Contra el dictamen

En estos últimos días, mucha defensa ha cosechado el dictamen de la Corte Constitucional que blindó la actuación de esa trituradora serial de garantías del debido proceso que fue el Consejo transitorio que presidió el deschavetado doctor Trujillo. Es momento de una razonada opinión discordante, compuesta de dos partes: una jurídica, otra política.

Lo jurídico: el dictamen de la Corte Constitucional es inmotivado y sesgado. Inmotivado, porque en su dictamen la Corte Constitucional estableció que lo actuado por el Consejo transitorio no violaba las garantías del debido proceso por el sencillo expediente de omitir todo análisis sobre el debido proceso. Esto, a pesar de que ella estaba obligada a hacer ese análisis en función de los estándares internacionales. Pero si lo hacía, se le caía el muñeco. Y no lo hizo.

El dictamen de la Corte Constitucional es sesgado porque es el obvio fruto del propio auto-interés de la Corte (el dictamen blinda las destituciones que posibilitaron su existencia). Acá esto apenas sorprende, porque el sistema judicial del Ecuador está muy dado a las mañas. Pero en la jurisdicción internacional es distinto. Tanto la Corte Interamericana (Caso del Tribunal Constitucional, véase el párrafo 235) como la Comisión Interamericana (Petición 1378-09) tienen jurisprudencia, en casos ecuatorianos, que descalifica a estos blindajes en procura de un auto-interés. La Corte Interamericana considera estos blindajes como lo que son: violaciones del derecho a la protección judicial (Art. 25 CADH).

Lo político: el dictamen de la Corte Constitucional blinda un rotundo fracaso. El anexo y la justificación de la pregunta 3 de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, cuya aprobación habilitó la creación del Consejo transitorio, indican claramente que el propósito del Consejo transitorio era “viabilizar” un proceso para reinstitucionalizar el Estado. 

Al amparo de esta facultad de reinstitucionalización, el Consejo transitorio destituyó a 28 autoridades, con normas creadas por ellos mismos y con un claro sesgo en su juzgamiento. También (en un claro abuso de sus atribuciones) nombró a algunos de sus reemplazos temporales, además de organizar unos concursos chafas para nombrar a los definitivos (el de la Fiscal fue escandaloso). El Consejo transitorio fue una herramienta política disfrazada de órgano de justicia. Y fue muy eficaz: le organizó la cancha al gobernante anti-correísmo.  

En todo caso, la reinstitucionalización del Estado ha sido un fracaso rotundo. A raíz de ella, se eliminaron instituciones y se redujeron presupuestos y personal. En consecuencia, se debilitó a un Estado disfuncional y corrupto hasta niveles nunca antes vistos. Hoy el Ecuador está tomado por el narco, es un país de violencia desbordada y de pobreza generalizada, de gente en fuga que cruza a pie el Tapón del Darién. Es un país en caída libre, en el que lo único que sube de manera cotidiana son los precios y la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. 

Si esto es la reinstitucionalización, es un adefesio criminal.

Finalmente: el dictamen de la Corte Constitucional va a caer, tengan la certeza. Pero no será aquí, en esta tierra perdida para el Estado de Derecho.

Veintemilla robó el Banco del Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 8 de septiembre de 2023.

En la historia política del delirante Ecuador, el general quiteño Ignacio de Veintemilla era el que había ejercido la máxima autoridad del Poder Ejecutivo durante el mayor tiempo consecutivo (1876-1883), hasta que el economista guayaquileño Rafael Correa le rompió el récord (2007-2017). Su historia al mando del Poder Ejecutivo merece contarse: incluyó un golpe de Estado, un autogolpe de Estado y la guerra civil de 1882-1883, y concluyó con el robo a un banco y su partida al exilio.  

Empezó sus andanzas el general Veintemilla cuando, siendo el Comandante General de la Plaza de Guayaquil, él lideró un golpe de Estado y se declaró “Jefe Supremo de la República” en un abierto desafío al gobierno constitucional del cuencano Antonio Borrero. Esta Jefatura Suprema fue proclamada por el Cabildo de Guayaquil el 8 de septiembre de 1876 para que el general Ignacio de Veintemilla gobierne “bajo los verdaderos principios de la causa liberal”. 

Triunfante su golpe de Estado, el general Veintemilla siguió el procedimiento usual y convocó a una Asamblea Constitucional que se reunió en Ambato y que lo designó primero Presidente constitucional interino (42 votos) y después Presidente constitucional definitivo (48 votos). El Presidente Veintemilla no concluyó su período constitucional de gobierno, pues nuevamente se declaró Jefe Supremo tras el auto-golpe de Estado del 26 de marzo de 1882.

El cambiante y violento gobierno del general Veintemilla concluyó el 9 de julio de 1883 cuando, perdedor en la guerra civil que siguió a su auto-golpe de Estado, debió abandonar el Ecuador abordo del vapor Santa Lucía. Entre 1876 y 1883 él gobernó, en total, por seis años, diez meses y un día. 

Pero antes de abandonar el Ecuador, el general se aseguró de obtener el dinero de un banco guayaquileño... Por la fuerza.

En mayo de 1883, el general Veintemilla solicitó al Banco del Ecuador que le conceda un préstamo de 200.000 pesos. Ante la negativa de los gerentes, el general dispuso que se le otorguen los 200.000 pesos en calidad de “empréstito forzoso”. Y mandó a que la Fuerza Pública satisfaga su disposición.

El 8 de mayo de 1883, en presencia de los gerentes del banco, de los cónsules de varios países y de los perpetradores del “empréstito forzoso”, el escribano público Juan Rivas levantó un acta del expolio que sufrió el Banco del Ecuador. Allí constató que el coronel Manuel Castro “como comisionado de S.E. el General don Ignacio de Veintemilla, iba a proceder a la ruptura de la puerta de la bóveda del Banco del Ecuador, a lo que se opusieron y protestaron los señores cónsules”, pero que el coronel Castro insistió porque “tenía orden de hacer sacar doscientos mil pesos de dicha bóveda”. Procedió a romper el candado que la aseguraba con un cincel y un martillo. 

El coronel Castro cumplió su cometido, y todavía más: sacó otros 120.000 pesos con la excusa de un dinero que el Banco de la Unión (donde el general poseía una cuenta) tenía depositado en una cuenta corriente del Banco del Ecuador. De todo este dinero (en total, 320.000 pesos) jamás se volvió a saber.

Ignacio de Veintemilla salió al exilio en 1883 y volvió al Ecuador en 1907. Murió en Quito, al año siguiente.

La curiosa variación de un filántropo

            Publicado en diario Expreso el viernes 1 de septiembre de 2023.

En su cuento El atroz redentor Lazarus Morell, Jorge Luis Borges ironizó que el ilustre obispo Bartolomé de las Casas “tuvo lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”. A esta “curiosa variación de un filántropo” escribió Borges, “debemos infinitos hechos”, entre ellos, “el tamaño mitológico de Abraham Lincoln” y “la deplorable rumba El Manisero”. En lo que respecta a esta columna, ella busca explicar el razonamiento que hizo posible esta “curiosa variación”.

Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1484-Madrid, 1566) vivió en tiempos en que las sociedades católicas estaban en permanente guerra con los infieles, es decir, con todos aquellos que no creían que Jesucristo era el salvador y el Papa su vicario en la Tierra, etc. Como producto de esta continuada guerra de signo religioso, la captura de un enemigo de la fe para convertirlo en esclavo era considerado un acto justo. Y también lo era si los europeos los compraban (para esta época, esto era comercio de los portugueses) siendo ellos ya esclavos. En una de estas dos categorías incurrían (supuestamente) todos los esclavos provenientes del África. 

Así, la “curiosa variación” que Borges le atribuye a Bartolomé de las Casas es un asunto de justo título. La esclavitud, como la captura en una guerra o como la compra de alguien ya esclavizado, tenía un justo título. Pero lo mismo no podía predicarse de los indígenas de América, como bien lo advirtió de las Casas, pues ellos nunca habían tenido la posibilidad de conocer que Jesucristo era el salvador y el Papa su vicario en la Tierra, etc. Tampoco podía decirse que su relación con los europeos en América fuera el fruto de la compraventa de un ser humano previamente esclavizado. Los indígenas eran un caso aparte.

Bartolomé de las Casas había llegado a América en 1502. Por unos años fue conquistador, tan encomendero como el resto y dueño de un esclavo negro. Se ordenó como sacerdote en 1507. Entre 1516 y 1542 le dirigió varios memoriales al emperador Carlos V solicitándole que autorice la importación de esclavos a América para que realicen trabajos físicos extenuantes en las minas y plantaciones en reemplazo de unos indígenas menos dotados que ellos para tales propósitos.  

Con el tiempo, el obispo de las Casas cambió de opinión: se dio cuenta (por conocer las historias de los esclavos, por leer las crónicas de los portugueses en África Occidental) que el justo título que debía tener un comerciante portugués para que la compraventa del esclavo sea legítima en América, rara vez ocurría. Los portugueses hacían gala de abusos y pillajes, y arrasaban a las comunidades en busca de africanos para capturar. Los europeos fueron tan brutales en América como en África.

Al final de sus días, el obispo de las Casas reconoció el error de su “curiosa variación”. En oposición a la idea de esclavizar a una porción de la humanidad, escribió: “Dios no hizo a uno esclavo de otro, sino que a todos concedió idéntico arbitrio; y la razón es que a una criatura racional no se la subordina a otra”.

Amén.

La venta de la bandera

            Publicado en diario Expreso el viernes 25 de agosto de 2023.

