble”, es decir, un Estado cuya actuación depende, en buena medida, de la incidencia de intereses privados. En el caso ecuatoriano, en los últimos 20 años, estos intereses privados incluyen a los intereses perversos de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que controlan vastas extensiones de territorio, que inciden (por amenaza o soborno) en las decisiones judiciales y en las políticas públicas, y que determinan (por amenaza directa o por miedo generalizado) la vida cotidiana de la población.

Es decir, el cambio registrado en los últimos 20 años en materia de participación política no ocurrió para fortalecer a la ciudadanía frente al poder público, sino para incluir los intereses privados de organizaciones criminales en la actuación del Estado. 

En conclusión, el Ecuador, así como está constituido, ¿tiene posibilidades de desarrollo? La respuesta corta es: No.

Veinte años atrás

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de mayo de 2025. 

El documento “Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989-2004)” sirve para retratar de cuerpo entero la pobreza institucional del Estado del Ecuador y su invariable incapacidad para estar a la altura de su retórica constitucional: donde la norma declara un derecho, la realidad ecuatoriana confirma que se trata de un fracaso. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es el organismo encargado de supervisar, a nivel mundial, el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados que lo hayan suscrito y ratificado. El Estado ecuatoriano suscribió el Pacto el 29 de septiembre de 1967 y lo ratificó el 6 de marzo de 1969 (durante el último gobierno de Velasco Ibarra), pero el efecto de su entrada en vigor en la práctica fue nulo. 

La compilación del Comité publica dos informes de observaciones generales sobre el Ecuador, uno de 1990 y otro de 2004. Las observaciones que destaco son de junio de 2004 y ofrecen un retrato del Ecuador de veinte años atrás.

La sección ‘D’ de estas observaciones se titula “Principales motivos de preocupación”. Es una letanía de fracasos institucionales, que empieza con “la falta de independencia del poder judicial” y continúa hasta dibujar con trazos definitivos el retrato de un monstruo: la situación de discriminación que sufre la población indígena y la población afroecuatoriana, la falta de atención a las personas con discapacidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, el alto desempleo, el insuficiente salario mínimo de los trabajadores y la falta de condiciones de higiene y seguridad para el desempeño de sus labores, las restricciones al derecho a la asociación y la promoción del trabajo precario, el déficit económico del IESS y su fallida universalidad, la “alta tasa de abusos sexuales, prostitución de menores de 18 años en las zonas urbanas, explotación de niños y la falta de una amplia estrategia para hacer frente a estos problemas”, la trata de menores, la violencia en el hogar generalizada y no tipificada como delito, el nivel creciente y persistente de pobreza, las malas condiciones y la escasez de vivienda, el desalojo forzoso de la población indígena de sus tierras ancestrales, la “escasa cobertura, la baja calidad y los insuficientes recursos” del sistema de salud pública, la alta tasa de analfabetismo y de deserción escolar, la desaparición de los idiomas indígenas… Finalmente, el Comité deplora (esta es la única vez que usa este verbo) el trabajo infantil. 

Son en total 23 párrafos y cuatro páginas para demostrar que el Estado del Ecuador es un verdadero monstruo institucional.

La siguiente sección de las observaciones se titula “Sugerencias y recomendaciones” y es donde el Comité pierde el tiempo explicándole al Estado ecuatoriano las medidas que tiene que adoptar para corregir el rumbo y empezar a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Unas explicaciones que, el ecuatoriano tiene plena certeza de que a las autoridades del Estado, le entraron por una oreja y le salieron por la otra.

1809 y 1835

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de mayo de 2025.

En tiempos monárquicos, en 1809, quiso Quito no ser mandada desde Santafé, pero le impusieron quedarse bajo su mando. En tiempos republicanos, en 1835, quiso Quito ser mandada desde Bogotá (nombre republicano de la antigua Santafé), pero no la aceptaron. Opciones contradictorias, pero un único resultado: en ningún caso fue como quería Quito. Aunque al final, en 1835, Quito triunfó.

En 1809, Quito no buscó la independencia del Reino de España. Buscó una autonomía dentro del Reino (es decir, no estar Quito sometida al gobierno de Santafé) y la primacía de su gobierno sobre las provincias vecinas de Cuenca, Guayaquil y Popayán. La rebelión de 1809 acabó pronto, porque ninguna de las provincias vecinas aceptó la primacía de Quito. La guerrearon y la obligaron en octubre de 1809 a devolver el poder al Conde Ruiz de Castilla, autoridad de quien lo habían usurpado el 10 de agosto.

En 1835, las antiguas provincias de Cuenca, Guayaquil y Quito fundaron una república independiente (no fue un ente de menor rango adscrito a la República de Colombia, como era en la Constitución del Estado del Ecuador de 1830). La Constitución de 1835, aprobada por la convención nacional que reunió a los representantes de las tres provincias en Ambato entre junio y agosto de 1835, en su artículo 1 estableció: “La República del Ecuador, se compone de todos los ecuatorianos, reunidos bajo un mismo pacto de asociación política”. Esta unión fue el fruto de la paz.