La primera guerra sino-japonesa estalló en agosto de 1894. Fue triunfo japonés: en abril de 1895, China y Japón firmaron el Tratado de Shimonoseki, por el que China entregó a Japón los territorios de Taiwán, Liaodong y las islas Pescadores, además del control sobre la península de Corea. 

El Ecuador participó en la guerra sino-japonesa, de manera turbia y secundaria, apoyando al imperio japonés. Para Japón, esta guerra representó el primer triunfo de su imperialismo. Para el Ecuador, este apoyo al imperio del Japón derivó en el triunfo de la causa liberal. Ambos triunfos se registraron el año 1895.

Frente a esta guerra sino-japonesa, el Ecuador no era ni neutral ni beligerante. Por su parte, Chile sí se había declarado neutral, por lo que bajo las reglas del derecho internacional estaba impedido de vender un buque de guerra a China o a Japón. Pero Chile quería vender a Japón un crucero, el “Esmeralda”. Y aquí es cuando el Ecuador (o debo decir: su bandera) fue funcional a este negocio.

Para vender el crucero “Esmeralda” a Japón, éste primero fue vendido al Ecuador por 220.000 libras esterlinas para que dicho buque de guerra salga del puerto de Valparaíso con la bandera ecuatoriana. Luego, por 300.000 libras esterlinas, se lo vendió a Japón, que tomó control del crucero en Hawái y lo rebautizó Izumi. Los intermediarios del turbio negocio (incluido un expresidente ecuatoriano, José María Caamaño) obtuvieron pingües ganancias. 

Esta venta de la bandera se conoció en el Ecuador y estalló un gran escándalo. Es fama que dinamitó al régimen conservador y que posibilitó el advenimiento de un gobierno liberal.

A instancias de este chanchullo, el 5 de febrero de 1895 y en Managua, Eloy Alfaro publicó su “Proclama a los habitantes del Ecuador”, donde declaró: “Solamente a balazos dejarán vuestros opresores el poder que tienen únicamente por la violencia. […] La libertad no se implora como un favor: se conquista como un tributo inmanente al bienestar de la comunidad”. Y su proclama surtió efecto. Una semana después, el 12 de febrero, Milagro se levantó y proclamó la causa liberal. 

Después de Milagro se sumaron decenas de ciudades y pueblos con nuevos levantamientos y proclamas. Con la seguridad de repartir balazos para conquistar el poder, Eloy Alfaro arribó al puerto de Guayaquil el 18 de junio. Organizó un ejército con el que derrotó, el 15 de agosto y en Gatazo, al ejército del gobierno. Uno tras otro fueron cayendo el presidente constitucional, Luis Cordero, y dos encargados del poder, Vicente Lucio Salazar y Aparicio Ribadeneira. Y Quito cayó. Ya no pudo resistir más los embates del pujante liberalismo.

Eloy Alfaro y sus huestes entraron en Quito el 4 de septiembre de 1895. Con esta entrada en la capital empezó, en el Ecuador, un largo período de dominio liberal. 

El imperio del Japón acabó en agosto de 1945, después de sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, el dominio del partido liberal en el Ecuador duró un par de años más, hasta 1947. Fue en septiembre de ese año en que por primera vez desde 1895 volvió al poder un gobierno conservador, cuando por trece días (del 2 al 15), Mariano Suárez ocupó la presidencia de la república.

Salvajes europeos en lucha

            Publicado en diario Expreso el 18 de agosto de 2023.

Para Santiago de Guayaquil, los pleitos entre europeos durante la conquista del territorio americano fueron la causa para su fundación en 1534 y su ubicación definitiva en 1547.

En 1534, el adelantado Pedro de Alvarado y sus huestes llegaron a las costas occidentales de Sudamérica, específicamente a la bahía de Caráquez. Desde allí se adentraron para subir la cordillera.

Ocurrió que el adelantado Francisco Pizarro y sus huestes ya estaban conquistando ese espacio sudamericano. Ellos supieron que los de Alvarado venían a disputar el territorio y Pizarro lo despachó a Diego de Almagro para enfrentarlos. Estos europeos se encontraron en agosto de 1534 y en condiciones muy distintas. 

Los de Almagro venían equipados y bien dispuestos a la batalla, mientras que Alvarado y su gente eran una multinacional de harapientos. Despeñaderos, clima hostil y la ceniza del Tungurahua; hambre, sed y un cansancio sin fin. La subida de la cordillera les costó cientos de hombres y bestias, y cuando los de Alvarado se encontraron con la gente de Almagro ya no estaban en condiciones de guerrear. 

Más aún, para sostener frente a Alvarado un mejor título para la conquista del territorio, Almagro había fundado el 15 de agosto de 1534 una ciudad con el nombre de Santiago de Quito. El 26 de agosto Almagro y Alvarado convinieron que este último recibiría 100.000 pesos de oro y se iría por donde vino, dejando en libertad a su gente para acompañarlo en su vuelta o quedarse. Entre otros, se quedó Pedro de Puelles. 

A Almagro lo ajusticiaron los pizarristas en 1538, a Pizarro lo asesinaron los almagristas en 1541. Alvarado también murió ese año, luchando contra un levantamiento de los indígenas. Y en cuanto a Santiago de Quito, con el tiempo se mudó a la Costa, perdió su “de Quito” (pues ya no se situaba en ese territorio) y se convirtió en Santiago de Guayaquil, por el nombre de un cacique chono.

En 1547, Santiago de Guayaquil, que siempre se había situado en la ribera oriental del río, se mudó a la orilla occidental del río para hallar su asentamiento definitivo. Su traslado se debió al pleito entre la Corona de Castilla y unos europeos rebeldes capitaneados por Gonzalo Pizarro. Él y otros conquistadores se rebelaron para explotar a los indígenas a su gusto y a perpetuidad. En respuesta, la Corona de Castilla envió a Sudamérica a un pacificador, el obispo Pedro de la Gasca. Esto lo cambió todo. 

El rebelde Pizarro había nombrado a Pedro de Puelles como Gobernador de Quito. Francisco de Olmos era el Teniente del Gobernador en Portoviejo y Manuel Estacio era el Teniente del Gobernador en Guayaquil. Cuando Olmos se enteró de la venida del obispo de la Gasca, Portoviejo volvió a la Corona. Enseguida Olmos se fue a Guayaquil acompañado de otros europeos, a conseguir que ella también regrese a la Corona. Y para conseguirlo, mataron al Teniente Estacio y otras personas.

Temerosos de la venganza del gobernador rebelde Puelles por esta traición y crimen, un día indeterminado de 1547 Guayaquil fue trasladada a la orilla occidental del río. Puelles nunca pudo ejecutar su venganza, pues lo mataron el 29 de mayo de 1547.   

Y fue después de tanta sangre, que Guayaquil finalmente encontró su casa.

Unas largas fiestas patronales

            Publicado en diario Expreso el viernes 11 de agosto de 2023.

Guayaquil tiene un problema con su fundación: la vive en fecha equivocada. La vive el 25 de julio, que es el día de su santo patrono (Santiago), cuando ocurrió un 15 de agosto.

El primero en esclarecer el origen de Santiago de Guayaquil fue Miguel Aspiazu. Fue él quien documentó que a los cuatro días de fundada la Ciudad de los Reyes (Lima), un 22 de enero de 1535, el adelantado Francisco Pizarro confirmó los cargos de los alcaldes y regidores de la ciudad de Santiago de Quito (fundada el 15 de agosto de 1534) y de la villa de San Francisco de Quito (fundada el 28 de agosto de 1534). Así, la ciudad y la villa, ambas subsistieron.

En libros extranjeros, Aspiazu encontró la Cédula Real que autorizó al adelantado Pizarro para que una ciudad fundada en su territorio de conquista se pudiera mudar “al sitio que le pareciese, con su nombre”. Esto se hizo con la ciudad de Santiago. La mudaron a la Costa, donde perdió su “de Quito” y terminó por llamarse “de Guayaquil”. Y Aspiazu encontró también una provisión del Rey de España de 1540 que todavía identificaba como “Santiago de Quito” a esta ciudad que buscó asiento en la ribera del Guayas hasta que lo consiguió, de manera definitiva, un día de 1547.

Todo encajaba en la teoría de Aspiazu. Ella fue corroborada por investigaciones posteriores de historiadores como Dora León, Ádám Szászdi y Julio Estrada.

Esta ciudad fue siempre Santiago: Santiago de Quito, Santiago en Estero de Dimas, Santiago del río de Amay, Santiago de la Culata, hasta ser Santiago de Guayaquil, por el nombre de un cacique del sector. 

Antes de las investigaciones de Aspiazu, en 1929, por solicitud del bibliotecario municipal, el concejo municipal de Guayaquil aprobó la creación de una comisión para establecer la verdadera fecha de la fundación de la ciudad. En aquel entonces no se podía saber mejor y los miembros de la comisión decidieron que se mantenga el 25 de julio como fecha de fundación de la ciudad.

Después de las investigaciones de Aspiazu, en 2001, por disposición del alcalde se creó una comisión para establecer la verdadera fecha de la fundación de la ciudad. A pesar de las investigaciones de Aspiazu y demás, que debieron orillarlos a una conclusión distinta, los miembros de la comisión decidieron mantener el 25 de julio como fecha de fundación de la ciudad. Uno de los miembros declaró a la prensa: “El 25 de julio seguiremos celebrando las fiestas de fundación aunque no es la fecha”. 

Reconocer el 15 de agosto de 1534 como el día de la fundación de la ciudad haría justicia a los hechos, además de otorgarle a Guayaquil el timbre de primera ciudad española fundada en el territorio del Ecuador. 

Este reconocimiento del 15 de agosto no obsta que se siga festejando el 25 de julio como las fiestas patronales. De hecho, es también un reconocimiento a un nombre que ha acompañado a la ciudad desde su fundación en la Sierra en agosto de 1534. Así, el 25 de julio puede ser el punto de partida para unas festividades que presenten actividades culturales y artísticas por veintiún días y que concluyan justamente el 15 de agosto, con los festejos del día de fundación de la ciudad más antigua del territorio que hoy ocupa la república del Ecuador.

Ese 8%

            Publicado en diario Expreso el viernes 4 de agosto de 2023.

Uno podría clasificar la historia política del Ecuador como una sucesión de momentos en que el poder se concentró alrededor de una persona (García Moreno, Alfaro, Correa, etc.) y de momentos en que el poder está atomizado, disperso en distintos grupos de la sociedad que jalan agua para su propio molino. El actual es uno de estos últimos momentos, que ahora registra una singularidad.

Aceptemos la premisa de que el Estado ecuatoriano es como un borracho en permanente recuperación, un chuchaqui sin fin. Nunca ha servido para satisfacer a las grandes masas, a las que incluso despreció y abusó en leyes y políticas públicas (en especial, pero no únicamente, durante el siglo XIX) pues la naturaleza del Estado había sido estar capturado por las élites, a las que la burocracia y la policía le resultaban funcionales a sus fines. La burocracia, para pagar lo menos al Estado y recibir lo más de él; la policía, para mantener el status quo cuando fuera necesario (el ejército como la herramienta de última ratio).

En estos últimos años, ocurrió la singularidad que autoriza a hablar en pasado de la captura del Estado por las “élites”. Este nuevo momento de atomización del poder en el Ecuador ha sido aprovechado por grupos criminales que se dedican a un lucrativo negocio y que han convertido al Ecuador en una autopista para la salida de drogas al mercado europeo. Ellos son los que están ocupando los vacíos del poder que se destruyó a combazos desde una silla de ruedas. 

Desde aquella última vez que un liderazgo carismático concentró el poder (Rafael Correa, 2017), éste se ha atomizado y, con ello, se afectó gravemente el control estatal del narcotráfico: se eliminaron instituciones, se disminuyeron presupuestos, se despidió personal. Como un botón de muestra de este desastre, mírese la constante disminución del presupuesto de las cárceles que denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “informe sobre los derechos humanos en el Ecuador” publicado el 2002: “el presupuesto para el sistema penitenciario era de 153 millones de dólares en 2017, de 131 millones de dólares en 2018, de 90 millones de dólares en 2019, de 88 millones de dólares en 2020, y de 54 millones de dólares en 2021”. Y esta merma ocurría mientras aumentaba el número de presos.

Una aplicación del poder es la capacidad para modificar la conducta de otro. En ocasiones, modificarla para que no se haga algo que se debería hacer. Y el Estado del Ecuador es incapaz de instalar escáneres en los puertos, de reinstalar un radar en el cerro, de comprar chalecos antibalas… De controlar el que debería ser el típico espacio de control del Estado, sus cárceles. Por contraste, las cárceles del Ecuador son funcionales a las bandas que se dedican al negocio del narcotráfico, las que desde allí operan. Las cárceles como hub para un negocio ilegal. 

¿La cereza del pastel? La presencia de un policía en la declaración de prensa de uno de los cabecillas de las bandas: ello habla a gritos de quién está ahora al mando.

¿Cree Ud. que la ejecución del 8% del presupuesto por el Ministerio del Interior en lo que va de este año es pura ineficacia? Piense de nuevo. Es una exhibición de los nuevos amos del poder.

El caso de Quito

            Publicado en diario Expreso el viernes 28 de julio de 2023.

El caso de Quito es el de un tribunal inferior devenido en república a la fuerza. Quito se convirtió en sede de una audiencia por real cédula del 29 de agosto de 1563, firmada por el rey Felipe II. Entró en funciones el 18 de septiembre del año siguiente.

Una audiencia era, en esencia, un tribunal de justicia. La monarquía española instituyó en América numerosas audiencias, compuestas de un presidente y de un número de oidores (digamos, jueces) que variaba según la importancia de la audiencia. Por una parte, las audiencias de México y de Lima (capitales de virreinato) llegaron a tener doce oidores; la de Quito siempre se mantuvo en cuatro oidores.

Ocurre que esta audiencia de Quito siempre fue una audiencia subordinada (cuando fue audiencia, porque entre 1717 y 1723 fue suprimida). Era subordinada porque si en Quito se decidía algo, siempre podía ser apelado ante una audiencia superior. Desde 1563 hasta que se fundó en 1739 el virreinato de Nueva Granada, ese órgano superior fue la audiencia de Lima. Desde 1739 hasta la extinción de las audiencias con la caída de la monarquía española, ese órgano superior fue la audiencia de Santa Fe. Todas las audiencias estaban subordinadas a la decisión del rey en Europa.  

El reconocido historiador Federico González Suárez escribió: “Por una especie de fatalidad hasta los hombres buenos y mejor intencionados, cuando venían a Quito investidos de autoridad, se dañaban”. Y explicaba como razón: “la enorme distancia a que se encontraban de la Corte y la tardía administración de justicia por parte del soberano, cuyas resoluciones se dictaban al cabo de años de cometido el delito, les daban cierta impunidad, muy perjudicial para la moral y las buenas costumbres”. 

En este ambiente, Quito resultó un bastión del gobierno español. Es un hecho que no hay héroes quiteños en la batalla del Pichincha y que su contribución a la independencia fueron unos soldados de baja graduación. Los firmantes del Acta producto de la batalla fueron un novogranadino (Morales) y un altoperuano (Santa Cruz), delegados por un venezolano (Sucre). Quito fue liberada de España pero no para darle autonomía sino para incorporarla a una república, acorde a una ley en cuya creación ningún quiteño participó: la Constitución de Cúcuta de 1821.

Por siglos, la jurisdicción de la audiencia de Quito abarcó un espacio mucho más allá del río Carchi: llegaba hasta Popayán. Una vez sumada a la fuerza a una nueva república (se llamaba Colombia, le decían “la gran”), por una ley que se decidió en 1824, cuando Quito y otros territorios se separaron en 1830 para fundar el Ecuador, resultó que Colombia le impuso al Ecuador el hecho (disputado por las armas y vencedora Colombia en 1832) que sus límites terminaban en el río Carchi. Y así es que, de aquel territorio sobre el que Quito administró justicia hasta 1822, apenas unos diez años después perdió su mayor parte por la decisión/imposición de Colombia.  

Tal el caso de Quito: una audiencia subordinada, liberada a la fuerza de España, sometida sin consenso a Colombia, que finalmente la privó de unos enormes territorios al norte con los que Quito había estrechado vínculos (económicos, políticos, familiares) durante siglos. 

Thomsen y Esmeraldas

            Publicado en diario Expreso el viernes 21 de julio de 2023.

Moritz Thomsen nació en 1915 en Seattle, en el seno de una familia de millonarios. Murió en 1991 en Guayaquil, víctima de una enfermedad de pobres.  

Para huir de un padre a quien calificó de “tiránico”, Moritz Thomsen se incorporó en 1964, a la edad de 48 años, a los Cuerpos de Paz. Lo enviaron en una misión a Río Verde, Esmeraldas, con el propósito de realizar un proyecto de agricultura. Allí permaneció cuatro años, de un total de los treinta y cinco que vivió en el Ecuador. El proyecto fracasó, pero su permanencia en Esmeraldas le concedió a Thomsen el material para la escritura de sus libros. (Las citas de este artículo corresponden a Bad news from a black coast [Malas noticias desde una costa negra], libro que recoge los últimos apuntes de Thomsen y publicado de forma póstuma el año 2018.) 

En Esmeraldas, Thomsen se encontró con “el desesperante mundo de la pobreza, un mundo más brutal que cualquier cosa que yo haya imaginado”. Calificó a la pobreza como una forma de locura (“insanity”), a través de la cual palpó “un mundo de sufrimiento y de muerte temprana, de heridas abiertas y hambre (…), de malicia, envidia, celos, de hermanos robando a hermanos; en resumen, una sociedad sometida a estas insoportables presiones, que se empieza a desintegrar”.

Thomsen vio en Esmeraldas el abandono del Estado, que era percibido por la gente como un enemigo. Esto, porque Esmeraldas fue un territorio de conquista para la gente de la Sierra. Para explicarlo, Thomsen recontó que en 1912, cuando Carlos Concha y sus huestes declararon la guerra al gobierno del presidente Leónidas Plaza, “contra lo que se levantaron los negros fue contra la dominación de los forasteros serranos. Ellos lo perdieron todo frente a la gente de la montaña y no recibieron nada a cambio. Ellos dijeron ‘ok, si insisten, somos ecuatorianos’ y luego no recibieron ninguno de los servicios públicos que era esperable que el gobierno nacional les proveyera. No vías, no puentes, no escuelas ni hospitales, agua potable o electricidad, nada salvo la arrogante presencia de la policía mestiza y los políticos rapaces”.

Para explicar el colapso de Esmeraldas, Moritz Thomsen recordó una frase del laureado escritor V. S. Naipaul: “el colapso de la sensibilidad”. Thomsen escribió: “El colapso de la sensibilidad, qué hermosa frase para describir lo que suele ocurrir en los países más pobres entre los pobres, esa terrible caída a la animalidad”.