Pero antes de la paz, hubo guerra (si vis pacem, para bellum). Se enfrentaron en 1834-1835 el ejército de la Costa (Guayaquil), cuyo jefe supremo era Vicente Rocafuerte, contra el ejército de la Sierra (Cuenca y Quito, con la capitanía de esta última) y venció el ejército de la Costa, comandado por quien había sido presidente del “Estado del Ecuador en la República de Colombia” (1830-1834), el general Juan José Flores. 

Tras el triunfo de Guayaquil en la guerra civil, los perdedores declararon la muerte del Estado del Ecuador y decidieron unirse a un territorio (en 1835 denominado Nueva Granada) del que habían tratado de desunirse en 1809. Que el triste desenlace lo cuente un historiador quiteño, Salvador Lara, que informa que los quiteños cayeron “en el absurdo de proclamar la muerte del estado ecuatoriano […]. En Tulcán, presididos por el general Matheu, decretaron la anexión a Nueva Granada; el odio político les llevó a traicionar sus ideales de siempre: la autonomía de Quito”. Mandaron un delegado a Bogotá, pero pasó la vergüenza de ser rechazado.   

Guayaquil venció en la guerra civil, pero al final triunfó Quito. Cuando se reunió la convención de Ambato en 1835, Quito fue designada la capital de la naciente República del Ecuador (fundada el 13 de agosto). Así, Quito obtuvo esa primacía que buscó en 1809 (al querer desprenderse del virreinato de la Nueva Granada) y a la que había renunciado en 1835 por su deseo de someterse a la primacía de otro (al querer integrarse a la República de la Nueva Granada). 

Y así, tras la convención de Ambato, Quito triunfó. Obtuvo finalmente la primacía que tanto anheló obtener en 1809 sobre sus antiguas provincias vecinas (menos Popayán, que pasó a Colombia) con las que formó parte de un reino europeo.

Los gemelos

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de abril de 2025.

Habían pasado tres constituciones, las de 1843, 1845 y 1851, sin que en el Ecuador se pudiera realizar una transición presidencial con arreglo a la Constitución. Desde la transición de Vicente Rocafuerte a Juan José Flores en 1839, bajo el imperio de la Constitución de 1835 adoptada en Ambato, ello no ocurría. Volvió a ocurrir en 1856, bajo el imperio de la Constitución de 1852 adoptada en Guayaquil, que fue la sexta promulgada desde la fundación del Estado en Riobamba en 1830. 

La transición presidencial de 1856 entre el general pillareño José María Urbina y el general guayaquileño Francisco Robles fue apenas la segunda exitosa (es decir, arreglada a normas constitucionales) en más de 25 años de vida del Ecuador. Un testimonio de la inestabilidad política del país es que en todo el siglo XIX, transiciones presidenciales exitosas volvieron a ocurrir con el traspaso del poder ejecutivo de Caamaño a Flores en 1888 y de Flores a Cordero en 1892 (en total durante el siglo XIX se promulgaron once constituciones).  

A los generales Urbina y Robles se los conocía como “los gemelos” por su afinidad. La transición del poder ejecutivo de 1856 entre estos militares fue singular, pues la Constitución de 1852 es la única (de las seis primeras con elección indirecta) que estableció una elección indirecta de las autoridades, pero no por una elección de la asamblea nacional, sino por la elección de asambleas populares (por 900 representantes).

El liberal Robles ganó con 514 de esos votos. Empezó a gobernar el 16 de octubre de 1856. El vicepresidente para el período 1856-1860 fue el lojano Jerónimo Carrión.

Como la mayoría de los gobernantes ecuatorianos durante el siglo XIX, Robles no concluyó su período constitucional. En su gobierno ocurrió el bloqueo naval del Perú al golfo de Guayaquil por unas disputas sobre territorios en la Amazonía y el país entró en una vorágine de violencia, que derivó en el cambio de la capital a Guayaquil, en la proclamación de cuatro gobiernos (incluido uno en Loja) y en una guerra civil que se resolvió con el triunfo de una fuerza armada comandada por un Padre de la Patria, el general venezolano Juan José Flores.

El primer pronunciamiento en contra de la presidencia de Francisco Robles ocurrió en una Quito resentida por la mudanza de la capital, el 1 de mayo de 1859. Suscribía este pronunciamiento de Quito un triunvirato presidido por un guayaquileño, Gabriel García Moreno, figura estelar del conservadurismo patrio. Otro miembro del triunvirato era el vicepresidente (tránsfuga) Jerónimo Carrión. García Moreno se convirtió en el político más determinante de la época, hasta su asesinato en 1875.

En septiembre de 1859, “los gemelos” salieron al exilio. Conspiraron juntos contra García Moreno, volvieron al Ecuador tras su asesinato en 1875 y participaron en la revolución septembrina de 1876, auspiciada por el cabildo de Guayaquil y capitaneada por el general quiteño Ignacio Veintemilla. Participaron en las batallas, ganaron y formaron parte de un nuevo gobierno de charreteras. Cuando Urbina y Robles se decepcionaron de las trapisondas de Veintemilla, se retiraron de la política.

Ambos murieron en Guayaquil. Urbina en 1891, Robles en 1893.