Después de veinte años de vivir en Esmeraldas, Thomsen afirmaba que el pueblo había cambiado, pero para peor. La sociedad que él conoció había empezado a desintegrarse, “y sentí que pronto, si tan sólo pudiera vivir unos años, podría ver a bandas de ladrones y asesinos”, y que la ciudad de Esmeraldas “existía tan solo para ser destruida y, en un futuro no distante, ser entregada a las llamas”. Consideraba naïve que se piense en alguna ciudad estadounidense como el futuro. Thomsen decía, tajante: “Esmeraldas es el futuro”. Un futuro en llamas. 

Hoy, Esmeraldas es una de las tres zonas más violentas de la región más violenta del mundo. Tal vez sea el infeliz preludio de un mundo Mad Max.

Moritz Thomsen murió en Guayaquil, víctima de la epidemia de cólera del año 1991.

La vacuna de Noguchi

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de julio de 2023.

Hideyo Noguchi (1876-1928) fue un médico japonés a quien Guayaquil recuerda con gran cariño y una calle que nace en el centro y muere en El Oro. En esta ciudad, el japonés es el protagonista de una leyenda que le atribuye a él haber descubierto el agente causal de la fiebre amarilla, con ocasión de su visita a Guayaquil en 1918. Ese descubrimiento jamás ocurrió.

Noguchi era un científico reconocido y respetado cuando acometió la tarea de investigar sobre el agente causal de la fiebre amarilla (en su Japón natal, su imagen adorna el billete de 1.000 yenes). Cuando acudió a Guayaquil, lo hizo como parte de una primera misión que la Fundación Rockefeller envió en junio de 1918 y con el propósito de investigar sobre el agente causal de la fiebre amarilla. Una segunda misión, que llegó en noviembre de 1918 a cargo del doctor Michael Connor, se dedicó a implementar en Guayaquil, entre noviembre de 1918 y mayo de 1919, lo que tan bien había funcionado en otras partes de América: las medidas antilarvarias para prevenir la proliferación del mosquito Aedes Aegypti (el “odioso egipcio”). Como resultado de estas medidas, a Guayaquil se la declaró libre de la fiebre amarilla en mayo de 1920.

En todo caso, Noguchi realizó sus investigaciones en Guayaquil y pensó haber encontrado el agente causal de la fiebre amarilla. Aquí lo festejaron y lo agasajaron; le concedieron el título de doctor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y el gobierno nacional lo nombró Cirujano Mayor honorario en el grado de Coronel del Ejército. Frente a tanto entusiasmo, un estudio publicado en el Singapur Medical Journal el 2014 indicó que su hallazgo en Guayaquil le costó a Noguchi “duras críticas sobre su metodología, mala conservación de registros, exceso de confianza y prisa”, además de comentarios en torno a “realizar experimentos humanos poco éticos”.  

La hipótesis que Noguchi precipitó en Guayaquil era que la fiebre amarilla era transmitida por una leptospira icteroides. Sobre esta hipótesis, Noguchi se animó a preparar una vacuna que la Fundación Rockefeller aprobó y distribuyó por el mundo hasta 1927, cuando de manera concluyente se probó que no servía para nada. Esto, por la obvia razón de que el origen de la fiebre amarilla no estaba en ninguna leptospira icteroides, sino en la transmisión de un virus por la picadura de la hembra del mosquito Aedes Aegypti. 

El sudafricano Max Theiler elaboró en 1937 una vacuna que sí sirvió (y que se sigue usando hasta la fecha) y, por su contribución a la erradicación de la fiebre amarilla en el mundo, se le otorgó el premio Nobel de medicina en 1951. 

Este triunfo del sudafricano ya no lo vio Noguchi. En 1928 él viajó a África occidental para continuar con sus investigaciones sobre el agente causal de la fiebre amarilla. En Acra (hoy, capital de Ghana) lo picó una hembra del mosquito Aedes Aegypti y contrajo el virus. Por esos días, Noguchi todavía pensaba que el agente causal era una leptospira, a la que por entonces ya llamaba leptospira interrogans. 

Hideyo Noguchi murió en Acra el 21 de mayo de 1928, de la fiebre amarilla que contrajo en el curso de una investigación que resultó un error (vacuna incluida).

Catorce días de furia

            Publicado en diario Expreso el viernes 07 de julio de 2023.

Fueron catorce días de furia, entre el 25 de noviembre y el 8 de diciembre del 2004. Catorce días que costaron 13.021.144,90 millones de dólares, pagados a un total de treinta y seis autoridades destituidas en aquellos días de harta demencia estatal.

Quien ordenó el pago fue un órgano del derecho internacional porque a la harta demencia del Estado le da por pensar que las estupideces, absurdos y abusos que comete son jugadas magistrales que exige el momento. Este órgano (la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es uno que el Estado del Ecuador le ha reconocido (en un rapto de lucidez y de autoflagelación) la competencia para conocer las violaciones a los derechos humanos que se cometan en su territorio. Y allí entran estos catorce días de furia, vía tres casos resueltos por la Corte Interamericana.  

El primero de ellos (Quintana Coello y otros) fue resuelto el 23 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de veintisiete jueces de la Corte Suprema de Justicia; el segundo (Camba Campos y otros) fue resuelto el 28 de agosto de 2013 y trató sobre la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional; el tercer caso (Aguinaga Aillón) fue resuelto el 30 de enero de 2023 y trató sobre la destitución de un juez del Tribunal Supremo Electoral. En todos ellos, el denominador común fue la violación de los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

Ocurrió que esos días finales del 2004 el Congreso Nacional (así se llamaba entonces la hoy Asamblea Nacional) tenía un gran plan político y no iba a permitir que nadie le impida su concreción. El gobierno de la época, presidido por Lucio Gutiérrez, para salvarse de un inminente juicio político pactó con el PRE, cuyo líder máximo (el exPresidente Abdalá Bucaram) se encontraba exiliado en Panamá. El gran plan político era el retorno de Bucaram, que ocurrió el 2 de abril de 2005. Unos días después, los militares le retiraron su apoyo al Presidente Gutiérrez. Cayó el 20 de abril. El gran plan le explotó en la cara. 

La parte de que nadie le iba a impedir al Congreso Nacional la concreción de su gran plan es la que lo convirtió a este órgano del Estado en el furioso agente de las violaciones a los derechos humanos de las treinta y seis autoridades que destituyó. El 25 de noviembre de 2004, el Congreso destituyó en una sola resolución (No. R-25-160) a los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces del Tribunal Supremo Electoral. Acto seguido, nombró a sus reemplazos. El nuevo Tribunal Constitucional dictó una resolución por la cual impidió que se presenten recursos contra la Resolución No. R-25-160, blindando así lo actuado por el Congreso Nacional. 

Unos días después, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nombró a sus reemplazos (la recordada “Pichicorte”), que iban a allanar el camino judicial (vía anulación de juicios) para el retorno de Bucaram. 

Parecía una jugada magistral y resultó una furiosa estupidez. En el foro internacional, el Estado del Ecuador es un hazmerreír.  

La harta demencia del Estado cuesta millones. Y vuelve cada cierto tiempo (es recurrente) para tropezar con esta misma piedra de los abusos sin cuento.

Esmeraldas no way

            Publicado en diario Expreso el viernes 30 de junio de 2023.

En los tiempos coloniales la zona de Esmeraldas, cuyo territorio pertenecía a la provincia de Quito, se extendía desde Bahía de Caráquez hasta Barbacoas (hoy, Departamento de Nariño, Colombia). Durante el dominio español, esta zona estuvo ocupada por zambos e indios. El poderío español llegó a acuerdos con los zambos, pero los indios malabas resistieron los avances españoles en su territorio.   

Esta situación condicionó el desarrollo de un puerto para Quito en la zona de Esmeraldas. La ciudad de Quito deseaba allí un puerto para el envío de sus productos a los mercados del Norte (las zonas mineras y agrícolas de lo que hoy es Colombia, e idealmente, hasta Panamá) sin tener que pasar por el puerto de Guayaquil.  

Hubo varios intentos de abrir un camino a Esmeraldas y todos fueron un fracaso. Ora el Virreinato de Lima no lo autorizaba, ora cuando se obtenía la autorización resultaba que el asunto no era rentable, o peor, la rebelión de los belicosos indios malabas acababa con la iniciativa. Esto último ocurrió en 1619 y el origen de la rebelión “parece haber estado en los intentos del gobernador, Durango Delgadillo, por imponer un régimen de trabajo más severo a las parcialidades adyacentes a la población de Montesclaros”. Y los indios mataron a todos: blancos, mestizos, negros y mulatos.   

Así, mientras fue parte del Reino de España y salvo por breves lapsos, Quito nunca tuvo una salida al mar como no sea pasar por Guayaquil. Su idea de evitar este puerto y de buscar una comunicación directa con Panamá fue parte de las ilusiones de su élite durante la rebelión del 10 de agosto de 1809. En el Acta suscrita en esa fecha, los quiteños manifestaron su decisión de atraer a la Junta Suprema que se había establecido en Quito a provincias “como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas y Panamá”. Alcanzar Panamá era una quimera de los quiteños a fin de procurar su desarrollo económico y conectarse con Europa. 

Su quimera fracasó miserablemente porque las provincias vecinas de Guayaquil, Cuenca y Popayán se le vinieron a Quito encima, en el entendido de que ella era muy pobre y periférica como para tener la primacía sobre ellas. Y se cebaron, entonces, con Quito: dentro del año contado desde el 10 de agosto, ya le habían matado a la mayoría de los cabecillas de su rebelión y al 1% de su población, atrocidades cometidas por tropas enviadas desde Lima por el Virrey a instancias del Gobernador de Guayaquil. 

La imposibilidad de un camino a Esmeraldas tuvo graves consecuencias. En las palabras de John Leddy Phelan (“El Reino de Quito en el siglo XVII” [primera edición 1967]), a quien se ha seguido para este relato, los reiterados fracasos en abrir el camino a Esmeraldas condicionaron el desarrollo de Quito y del país:

“La Sierra permaneció virtualmente aislada del resto del mundo durante trescientos años. […] De haberse colonizado Esmeraldas en el siglo XVIII, el carácter ulterior de la sociedad de la Sierra podría haber sido menos apegado a la tradición, y, por tanto, más receptivo a las innovaciones. En consecuencia, pudo haber surgido un equilibrio más dinámico entre la Sierra y la Costa, antes del presente siglo”.  

Pero nada: simplemente, Esmeraldas no way.

El Estado que celebró a su dictador

            Publicado en diario Expreso el viernes 23 de junio de 2023.

A lo largo de la historia política del Ecuador, acabar con el contrario es la forma de estar. El más grande demagogo de la política ecuatoriana, José María Velasco Ibarra, lo describió tan claro: “O yo destruyo al Frente, o el Frente me destruye a mí”. (El Frente –el Frente Democrático- era el enemigo del momento. Velasco se le fue encima.)  

Corría el año 2018 y la forma de acabar con Rafael Correa y las autoridades “correístas” (es decir, las nombradas durante su período de gobierno) fue la creación de un órgano especial (el recordado “Consejo Transitorio”) encargado de su exterminio. Este órgano debe ser caracterizado como una dictadura, dadas su duración limitada, su ninguna sujeción a la ley sino a su entera voluntad y su persecución de un propósito concreto, que son las características insignia de un órgano dictatorial.

El problema con las evaluaciones y destituciones hechas por este Consejo Transitorio es que todas son violatorias de derechos. Obviamente, ello no es percibido así en la jurisdicción ecuatoriana, tan acostumbrada a soportar este tipo de majaderías. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, lo hecho por el Consejo de marras viola numerosas garantías judiciales que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, en ajustado resumen: se violó el principio de legalidad y de retroactividad porque la normativa para evaluar a las autoridades se compuso de normas imprecisas y vagas, que fueron redactadas con posterioridad a las acciones y omisiones que se evaluaron. Se violó el derecho a un juez competente por no estar fijada la competencia de los juzgadores en una ley previa. Se violó el derecho a un juicio imparcial pues el presidente del Consejo Transitorio anticipó en varias ocasiones criterios descalificadores sobre los evaluados. Se violó el derecho a la presunción de inocencia porque las dudas en los procesos se usaron en contra de los acusados y se los condenó sin eliminar toda duda razonable sobre su culpabilidad. Se violó el derecho a tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada porque el Consejo Transitorio iniciaba el proceso de investigación sin informar al evaluado de las razones de su evaluación, su fundamento probatorio y su caracterización legal. Se violó el derecho a tener el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa porque se estableció un sumario “reservado”. Y, finalmente, se violó el derecho de recurrir del fallo porque toda apelación se la presentaba ante al mismo órgano que había dictado la resolución de primera instancia (en un nivel premium de ineficacia, de 24 apelaciones que se presentaron, 24 se rechazaron).

La clase política en el Ecuador es incapaz de percibir sus errores y sus abusos (algún día la Corte Interamericana de Derechos Humanos se los tendrá que explicar). A Julio César Trujillo, el deschavetado nonagenario que encabezó y puso cara a esta dictadura, en una ceremonia en la que estuvieron presentes el presidente Moreno y las más altas autoridades del Estado, se lo condecoró post-mórtem con la Orden de San Lorenzo, que es la más alta condecoración que puede otorgar el Estado ecuatoriano.

Es decir, por todo lo alto lo celebraron a su dictador. 

La maldición azuaya

            Publicado en diario Expreso el viernes 16 de junio de 2023.

La Ley de División Territorial colombiana de 1824 creó el Departamento del Azuay como nueva denominación para la que fue, en tiempos de la monarquía, la provincia de Cuenca. Cuando se creó el Estado del Ecuador en 1830, este nuevo Estado fue la rocambolesca reunión de tres departamentos colombianos, uno de ellos el Departamento del Azuay.  

Desde 1835 y hasta 1861, en todas las Constituciones el Departamento del Azuay subsistió (salvo en la Constitución de 1843, cuando fue distrito) para la determinación del número de los representantes políticos del territorio. Durante estos años, los mandamases del Ecuador (Presidente, triunvirato o Encargado del Poder) fueron un extranjero, varios guayaquileños, un quiteño accidental y un natural de Píllaro. Nunca un azuayo.

La Ley de División Territorial ecuatoriana de 1861 declaró que Azuay era el nombre de una provincia, y así lo sigue siendo hasta el sol de hoy. Con este estatus de provincia, las máximas autoridades del Ecuador de origen azuayo ascienden a cinco: Antonio Borrero (1875-1876), Luis Cordero (1892-1895), Gonzalo S. Córdova (1924-1925), Manuel María Borrero (1938) y Rosalía Arteaga (1996). 

El cuencano Antonio Borrero (1827-1911) fue elegido por votación popular celebrada los días 17, 18 y 19 de octubre de 1875. Empezó su período el 9 de diciembre de 1875 y debía terminarlo en 1881. Fue interrumpido por el golpe de Estado de Ignacio de Veintemilla del 8 de julio de 1876. Vivió en el exilio hasta 1883.

En los tiempos del nacimiento de Luis Cordero (1833-1912) en la hacienda Surampalti, en Déleg, este territorio pertenecía a la provincia del Azuay (el territorio se desprendió del Azuay en 1880). Cordero fue elegido Presidente por elección popular celebrada los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 1892. Empezó su gobierno el 1 de julio de 1892 y debía terminarlo en 1896. Sin embargo, tras el escándalo conocido como “la venta de la bandera” se lo orilló a renunciar, lo que finalmente hizo el 16 de abril de 1895. Se retiró por muchos años (hasta 1910) de la vida política.

El cuencano Gonzalo S. Córdova (1863-1928) fue elegido Presidente en elecciones populares celebradas en 1924, las últimas elecciones del período liberal. Su gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado de la revolución Juliana, el 9 de julio de 1925. Fue apresado y murió en el exilio, en Valparaíso, en 1928.

Por su parte, el cuencano Manuel María Borrero (1883-1975, sobrino nieto del otro Borrero) fue designado Presidente interino por la Asamblea Nacional Constituyente de 1938, tras la renuncia del general Alberto Enríquez Gallo. Gobernó entre el 10 de agosto y el 1 de diciembre de 1938, por apenas 114 días. Renunció por el insostenible clima político. Lo sucedió Aurelio Mosquera Narváez.

Finalmente, la cuencana Rosalía Arteaga (1956) es un caso singular. El Congreso Nacional destituyó al Presidente de la República, Abdalá Bucaram, por la causal de “incapacidad mental”. Rosalía Arteaga debió sucederlo, pero el Congreso Nacional se impuso. Gobernó (es un decir) por un par de días, entre el 9 y el 11 de febrero de 1997.

La maldición azuaya: ningún natural de ese territorio termina su gobierno (o como Rosalía, ni siquiera lo empieza). 

El prócer olvidado

            Publicado en diario Expreso el viernes 9 de junio de 2023.

José Domingo de La Mar, nacido el 12 de mayo de 1776, fue cuencano por accidente. Fue hijo del vasco Marcos La Mar y Migura, residente en Cuenca en 1776 donde ejerció el cargo de Tesorero de las Cajas Reales. Su hermana mayor, Josefa Justa Rufina, había nacido en Guayaquil en 1767. Su madre, Josefa Cortázar y Lavayen era una guayaquileña de orígenes vascos. La Mar pasó mucha parte de su vida, mientras en suelo americano, en Guayaquil y sus alrededores, donde fue autoridad y tuvo haciendas. Tiene de cuencano apenas el paso de su padre por un puesto burocrático.

José Domingo de La Mar es el prócer olvidado del Ecuador. En un océano de mediocridad militar (según el historiador Pío Jaramillo Alvarado, “después de La Mar, solo se llega a un procerato subalterno”), son el Gran Mariscal La Mar y los dos hijos de su hermana, Juan Francisco y Antonio Elizalde, los militares originarios del territorio que desde 1830 se lo conoció como Ecuador que más alto rango tuvieron en las guerras de independencia. 

La Mar fue el hombre que decidió la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, que selló la expulsión del ejército español de la América del Sur. El General Sucre reconoció en su parte militar “la serenidad con que el señor general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota”.

El Libertador Simón Bolívar tenía a La Mar en altísima estima. En una carta a Santander, escribió: “Lamar es el mejor hombre del mundo porque es tan buen militar como hombre civil. Es lo mejor que conozco.” Tras Ayacucho, Bolívar nombró un puerto de Bolivia con su apellido; Olmedo, en 1844, obsequió la memoria de La Mar con un soneto. 

Este cuencano por accidente fue el primer Presidente del Perú entre 1827 y 1829. Cuando se formaron las nuevas repúblicas, Cuenca y Guayaquil (parte de la Audiencia de Quito) habían sido administradas tanto desde Santa Fe como desde Lima y podían agregarse como el extremo Sur de Colombia o el extremo Norte del Perú (o formar una asociación distinta). Bolívar, por la razón o por la fuerza, agregó en 1822 a su Colombia el territorio de la Audiencia de Quito y lo convirtió (cercenado) en el Departamento del Sur de Colombia. 

En 1828, el Presidente La Mar quiso arrebatar Cuenca y Guayaquil a Colombia y reintegrarlas al Perú que él administraba, porque en los últimos años del gobierno español Cuenca y Guayaquil habían sido administradas desde Lima. Él mismo condujo las tropas al Norte.

Como correspondía a la época, el asunto se zanjó por la guerra. Se enfrentaron los ejércitos colombianos y peruanos en el portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829. La Mar fue derrotado y unos meses después un golpe de Estado lo sacó de la presidencia peruana. Fue enviado al exilio en Centroamérica. Al año siguiente de Tarqui, un militar triunfante en esa batalla, el venezolano Flores, haría del territorio de la Audiencia de Quito (mejor dicho: de los restos del territorio de la Audiencia de Quito, porque mutilaron mucho Quito) un nuevo Estado, de nombre “Ecuador”.  

El 11 de octubre del mismo año en que se fundó el Estado del Ecuador, 1830, murió en el exilio, en Cartago, Costa Rica, José Domingo de La Mar.  

Caso Gonzales Lluy vs. Ecuador

            Publicado en diario Expreso el viernes 2 de junio de 2023.

Talía Gabriela Gonzales Lluy nació en Cuenca, el 8 de enero de 1995. Cuando tenía tres años, el 20 de junio de 1998, ella sufrió una hemorragia nasal que no se detenía por nada y su madre la llevó a un hospital de su ciudad natal. Allí se le diagnóstico una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica y se dispuso que se le haga una transfusión de sangre y plaquetas. Acudió entonces a donar sangre una persona infectada con VIH. En el banco de sangre los médicos no hicieron los controles adecuados y unos días después se comprobó que Talía estaba infectada con VIH.

Este hecho atroz fue el punto de partida del calvario que sufrieron Talía y su familia. Cuando tenía cinco años, a Talía la sacaron de una escuela pública, hecho que incluso fue justificado por un tribunal administrativo que consideró que ella no tenía derecho a la educación, pues era “obvio señalar que prevalece el derecho de la mayoría con respecto a un caso particular”, en lo que constituyó una supuesta defensa del derecho a la vida (del resto de los estudiantes) frente al derecho a la educación de Talía.

A la madre de Talía la despidieron de su trabajo por “dar mala imagen” a la empresa por tener una hija con VIH. Además, a Talía y a su familia les resultó muy difícil encontrar una vivienda, pues como lo constató la Corte, “fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto por la condición de Talía, y se vieron forzados a vivir en condiciones desfavorables y en lugares muy apartados debido a que no encontraban un lugar donde quisiera arrendarles una vivienda”.

Por estos hechos, el 1 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria en contra del Estado del Ecuador. La Corte declaró que el Estado vulneró el derecho a la vida y a la integridad personal de Talía, pues aún cuando el banco de sangre era una institución privada, “el deber de supervisión y fiscalización es del Estado, aun cuando el servicio de salud lo preste una entidad privada”. Y como el Estado fue inútil para hacer esta supervisión y fiscalización, “esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud”. 

Debido al sufrimiento causado por el contagio de Talía y por el calvario vivido, la Corte consideró también que el Estado había vulnerado el derecho a la integridad personal de los familiares de Talía.

Finalmente, la Corte responsabilizó al Estado por la vulneración del derecho a la educación de Talía. En particular, la Corte observó que “las autoridades educativas no tomaron medidas para combatir los prejuicios en torno a la enfermedad de Talía” y que si un Estado busca proteger la integridad personal de personas por supuestos riesgos por la situación de salud de otras personas, ello debe hacerse “a partir de la evaluación específica y concreta de dicha situación de salud y los riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios”. 

El caso Gonzales Lluy es un testimonio (uno más) de un Estado canalla.

Ecuador fue la esperanza

            Publicado en diario Expreso el 26 de mayo de 2023.

Ecuador tiene un récord: fue el primer país del mundo en presentar un informe de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el 9 de septiembre de 1977. Este hecho quedó como un testimonio de la inestabilidad política ecuatoriana, porque la aprobación ecuatoriana del PIDESC se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1967, el primer informe de cumplimiento del PIDESC se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1945 (puesta en vigor tras el golpe de Estado de los triunviros) y la defensa de este informe en la sede de la ONU se hizo bajo el imperio de la Constitución de 1979, el 15 de abril de 1980. Tres momentos, tres Constituciones. En apenas doce años y pico.

Ecuador es un país de esperanza: esa fue la idea que el representante ecuatoriano Miguel Albornoz Ruiz quiso transmitir al Comité de Expertos que se reunió esa mañana de abril de 1980 en Nueva York para conocer el informe del Ecuador. Él afirmó el compromiso del Ecuador “con la defensa de la democracia y los derechos humanos, y con la promoción del desarrollo económico en un clima de justicia social y del pluralismo ideológico”. Hermoso.

Albornoz elogió al Presidente Jaime Roldós, a la Constitución de 1979, al Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 “cuyo propósito era dirigir los esfuerzos del país y sus recursos hacia la justicia social, una distribución de los ingresos más equitativa y la eliminación del desempleo y el subempleo, de manera tal que toda la población tenga acceso a la salud, educación, vivienda y seguridad social”. Nos íbamos al desarrollo en aerosilla.

Ecuador es un país recursivo: en el mar de elogios de los representantes internacionales tras tan esperanzadora exposición (hablaron de “excelente reporte”, de estar “impresionados con el informe”) emergió el áspero alemán occidental Vollers para criticar algunos aspectos. Pero el ecuatoriano no se arredró: fue entonces que empezó a hablar de una “filosofía ecuatoriana”, que se asentaba en tres bases: “desarrollo económico del país, justicia social y producción”. Le espetó a Vollers: “como sin producción no puede haber desarrollo económico ni justicia social, el trabajo era considerado un deber patriótico”. Toma ahí, teutón. 

Ecuador es un país con personalidad: cuando el representante ruso Bykov quiso impedir que el representante de una organización internacional (la OIT) formule preguntas al representante del Ecuador, el ecuatoriano Albornoz dijo que con gusto contestaría lo que tuviera a bien preguntarle el señor Samson de la OIT y que el ruso al vodka. Y respondió, y destiló frases como “principios inscritos en la Constitución” y “república que respeta los derechos humanos”. De crack.

La reunión del Comité de Expertos concluyó por la tarde. Al caer el sol de ese 15 de abril, me lo imagino al ruso Bykov, pletórico de vodka, tropezándose torpe por las anchas aceras de Manhattan. Por contraste, al ecuatoriano Albornoz, galante y sonriente, caminando con paso grácil por las calles de la Gran Manzana mientras se goza la íntima convicción de haberle convencido al mundo de que su país era uno donde vivía, oronda, la esperanza.

Luego fuimos el mismo desastre, ya casi bicentenario.

Aplaudiendo la catástrofe

            Publicado en diario Expreso el viernes 19 de mayo de 2023.

Hoy resulta muy sencillo hacerle cargamontón a la exalcaldesa Cynthia Viteri. Pero eso, en realidad, no es justo.

Porque lo justo es comprender la historia que condujo a la caída de Viteri y la derrota de la hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) en Guayaquil. Ello implica comprender que, aunque relevante para el resultado final, no fue por el nefasto episodio de cuatro años de Viteri en la Alcaldía de Guayaquil que se produjo ese fracaso. Esta idea le gustaría creer a algunos: “El modelo del PSC era bueno, pero Cynthia Viteri lo arruinó”.

Pero esa idea es mentirosa. El modelo del PSC, que por varios años fue motejado como “exitoso”, condujo a dos graves problemas: la inseguridad y las inundaciones.

Sobre la inseguridad: el modelo del PSC implicó un crecimiento urbano basado en la rentabilidad para la administración, no en la dignidad de las personas. La lógica fue sencilla: los que menos tenían, pues recibían menos. Y quienes vivían en sectores no consolidados, pues no recibían nada. 

Que lo cuente el exalcalde Jaime Nebot: “Yo he tomado la decisión de que aquí no vamos a legalizar un terreno ni vamos a poner una volqueta de cascajo ni un metro cuadrado de asfalto ni un metro de tubería de alcantarillado de agua potable más allá de lo que he expresado en el límite oeste, el límite de Flor de Bastión y el límite de la Sergio Toral”. (Esto fue dicho en sesión del Concejo Municipal del 7 de octubre de 2010, cuando se discutió la reforma de los límites urbanos de Guayaquil.) En resumidas cuentas: como a los pobres no resultaba rentable atenderlos, entonces recibían poco o nada.

Es fácil deducir que el modelo de desarrollo del PSC únicamente acentúa las desigualdades. Y el resultado de acentuar las desigualdades fue la creación de “trampas de la pobreza” en los sectores populares. Es decir, de miles y miles de personas sin posibilidades reales de salir de la pobreza, que son el caldo de cultivo para la situación de inseguridad que hoy sufrimos. Abandonar a tantas personas a su propia suerte, por tantos años, fue un paciente sembrío de la violencia que hoy estamos cosechando.  

Sobre las inundaciones: el modelo del PSC implicó un crecimiento urbano horizontal, gris e impermeable, con tala del manglar y relleno de esteros, sin árboles ni áreas verdes. Detrás de este crecimiento urbano también existió una motivación económica, que era beneficiar al negocio de la construcción. Y, mientras más horizontal, gris e impermeable era Guayaquil, más se lo beneficiaba. Y, al mismo tiempo más se la perjudicaba a la ciudad, porque una ciudad construida así facilita mucho las inundaciones. 

Este es pecado mayor porque Guayaquil, al decir de expertos que estudiaron las inundaciones en la ciudad y le presentaron un informe a la alcaldía el año 2013, ofrece unas “condiciones inmejorables” para implementar una estrategia integral propia de “ciudades verdes, inclusivas y sustentables”. Pero se prefirió caminar en una dirección opuesta y dañosa.

Viteri fue un desastre, pero hubo un desastre mayor, que fue el modelo de desarrollo que impuso el PSC en la ciudad. Lo increíble es que a eso se lo haya llamado “exitoso” y que, durante décadas, hayamos aplaudido una catástrofe. 

La oportunidad de cambio llegó

            Publicado en diario Expreso el viernes 12 de mayo de 2023.

La marcada decadencia del PSC en Guayaquil en estos últimos cuatro años posibilitó que haya cambio en la administración de la ciudad. Casi 31 años después de aquel lejano 10 de agosto de 1992 cuando León Febres-Cordero inició el rescate de una ciudad viciada de roldosismo, en este Guayaquil del 2023 y dado su brutal declive, la administración que empieza Aquiles Álvarez tendrá como misión un nuevo rescate.

Por necesidad, el camino a recorrer por la administración de Aquiles Álvarez debe ser el opuesto al que transitó el PSC, en dos aspectos fundamentales. Tan fundamentales que atañen a nuestra vivencia de la ciudad y a la supervivencia misma de la ciudad.

El primero de ellos: el nuevo modelo de administración de la ciudad debe orientar su atención a los sectores populares de una manera planificada y técnica. Contrario a lo que muchos quisieron creer cuando valía el catecismo del éxito de la administración del PSC en Guayaquil, en esta ciudad existen amplios sectores que viven en un casi total abandono de equipamiento urbano. Si se quiere cambiar la convivencia en Guayaquil, estos sectores tienen que ser atendidos de manera prioritaria, con mucha inversión social, planificación y políticas públicas basadas en la evidencia.

Este cambio es necesario, porque no es sostenible vivir en una ciudad en donde uno tiene que planificar sus salidas a la calle como unas experiencias de supervivencia.

El otro aspecto fundamental: el nuevo modelo de administración de Guayaquil tiene que tomarse en serio las amenazas que la ciudad tiene por las inundaciones que ya sufre. 

Esta temporada de lluvias ha sido muy decidora de la situación de la ciudad. No es que ella no haya sido conocida por las autoridades, porque la propia alcaldía de Guayaquil encargó el año 2017 a unos expertos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) la elaboración de un informe que se tituló: “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil”. Allí se describió una situación crítica: muchos sectores de alta vulnerabilidad, y muchísimas industrias, comercios, centro de salud e instituciones educativas con una alta probabilidad de empezar a ser sub-acuáticas. 

Por fortuna, el citado informe del año 2017 contiene también unas medidas para la adaptación al cambio climático muy razonables y oportunas para enfrentar estas graves amenazas que sufre Guayaquil. Este informe propone una serie de medidas para reforzar la capacidad adaptativa así como medidas de adaptación verdes, híbridas y grises, que se las desarrolla con mucho detalle: la justificación de cada medida, su alcance, objetivos y finalidad, el potencial, los costos estimados y la duración prevista, además de un análisis de las oportunidades y barreras para su aplicación.  

El final de la administración de Nebot y toda la administración de Viteri ignoraron, casi en su totalidad, las medidas propuestas por la CAF el año 2017. Así, queda casi todo por hacer en un tema que atañe a la supervivencia misma de la ciudad. Y si no se toman importantes medidas, como las que se recomendaron en el informe de la CAF, a este año 2023 lo recordaremos como apenas los arrabales del infierno.

La oportunidad de cambio llegó y hay un rescate por hacer.

Puerto La Mar

            Publicado en diario Expreso el viernes 5 de mayo de 2023.

El venezolano Simón Bolívar, en su afán de nombrar y renombrar territorios, decidió el 25 de diciembre de 1825 que en esa república que el venezolano Antonio José de Sucre había fundado con su nombre (entre agosto y octubre de 1825 la que hoy es Bolivia se llamó “República de Bolívar”) habría un puerto que llevaría el nombre de un cuencano ilustre, héroe de las guerras de la independencia americana: José Domingo de La Mar. 

La Mar, nacido en Cuenca en 1776, hijo de vasco y de guayaquileña de orígenes vascos, fue el hombre que dirigió la descarga que dirimió la batalla de Ayacucho, tras la cual América del Sur se perdió para el reino de España. En el parte de batalla que firmó Sucre, se lo reconoció a La Mar así: “Cumplo el agradable deber de recomendar a la consideración del Libertador, a la gratitud del Perú y al respeto de todos los valientes de la tierra, la serenidad con que el señor general La Mar ha rechazado todos los ataques a su flanco y aprovechado el instante de decidir la derrota”. (La Mar también sería el primer presidente constitucional del Perú, entre 1827 y 1829.) 

Así,  por el pleno entusiasmo de Bolívar, surgió en Bolivia Puerto La Mar. En el decreto de diciembre de 1825 que habilitó a Puerto La Mar como puerto nacional de Bolivia, Bolívar justificó el nombre por él decidido por tratarse de “justa recompensa al mérito contraído por el gran Mariscal don José de La Mar, vencedor en Ayacucho”. 

Durante muchos años, Puerto La Mar fue el único puerto de Bolivia. Según el censo de 1832, este puerto tenía 536 habitantes, la mayoría de los cuales eran chilenos (266), había 104 bolivianos y dos ecuatorianos. 

(No creo que haya muchos otros territorios en el extranjero que lleven o hayan llevado el nombre de una persona nacida en territorio hoy ecuatoriano.)  

Puerto La Mar tuvo una existencia efímera. Lo primero que se perdió fue el nombre que le había impuesto Bolívar en 1825, confirmado el 1 de julio de 1829 por el primer gobierno boliviano. El puerto, por la fuerza de la costumbre y el peso de la tradición, recuperó el nombre que había tenido desde tiempos coloniales, que era Cobija (Santa María Magdalena de Cobija). En Cobija se exilió, por unos meses de 1860, el presidente ecuatoriano José María Urbina. 

Hacia la época del exilio de José María Urbina, Cobija tenía unos 1.000 habitantes y un cronista había descrito que ella “se forma de una sola calle de pequeñas casuchas de madera, situadas al pie de encumbrados y elevados cerros, cuya aridez se deja ver de lejos” y vaticinó que “su progreso no será mucho en largos años, porque a su mala localidad y bahía se agrega su extrema aridez”. Este cronista era Domingo Santa María, quien llegaría a ser presidente de Chile entre 1881 y 1886.

Lo siguiente que se perdió fue la pertenencia a Bolivia. Durante la guerra del Pacífico, Chile ocupó Cobija el 21 de marzo de 1879. Victorioso en la guerra, Chile (el presidente era Santa María) sumó Cobija a su territorio. (Fue entonces que Bolivia perdió toda su región litoral). 

Una vez chileno, Cobija se convirtió en puerto menor. Desde 1907, el lugar fue abandonado. 

El antiguo Puerto La Mar hoy es un montón de ruinas, cercanas a una caleta de pescadores.

Aguinaga contra el dictamen de la CC

            Publicado en diario Expreso el 28 de abril de 2023.

El dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional fue emitido el 7 de mayo de 2019 a petición del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Julio César Trujillo. Con este dictamen, la Corte Constitucional blindó lo actuado entre marzo y septiembre de 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo, cuando evaluó y destituyó a las autoridades nombradas durante el gobierno de Rafael Correa. Estas destituciones incluyeron a los nueve jueces de la Corte Constitucional, cuya caída habilitó la integración de una nueva Corte Constitucional, que es la que emitió el dictamen No. 2-19-IC/19.  

En la jurisdicción ecuatoriana, este dictamen No. 2-19-IC/19 es interpretado como una barrera infranqueable para la revisión de lo decidido por el Consejo transitorio. Así se lo interpretó en la Acción de Protección que interpuso la destituida jueza de la Corte Constitucional, Marien Segura, resuelta el 10 de julio de 2019 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La Sala declaró que la acción constitucional de la exjueza era improcedente debido a la existencia del dictamen de la Corte Constitucional. Algunas otras autoridades destituidas han corrido una suerte similar.

Pero en la jurisdicción internacional el dictamen No. 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional será interpretado como un abuso, uno más de los tantos disparates del Estado ecuatoriano. Esto se infiere tras leer la sentencia del caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2023.

El contexto del caso Aguinaga Aillón es la destitución de un juez electoral resuelta por el Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004, seguida de una resolución del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre de 2004, por la que impidió a los jueces ecuatorianos conocer acciones para revisar lo decidido por el Congreso Nacional el 25 de noviembre. En esa misma resolución, el Congreso Nacional destituyó también a los integrantes del Tribunal Constitucional. La resolución del 2 de diciembre fue dictada por un nuevo Tribunal Constitucional que reemplazó al Tribunal Constitucional destituido por el Congreso Nacional.  

Así, el dictamen de la Corte Constitucional del 2019 es como la resolución del Tribunal Constitucional del 2004: cambian los nombres, algunas formas, pero en lo sustancial es la misma arbitrariedad. En ambos casos, un órgano de justicia constitucional impidió (por auto-interés) la revisión de lo actuado, en el 2019 por el Consejo transitorio, en el 2004 por el Congreso Nacional. En ambos casos, en la práctica, los jueces negaron las acciones que las autoridades destituidas presentaron para proteger sus derechos.

Tras constatar “la ausencia de un recurso judicial efectivo que le permitiera la posibilidad de protección de sus derechos violados”, la Corte Interamericana resolvió condenar al Estado del Ecuador por la violación del derecho a la protección judicial de Aguinaga Aillón. Y una tras otra, esa condena se reiterará en cada uno de los casos de las autoridades que destituyó el Consejo transitorio, si llegan a ser juzgados en la jurisdicción internacional. 

Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador

            Publicado en diario Expreso el 21 de abril de 2023.

El 15 de agosto de 1993, en Yaguachi, Ramón Carranza disparó contra Samuel Mariño y lo mató, en presencia de varias personas. En seguida, Carranza huyó a caballo. Unos días después, el sistema judicial se activó y ordenó su prisión preventiva. 

En noviembre de 1994, la policía capturó a Ramón Carranza. En un país que tiene tanto un sistema judicial ineficaz y corrupto como un sistema penitenciario corrupto e ineficaz, su caso terminó por alcanzar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la que se condenó al Estado. El caso se llamó Carranza Alarcón vs. Ecuador. 

En su sentencia del caso Carranza Alarcón vs. Ecuador, fechada el 3 de febrero de 2020, la Corte Interamericana declaró que fue arbitraria la orden de prisión preventiva dictada en contra de Carranza, debido a su fundamento en una norma jurídica que establecía la procedencia de la prisión preventiva en términos automáticos a partir del tipo de delito que se perseguía (el artículo 177 del antiguo Código Procesal Penal) y debido a la falta de motivación del juzgador (el juez se limitó a decir: “por considerar que concurren los presupuestos establecidos en el artículo 177”). En esto, la Corte Interamericana ha sido muy clara: “cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente (…) será arbitraria”.

Además, la Corte Interamericana advirtió que en este caso “la prisión preventiva duró lo mismo que el proceso penal, y concluyó con la sentencia condenatoria”, la que fue dictada en diciembre de 1998 (la prisión preventiva duró aproximadamente unos cuatro años). Esta prisión preventiva jamás fue revisada por las autoridades, a pesar de que Carranza así lo solicitó. Debido a estos antecedentes, la Corte Interamericana declaró que fue irrazonable la duración de la prisión preventiva, así como también declaró que fue arbitrario su mantenimiento, dada la falta de revisión por las autoridades.  

El proceso penal seguido en contra de Ramón Carranza se inició en agosto de 1993 y concluyó en diciembre de 1998. En el proceso internacional, el Estado del Ecuador indicó que este período debía ser considerado un plazo razonable. La Corte Interamericana opinó justo lo contrario y constató que “hubo demoras en actuaciones durante cerca de tres de los cuatro años aproximados que duró el proceso penal en contra del señor Carranza desde su aprehensión”. Una demora tan prolongada no merecía considerarse como respetuosa de un plazo razonable para el juzgamiento de una persona.

Finalmente, la Corte Interamericana indicó que en razón de las arbitrariedades en el dictado y en el mantenimiento de la prisión preventiva en contra de Ramón Carranza se vulneró la presunción de inocencia: “la prolongación de la privación de libertad hasta el momento en que se dictó la condena fue equivalente a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia”. 

El resultado del examen de la Corte Interamericana fue la condena del Estado del Ecuador por vulnerar los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales en perjuicio de Ramón Carranza. Y también: dibujar la cara deforme, hasta monstruosa, que tiene nuestra administración pública cuando asume su faceta represiva.

El precedente de Martínez Mera

            Publicado en diario Expreso el viernes 14 de abril de 2023.

En octubre de 1933, una crisis política se resolvió con la destitución del Presidente de la República por el Poder Legislativo. La víctima fue el guayaquileño Juan de Dios Martínez Mera. 

La Constitución de 1929 es una anomalía en la trajinada historia constitucional del Estado del Ecuador, pues es la única Constitución que ha implementado en el país un sistema semi-parlamentario (el historiador Pareja Diezcanseco lo llamó “pseudoparlamentario”). Según esta Constitución de 1929, los congresistas tenían la inédita y asombrosa potestad de destituir en masa a los ministros del gobierno. Y por supuesto, también tenía la potestad de destituir al Presidente. 

Martínez Mera, elegido por la voluntad popular en las elecciones del 30 y 31 de octubre de 1932, se posesionó como Presidente de la República del Ecuador el 5 de diciembre de ese mismo año. En aquellos tiempos, el Congreso se reunía cada 10 de agosto. El Congreso del año 1933, apenas reunido, aprobó la siguiente moción: “El Congreso de la República del Ecuador deplora hondamente que el Poder ejecutivo por carecer de favor y base democrática, y por ineficacia administrativa no haya resuelto ninguno de los angustiosos problemas que han intranquilizado a la Nación Ecuatoriana, y en consecuencia, hace votos porque el señor Presidente de la República, con un gesto de patriotismo, abra los cauces democráticos para una nueva, libre y espontánea manifestación del querer nacional”.

Y porque podía porque potestad tenía, el Congreso destituyó en masa a los ministros de Martínez Mera hasta por vicio: un total de siete ocasiones. Finalmente, el Congreso decidió enjuiciar a Martínez Mera. Su gran contradictor fue el Presidente de la Cámara de los Diputados, el novel político quiteño José María Velasco Ibarra, quien fue el encargado de fundamentar las acusaciones en su contra ante la Cámara del Senado. El 17 de octubre de 1933, el Senado dictó su veredicto y destituyó a Martínez Mera.

Pero en estos momentos, rige una Constitución distinta a la de 1929. En la actual Constitución de 2008 (entre el principio de la vigencia de una y de otra median 79 años y cinco Constituciones) se ha dispuesto una potestad para el Presidente de la República, sin limitación temporal para su uso cuando el Poder Legislativo cursa un proceso de juicio político en su contra. A esta potestad se la conoce como “muerte cruzada” y está reglada en el artículo 148 (en otras legislaciones, cuando se le inicia un juicio político, se prohíbe al Presidente el uso de esta potestad). 

La “muerte cruzada” implica la destitución inmediata de los asambleístas y un Presidente que se queda gobernando por unos meses más, sin mayores controles, hasta la celebración de unas nuevas elecciones. 

El uso de esta potestad le evitaría a Guillermo Lasso ser el segundo Presidente del Ecuador en ser destituido por un juicio político. En cambio, lo convertiría en el Presidente pionero en usar la “muerte cruzada”.

Otrosí: Si de esta potestad hubiera gozado Martínez Mera noventa años atrás, seguro que no habría sido el primer presidente (el único hasta ahora, y muy probablemente mientras subsista el artículo 148 de la Constitución) en haber sido destituido por un juicio político. 

Gorgas y la fiebre amarilla

Publicado en diario Expreso el viernes 7 de abril de 2023.

En 1898, los Estados Unidos de América entraron en guerra con el Reino de España por sus posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue una victoria fácil: más muertos en el ejército estadounidense causó la fiebre amarilla que el ejército rival. De resultas de esta estadística contundente, los Estados Unidos, mientras administraba Cuba, decidió controlar la fiebre amarilla en la ciudad de La Habana. El hombre que se encargó de ello fue el Jefe de la Oficina de Sanidad del Ejército de los Estados Unidos, William Crawford Gorgas. 

La receta para el éxito en el control de la fiebre amarilla fue poner en práctica las investigaciones del médico cubano Carlos Juan Finlay, quien en 1881 había presentado los resultados de su trabajo titulado “El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla” en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Así, la eliminación de los espacios de reproducción del mosquito aedes aegypti (en aquel entonces conocido como stegomyia fasciata) fue la receta que funcionó en La Habana desde 1901.

Y esa misma receta funcionó en Panamá desde 1905 (tarea que también estuvo a cargo de Gorgas y que posibilitó la construcción del canal), y en Santos, y en Nueva Orleáns, y en tantos otros lugares. El cubano Finlay tuvo razón (por muchos años en la comunidad científica lo trataron como loco, etiquetado “The mosquito man”). Para cuando en 1914 entró a operar el canal de Panamá, la única ciudad del mundo donde la fiebre amarilla todavía era una enfermedad endémica era el puerto de Guayaquil (etiquetado en documentos oficiales como “The pest-hole of the Pacific Ocean” -“El hoyo pestífero del Océano Pacífico”).

Gorgas participó también del control de la fiebre amarilla en Guayaquil, esta vez como parte de la Fundación Rockefeller y en funciones de carácter administrativo. Miembro de una comisión, Gorgas viajó a Guayaquil y Quito en 1916 para apreciar las condiciones de la endemia y obtener del gobierno ecuatoriano la aceptación para practicar el control de la fiebre amarilla. Gorgas fue nombrado el “Director Honorario” de este procedimiento, que empezó en noviembre de 1918 y concluyó en mayo de 1919. 

Para el cumplimiento de su propósito, la Fundación Rockefeller logró que se designe como funcionario del sistema de salud ecuatoriano al médico norteamericano Michael E. Connor, quien fue nombrado Subdirector General de Sanidad del Ecuador. El trabajo en el territorio (quien fuera nuestro Gorgas en La Habana) lo hizo Connor, a quien se lo recuerda como “Michael O’Connor” en una calle del Sur.  

Gorgas volvió a Guayaquil en abril de 1919 para observar los trabajos que se estaban realizando en la ciudad y en algunos poblados de sus alrededores. Por el trabajo de Gorgas, Connor y de tantos otros que participaron de la misión organizada por la Fundación Rockefeller, el Director General de Sanidad del Ecuador, León Becerra, declaró que Guayaquil había quedado libre de la fiebre amarilla desde el 22 de mayo de 1919.

Al año siguiente de este logro, un 3 de julio y en Londres, tras vivir una vida comprometida con el control de la fiebre amarilla, murió William Crawford Gorgas, a los 65 años.